Por qué Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por Covid-19
Coronavirus en Perú: 5 factores que explican por qué es el país con la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados por la pandemia
Por Pierina Pighi Bel
Al inicio de la pandemia, Perú lideró rankings auspiciosos como el de los primeros países que impusieron restricciones y el de aquellos que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada por la suspensión de la economía.
Pero meses después, medios de todo el mundo empezaron a informar sobre las altas cifras de contagios en Perú, las deficiencias de la cuarentena y la fuerte caída económica que golpeaba al país.
Ahora, más de cinco meses después, el país sudamericano lidera una de las clasificaciones tal vez más penosas: es el que tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, según la Universidad Johns Hopkins.
Acumula 87,53 muertos por cada 100.000 habitantes. Esta medición lo pone por delante de países como Estados Unidos, Brasil y México.
Medios peruanos reportaron que se trataba de la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de todo el mundo.
En términos absolutos, hasta este viernes, Perú era el noveno país con más muertes en el mundo, con un total oficial de 28.277; y el quinto con más contagios, con 621.997 casos.
El número de muertos diarios ha descendido ligeramente la última semana. El miércoles, el Ministerio de Salud reportó 123 muertos, la cifra más baja desde junio. Pero el jueves volvió a subir a 153.
Una mezcla de factores de salud pública, económicos y sociales, limitaciones estructurales y errores coyunturales explican por qué Perú llegó a esta situación, dice Hugo Ñopo, investigador principal del grupo Grade, a BBC Mundo.
Analizamos cuatro de esos factores.
1. Deficiencias en el sistema de salud
El doctor Eduardo Gotuzzo, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia de Lima y exdirector del Instituto de Medicina Tropical de esa institución, señala como uno de los factores de la crisis el hecho de que la pandemia sorprendiera a Perú con una baja inversión en salud, con una escasez de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, con personal mal pagado y un solo laboratorio capaz de procesar pruebas moleculares.
El gasto público en salud, como porcentaje del crecimiento económico, ha aumentado levemente en las últimas dos décadas.
En 2017 llegó a un 4,9% del PBI, según la última estimación que tiene el Banco Mundial.
Pero sigue siendo “un país con bajo gasto per cápita en salud, para su nivel de desarrollo relativo”, dijo el economista Elmer Cuba, de la consultora Macroconsult.
Al inicio de la pandemia, Perú contaba con 100 camas de cuidados intensivos y 3.000 camas hospitalarias.
Para fines de junio contaba con 18.000 camas hospitalarias, según dijo el presidente, Martín Vizcarra, y ahora tiene 1.660 camas de cuidados intensivos.
“Pero siempre la pandemia está un paso adelante”, dice el doctor Gotuzzo a BBC Mundo.
El doctor Ernesto Gozzer, experto en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reconoce que el “estado de los servicios de salud han potenciado el efecto sobre la mortalidad por covid-19”, pero no cree que las condiciones del sector expliquen por sí solas la devastación causada por la pandemia.
“Si no, países que tienen peores condiciones que nosotros estarían mucho peor”, dijo Gozzer.
2. Enfoque en cuidados intensivos en vez de en prevención
Para Gozzer, el factor más importante es “que se tuvo un enfoque más hospitalocéntrico que preventivo y de detección o de salud pública”.
“A pesar de las acertadas medidas tempranas (cierre de escuelas, fronteras, cuarentena), el enorme aumento de la disponibilidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos (UCI) y la dedicación del personal de salud y los funcionarios encargados la respuesta a la pandemia, los resultados no han sido los esperados”, dijo Gozzer.
Al centrar los esfuerzos en aumentar el número de camas de cuidados intensivos, Gozzer cree que “se ha actuado sobre el punto final del recorrido (de la enfermedad) al que llega una persona con covid-19, una cama de cuidados intensivos, y que puede terminar en la muerte”, opinó.
“Los que trabajamos en salud pública buscamos contener un brote, que (los pacientes) no lleguen a cuidados intensivos”, dijo Gozzer.
Este enfoque significó que también los pacientes de COVID-19 solo pudieran atenderse en hospitales, en vez de tener la posibilidad de acudir a postas de salud o centros médicos (de atención ambulatoria) en etapas más tempranas de la enfermedad, explica Gotuzzo.
Gozzer también critica que el gobierno haya utilizado más pruebas serológicas o rápidas como pruebas de diagnóstico de COVID-19, cuando sirven para otros propósitos, como el control epidemiológico, en vez de las pruebas moleculares.
Las pruebas rápidas no te dicen si alguien está contagiado en el momento, sino que muestran infecciones pasadas. Las pruebas moleculares sí confirman casos vigentes de covid-19.
Hasta este viernes, Perú había diagnosticado 154.197 casos con pruebas moleculares y 467.800 casos, prácticamente el triple, con pruebas rápidas.
Pero no solo faltaron más pruebas moleculares, sino también laboratorios que permitieran procesarlas de manera masiva, dice Gotuzzo.
Al inicio de la pandemia, Perú tenía un solo laboratorio capaz de procesar pruebas moleculares. Para junio tenía 12 y para el 10 de agosto ya tenía 35, entre públicos, privados y laboratorios de universidades.
“Mucha gente se contagia, no tiene diagnóstico temprano y contagia a su familia”, dijo Gotuzzo.
“Al no identificar oportunamente los casos, no seguirlos ni aislarlos ni rastrear a los contactos, no contienes la enfermedad. La epidemia se fue expandiendo más, comenzó a recargar los servicios, los hospitales”, dice Gozzer.
“Todo el tiempo parece que estuvieron preocupados por buscar más camas, más camas UCI, cuando (llegar a UCI) es el resultado que debo evitar”, dice Gozzer.
“Si yo tengo 10 casos y se convierten en 100, 200, pero los vigilo, se terminan y no necesito camas UCI. Pero si dejo que sigan porque no hice pruebas moleculares, no hice rastreo de contactos, van a ser 1.000, 10.000, no hay ningún sistema que resista. Es cierto que el sistema es deficitario y debe ser reformado, pero me parece que lo principal es el enfoque “, dice Gozzer.
3. Escasez de oxígeno
Otro problema que afectó la lucha contra la pandemia fue la escasez de oxígeno.
En varios momentos de la emergencia, los medios difundieron imágenes de gente formando largas colas para conseguir oxígeno, demanda que llevó a que muchos proveedores subieran los precios del insumo y que se abrieran puestos clandestinos de venta de oxígeno.
En junio, el gobierno declaró el oxígeno como producto de”interés nacional”y ordenó una compra cercana a los US$25 millones del gas medicinal para satisfacer la demanda.
“La falta de oxígeno influyó en la mortalidad, porque la gente que necesitaba oxígeno y que con eso se podía haber curado, probablemente se agravó y tuvo que llegar a UCI o ya no llegó a UCI”, dijo Gozzer a BBC Mundo.
4. Reacción del gobierno
Al inicio de la pandemia en Perú, a mediados de marzo, el gobierno reaccionó rápido y decretó una de las cuarentenas más restrictivas de la región.
Al mismo tiempo destinó entre el 9% y el 12% de su PIB para ayudar a la gente que hubiera perdido su empleo (o autoempleo) y a las empresas que se hubieran quedado sin ingresos a causa del cierre de la economía.
Pero Hugo Ñopo cree que les faltó “una vuelta de tuerca” a estas medidas para adaptarlas a la realidad peruana.
Alrededor del 71% de la población económicamente activa en Perú vive de la economía informal o se desempeña en oficios en los que obtienen sus ingresos día a día, por lo que no podían quedarse en casa y debían salir a trabajar a la calle.
Además, la gente tuvo que ir a abastecerse a lugares aglomerados como los mercados, a los que en mayo Vizcarra identificó como “los principales focos de contagio”.
El reparto de los bonos económicos también propició que se formaran aglomeraciones en los bancos, pues solo un 38,1% de los peruanos adultos tiene cuenta bancaria. El resto debía ir en persona a cobrar el dinero.
Para el doctor Gotuzzo, “las medidas sociales buenas (bonos) terminaron siendo medidas de salud pública negativas”.
“Los planes iniciales de alguna forma eran copia de las estrategias de Europa. Nos faltó ver que esas estrategias no necesariamente iban a ser exitosas aquí, con tanta informalidad. Nos faltó pensar en una solución distinta, para nosotros”, dijo Ñopo a BBC Mundo.
“Nadie esperaba que el gobierno no cometa errores, nadie conocía la pandemia. Pero si íbamos a cometer errores, debíamos transparentarlos y corregir sobre la marcha”, agregó.
Una vez que el gobierno identificó algunos de estos problemas, tomó medidas como intervenir y reorganizar los mercados, y ampliar el horario de atención de los bancos.
También dispuso la apertura automática de una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación para todos los peruanos mayores de 18 años.
La economista Janice Seinfeld, directora ejecutiva de la consultora Videnza, también señaló que al decretarse la cuarentena y suspenderse los servicios de transporte, mucha gente regresó caminando a sus ciudades de origen.
“Hubiera sido bastante más positivo un cierre un poco más fino, se debió hilar un poco más fino de acuerdo a la realidad nacional”, dijo Seinfeld a BBC Mundo.
5. Cumplimiento de restricciones
Los últimos días, mucha gente responsabilizó a aquellos peruanos que incumplen las restricciones destinadas a prevenir los contagios. La tendencia surgió a raíz de que el fin de semana pasado 13 personas murieron y otras seis quedaron heridas en una estampida ocurrida ante la intervención de la policía en una fiesta clandestina celebrada en Lima.
Unas 120 personas habían asistido al evento en Thomas Restobar, pese a que las reuniones están prohibidas en Perú como medida de prevención del contagio de COVID-19.
“Uno se pregunta si fue un caso aislado y la respuesta es absolutamente no. Sucede en todos los barrios y es una cosa enraizada que nos dice qué tan dispuestos estamos a respetar reglas. Lamentablemente eso nos está costando”, dijo Ñopo.
La policía dijo este jueves al diario El Comercio que desde el inicio de la pandemia había intervenido 321 fiestas clandestinas solo en Lima.
“La tragedia representa -en modo resumido y acelerado- muchos de los yerros que han agravado el avance del Covid-19 en el país”, decía un editorial del diario El Comercio publicado este lunes.
Pero “cargar la mayor parte de la culpa sobre las propias víctimas es obtuso, cruel, e invisibiliza las falencias estructurales que hacen posible que situaciones como esta se repitan”, continúa el editorial.
Otros expertos y comentaristas también rechazan que se culpe a los asistentes a reuniones clandestinas de la situación de la pandemia en Perú y más bien vuelven a señalar los problemas estructurales preexistentes.
Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, dijo a BBC Mundo que “las reuniones clandestinas han contribuido, sin duda, a la tasa de mortalidad, pero no creo que sean la principal causa, no es preciso atribuírselas”.
“Son hipótesis creíbles, pero no hay datos. Además, no solo hay que considerar las fiestas clandestinas. La gente ha seguido saliendo a trabajar, se ha seguido moviendo, ha habido interacción en los mercados, en los bancos, todo eso ha ido sumándose”, dijo Lavado.
“Sin duda han contribuido (las reuniones), pero me queda la duda de cuánto han contribuido. Todas las aglomeraciones han contribuido, pero no podría decir cuál más”, señala y asegura que “son más las personas que se cuidan”.
¿Qué dice el gobierno ante la alta tasa de mortalidad?
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reconoció en entrevista con la cadena peruana RPP que Perú tiene la tasa más alta de mortalidad por COVID-19, pero que el récord se debe a la transparencia del gobierno en difundir las cifras de muertos.
“No conozco otro país, aparte de Perú, que durante la pandemia esté siendo transparente con el número de fallecidos durante la pandemia […] Hay números de sospechosos de COVID-19 que han pasado (al conteo oficial) y eso eleva el numero a nivel mundial”, dijo Martos este jueves.
Perú: 28,944 muertos y 652,037 infectados al 31 de agosto de 2020
Este martes se reportaron 156 deceso a causa del coronavirus COVID-19, siguiendo una tendencia moderadamente a la baja, con lo cual el acumulado desde la llegada del virus al Perú al 31 de agosto de 2020 es de 23,992 fallecidos, informa el Ministerio de Salud (Minsa).
En la jornada previa se tomaron 23,992 pruebas, menos que el promedio de 30,000, por ser domingo, y se detectaron 1,448 casos, a los que se añaden otros 3,423 que no habían sido registrados durante la semana. En total, se agregan 4,871 nuevos casos y el nuevo acumulado es de 652,037 contagios.
A la fecha se tienen 12,374 pacientes hospitalizados, de los cuales, 1,512 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.
Del total de casos confirmados, a la fecha, 462 329 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.
Adultos mayores piden que Congreso apruebe Convención Interamericana que protege sus derechos
Por Lucero Ascarza
Han pasado más de dos años desde que el Congreso de la República votó por aprobar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, cinco grupos parlamentarios pusieron trabas en el proceso y hasta la fecha el proyecto sigue pendiente.
Ahora, frente a un nuevo Congreso, colectivos de personas adultas mayores piden que la Convención Interamericana se ponga nuevamente en la Agenda del Pleno. ¿Por qué resulta importante la aprobación de este tratado?
Betty Guillén Velarde, trabajadora social y fundadora del Colectivo por los Derechos de las Personas Adultas Mayores (PAM), explica que esta Convención aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sería el primer documento vinculante para el Estado Peruano dirigido a esta población. «Si el Perú se adhiere, tiene que incluirlo en sus normas y se convierte en ley. Por lo tanto, los reclamos y denuncias de maltrato a personas mayores tendrían mayor respaldo«, señaló a Wayka.
En el actual contexto de la pandemia, las personas mayores son parte de los grupos más vulnerables. «Venimos sufriendo una serie de maltratos, de olvido. Ahorita no se atiende adecuadamente, sobre todo porque hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas», lamenta Betty Guillén. «Hemos visto discriminación. Por ejemplo, cuando se tiene que sortear quién puede hacer uso de un respirador y hay una persona mayor y una persona más joven», relató.
Hace poco, la Defensoría del Pueblo también advirtió sobre las condiciones de desigualdad que experimenta la población adulta mayor en el contexto de emergencia. De acuerdo a un informe elaborado en 2019 por esta entidad, más del 99% de mujeres adultas mayores en el campo no recibe una pensión de jubilación. La mayoría tampoco tiene acceso a salud, vivienda y una vida sin violencia.
Como recalca Guillén, las normas actuales no los protegen del todo. «Una de las instituciones que debe hacer seguimiento [según la Ley del Adulto Mayor] es el Ministerio de la Mujer, pero no lo hace. Existen los Centros del Adulto Mayor que son responsabilidad de las municipalidades, pero tampoco los instalan. Y en aquellos municipios donde existe, los programas no son consultados con las personas adultas mayores», explica la trabajadora social.
Piden celeridad del Congreso
En junio de este año, el Colectivo PAM envió cartas a distintas comisiones del Congreso solicitando que se vuelva a poner en agenda la aprobación de la Convención Interamericana que los protege. Este pedido fue transmitido por la Comisión de Inclusión Social y Personas mediante un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.
Dos meses después, en agosto, otros colectivos organizados dirigieron el mismo mensaje a Merino de Lama: votar y aprobar la Convención Interamericana antes citada. «Consideramos que la demora en su aprobación está afectando a millones de adultos mayores que conformamos el 12% de la población», declaran en una carta liderada por la Confederación Nacional de Pensionistas, Asegurados y Fonavistas del Perú (CONAPAF), junto a otros gremios.
La excusa de la «ideología de género»
Como se recuerda, en 2018 el Congreso aprobó por unanimidad incorporar esta Convención Interamericana a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, el entonces congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales Ardiles pidió que se reconsidere dicha votación. A él se sumó Julio Rosas Huaranga, conocido líder del grupo conservador Con mis hijos no te metas, indicando que el texto del tratado incluía «peligrosos conceptos de carácter inconstitucional».
Esa reconsideración fue negada en votación del 16 de abril de 2019. Es decir, se esperaba que la Convención se aprobara. Pero ese mismo día, voceros de cinco grupos parlamentarios pidieron que se reconsidere la votación de la reconsideración.
Carlos Tubino (Fuerza Popular), Jorge Castro (Concertación Parlamentaria), Lucio Ávila (Cambio 21), Mauricio Mulder (APRA) y César Vásquez (Alianza por el Progreso) firmaron una carta indicando que la Convención contenía «términos ideológicos de género».
Por esos argumentos, el proceso quedó en pausa y las personas adultas mayores siguen a la espera. «Cada día estamos envejeciendo más, es una responsabilidad de la sociedad exigir al Gobierno que se apruebe la Convención», resalta Betty Guillén, del colectivo PAM.
