Hugo Richer, senador paraguayo: “En nombre del combate al EPP se violan los derechos de la población para proteger al modelo del agronegocio”

Entrevista a Hugo Richer, senador paraguayo

Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL

El 2 de septiembre, el gobierno de Paraguay realizó un operativo en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el que asesinó a dos niñas argentinas de 11 y 12 años en el distrito de Yby Yaú, ubicado en la frontera con Brasil, en el noroeste del país. El presidente Mario Abdo calificó el accionar de la Fuerza de Tareas Conjuntas como «exitoso» y viajó al lugar de los hechos para felicitar a los autores de la masacre. El primer informe del operativo calificó a las víctimas como guerrilleras de 15 y 18 años. Por su parte, la madre de una de las niñas aclaró que su hija Lilian María y su sobrina María del Carmen se habían trasladado hacia el lugar para visitar a unos familiares, quedando varadas por las restricciones fronterizas en el marco del Covid-19. Tras conocerse la verdad, los reclamos no se hicieron esperar: la Cancillería argentina y diversos organismos internacionales exigieron al gobierno el esclarecimiento de los hechos.

Sumado a estos acontecimientos,  el pasado miércoles 9 de septiembre se produjo el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, hecho que fue adjudicado a una célula del EPP y actualmente el gobierno paraguayo se encuentra en negociaciones con el grupo para su liberación.

En entrevista con NODAL, el senador Hugo Richer, dirigente del Frente Guasu, analiza las verdaderas razones detrás de esta acción del Ejército paraguayo.

¿Qué es el EPP y en qué consistió el operativo militar que culminó con el asesinato de dos niñas argentinas?

– El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) nació en los primeros años del 2000 y posteriormente fue teniendo varios desprendimientos. Tienen la adjudicación sobre diversos secuestros de granaderos de la zona y varias personas fueron asesinadas por esta organización. En las zonas donde se encuentran ubicados -principalmente en la de Concepción, que ha tenido históricas movilizaciones populares- la presencia del EPP y sus acciones han generado la presencia de tareas conjuntas entre policías y militares. Desde el Frente Guasu consideramos que se ha violado la Constitución, que dice que las fuerzas policiales son las encargadas de la seguridad interna y las Fuerzas Armadas de la seguridad externa. Con el tiempo se ha generado la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y del EPP que al mismo tiempo también realiza acciones contra pobladores en una política de atemorización y amenaza. Gran parte de la población denuncia el procedimiento de las Fuerzas de Tarea Conjunta y también el temor que genera el EPP, pero también en la zona operan grandes organizaciones de narcos. La organización popular está atrapada en medio de esta situación y eso hace que el proceso de vanguardia de las organizaciones sociales se haya retraído totalmente. Después de mucho tiempo el EPP ha reaparecido y con el reciente operativo de las fuerzas dos niñas fueron asesinadas, aparentemente hijas de integrantes del EPP. El gobierno equivocadamente consideró este operativo como exitoso. Obviamente cuando se toparon con el campamento lo que quedó fue la muerte de dos niñas, sin embargo no cayó absolutamente nadie del EPP. Cuando ocurre este tipo de hechos vuelve la presión sobre la dirigencia social, popular y ciudadana. En nuestra opinión, este proceso frena el avance del movimiento popular, paralizado por el temor de todas las partes.

¿Qué dice el gobierno respecto a lo sucedido?

– El gobierno considera que fue un operativo y hay una contradicción ya que, por un lado, hablan de un largo trabajo de inteligencia y por el otro señalan que una patrulla se topó primero con un campamento del EPP y luego con otro grupo de la misma organización a unos kilómetros de distancia. Además manejaron tan mal la información que al principio creyeron que una de las abatidas era una de las dirigentes importantes del EPP, Magna Meza, y eso hizo que el presidente Abdo se haya trasladado al norte con una información absolutamente equivocada, cosa que no ocurrió porque las abatidas eran dos niñas de once años como ya se informó profusamente.

Alrededor de eso hay todo un debate sobre el papel del Estado. En cuanto a los menores, Paraguay suscribió varios convenios internacionales al respecto, sin embargo el gobierno antes de realmente hacer una autocrítica o por lo menos decir que se va a investigar profundamente esta situación, nunca se comprometió realmente. Reivindican su procedimiento y eso ha generado una profunda decepción en la ciudadanía. Estamos frente a una Fuerza de Tareas Conjuntas desacreditada por la falta de resultados en casi siete años de presencia en el norte del país y también ante un gobierno muy debilitado por este y otros casos. El debate que se plantea es el hecho de que todos los gobiernos colorados y gran parte de la oligarquía local plantean solamente una salida militar en el enfrentamiento. Otros sostenemos que la estrategia es política y, por supuesto, tiene un componente no militar y si policial como dice la Constitución, pero fundamentalmente tiene un elemento económico, de políticas sociales, porque es una zona históricamente excluida. El Estado paraguayo le ha dado la espalda a los pueblos del norte del país, entonces tenemos una profunda diferencia con la manera en que el gobierno plantea la estrategia basada solamente en un operativo militar que evidentemente no ha dado resultados hasta el momento. El gobierno se equivoca y por supuesto esto no solamente sirve para criminalizar a los dirigentes sociales sino también a las organizaciones políticas de izquierda, progresistas, a las ONGs y a las organizaciones de derechos humanos, que es una constante que tenemos en América Latina. Cuando ocurren este tipo de hechos todas las organizaciones son criminalizadas. El gobierno insiste con ese tipo de políticas que ha llevado hasta ahora al fracaso

¿Qué intereses hay detrás de todo esto?

– El EPP aparece cada tanto y desaparece mucho tiempo y en el caso de la FTC, sus funciones no han dado grandes resultados hasta el momento. Es importante tener en cuenta el contexto ya que los hechos ocurrieron en una zona donde ha crecido exponencialmente la soja y la ganadería. Hace unos 15 años aproximadamente el 15% de las tierras cultivables del país correspondían a la agricultura familiar campesina. En la medida que fue creciendo el modelo del agronegocio, la agricultura familiar se redujo casi al 5.7%; Paraguay ha sido históricamente un país productor de alimentos. También los grandes grupos de narcos y mafiosos operan en la zona. Se han priorizado los intereses del agronegocio y las fuerzas de tareas antes de realmente construir una relación de confianza con la ciudadanía; en nombre del combate al EPP se violan los derechos de la población para proteger al modelo del agronegocio. Por lo tanto, allí se tejen varias alianzas en donde los perjudicados son los pobladores de la zona, principalmente los dirigentes sociales. Las organizaciones sociales tienen poco margen, hay una criminalización de la lucha social y de la lucha política. Por supuesto después del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis se intentó ligar al Frente Guasu y las organizaciones de derechos humanos como aliados de este grupo; una cuestión que se repite en América Latina. La derecha de alguna manera establece una línea de discurso puramente militar para enfrentar a estos grupos y al mismo tiempo sirve de una enorme presión para la población y el derecho de las personas.

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