Familiares de Ayotzinapa marcharon en reclamo de justicia en la previa del sexto aniversario
Padres de los 43 realizan protesta
En seis camiones procedentes de Guerrero, llegaron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, junto con familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», a manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esta protesta, los padres de los normalistas, desaparecidos desde 2014, marcaron el inicio de las jornadas de actividades que realizarán en el marco del sexto aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre.
Durante la protesta, los padres realizaron un mitin, en el que el vocero Felipe de la Cruz, quien también es papá de uno de los estudiantes desaparecidos, reprochó que jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) están involucrados en casos de corrupción y han liberado a algunos de los implicados como José Ángel Casarrubias Salgado «El Mochomo», líder de los Guerreros Unidos.
«Seis años hemos batallado y caminado para poder lograr saber el paradero de nuestros jóvenes y que los responsables tengan que pagar este crimen y en vez de tener resultados vemos que algunos jueces que siguen viviendo de la corrupción siguen liberando a los supuestos involucrados en este crimen como hizo la juez del Estado de México con el Mochomo», señaló.
«Seguimos esperando que Tomás Zerón de Lucio, si tiene ficha roja, sea detenido y extraditado a nuestro país desde cualquier país que se encuentre. Tiene que regresar a pagar sus crímenes. Por esa razón hoy queremos decirle a esta Corte que los padres y las madres de familia no vamos a descansar hasta que la justicia regrese a este país y se aplique a los responsables», refirió.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, afirmó que se reprocha al PJF las dilaciones en las investigaciones y las causas penales que ya tienen los jueces federales, así como declaraciones de incompetencias que también han retrasado los procesos, entre otras anomalías.
Anunció que este jueves acudirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a solicitar informes sobre el caso del «Mochomo» y qué acciones se han realizado sobre la corrupción evidenciada sobre algunos funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que ordenó su liberación.
Asegura Segob que hay ‘luz’ sobre caso Ayotzinapa
Por Antonio Baranda
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el trabajo de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa ya permite tener «luz» de lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa.
Sin dar detalles, la funcionaria dijo ante senadores que el Gobierno federal está haciendo todo lo posible por llevar a los responsables ante la justicia.
«El próximo sábado se cumplirá el sexto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Por el trabajo de la Comisión Especial contamos con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche», expresó.
«Seguiremos haciendo todo lo posible, dentro de la ley, para poner a los responsables intelectuales y materiales ante la justicia».
El 26 de septiembre, el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República darán un informe de avances sobre el caso.
Sánchez Cordero sostuvo que la Segob está impulsado proyectos relevantes y programas específicos para fortalecer el sistema de justicia en el País y aplicar la Ley de Amnistía.
Defiende consultas
La Secretaria defendió las consultas ciudadanas –que este gobierno ha llamado ejercicios participativos–, al afirmar que son mecanismos que brindan atención a problemas específicos.
«Este gobierno está comprometido a escuchar al pueblo, a pedir opinión de la gente, para así responder de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a grupos históricamente discriminados y marginados», expuso.
Sánchez Cordero afirmó que la Segob trabaja con múltiples organizaciones de la sociedad civil para que la sociedad participe y los ciudadanos se involucren en cuestiones de interés colectivo.
Será enjuiciada ex MP ligada al caso Ayotzinapa
Por Marcos Muedano
Por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada, Blanca Alicia «N», exagente del Ministerio Público Federal relacionada con el caso Ayotzinapa fue vinculada a proceso por un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.
De acuerdo con fuentes ministeriales Blanca Alicia «N» fue detenida el pasado 11 de septiembre por diferentes investigaciones en contra relacionadas con la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, quien fue confundido como «La Rana» un integrante de Guerreros Unidos.
Según las investigaciones, «La Rana», una de las personas que falta por detener, participó en la desaparición de los alumnos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.
En octubre de 2018 Sandoval Rodríguez, quien era imputado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, fue liberado al no haber elementos de prueba.
Blanca Alicia Bernal Castilla también autorizó en octubre de 2014, el traslado de Agustín García Reyes, «El Chereje» al basurero de Cocula. La diligencia fue encabezada por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia.
El traslado, que nunca fue registrado, fue pieza clave para la construcción de la «verdad histórica» que dio a conocer en noviembre de ese mismo año, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Káram.
Las irregularidades del traslado fueron incluidas en el Informe II del GIEI, el 28 de octubre de 2014. «La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla acordó la realización de diversas diligencias relacionadas con Cocula y el Río, dado que se presume que en el lugar denominado río San Juan, ubicado en el municipio de Cocula. Guerrero, pudiesen encontrarse indicios que nos lleven al paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa».
También fueron mencionadas por la propia Visitaduría de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy, Fiscalía General de la República (FGR), al documentar que las retenciones que hizo la ministerio público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, contra Agustín García Reyes, fueron «de manera ilegal y arbitraria».
De acuerdo con el reporte fechado el 18 de agosto de 2016, señala que el certificado médico de «El Chereje» fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el 28 de octubre, sin hora precisa. «Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración».
La Visitaduría también mencionó que Bernal Castilla, firmó actas en Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, algo imposible, porque los documentos, según las fechas y horas, los firmo cuando estaba en Iguala y en la Seido.
