Chile | Amnistía Internacional pide investigar a altos mandos de Carabineros por violaciones a DDHH durante el estallido social
A un año del estallido: Amnistía Internacional pide investigar a altos mandos de Carabineros por violaciones a DD.HH.
Este miércoles, desde Ciudad de México, Amnistía Internacional presentó su informe final sobre la violación de derechos humanos en Chile, en los meses posteriores al denominado estallido social de octubre pasado; en el que concluyen que los altos mandos de Carabineros de Chile debieran ser investigados por las vulneraciones cometidas durante las protestas. “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” se titula el extenso documento de más de 100 páginas en que se detalla el actuar de funcionarios y oficiales de la institución de Orden y Seguridad entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.
Entre las conclusiones principales del informe, se estableció que durante el período de observación “se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos”, entre ellos, el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada. “Amnistía Internacional concluye que agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019, periodo que se analiza en este informe“, sostiene el documento. Ello, porque durante las operaciones “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones“.
“Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas”, dice la organización, que considera que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay se habrían evitado, “si los mandos estratégicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal”, entre otras.
Sobre este punto, en la presentación del informe, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, insistió en que el documento contiene evidencia concreta que apunta hacia los altos mandos de la institución de Carabineros, por lo que hizo un llamado al Gobierno a buscar responsabilidades.
“Amnistía Internacional concluye que los altos mandos de Carabineros, incluidos el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad, deben ser investigados penalmente por la Fiscalía; debido a que tenemos contundentes elementos para considerar que, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo bajo sus órdenes, sus subordinados, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este sentido, la organización hizo un llamado a la Fiscalía Nacional a continuar con las investigaciones, y a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos, quienes estando en una posición de garante, “habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”. Igualmente hacen un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables, y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
i bien Amnistía Internacional no analiza en este informe de manera detallada las posibles responsabilidades de otros actores más allá de Carabineros, considera que la falta de control ejercida sobre Carabineros por parte de la administración del presidente Sebastián Piñera, “exige que sean también deslindadas todas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que tenían la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron”.
En este sentido, y respecto de las recomendaciones que hizo el organismo a nuestro país, la directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, sostuvo que lo principal y más urgente que se debe hacer es impulsar una reforma estructural de la institución de Carabineros.
“No basta con abordar esto como que fuera un hecho puntual, sino que tiene que ver con una institución que ya está obsoleta, que tiene fallas estructurales, que se rige por normas poco transparentes y en base a un esquema militar que no contribuye a un rol de apoyo a la ciudadanía y respeto a los derechos humanos”, indicó Piquer en la presentación del informe.
“Las autoridades deben emprender de manera urgente una reforma estructural y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar completamente la institución, para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos, que exista un adecuado y efectivo control de las autoridades civiles; y que la institución cuente con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas tanto a nivel institucional como a nivel ciudadano”, sostuvo la directora para Chile de Amnistía.
De igual manera, la organización recomienda una reforma estructural a la institución de Carabineros, “debido a las limitaciones que presenta su naturaleza militar y su estructura orgánica”, en la línea de la propuesta realizada por la Comisión de Seguridad del Senado chileno a finales de 2019. El informe, según Amnistía, evidencia la necesidad “de un mayor control de la institución por parte del poder civil”, así como “cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos”.
Finalmente, Amnistía Internacional considera que el proceso para elaborar una nueva Constitución acordado en noviembre de 2019 es “una oportunidad histórica” para abordar las demandas en temas claves de derechos sociales, que fueron la causa de las protestas. “La Constitución de Chile no protege adecuadamente los derechos humanos, en especial los derechos sociales”, sostienen, añadiendo que, sin estos cambios estructurales para garantizar derechos y superar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos como la salud, la educación, la seguridad social y la vivienda; “la crisis de derechos humanos en Chile continuará”.
En ese sentido, concluyen que la futura Convención Constitucional, sea esta 100 por cien electa o mixta, “debe garantizar una participación representativa e inclusiva de los actores sociales y la ciudadanía”, incluidos los municipios, las organizaciones de sociedad civil, las asambleas territoriales y las personas defensoras de derechos humanos. “Las autoridades ejecutivas y legislativas deben considerar con detenimiento el uso de cuotas de grupos históricamente marginados, excluidos y discriminados”, finalizan.
Durante el mes y medio que se analiza en este informe, las cifras de personas agredidas y lesionadas fueron, para Amnistía Internacional, un claro indicador de que la fuerza se estaba usando indebidamente y de forma mantenida, a diario: más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En ese mismo lapso, 2.300 funcionarios de Carabineros fueron lesionados. Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por el impacto de balines, de acuerdo con el INDH. La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las que 285 eran lesiones oculares. Entre las víctimas, 834 eran niños, niñas o adolescentes. Del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de Carabineros.
La Fiscalía Nacional registró 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por violación sexual, una de ellas, violación múltiple, y existían 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos). Se registraron 1.946 delitos de amenazas y de maltrato contra Carabineros, de los cuales al menos 692 se referían a delitos de maltrato contra oficiales de la institución.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/10/AMR2231332020SPANISH.pdf»]“El informe big data fue solo humo”: fiscal Guerra dice que no hubo coordinación ni intervención extranjera el 18-O
Uno de los temas polémicos que dejó el estallido social fue el informe big data, el reporte elaborado por la empresa española Alto Data Analytics y que fue entregado en plena crisis a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
En su momento, el informe fue definido incluso por el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como «información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal”.
Sin embargo, el reporte siempre sembró dudas y fue blanco de duras críticas por su origen poco claro y sus conclusiones, como el hecho de dar cuenta que personas extranjeras y jóvenes fanáticos el K-Pop serían parte de los principales grupos que estuvieron detrás de las movilizaciones a nivel nacional. Para ahondar en las suspicacias, en la trama también jugó un rol el Grupo Quiñenco del empresario Andrónico Luksic, que puso en contacto a la empresa autora del informe con la ANI.
La Fiscalía nunca le dio una cuota de veracidad a esta hebra, y así lo verifican las declaraciones de este miércoles del Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien lo resumió así: “Eso fue solo humo”.
«El estallido social es una movilización masiva que tiene canalización con uso de violencia y en eso participó gente que no tenía coordinación entre sí. Eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, gente de barras bravas, delincuencia, pero de ahí a que hubo coordinación, es aventurado», dijo Guerra en entrevista con Radio Universo.
Es más, el persecutor recordó que “pocos días después de ocurridos los hechos surgió la investigación de intervención extranjera, que fue señalado por el señor Presidente. Esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron”.
En cuanto a las causas abiertas sobre los sucesos del estallido, Guerra añadió que la investigación por los incendios en el Metro es difícil, debido a que «hay precariedad de antecedentes».
“Los sistemas (de seguridad en Metro) existían, pero no con la sofisticación para lo que ocurrió. A partir de eso la empresa ha tomado medidas… pero a esa fecha la información no es de la mejor claridad”, añadió.
