Violencia en Colombia | Gremios e indígenas marchan contra el abuso policial y ya van 57 masacres este año
Centrales obreras convocan protestas para el 16 y 21 de septiembre
Los sindicatos de trabajadores a nivel nacional convocaron dos nuevas manifestaciones el 16 y 21 de septiembre para protestar contra los abusos policiales tras la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció después de ser agredido con exceso de fuerza y el uso prolongado de una pistola ‘taser’ por dos agentes en el barrio Villa Luz, en Bogotá.
Para la primera manifestación, programada para el 16 de septiembre a partir de las 7 de la noche, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras agremiaciones invitaron a una velatón y cacerolazo nacional en las plazas, parques y espacios públicos del país.
“Hemos decidido retomar las movilizaciones en las calles de Colombia, movilización pacífica y democrática como ha sido la característica que siempre hemos tenido. Anunciamos las próximas movilizaciones (para) mañana 16 de septiembre”, dijo el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, en una rueda de prensa virtual.
Las centrales obreras también convocaron a una caravana nacional para el próximo 21 de septiembre para rechazar cualquier tipo de violencia que afecte la protesta social en Colombia.
“Seguimos reinvindicando como puntos fundamentales de esta retoma de la movilización y de las calles de Colombia como primera medida de rechazo absoluto a la brutalidad policial evidenciada ante la reacción de los ciudadanos por el asesinato del señor Javier Ordóñez”, detalló Orjuela.
En Bogotá, según anunció el sindicato, los puntos fuertes de concentración para la jornada del 21 de septiembre serán la Autopista Norte con 170, el Portal de la 80 y el portal de TransMilenio de La Sevillana en la Autopista Sur. Se espera que en el transcurso de la semana precisen los demás puntos para las 13 ciudades principales del país.
“Esa brutalidad policial está reflejada indiscutiblemente en que hubo disparos. Hubo 14 asesinatos y más de 200 heridos. Exigimos por tanto la restructuración de la Policía Nacional y la renuncia del ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo)”, agregó Orjuela.
Otras causas
Los convocantes también se movilizarán contra el decreto 1174, expedido el pasado 27 de agosto, con el que el Gobierno reglamentó el piso de protección social, que para las centrales obreras es la “más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años” en Colombia.
Según los sindicatos, esa norma abre la posibilidad de contratar por horas y desconoce otros derechos de los trabajadores como subsidios y afiliaciones a entidades para recreación.
Además se movilizarán contra los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las antiguas Farc, así como para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla el 21 de noviembre de 2016.
“Rechazamos la violencia de todo género, buscamos que el proceso de paz sea cumplido para evitar este desorden en nuestro país y la muerte de tanta gente. Tenemos que estar para que no haya violencia y por la paz”, dijo el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes.
De manera extraoficial se conoce que a todo este sumario de peticiones entrarán la solicitud para reactivar las negociaciones con el colectivo autodenominado “Paro Nacional” y se ofrecerá un respaldo a las huelgas que se llevan a cabo en El Cerrejón.
Autoridades indígenas del Cauca convocan a una marcha por la paz y los derechos humanos
Las Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) invitaron a los colombianos a una marcha por la vida el 16 y 17 de septiembre. La movilización busca llamar la atención del Gobierno e instaurar un diálogo sobre lo que esa organización llama una “sistemática violación de derechos humanos y de los pueblos indígenas que vive el país”.
El Cauca conecta a los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Nariño. Su geografía, entre la cordillera de Los Andes y la costa pacífica, favorece la movilidad de bandas armadas que buscan lucrarse del narcotráfico y la minería ilegal.
Una de las peticiones de AISO es precisamente que la violencia, tanto en el departamento como en el país, cese. Después del acuerdo de paz firmado en 2016, más de 700 lideres sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, 270 de ellos hacían parte de pueblos indígenas. Según Indepaz, en 2020 han ocurrido 57 masacres en el país, ocho de estos crímenes fueron en el Cauca.
A la lista de motivos de la protesta se suman “la explotación de los recursos naturales y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz”, según informó AISO en el comunicado. El punto de encuentro de la manifestación del 16 de septiembre será en la variante de la entrada a Popayán, en el cruce de la vía a Pasto. El 17 de septiembre esperan dialogar con el Gobierno Nacional en el resguardo indígena La María Piendamó. Anunciaron también que estarán en asamblea permanente hasta que el Gobierno haga presencia.
Esta marcha se suma a las manifestaciones sociales que se produjeron en el país tras el caso de abuso policial contra Javier Ordóñez, el estudiante de derecho que murió luego de la agresión de los uniformados.
INFORME DE MASACRES EN COLOMBIA DURANTE EL 2020 – INDEPAZ
57 masacres en el 2020, con corte al 15 de septiembre de 2020
Informe de masacres en Colombia de INDEPAZ
Asesinan a tres hombres en Cáceres, Antioquia
Por Paola Agredo Tapias
En la vereda Los Azules, ubicada a cuatro horas del casco urbano de Cáceres, según confirmaron fuentes de la Policía, tres personas fueron asesinadas en hechos que aún son materia de investigación.
Dos de los cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue del hospital de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, y se espera el traslado de una tercera víctima. Las identidades de los hombres aún son desconocidas.
Los hechos ocurren una semana después de la masacre de cinco personas en el corregimiento El Pato de Zaragoza.
Situación en el Bajo Cauca
Durante las últimas dos semanas, la situación de orden público en el Bajo Cauca ha estado más compleja de lo normal. La vereda Isla de la Amargura de Cáceres quedó abandonada luego de que sus habitantes fueran desplazados por un grupo armado. Los pobladores, que permanecen en un colegio, se resisten a regresar porque no tienen garantías de seguridad.
Esta subregión también fue el escenario de la masacre de cinco personas, cuyos cuerpos fueron dejados a la vista de los habitantes del corregimiento El Pato de Zaragoza.
Días antes, en la vía que comunica a este municipio con Caucasia, una patrulla de la Policía fue atacada por desconocidos; el hostigamiento dejó dos policías muertos y uno más herido.
Pese a todos estos hechos, los alcaldes del Bajo Cauca se quedaron esperando la visita del presidente Iván Duque, que había prometido liderar un consejo de seguridad en la zona el pasado sábado.
Congresistas le piden a la CIDH y a la ONU investigar violencia y abusos policiales en Colombia
Por Daniel Jerez
Los copresidentes de la Comisión de Paz del Congreso de la República enviaron cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas, expresando su preocupación por los casos de violencia que se han presentado en los últimos días en el país por cuenta de las manifestaciones.
Los congresistas solicitan a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al presidente de la CIDH, Joel Hernández García, designar unas comisiones que se desplacen al país para adelantar una investigación por lo sucedido.
“Los suscritos Copresidentes de la Comisión de paz del Congreso de la República de Colombia solicitamos a su señoría una visita “in loco” a nuestro país, con el fin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda elaborar un informe sobre la situación de grave vulneración de los derechos humanos en Colombia”, indica la carta.
“En los últimos días episodios de abuso de la fuerza policial causaron diez muertes de ciudadanos indefensos en una sola noche durante protestas masivas por el asesinato de otro ciudadano, Javier Ordoñez; asesinato causado después de repetidas electrocuciones y golpes indiscriminados por parte de dos policiales que fueron grabados, y transmitidos en las redes sociales”, añade la misiva.
Asimismo, piden que esa visita sea aprovechada para recibir los informes correspondientes sobre las masacres que han venido ocurriendo y la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio colombiano.
“Sumado a estas masacres se encuentra el asesinato de 183 líderes sociales, hombres y mujeres dedicados a la defensa de los derechos humanos, ambientalistas y activistas sociales entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2020 (Fiscalía General de la Nación) y 222 excombatientes firmantes del acuerdo de paz (Jurisdicción Especial de Paz)”, agregan.
Los parlamentarios esperan que esta visita sirva para que, invocando la Convención Americana de los Derechos Humanos, se pueda recopilar información y así tomar las acciones de protección de la vida que con urgencia se requieren en el país.
También fueron enviadas copias de estas cartas a la Cancillería, porque es el Gobierno colombiano el único que pueda autorizar la visita de esos organismos internacionales al país.
Estas son las cartas:
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/09/CARTAS-DDHH_0.pdf»]Las denuncias del testigo del crimen de Javier Ordóñez
Por José Andrés González Gaitán
En una denuncia enviada al Fiscal General, el testigo del crimen de Javier Ordoñez, relató las amenazas de las que fue víctima por parte de los policías en el CAI de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.
La misiva señala que siendo las 12:30 de la madrugada del 9 de septiembre el patrullero Juan Camilo Lloreda, lo dejó incomunicado, le quitó los papeles de identificación y le dijo que no tenía derecho a una llamada, que se callara y que tenía todos sus datos para ubicarlo.
Dice que al manifestarle en repetidas ocasiones a los policías que no golpearan más a Javier Ordoñez, el patrullero Lloreda le dio un puño en la cabeza, enseguida el otro patrullero, Damián Rodríguez también lo insultó. Incluso, dice que un testigo fue a preguntar por él al CAI de Villa Luz, pero los uniformados negaron su existencia.
En otro aparte del documento señala que el patrullero Lloreda, al ver que Javier Ordoñez estaba muerto, se inventó una denuncia en contra de él, por el delito de violencia contra servidor público.
Agrega el denunciante, que estando en la Unidad de Reacción Inmediata de La Granja, otro policía se le acercó y tras darle una «patadita» en el pie, le recordó que tenían todos sus datos.
Por estos hechos, el testigo denunció a los dos policías por los delitos de falsa denuncia y amenazas. Finaliza la denuncia diciendo que el testigo teme por su vida.
