Corrupción en México | El Senado vota proyecto de consulta popular para enjuiciar a expresidentes
Avanza en comisión del Senado consulta popular sobre expresidentes
Por Neldy San Martín
Con 8 votos a favor y 4 en contra, las y los senadores de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta aprobaron el proyecto de dictamen por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador y se expide la convocatoria respectiva.
El dictamen fue turnado al pleno del Senado para su discusión y posible aprobación, este miércoles. Morena requiere de mayoría simple para aprobarlo.
Antes, durante la discusión, las y los legisladores del PAN y PRI criticaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la constitucionalidad de la consulta para investigar y sancionar a expresidentes cuando terminó modificando por completo la pregunta.
“Me apena ver una Corte que se subordinó al interés político del presidente”, criticó el senador del PAN, Damián Zepeda.
“Un estudiante de primer semestre de derecho pudo ver fácilmente que era inconstitucional la pregunta planteada por el presidente de la república, la materia de la pregunta, el juicio de los expresidentes. No soy defensor de oficio de nadie, si alguien comete un delito que lo pague, pero no comparto que se use políticamente la justicia”, añadió.
Mientras que los senadores de Morena defendieron que la consulta popular permite la participación ciudadana y encamina al país a “una verdadera democracia”. Sin embargo, el senador José Narro Céspedes, integrante de la bancada morenista, reconoció que no depende de la consulta la investigación y enjuiciamiento de expresidentes.
“Seguramente la Fiscalía ya tiene elementos y hay investigaciones (…) Lo que se busca es que la autoridad actúe con el respaldo de una consulta, tener no nada más la legalidad sino también la legitimidad”, dijo Narro Céspedes.
Aunque la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de la materia de la consulta para investigar y sancionar a expresidentes, incluyó una pregunta muy distinta a la que envió el presidente.
Así los mexicanos tendrán que responder si están o no de acuerdo en que se lleven a cabo “las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Dicha pregunta no puede ser modificada. Al Congreso solo le corresponde votar su trascendencia nacional y emitir la convocatoria.
En ese caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
De acuerdo al artículo 35 constitucional, las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto.
El mismo artículo de la Constitución señala que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
De los 5 expresidentes, sólo se puede investigar a Calderón y Peña: Santiago Nieto
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de “alto impacto” que operan en el país y que persigue mediante la congelación de cuentas bancarias, aseguró este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
Nieto, cuya unidad también investiga la corrupción política, fue preguntado en el foro sobre la consulta popular propuesta por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar por corrupción a cinco expresidentes del país.
El titular de la UIF dijo que se puede investigar todavía a Peña Nieto y a Felipe Calderón (2006-2012) dado que sus presuntos delitos no han prescrito, pero no a los otros expresidentes.
Por eso, abogó por crear “una especie de Comisión de la Verdad respecto al alcance de la corrupción en el país” para que la ciudadanía “conozca” las presuntas irregularidades cometidas por los exmandatarios.
Asimismo, Nieto, quien dijo tener una estrecha relación con el FBI y la DEA, aseguró haber entregado información a Estados Unidos sobre corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en ese país por nexos con el Cártel de Sinaloa.
“Nosotros detectamos 19 organizaciones criminales de alto impacto con dos cárteles de naturaleza supranacional que son evidentemente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa”, expresó el alto funcionario durante un foro de El Colegio de México.
Además, dijo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubo un “surgimiento de diversos cárteles locales con presencia regional” y que en la capital, cuando estaba gobernada por Miguel Ángel Mancera (2012-2018), nacieron los grupos Unión Tepito, Fuerza Antiunión y el Cártel de Tláhuac.
Aunque no concretó las 19 organizaciones, Nieto mostró un mapa del país coloreado con la presencia de 11 grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que tienen presencia en casi todos los estados mexicanos.
En el norte del país también aparecen el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel del Noroeste; en el centro y el sur están Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Santa Rosa de Lima; y en Ciudad de México aparecen la Unión Tepito y Fuerza Antiunión.
El director de la UIF, organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda, sostuvo que la delincuencia organizada es “la amenaza más grande” que tiene la sociedad mexicana porque los grupos “van multiplicando sus acciones y conductas delictivas” más allá del tráfico de drogas.
Por eso, defendió que el Gobierno tiene que “encontrar las empresas y mecanismos usados para el blanqueo de capitales de grupos criminales y disminuir su capacidad operativa a través del congelamiento de cuentas”.
Informó que en los últimos cuatro años, el Gobierno mexicano ha bloqueado 5.333 millones de pesos (246 millones de dólares)del crimen organizado y ha congelado cuentas de 330 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y 1.960 del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Necesitamos entender que es un fenómeno de naturaleza económica y financiera y que la forma de combatirlo es restringir el uso de los recursos a estos grupos criminales”, opinó Nieto, quien dijo que mientras los cárteles tengan recursos para pagar a sicarios “no tendremos una mejora sustantiva en materia de seguridad”.
Asimismo, subrayó la necesidad de “combatir la corrupción judicial” para frenar los sobornos a cambio de liberaciones de criminales, y “combatir la base social” que tiene el narcotráfico logrando el “desarrollo social”.
Senadores de oposición rechazan cambiar fecha de consulta popular
Por Silvia Arellano
Integrantes del bloque de contención en el Senado rechazaron respaldar la propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para empatar la fecha de la consulta popular para investigar a actores políticos con la elección de junio de 2021, al afirmar que no hay que presentarse a “maniobras electorales”.
Mauricio Kuri, coordinador del PAN, rechazó de manera tajante la intención de Morena de adelantar la consulta popular para el día de la elección intermedia de 2021 y lo calificó como un intento desesperado por influir en el voto de los mexicanos ante los fracasos de este gobierno.
“Se han quedado sin argumentos para competir y tienen que recurrir al pasado para esconder sus errores. Es otra de sus trampas, pero, así como defendimos y pusimos un freno a una reelección disfrazada, disfrazada de revocación de mandato, vamos a impedir que sigan atropellando el voto”, afirmó.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, dijo que su grupo parlamentario votará en contra de la propuesta de Monreal: “estamos a favor de respetar la discusión. Nosotros mismos reformamos, porque justamente queríamos desvincular el proceso electoral de una eventual consulta popular de manera que se tiene que realizar la consulta del 1 de agosto y no en la jornada de la elección de 2021 y el voto del PRI sería en contra de una reforma constitucional en este sentido”.
-¿El bloque se mantendría en esta posición?-El bloque está más unido que nunca y firme en la convicción de que hay que cumplir con la constitución y no hay que prestarse a maniobras electorales que tergiversan el proceso y la equidad en el proceso.
Por otra parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, refirió que ese debate ya se sostuvo por parte de todos los grupos alcanzando la unanimidad en el sentido de que no debería coincidir y así quedó plasmado en la Constitución.
Se buscó que no se encontraran en las fechas dos decisiones importantes: una con un ejercicio electoral para que no se contamine y otro la consulta popular, “así esta en la Constitución y esta establecido”, agregó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Calderón y Fox rechazan el aval de la Corte a la consulta
Por Álvaro Delgado
“La justicia no se consulta”, citó Felipe Calderón al ministro Javier Laynez tras la aprobación de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que Vicente Fox calificó de “muy penosa” la decisión y aseguró que “nos están llevando al baile”.
Sólo Calderón y Fox, los dos mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN), emitieron una breve postura sobre el fallo de la SCJN, a través de sus respectivas cuentas de Twitter, pero hasta la noche de este jueves ninguno de los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto había emitido una posición.
#LaJusticiaNoSeConsulta : Ministro Javier Laynez.
— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 2, 2020
Calderón, cuya impugnación para obtener el registro de su partido político se resuelve este viernes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene fijada en su cuenta de Twitter su posición sobre lo que ayer avaló, por mayoría de seis a cinco, la SCJN:
“(La) petición de López Obrador de consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales: Presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad”.
El mensaje de Fox en Twitter fue breve: “Muy, pero muy penoso. ¿En dónde estamos y a dónde vamos? ¡Nos están llevando al baile! ¡Despertemos Mexicanos!”
Muy, pero muy penoso.
En donde estamos y a donde vamos??
Nos están llevando al baile!!
Despertemos Mexicanos!! https://t.co/S771UWDSOA— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 2, 2020
Más explícito fue el PAN tras la decisión de la SCJN, cuyo presidente, Marko Cortés, acusó a los seis ministos que votaron a favor de enjuciar a los expresidentes de prestarse “a las artimañas electorales” el presidente López Obrador.
A través de un comunicado, el PAN calificó de “muy lamentable” el fallo de la SCJN, avalada por seis de sus 11 ministros, “porque resulta una clara estrategia electoral de López Obrador”.
Cortés enfatizó: “Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”.
El presidente del PAN afirmó que si algún expresidente incurrió en algún delito, sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar y, en caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la ley y la Constitución.
“Por ello expresamos nuestra enérgica condena a las presiones ejercidas por el jefe del Ejecutivo hacia dicho Poder. Al declarar válida la consulta solicitada por López Obrador contra los expresidentes de la República se pone en riesgo los derechos humanos y la división de poderes”.
Según el PAN, lo único que busca López Obrador es crear un circo para distraernos de los graves problemas que vive el país, como es el alto desempleo, la crisis en salud y uno de los peores momentos en seguridad que ha vivido México durante varias décadas.
Cortés manifestó que, con esta decisión, la Suprema Corte violó su propia independencia, tan indispensable para mantener el Estado de Derecho en nuestro país, para quedar sometida a una dictadura en construcción.
