Paro nacional por la vida en Colombia | Hubo otras dos masacres en un día y ya van 61 este año
El fantasma de los paros pasados
Por Marcela Osorio Granados
Este lunes se esperan varias movilizaciones a escala nacional, convocadas por centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Las razones para salir a marchar incluyen un menú variado de descontento económico y social, este último relacionado notablemente con la violencia policial. La convocatoria de los sindicatos incluye la exigencia de que se retomen las conversaciones con el Comité del Paro Nacional, que surgió a su vez de las marchas y cacerolazos de noviembre del año pasado.
Más allá de esta petición puntual de las centrales obreras, resulta inevitable no enmarcar de cierta forma esta nueva ronda de movilizaciones en el movimiento de protesta nacional, que sacudió el país en noviembre del año pasado. Las razones en ese entonces también incluían un malestar económico (relacionado con el desempleo y perspectivas de reformas laboral y pensional) y social, con el añadido de violencia que en ese momento estaba vinculado a las masacres de indígenas en Tacueyó y Toribío, ambos municipios del Cauca.
“En principio teníamos previsto un paro para el mes de abril, que no se pudo llevar a cabo, porque la pandemia paralizó el país y uno cómo le hace un paro al paro. Yo quiero decirlo categóricamente: nosotros estamos convocando a la caravana nacional de protesta, que significa que la gente puede ir en taxis, buses, busetas, carros particulares, motos, bicicleta, en lo que quieran, pero de manera pacífica. Desautorizamos cualquier acto de violencia y si se producen inmediatamente se disolverán las caravanas, porque no es posible que grupos de oportunistas hagan de las suyas en momentos en que se adelantan protestas pacíficas”, dice Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Hablar de paro nacional, tanto en noviembre como ahora, implica tener una conversación sobre la economía y, particularmente, sobre el empleo. Ambos son temas con perspectivas aterradoras. Por cuenta de la pandemia, este podría ser el peor año en la historia económica del país, con una contracción anual que podría estar entre 5,5 % y 10 %, dependiendo de qué entidad esté haciendo las estimaciones y qué tan malo es el escenario que tiene en cuenta. Aunque el número importa, claramente, lo que resulta evidente es que el golpe será memorablemente malo.
Y el impacto en el PIB está relacionado, de forma inexorable, con el empleo en el país. El DANE lleva por lo menos tres meses publicando las peores mediciones con variación anual desde que lleva el registro. En julio, la tasa nacional de desempleo se ubicó en 20,2 %, variable que tiene un impacto especial en las mujeres, cuyo indicador se elevó a 26,2 % para ese mes, frente al 16,2 % de los hombres para el mismo período. El desempleo es, en opinión de analistas y académicos, uno de los mayores problemas económicos que ha enfrentado la administración del presidente Iván Duque: en 2019, con excepción de junio, el indicador registró cifras de dos dígitos en ocho de 12 meses y en el acumulado del año se ubicó en 10,5 %; desde 2012, la tasa nacional no superaba el umbral de 10 %.
Para el pasado paro nacional se hablaba de una paradoja llamativa: había una expansión económica que resaltaba en la región (3,3 % fue el PIB de 2019). Sin embargo, el empleo no subía. En su momento, muchos recordaron esta célebre frase para describir el momento: la economía va bien, pero el país va mal. Antes de la entrada de la pandemia, el desempleo para 2020 no presentaba un panorama alentador: 13 % para enero, 12,2 para febrero y 12,6 % para marzo. Y, bueno, ahí entró el COVID-19 en el escenario y se llevó por delante casi todo.
“El tema del desempleo es brutal, de la informalidad en la economía en unas condiciones absolutamente inaceptables. Tenemos doce millones de campesinos sometidos a situaciones de miseria y abandono, y realmente no tienen sentido ni presentación”, dice Gómez.
Gómez asegura que las centrales obreras le presentaron al Gobierno un pliego de emergencia con seis puntos. “Han transcurrido ya más de dos meses y el Gobierno ni siquiera se ha dignado a acusar recibo de ese pliego. No vemos políticas encaminadas a proteger como corresponde a la pequeña y mediana empresa; ver cómo garantizamos la renta básica por lo menos para tres millones de hogares, que sumarían cerca de 18 millones de personas. Ese pliego incluye el tema de la salud, de la educación: estamos pidiendo matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas y privadas.
“¿Qué vamos a hacer para resolver el tema del empleo para los sectores más empobrecidos? Eso es lo urgente. No estamos diciendo que nos den todo, pero por lo menos que se siente el Presidente de la República con el Comité Nacional del Paro. Pero es que no hay ninguna voluntad política y más bien el país sigue siendo gobernado con base en decretos que permanentemente se están cayendo por vicios de carácter legal o porque son inconstitucionales”.
Conectando con el sistema laboral, uno de los reclamos de las centrales obreras que motiva la movilización es la expedición del Decreto 1174, que reglamentó el llamado “piso de protección social” y que los sindicatos han calificado como “la más agresiva reforma pensional y laboral de los últimos treinta años”. Dato al margen: otro de los puntos que alimentaron las marchas y cacerolazos de noviembre eran las perspectivas de reformas en estos dos temas, que, por cierto, no han progresado. Actualmente, hay en marcha una Misión de Empleo para entregar recomendaciones de fondo para una futura reforma.
En pocas palabras, el Decreto 1174 crea un mecanismo que, según el Gobierno, permite a las personas que mensualmente ganan menos del salario mínimo (porque trabajan a tiempo parcial) acceder a protección social. Es decir: salud, en el régimen subsidiado; un seguro que cubre riesgos laborales y ahorro para la vejez, en el marco de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP).
Esta no es una idea enteramente nueva, pues estaba planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y, bajo la narrativa del Gobierno, les ofrece protecciones sociales a quienes ganan menos del mínimo y que, en muchos casos, son trabajadores por horas.
El piso mínimo es obligatorio para quienes, a través de uno o más contratos, al final del mes ganan menos del mínimo, porque trabajan a tiempo parcial. En ningún caso se puede contratar jornada completa por menos del mínimo.
¿Cuál es el problema con el decreto? En opinión de las centrales, la norma tiende a precarizar a los trabajadores y, según ellos, formaliza por lo bajo.
Además de esto, algunos ven potenciales abusos por parte de los empleadores que, a la larga, terminan debilitando la posición de los trabajadores. Si antes contrataban a una persona por ocho horas, afiliada a seguridad social, ¿ahora la contratarán por menos horas? ¿O contratarán a dos para que cada una esté en el piso mínimo?
Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y colaborador de este diario, asegura que “al contribuir a punta de horas va a ser muy difícil que una persona se pensione, pues aunque cotice pensión, nunca va a alcanzar las semanas y, tal vez, sus contribuciones a la salud serán medianas. Mucha gente que tiene que pagar la planilla por un proyecto free lance sobre el salario mínimo por un día de trabajo seguramente podrá pagar menos y pensará que es conveniente, pero para un sistema de protección social es completamente lo contrario”.
“Lo inteligente sería que se derogara el Decreto 1174, porque es un acto de provocación contra la clase trabajadora colombiana, no solamente contra las centrales y las confederaciones de pensionados, sino contra toda la clase trabajadora”, asegura Gómez.
Y añade que se “debe nombrar una comisión para que nos sentemos a negociar el pliego de emergencia. No importa si solo hay acuerdo en cuatro o tres puntos de los seis, es que todo en la vida es un proceso. No se puede llegar al décimo piso de un brinco, hay que subir de escalón en escalón y así es que lo queremos hacer; pero necesitamos que el Gobierno se baje de esa nube de arrogancia”.
INDEPAZ
Confirman otra masacre el dia de hoy. Asesinaron a cuatro personas en el municipio del Charco, Nariño. (Río tapaje, zona rural de el charco)
61 masacres en los corrido del 2020 @mbachelet @CIDH @IvanDuque pic.twitter.com/rf8Qju9Bzd
— Indepaz (@Indepaz) September 21, 2020
Ejército confirma segunda masacre en el sur del país
En el municipio de Mosquera, litoral Pacífico de Nariño, fueron asesinados cuatro hombres y los autores de los disparos grabaron la ejecución, cuyas imágenes circularon la noche de este domingo por redes sociales.
Fue la segunda masacre en menos de 24 horas en el suroccidente del país. En las primeras horas de la mañana del domingo 20 de septiembre, hombres armados asesinaron a seis personas en zona rural de Buenos Aires, Cauca.
Según las primeras informaciones del Ejército, alrededor de las 6:45 p. m. del domingo, se reportó la llegada a la morgue del municipio nariñense, de cuatro cuerpos de sexo masculino, que procederían de la vereda Pampa, en el vecino municipio de Mosquera, al que se llega por embarcaciones.
Las víctimas fueron identificadas como Cristian y José Erney Miranda Valencia y Fabián Olave Estupiñán, oriundos del municipio de El Charco, y Orlindo Cuero Castillo, de Iscuandé.
El reporte militar dice que José Miranda Valencia presenta impactos de arma de fuego en brazo derecho, tórax y costado derecho; Cristian Miranda Valencia recibió un tiro en el ojo izquierdo con orificio de salida y otro en el hombro izquierdo; mientras que Fabián Olave Estupiñan presenta herida en el abdomen con orificio de salida en la espalda y herida en la cabeza parte superior; Orlindo Cuero Castillo sufrió heridas en brazo izquierdo, hombro derecho, dos en zona lumbar y otro el cuello.
El documento agrega que los cadáveres de los hombres fueron hallados en un manglar por parte de familiares y trasladados al municipio de El Charco.
Circulan videos de la masacre en El Charco, Nariño, y duele ver nuestro país en medio de un caos que, siguen creyendo, se puede mejorar con consejos de seguridad…
No hay respeto por la vida y la dignidad de los seres humanos.
¡Lo que está pasando es terrible!
— Carlos Cerón (@carlosaceron) September 21, 2020
Los uniformados manejan la teoría de que el hecho obedece a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales y control territorial, pero eso está en investigación.
Según el alcalde del municipio nariñense, Víctor Candelo, tres de las víctimas pertenecen a una misma familia y, por el momento, se desconoce la identidad de los autores del hecho.
Las tropas del Ejército se dirigen al área de operaciones, con el fin de ampliar detalles sobre los hechos, con el apoyo de la Policía Nacional.
A través de cadenas de whatsapp, los presuntos autores del hecho viralizaron el múltiple asesinato en Mosquera, Nariño.
Nueva masacre en el Cauca, 7 jóvenes asesinados
Este 20 de septiembre se generó una nueva masacre en el norte del cauca, la cifra que hasta ahora se conoce son de 7 jóvenes asesinados con armas de largo alcance los hechos ocurrieron hacia el mediodía cuando los jóvenes se encontraban departiendo en una gallera del corregimiento de Munchique municipio de Buenos Aires, Cauca.
Clemencia Carabalí, líder social de la zona confirmo el hecho y además expresó su preocupación por medio de sus redes sociales, por el “jovenicidio” que se viene presentando en varias zonas del país.
“Con profunda indignación y tristeza nos toca registrar una nueva masacre, 7 jóvenes en la vereda Munchique, Buenos Aires Cauca, en nuestro territorio. Quién responde? quién protege a las comunidades?, a nuestros jóvenes? a la población civil? Quién responde!!!”.
Por otro lado el Alcalde de Buenos Aires, Cauca, Óscar Edwin López expreso que: “Rechazamos de manera rotunda estos hechos de barbarie que hoy golpean a nuestra comunidad e invitamos al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, a la Fuerza Pública, a los organismos de Derechos Humanos y entidades de Cooperación Internacional, a que articulemos acciones para construir escenarios de paz en nuestros territorios”
La organización Indepaz también resalto que el departamento del Cauca ha sido uno de los más azotados por la violencia. Este hecho sería la masacre número 60 en lo que va corrido de este año.La comunidad del Cauca y los defensores de DDHH hacen un fuerte llamado al gobierno colombiano para que se defienda la vida de las y los jóvenes en todo el país.
Homicidios contra defensoras de DD.HH alcanzan el 91% de impunidad
Desde la plataforma de DD.HH, Somos Defensores, en alianza con la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, Sisma Mujer – GPAZ: Grupo de Trabajo Género en la Paz y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad se dio a reconocer el nuevo informe «Defensoras Voces de vida y resistencia». Dicha investigación da cuenta del aumento en las agresiones contra mujeres que defienden la vida y el territorio en medio de riesgos ligados a las brechas de género y que trascienden del contexto armado y de violencia a otras dinámicas.
El informe, dividido en tres capítulos, aborda el cómo interpretar las violencias que enfrentan las defensoras de DD.HH. en medio de una brecha. de discriminación en razón del género, las respuesta estatales en cuanto a las garantías de esta labor, sus avances y bloqueos y un tercer capítulo que recoge las agresiones cometidas entre 2013 y 2019 registrando 1.338 hechos violentos, siendo la amenaza la forma de violencia más utilizada contra las defensoras.
A través del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras señala que condiciones como edad, orientación sexual, situación económica y condición étnica, son factores que agudizan la vulenerabilidad de género. En este marco, mujeres indígenas y afrocolombianas están en mayor riesgo debido a la discriminación, pobreza y marginalidad histórica a las que han estado expuestas, además del impacto del conflicto armado en sus territorios. (Lea también: Las barreras para el desarrollo de la mujer rural en América Latina)
Agresión contra defensoras incrementó un 58,3% en el último año
Esto se ve reflejado en las cifras registradas por el Programa Somos De- fensores, según las cuales entre 2013 y 2019 ocurrieron 1.338 agresiones individuales contra defensoras de derechos humanos, cometidas por una gran diversidad de actores. El contenido del informe revela que las agresiones a las defensoras de de rechos humanos se han incrementado con el tiempo, especialmente en los últimos años y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Además, se pudo compilar que, según la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. para 2019, los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en comparación con el 2018. Alertas a las que se han sumado la Defensoría del Pueblo, revelando que si bien de forma global se redujo el número de asesinatos entre 2018 y 2019, sí aumento el número de defensoras asesinadas pasando de 12 a 19, es decir un incremento del 58,3%.
Otros datos confirman que los índices más altos de agresiones se han cometido contra lideresas indígenas, con 118 casos; seguido por lideresas comunitarias con 75 casos; 68 casos contra lideresas campesinas y el mis- mo número en contra de lideresas de víctimas; seguidos de 66 casos contra lideresas afrodescendientes y 63 casos en contra de lideresas comunales, lo que lleva a concluir que la defensa por la tierra y el territorio es la más vulnerada.
Con respecto a los presuntos responsables de las agresiones se han identificado que 902 casos responden a grupos paramilitares, 331 casos se desconoce el presunto autor de los hechos, 56 señalan a instituciones del Estado, 34 casos a disidencias de las FARC y al ELN en 13 casos.
La importancia de las mujeres defensoras de DD.HH.
El informe resalta además cómo el ejercicio de defensa de derechos al ser asumido por mujeres, es más factible superar las causantes anteriormente citadas de discriminación étnica, de género y subordinación, pues desde su labor emprender transformaciones en los roles y discursos que a lo largo de la historia han causado desigualdad.
De igual forma se destaca el rol de las mujeres en los procesos de protección de los derechos y su importancia en la visibilización de situaciones de «injusticia social, promover las agendas de paz e impulsar los procesos democráticos alrededor del mundo». Pese a ello, las organizaciones sociales expresan que en la actualidad aún no existen entornos favorables que garanticen a las mujeres su derecho a defender derechos humanos.
Ausencia de garantías para las mujeres
Según la Defensoría del Pueblo, las limitaciones que existen para priorizar la seguridad de las mujeres y defensoras de DD.HH. en el país están ligadas a una falta de claridad en cuanto a las competencias de las entidades te- rritoriales en materia de prevención y protección. (Lea también: Tribunal ordena a Duque responder a comunidades que exigen cese al fuego en sus territorios)
De igual forma, advierten no se tiene en cuenta un enfoque diferencial y los tiempos de respuestas frente a las amenazas que se enfrentan en los territorios impide que se atienda oportunamente la situación de riesgo. Asímismo, desde instituciones encargadas de la judicialización y la investigación, no hay avances en identificar los orígenes de las amenazas.
Otras dificultades se presentan ante defensoras de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y procesos colectivos al solicitar medidas de protección, se les han desconocido sus formas tradicionales de autogobierno, la cosmogonía y la concepción ancestral y colectiva de protección.
La impunidad continúa
El Programa Somos Defensores ha expresado con anterioridad el limitado avance en entes como la Fiscalía frente a los casos de asesinatos de líderes sociales, y en el caso de los homicidios de mujeres defensoras de DD. HH, señalan, la mayoría «se encuentran en etapa de indagación», mientras los casos que se encuentran en imputación, juicio, ejecución de penas y condena están en un 9%, es decir existe un 91% de impunidad.
Mientras la Fiscalía sostiene que un 50% de casos han sido esclarecidos, «a partir de la respuesta entregada a Sisma Mujer, solo el 14,1% de 78 casos de defensoras y lideresas asesinadas elevados por Sisma se encontraban con sentencia».
Plataformas de DD.HH. agregan que dicha ausencia de garantías se debo no solo a la ausencia de una respuesta acertada de protección sino a la «falta de voluntad política por parte del Gobierno Nacional en atender las situaciones de violencia». Pese a ello, organizaciones de mujeres continúan en la interolución con las instituciones para la consecución de dichas garantías
