Constituyente: una salida al laberinto neoliberal chileno– Por Manuela Royo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Manuela Royo *El despertar del estallido social chileno trajo consigo una fuerte sacudida de todas las formas de dominación. De la mano de la toma de las calles y del cuestionamiento de las estructuras tradicionales de poder, la fuerza de la movilización popular fue desmonopolizando los espacios de participación, resignificando el ejercicio de los derechos civiles y políticos, ampliando los caminos de la acción y la deliberación política colectiva. El plebiscito consultivo por celebrarse el 25 de octubre es su fruto inmediato.
Para todos y todas quienes desde hace mucho tiempo hemos estado en las calles, en las organizaciones populares, construyendo desde los territorios y sus luchas, la constituyente es un desafío en el que podemos volver a quedar de lado.
Las preguntas son muchas, y quienes hemos vivido en poblaciones, caminando por comunidades mapuche, luchando día a día por sacar adelante nuestros proyectos de vida, intentando sortear los obstáculos del modelo neoliberal y sus precariedades, desconfiamos de la institucionalidad de los poderosos, sabemos el peligro que significa atraparse en la jaula legal de las instituciones políticas formales, que durante 30 años permitieron la concentración de las riquezas en manos de unos pocos.
La “política de los acuerdos”, los consensos entre élites civiles y los grupos empresariales, y la conservación del poder político de las fuerzas militares, caracterizaron una transición profundamente elitista, que dejó en manos del mercado hasta los espacios de cuidado de la vida más fundamentales, llegando a privatizar elementos tan vitales como el agua (mediante el Código de Aguas y la privatización de los servicios sanitarios) hasta el sistema de pensiones, como las AFP.
Doble filo
Desde hace 30 años, los denominados “gobiernos democráticos” se encargaron de reproducir un modelo socioeconómico consolidado, que impuso su programa por sobre una sociedad desarticulada, incapaz de enfrentar las políticas privatizadoras de los gobiernos de turno. La desarticulación política posdictadura, sumada al desencanto de los sectores populares de aquella alegría que nunca llegó, permitió que el proyecto neoliberal se fuera colando por todas las esferas de la vida social, corroyendo aquellos lazos comunitarios característicos del mundo popular y sus expresiones políticas.
En este escenario, la Constitución de 1980 fue el dispositivo que institucionalizó el entramado jurídico administrativo, consagrando la concentración del poder en manos de una elite política que monopolizó la toma de decisiones, incluso por el propio Estado.
Por ejemplo, el “Plan laboral” elaborado por José Piñera en 1979, es un entramado normativo que limita la actuación de los sindicatos en defensa de los intereses colectivos, protegiendo al máximo el derecho de propiedad y los mecanismos de acumulación del capital, para restringir y debilitar a: los sindicatos, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga. A partir de la imposición del plan laboral, los sindicatos como espacios tradicionales de organización de los y las trabajadores/as, perdieron toda fuerza, y así muchos otros espacios de participación política no estatal
Pero como alguna vez dijimos, de la derrota se sale luchando. Y ante la incapacidad de la institucionalidad de contener la indignación producida por la injusticia social, las millones de personas que salimos a las calles desbordamos el marco de la ley y de la institucionalidad vigente.
No es necesario ser abogado/a para darse cuenta que el derecho no es un fin en sí mismo, sino más bien, una herramienta que puede servir tanto para subvertir el orden existente, en términos de redistribución de las riquezas y del poder, como también puede ser, y lo ha sido durante muchos años, un mecanismo que permite levantar muros y cerrojos para no cambiar el modelo.
Por lo tanto, una Constitución puede ser un mecanismo de protección de la propiedad privada, como es la de 1980, como también puede llegar a ser una forma importante de limitar el poder y la concentración de la riqueza: “Esta doble condición en el derecho, la de ser al mismo tiempo conservador y transformador, dominador y liberador, lo convierte en un arma de doble filo que hay que saber conocer y utilizar. Solo así se podría evitar que los derechos sean usados en contra de la esencia del derecho, que es la emancipación (1).
Por ello, es que en este largo camino por el reconocimiento de los derechos, se abre la posibilidad que la lucha emancipadora chilena se transforme en una voz constituyente desde los pueblos, sin perder de vista el legítimo temor de que la vía electoral se transforme en una trampa para todas aquellas fuerzas políticas que se piensan y se levantan desde abajo, tal como aprendimos de la experiencia del plebiscito y la transición pactada con la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.
Proyecto emancipador
El estallido social desbordó los límites de la democracia neoliberal, demostrando la capacidad colectiva de intervenir en asuntos públicos y de cuestionar la democracia y la participación en los términos tradicionalmente conocidos.
Levantado formas organizativas y propuestas para lograr una transformación radical de lo existente, con miras hacia un horizonte comunitario y popular (2), que confronte los límites legales de participación política y reproducción de la vida, mediante un proceso de reapropiación colectiva de los poderes públicos y de la distribución de las riquezas de los territorios en que habitamos.
Hoy la constituyente nos desafía a pensar en cómo superar la representación política delegada, y derrotar con ello las lógicas de dominación y opresión enquistadas en la orgánica del orden jurídico chileno.
Por ello, una nueva constitución además de reconocer derechos colectivos, sociales y reproductivos, también debe definir formas políticas no estadocéntricas, que permitan controlar al Ejecutivo y al poder Legislativo, junto con poder tener un órgano y mecanismos procedimentales de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como así también derechos sociales, colectivos, como podría ser un “Ombudsman” o Defensor del Pueblo
Estas formas de política deben pensarse desde abajo, el proyecto de emancipación social, y de transformación en una sociedad más justa, requiere una estrategia que tiene que ser construida colectivamente desde los territorios, apuntando hacia la transformación de las estructuras dominantes, eliminando los cerrojos y muros impuestos por la Constitución de 1980, como una estrategia de superación del modelo de violencia históricamente ejercida contra las mujeres, los pueblos indígenas, y los sectores populares.
La salida del laberinto neoliberal requiere la toma de decisiones sobre los asuntos y problemas que a todos y todas nos afectan, el ejercicio de prácticas colectivas y comunitarias de organización, con la suficiente autonomía para asegurar la no cooptación, apuntando hacia la configuración de un sistema menos personalista del poder, que desde una pluralidad orgánica permita reorganizar las relaciones entre la sociedad y el Estado, cuestionando el monopolio estatal del poder.
Como bien lo plantean los compañeros de Modatima (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez, esta capacidad comunitaria nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y experienciado, desde donde “es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas” (3).
Se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando lo que hoy conocemos como democracia.
Mediante la organización territorial, es posible construir una política no estadocéntrica que dé paso a formas de autodeterminación, de organización territorial y autogobierno, en los términos que el propio pueblo decida.
Este puede ser un camino interesante para cuestionar la acumulación de poder y del capital en manos de unos pocos, y frenar el predominio mercantil sobre la vida, la naturaleza y los territorios, apuntando hacia la reapropiación social comunitaria de las aguas, de las tierras y de los territorios.
Hoy existe la capacidad de levantar organicidad político-social hacia horizontes comunitarios y populares, que puedan hacer caer los andamios de la desigualdad, derribando uno de sus más fuertes pilares, sin dejar de lado las calles ni volver a dejar el poder en manos de quienes ya nos traicionaron.
Notas
1. Martínez, Esperanza, & Acosta, Alberto, 2017, “Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible”, Revista Direito e Práxis, 8(4), 2927-2961. https://doi.org/10.1590/2179-8966/2017/31220.
2. Gutiérrez, Raquel (2017), Horizontes comunitariopopulares, Traficantes de sueños..
3. https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/19/elmomento- es-hoy-a-la-disputa-de-los-territorios/
*Doctora en Derecho, abogada de Modatima y Alianza Territorial Mapuche.
