Perú | Vizcarra rechaza intento de destitución y denuncia una conspiración en su contra
Martín Vizcarra: «Es conspiración, confío que las fuerzas democráticas no lo van a permitir»
El jefe de Estado, Martín Vizcarra, realizó un pronunciamiento a la nación, en el que habló sobre la revelación de audios que lo involucran y que fueron revelados, en primera instancia, por el Congreso de la República, que aprobó la admisión a la moción de vacancia en su contra la semana pasada.
Al respecto y, luego de saber que el presidente del Congreso, Manuel Merino, intentó comunicarse con las Fuerzas Armadas, el mandatario consideró que se trató de una conspiración en su contra.
“Es conspiración, señores, confío que las fuerzas democráticas no lo van a permitir. (…) Repudio que haya personas que quieran el caos y la inestabilidad por atender a meros intereses personales en medio de una de las peores crisis sanitarias de la historia”, señaló.
Asimismo, el exgobernador regional de Moquegua pidió que la situación en la que se le ve involucrado se investigue y aseguró que la verdad “saldrá a la luz” y que los hechos se aclararán, por lo que reiteró que no renunciará al cargo de la presidencia.
“No se pueden manchar las honras de las personas y quedar impune. Sigo aquí como ustedes me ven, como ustedes me conocen, con la frente en alto”, apuntó y agregó que el Perú requiere de estabilidad, certeza y orden para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
El intento del Congreso de destituir a Martín Vizcarra pierde fuerza
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Se desinfla el intento del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. El caso se cae luego de las revelaciones de que desde el Legislativo se estuvo tocando las puertas de los cuarteles en búsqueda de respaldo para sacar al mandatario en un juicio político exprés, sin investigación previa sobre los cargos que se le imputan. Vizcarra deberá presentarse este viernes ante el Parlamento para responder por una supuesta “incapacidad moral permanente”. La acusación es por la irregular contratación de un poco conocido cantante para dar charlas en el Ministerio de Cultura y por cargos de intentar encubrir sus vínculos con este delirante personaje que ha saltado de la marginalidad de la farándula al centro de la política nacional. El gobierno ha denunciado un intento de golpe de Estado parlamentario y busca detener el juicio político en el Tribunal Constitucional. Desde que asumió en marzo pasado, el Congreso mantiene un choque permanente con el Ejecutivo.
El juicio político se puso rápidamente en marcha luego que el jueves último un cuestionado congresista, acusado de corrupción y para quien la fiscalía pide 17 años de prisión, difundió en el Congreso grabaciones de conversaciones del jefe de Estado coordinando con dos secretarias de su círculo más cercano sobre lo que deben responder cuando sean interrogadas por las visitas a Palacio de Gobierno del cantante Richard Cisneros, que se hace llamar Richard Swing. A Vizcarra se le acusa de buscar acomodar esos testimonios para desmarcarse de esas visitas y de la irregular contratación de “Swing”.
El viernes pasado se aprobó con 65 votos de los 130 legisladores iniciar este viernes el juicio político. Para la destitución se requieren 87 votos. Quedaban 29 votos -24 abstenciones y cinco ausencias en la votación que dio luz verde al proceso contra Vizcarra- que eventualmente podían inclinar la balanza en contra del mandatario. Pero lejos de sumar, los promotores de la destitución del presidente vienen sufriendo una serie de deserciones y ven desvanecerse sus posibilidades de alcanzar esos 87 votos.
El lunes, en un mensaje televisado, Vizcarra pidió disculpas al país por la crisis política generada por los audios salidos de su entorno más cercano, pero aseguró no haber cometido algún delito. Denunció que había “una conspiración” de sectores del Congreso que responden a “intereses oscuros” para sacarlo de la presidencia. Ha señalado que desde el Parlamento se busca tomar el gobierno para postergar las elecciones de abril del próximo año y cambiar las reglas para que los congresistas puedan reelegirse, algo que ahora no pueden hacer por una norma dada por este gobierno.
Vizcarra ha dicho ser víctima de “una traición”, de la que acusó a su secretaria Karem Roca, de su círculo de mayor confianza, a quien calificó como “un instrumento” para desestabilizar al gobierno y a la que separó del cargo públicamente. Roca es señalada como la autora de las grabaciones que han gatillado la crisis política. El presidente enfatizó que no puede ser procesado mientras esté en el cargo, pero aseguró estar abierto a cualquier investigación.
El plan para destituir al mandatario se comenzó a desmoronar cuando se conoció que el titular del Parlamento, Manuel Merino, quien sustituiría a Vizcarra si éste es sacado de la presidencia, había llamado a los jefes militares para pedirles respaldo a una destitución del presidente. Pese a su insistencia, no pudo hablar con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, pero sí logró hacerlo con el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. Ambos militares informaron de las llamadas al ministro de Defensa, general Jorge Chávez.
El primer ministro, el general retirado Walter Martos, ha calificado el pedido de vacancia presidencial promovido por el Congreso y las llamadas de Merino a los jefes militares como un intento de golpe de Estado. El presidente Vizcarra denunció que Merino, del partido de centro derecha Acción Popular, ya estaba armando su gabinete ministerial.
El titular del Parlamento ha admitido sus llamadas a la cúpula militar, pero se justificó diciendo que su intención era “transmitir calma” a los altos jefes castrenses. Su explicación sonó poco creíble. El gobierno evalúa denunciarlo por sedición.
Merino no consiguió el respaldo que buscaba de la cúpula militar, por el contrario, conocidas sus comprometedoras, y reveladoras, llamadas, comenzaron las deserciones en la coalición parlamentaria para sacar al presidente, una alianza armada por intereses particulares antes que por coincidencias ideológicas, que incluye en un rol protagónico a legisladores vinculados en escándalos de corrupción.
Keiko Fujimori, procesada por lavado de activos por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales de 2011 y 2016, se distanció del pedido de vacancia presidencial que se derrumba. Su partido, que en las elecciones legislativas de enero perdió la mayoría absoluta en el Congreso, en un doble juego se dividió a la hora de votar la admisión del juicio político, un sector lo apoyó y otro se opuso.
Diversos juristas señalan que hay audios que comprometen a Vizcarra en posibles delitos, como obstrucción a la justicia, pero coinciden en que por los hechos denunciados no procede una destitución. Indican que debe haber una investigación y que de acuerdo al resultado podría abrirse un juicio a Vizcarra, pero recién cuando termine su mandato en julio del próximo año porque la Constitución no permite que el jefe de Estado sea acusado durante su gestión, excepto por unos pocos casos, como traición, impedir las elecciones o el funcionamiento del Congreso, y por incapacidad física o moral permanente.
Para pedir la salida de Vizcarra los congresistas han forzado la figura de incapacidad moral permanente. Distintos juristas opinan que la incapacidad moral permanente se debe entender como incapacidad mental, que, señalan, es el origen del término cuando se estableció por primera vez en la Constitución en el siglo XIX. Pero la actual Constitución no lo precisa y deja una peligrosa puerta abierta. Los parlamentarios arguyen el antecedente del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acusado en el Congreso por incapacidad moral en diciembre de 2017 por recibir sobornos de Odebrecht. El pedido de destitución no alcanzó los votos necesarios, pero tres meses después PPK renunció acosado por esas acusaciones y Vizcarra, que era su vice, asumió la presidencia.
Este lunes el gobierno ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que se defina lo que implica el término incapacidad moral permanente y si aplica para este caso. Pero una decisión del tribunal podría demorar entre dos y tres meses, y el juicio político será esta semana, por lo que el Ejecutivo también ha presentado ante el TC una medida cautelar para detener el proceso en el Congreso hasta que se resuelva el tema de fondo.
La intención del Congreso de destituir a Vizcarra se da cuando al presidente le quedan diez meses para terminar su gestión, las elecciones generales ya han sido convocadas y el país atraviesa una grave crisis sanitaria, económica y social por la pandemia del coronavirus.
Martín Vizcarra promulgó la reforma constitucional que impide que sentenciados en primera instancia postulen a cargos públicos
El presidente Martín Vizcarra promulgó este lunes la ley que impide postular a cargos públicos a las personas sentenciadas en primera instancia, la cual fue aprobada días atrás en segunda votación por el Congreso.
“Promulgo ante los peruanos la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia. Para que, de esta manera, se garantice que en las próximas Elecciones Generales, convocadas para el domingo 11 de abril, se presenten candidatos idóneos a fin de que la ciudadanía pueda elegir a sus próximas autoridades”, señaló en un pronunciamiento.
El pasado viernes, la reforma fue puesta a segunda votación en la sesión del Pleno del Congreso luego de que varios congresistas insistieran en ver este tema antes de que se debata la admisión de la moción de vacancia presidencial.
A inicios de julio el Pleno del Congreso aprobó la reforma a la Constitución que prohíbe que los sentenciados por corrupción en primera instancia puedan postular a cargos de elección pública en los comicios del 2021.
Pese a que la reforma ya había sido aprobada, esta necesitaba una segunda votación para que entre en vigencia en las elecciones del 2021. Esta segunda votación necesitaba ser realizada antes del 28 de septiembre, por lo que el plazo estaba cerca de vencerse.
Cambios en la Constitución
Hasta hoy, la Constitución Política del Perú no prohibía la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso (es decir, delito intencional). Desde la promulgación de la Ley Nº 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en enero de 2018, este impedimento solo aplica si la persona tiene una sentencia “consentida o ejecutoriada”; que -en términos más exactos- es aquella emitida en segunda instancia por el Poder Judicial.
A fin de reajustar esta regla y darle soporte constitucional, la ley incluye dos nuevos artículos a la Constitución: el 34-A y el 39-A. En el primero, se especifica que las personas sentenciadas en primera instancia -como autoras o cómplices- por un delito doloso, no podrían entrar en carrera a un cargo de elección popular. En el segundo, por su parte, se extiende este impedimento a personas que aspiren a trabajar en el Estado o que sean consideradas para puestos de confianza.
Gobierno oficializa salida de Miriam Morales de la secretaría general y nombra a Pedro Angulo
Minutos antes de una conferencia previsto por el presidente Martin Vizcarra, el Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por Mirian Morales Córdova como Secretaria General del Despacho Presidencial, “dándosele las gracias por los servicios prestados” según se lee en la edición extraordinario del diario El Peruano.
Morales Córdova asumi el cargo de secretaria general el 24 de marzo del 2018 -según se lee en la resolución- la misma que es firmado por el presidente Martín Vizcarra.
En su reemplazo se nombró a Pedro Pablo Angulo De Pina.
Como se recuerda en la víspera el dominical Panorama emitió un nuevo audio en la que muestra las coordinaciones entre Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, asistente del Despacho Presidencial, para negar las visitas del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.
Según dicho programa, el audio fue grabado el pasado 25 de junio, luego de la declaración de Morales ante la fiscal Yenny Huacchillo, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga las contrataciones de Swing.
Allí se revela la existencia de tres correos electrónicos de la visita de Swing a un personaje con las iniciales ‘SPR’, que serían ‘Señor Presidente de la República’.
Incluso, dicho personaje ingresó a las reuniones con el mandatario con celular, pese a que el protocolo no lo permitía.
“Entró con celular. ¿Por qué entró con celular?”, pregunta Mirian Morales, a lo que Karem Roca responde: “Porque el presidente dijo que entre con celular. El presidente lo dijo, no es que a mí se me antoje. Porque son amigos pues”.
