Secuestro del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis | Venció el plazo del EPP y el gobierno no respondió a la exigencia
Se cumplió el plazo y el Gobierno no respondió al chantaje del EPP
El presidente mantuvo contacto permanente con la Fiscalía y la Corte, mientras que familiares de los secuestrados siguieron con las negociaciones solicitando la liberación de los retenidos.
El Gobierno no respondió al chantaje del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que planteó hacer un canje de los cabecillas del grupo que están prisioneros, Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, a cambio de la liberación de los nuevos secuestrados, el ex vicepresidente liberal Óscar Denis y el peón Adelio Mendoza.
Las autoridades del Poder Ejecutivo optaron por la estrategia del silencio y se limitaron a informar que siguen haciendo el monitoreo del trabajo de rastrillaje que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona.
Anoche venció el plazo que el grupo armado dio al Gobierno para liberar a Carmen Villalba y a Alcides Oviedo.
Desde el entorno presidencial indicaron que tomaron la decisión de mantenerse alejados de las negociaciones que están realizando las hijas para tener una prueba de vida de Denis. Hubo contacto permanente con la Fiscalía y la Corte. Los efectivos militares y policiales siguen con los operativos esperando una orden por parte del comandante en jefe, que se mantuvo en Asunción. Durante el fin de semana, los militares realizaron incursiones en el monte, acompañando al padre de Adelio.
El presidente de la República mantiene contacto permanente con los familiares que se encargan de las negociaciones y estuvieron realizando conferencias de prensa para informar sobre el cumplimiento de la entrega de los kits de víveres en las comunidades indígenas que rechazaron el ofrecimiento.
ESCENARIO COMPLEJO. Con este nuevo secuestro en medio de la crisis sanitaria y cuestionamientos por el manejo del Poder Ejecutivo de la pandemia, se suma un escenario más complejo para el presidente Mario Abdo Benítez.
La crisis de seguridad marcada por la agenda impuesta por el EPP pone en aprietos al inquilino del Palacio de Gobierno. Referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con otros sectores de la oposición, realizaron cuestionamientos y hasta están hablando de la idea de reflotar el juicio político al mandatario por los últimos acontecimientos ocurridos en el Norte. Primero con el abatimiento de dos niñas en un confuso procedimiento de la FTC durante el choque con los integrantes de la guerrilla, ahora sumado al secuestro del ex vicepresidente Denis.
Esta crisis encuentra a Abdo negociando con el sector del cartismo en el marco de la Operación Cicatriz que pretende darle gobernabilidad con el respaldo de los colorados. Sin embargo, aumenta el fuerte desgaste de la figura presidencial con la pandemia sumado a lo que está ocurriendo en el Norte.
Las movilizaciones que se dieron en Concepción, parte de Asunción y otros puntos del país, condenando la extorsión del grupo armado y exigiendo una salida al Gobierno, demuestran que la ciudadanía está expectante.
Varios analistas políticos y especialistas en materia de seguridad coinciden en señalar que el Gobierno debe cambiar su estrategia de combate al grupo armado y no centrarse solamente en la maniobra militar para erradicar la operación de este grupo armado que ya recaudó más de USD 3 millones en los últimos años.
Una de las opciones que plantean es realizar una cumbre de poderes para tratar el tema de seguridad. La última reunión que se desarrolló fue en el 2019 cuando Blas Llano era titular del Congreso.
Durante la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, el presidente Mario Abdo Benítez había señalado que con voluntad política recuperaría la soberanía en el Norte y que potenciaría la capacidad de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta para el combate al grupo armado.
Con caravana por la paz, piden liberación de Óscar Denis y Adelio Mendoza
Un grupo de ciudadanos partieron este domingo desde la Catedral de Asunción en una caravana por la paz, pidiendo la liberación de Óscar Denis y Adelio Mendoza, secuestrados hace cuatro días por una célula del EPP.
Una larga fila de vehículos se hizo presente en el centro de la ciudad de Asunción este domingo, en las inmediaciones de la Catedral de Asunción, para pedir la liberación del ex vicepresidente, Óscar Denis, y el joven indígena Adelio Mendoza.
Con banderas blancas, patrias y el lazo simbólico de la paz, realizaron la movilización bajo el lema Paraguay sin EPP, como muestra de apoyo a las familias víctimas del nuevo plagio atribuido a la Brigada Indígena del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Previo al inicio de la medida, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, brindó una oración y luego la caravana prosiguió hasta la Costanera de Asunción.
Las familias de los secuestrados se enfrentan ante una cuenta regresiva en vista de que a las 22.00 se cumple el tiempo límite fijado para la liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, ambos presos y componentes principales de la exigencia del grupo armado.
Se trata de una de las seis exigencias impuestas por el grupo armado, que dejó en una memoria portátil cerca del lugar donde vieron por última vez a los desaparecidos, en la estancia Tranquerita, en Bella Vista, Amambay.
El Gobierno Nacional no desveló cuál será la determinación a tomar ante este pedido de «canje de prisioneros».
Mientras, las hijas del ex vicepresidente iniciaron la entrega de víveres que también fue uno de los pedidos del EPP. Sin embargo, las comunidades ya se pronunciaron en contra de recibir dicha ayuda.
A cinco días de la desaparición, ambas familias no cuentan con pruebas de vida de los secuestrados. La familia del ex político liberal rogó ayer por la mañana por la salud de su padre, y pidió una comunicación.
Los seres queridos del peón, que pertenece a la parcialidad Paî Tavyterã, también expresaron su dolor y confirmaron que entrarán al monte a buscar al joven.
La abogada de las niñas asesinadas en Paraguay pide que intervenga el EAAF
Por Guido Miguel Vassallo
La abogada Daisy Irala asume desde 2010 la defensa de combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Representó hace dos meses en un juicio a Carmen Villalba, tía de las dos niñas argentinas baleadas en Paraguay durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Ahora representa a su colega y amiga Miriam Villalba, y a su hermana Laura, licenciada en Enfermería, madres de Lilian y María, las primas que, según Irala, lejos de ser combatientes estaban visitando a sus padres biológicos. En diálogo con PáginaI12, la defensora de la familia Villalba desmonta una por una las fallas del procedimiento y critica la «impunidad» del gobierno paraguayo. «Hicieron una manipulación irrespetuosa y grosera de los cuerpitos de las niñas. Pensaron que nadie iba a protestar, pero se equivocaron», asegura.
– Tras la muerte de las niñas, miembros de la FTC quemaron sus prendas y enterraron sus cuerpos con la excusa del coronavirus. ¿Cómo se explica esa actitud desde el derecho?
– No hay ningún justificativo para hacerlo. Ante la barbaridad de la ejecución, el Ministerio Público empieza a realizar varios actos desesperados. Lo primero que hacen es vestirlas con un uniforme que no les corresponde para decir que ellas estaban ‘enguerrilleradas’, que son adolescentes, que se movieron y ni nos dimos cuenta que eran niñas… El uniforme posteriormente tenía que aparecer para que nosotros como víctimas o cualquier otra autoridad de derechos humanos pudiera revisar. Entonces vino el siguiente problema: se iba a revisar el uniforme pero no iba a ser la talla de las niñas, y no iba a tener sangre, y no iba a tener agujeros. O por más que le hagan los agujeros de los disparos, no iban a coincidir con las heridas que causaron la muerte de las niñas.
– Ahí es cuando deciden quemar las prendas.
– Tienen la «brillante» idea de quemar la ropa, todas las pertenencias. El propio ministerio de Salud ya respondió que no hay un protocolo que diga que hay que deshacerse de las evidencias en estos casos, porque ellas no estaban enfermas ni eran positivas de covid-19. Fue una muerte violenta y por lo tanto las evidencias se tenían que preservar. Además, automáticamente tenía que entrar a regir el Protocolo de Minnesota, que establece claras pautas de cómo se tiene que proceder en estos casos. Y la pauta número uno dice cómo levantar el cadáver, cómo hacer la autopsia. Nada de eso se tuvo en cuenta.
– ¿Es habitual que en este tipo de operativos los abatidos sean enterrados inmediatamente en fosas comunes?
– Es lo que suelen hacer con los combatientes epepistas. A la fosa común y ya está. Las familias generalmente tienen miedo de ir a reclamar los cuerpos. Y justamente otro de los puntos centrales del Protocolo de Minnesota es el trato con la familia. Porque la familia es la víctima, entonces el Estado tiene que llamarla, si no tiene abogados facilitarle uno, ponerla al tanto de la investigación. Acá es todo lo contrario: hacen todo en secreto, entre cuatro paredes. Y como la cereza en la torta, en vez de abrir una investigación sobre los presuntos responsables de la ejecución, le abren una causa penal a las mamás de las niñas fallecidas. Sostienen que la responsabilidad de la muerte de esas niñas no es de los militares, es de las madres.
– Vuelvo al operativo. Oscar Chamorro, comandante de la FTC, reconoció que no hicieron filmaciones. ¿No queda ningún registro de ese día?
– Nada. Primero dijeron que no tenían por qué filmarlo porque no iba a ser un operativo, pero el presidente luego dijo que fue un operativo exitoso. Y fijate esta coincidencia. En el caso Curuguaty (el 15 de junio de 2012, policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban tierras en esa ciudad del este de Paraguay, dejando un saldo de 17 muertos) había filmado el helicóptero. Pero cuando se piden las imágenes, resulta ser que no funciona. Es una conducta sistemática de los órganos de seguridad. Cuando hay algo que va a comprometerlos, las cámaras no funcionan.
– ¿Por qué las nenas estaban ese día en el campamento?
– Los familiares dicen que estaban ahí porque querían conocerle cada una a su padre. Ellas no pertenecían a la guerrilla, sí sus padres. Ellas tenían su vida en Puerto Rico, provincia de Misiones en Argentina. Iban a la escuela, las maestras pueden atestiguar que hicieron todo el ciclo lectivo y no solamente el año pasado. El problema es que las fronteras se cerraron y ellas no pudieron regresar al país.
– ¿Van a solicitar una nueva autopsia de las niñas con la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)?
– Está dentro de los planes, porque en la primera autopsia que se hizo no se retiraron las esquirlas que provocaron la muerte de las niñas. Fue donde el médico dice que las chicas tienen entre 15 y 18 años. Eso no fue una autopsia. Y la segunda que hicimos después de exhumar el cuerpo tampoco fue una autopsia. Fue para tomar muestras de ADN, porque ellos dudan del lazo biológico entre la mamá y la hija. También para el estudio de la edad. En base a eso es que nosotros pedimos que el EAAF o equipos forenses de un tercer país puedan hacer una autopsia como corresponde, que de todas formas no va a ser lo mismo porque muchos rastros y evidencias que tendrían que aparecer en el cuerpo recién muerto ya no van a existir.
Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. 1/2 pic.twitter.com/jJA6rMNKrv
— Marito Abdo (@MaritoAbdo) September 2, 2020
– El presidente Mario Abdo Benítez fue al lugar del operativo, posó armado y hasta celebró el accionar de la FTC. ¿No temía pagar un costo político?
– Yo pienso que no le importa porque ellos siempre hicieron esto. Es una cuestión de clase. Recuerda que es hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Recuerda que la dictadura persiguió mucho al campesinado y que las víctimas son hijas de campesinos. Y recuerda que tiene el apoyo de toda su clase social, que es la que detenta el poder. El Senado tiene la mayoría de los colorados, el partido que durante años sembró el terror. Hay una senadora (Mirta Gusinsky del Partido Colorado) que dijo que en esa zona hay que tirar bombas para acabar con toda la comunidad. Ahora bien, en ese momento él no lo pensó, pero se encontró con una sorpresa: las niñas son argentinas. Y eso hace que las papas quemen.