Colombia: proceso contra Álvaro Uribe pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía
Las razones de la Corte Suprema para enviar a Fiscalía el caso falsos testigos de Uribe
BLU Radio tuvo acceso al documento de más de 64 páginas en poder de la Corte Suprema de Justicia con el cual se sustenta la decisión de enviar la investigación por presunta manipulación de testigos que involucra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a manos de la Fiscalía General de la nación.
El documento tiene la firma de los cinco magistrados de la Sala de Instrucción que participaron de la deliberación. Citan en primer lugar que la defensa de Uribe, en cabeza del abogado Jaime Granados, pidió que el caso pasara a la Fiscalía, entre otras cosas, porque las conductas investigadas nada tienen que ver con su función parlamentaria.
“Asevera seguidamente que las conductas por las que se investiga no tienen relación con las funciones por él desempeñadas como senador de la República”, dice la corte, que, además, agrega: “una de las tesis de la defensa de Uribe es que los hechos que son materia investigación se ubican en el año 2017 en lo que respecta a Carlos Enrique Vélez y el 2018 los demás eventos, luego ninguna conexión lógico temporal y mucho menos funcional puede construirse a partir de un debate de control político que no promovió su representado, sino que había ocurrido cuatro años atrás”.
La corte también señala los aportes de la parte civil, es decir de Iván Cepeda, quien advierte: “el senador no solo acudió un abogado que actúa la sombra, es decir, Diego Cadena para sobornar testigo, sino que acudió incluso otro congresista, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada para que a través de un tercero alias ‘Caliche’ se obtuviera la carta justo en las vísperas del vencimiento de términos para presentar un recurso de reposición contra una decisión que ordenó compulsa de copias”.
Señala que el día del debate, al que citó Iván Cepeda, se anunció su retiro del recinto del Congreso para ir a poner en conocimiento de la corte dos declaraciones de alias ‘Simón’ y ‘Castañeda’ luego entonces la actuación material se surtió a la justicia y no en el ámbito político.
La corte posteriormente explica las razones de la Procuraduría para haber pedido que el caso pase en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Aquí el documento señala que no puede construirse un argumento “sobre el uso de personal de la UTL para efectos de obtener cartas de testigos con base en el documento suscrito por alias ‘Castañeda’ y que fuera allegado en agosto de 2018 las oficinas del doctor Granados por Hernán Cadavid, quien para esa época no era parte de la UTL de su defendido pues solo la vino a integrar en el mes de marzo de 2019”.
Al final la Corte señala: “Con fundamento en las anteriores razones los hechos mencionados no tienen relación con la función congresual de modo que no pervive la competencia de la corte y se hace necesario decretar la ruptura de la unidad procesal para continuar el proceso contra el representante a la cámara Álvaro Hernán Prada”.
De esta manera, la Corte Suprema señala que seguirá investigando a Álvaro Prada, pero pasa a manos de la Fiscalía General la investigación a Álvaro Uribe.
El laberinto judicial al que entró el caso Uribe en la Fiscalía
La llegada de una de las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía, luego de años de permanecer en la Corte Suprema de Justicia, es el comienzo de un laberinto tan enredado, que su salida parece imposible. No solo porque no es claro bajo cuál ley tendrá que adelantarse el proceso por supuesta manipulación de testigos (si la ley 600 o la 906), sino porque todavía no se sabe quién será el encargado de investigarlo, pues el senador Iván Cepeda ya anunció que va a recusar al fiscal Francisco Barbosa y a su vicefiscal, Martha Mancera. La situación es tan confusa, que expertos consultados por este diario no tienen claro cuál es el camino.
De entrada, el debate parece centrarse en si a Uribe le debe seguir aplicando la ley antigua (la 600) o la nueva (la 906). Esta definición es clave pues determinará en qué parte del proceso debe seguir investigando la Fiscalía: si a la que llegó la Corte, que logró resolver su situación jurídica, ordenando su detención domiciliaria, y ya estaba analizando si lo llamaba a juicio; o si, por el contrario, debe aplicarle la otra norma. Si es esta segunda posibilidad, la Fiscalía tendrá que definir si le imputa cargos y pide una nueva medida de aseguramiento, o si considera que esas labores ya las hizo el alto tribunal y, más bien, sigue en el trabajo de alistar el llamado a juicio.
La definición de la ley que se aplicará en este expediente es fundamental. No solo porque la defensa de Uribe podría pedir que se revoque la medida de aseguramiento, sino porque, de elegir el camino de la ley 906, la Fiscalía tendría que empezar desde cero la investigación y, así, podría revisar temas que han sido reprochados por el expresidente. Por ejemplo, el tema de la interceptación del celular del exsenador que siempre ha dicho, fue ilegal, pero la Corte ha sostenido que no fue así, pues todas sus decisiones fueron legales. Aunque hasta ahora la Corte y la Fiscalía están en el proceso administrativo de enviar el caso al ente investigador, la decisión de definir la ley ya se discute entre los fiscales.
Sin embargo, antes de tomar esa decisión, trascendental para el proceso, los investigadores saben que hay un lío mayor: a quién le va a tocar el caso. De ser un expediente común y corriente, el caso llegaría a la Oficina de Asignaciones y así se determinaría qué fiscal de la Unidad contra la Administración Pública será el responsable. Sin embargo, esta investigación es todo menos común. El senador Cepeda ya anunció la recusación en contra de Barbosa y Mancera, lo que frenaría ese proceso de asignación. Según el congresista, ninguno de los dos representa garantías de imparcialidad para adelantar el caso y, por eso, debería existir un fiscal ad hoc para avanzar con el expediente.
El tema se enreda más, pues Cepeda, y su abogado Reinaldo Villalva, también advirtieron que el responsable de postular a ese fiscal ad hoc también será recusado, pues el encargado de esa designación es el presidente Iván Duque. “El presidente y el partido de gobierno no han demostrado imparcialidad sobre este caso”, apuntó el senador Cepeda. El primer mandatario, y su bancada, han expresado abiertamente una férrea defensa a favor del expresidente Uribe. Y la cercanía de Duque con Uribe, no es un secreto para nadie. Así, la posibilidad de que el presidente postule al fiscal ad hoc que investigaría a su padrino político, resulta polémica.
Para llegar hasta ese punto, todavía hay un largo trecho. Primero, el propio Barbosa tendría que definir si se declara o no impedido, al igual que Mancera. Penalistas consultados por este diario señalaron que, a la luz del Código Penal, no existe ningún impedimento que les haga aceptar la recusación de Cepeda, y no tendrían problema para asumir el expediente. Si la aceptan o no, de todas maneras, el tema tendrá que ser revisado en pleno por la Corte Suprema de Justicia. Y allí, el panorama no es tan claro, pues un grupo importante de magistrados no está dispuesto a sacar al fiscal Francisco Barbosa ni a su vicefiscal de este connotado caso.
El antecedente que marcó el caso de Néstor Humberto Martínez y Odebrecht resulta clave para los togados, pues no estarían dispuestos a apartar a otro fiscal elegido por ellos mismos de una de las investigaciones más importantes de los últimos años. Sin embargo, hay otros magistrados que sí estarían a favor de sacar a Barbosa del tema pues, tal y como sucedió con la magistrada Cristina Lombana, en ellos dos no existiría una figura jurídica recientemente aplicada en Colombia, conocida como “la apariencia de imparcialidad”. Esta manera de interpretar los impedimentos fue introducida por la Sala de Instrucción de la Corte, cuando resolvió apartar a Lombana de las investigaciones contra Uribe.
Según esa postura, un funcionario público debería apartarse de cualquier actuación, si existe la posibilidad de que se afecte esa apariencia. Y, en este caso, aseguran abogados consultados, hay pruebas suficientes de que ningún funcionario del gobierno “tiene esa apariencia de imparcialidad”. Así, el enredo se sigue enmarañando aún más pues, según la Constitución, solamente el ejecutivo tiene la facultad para nombrar a un fiscal diferente que Barbosa. “Ni la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ni la ministra del Interior, Alicia Arango, ni su viceministro, Daniel Palacios, ni ningún otro ministro, tienen la imparcialidad para nombrar al investigador de su ‘papá’ en la política”, apuntó una fuente.
Por estas mismas razones, Cepeda ya anunció que también recusará al presidente Duque. Pero, hasta en esa decisión, habría otro problema más pues quien entraría a resolver esa petición sería la Procuraduría. Si el caso llega en la administración de Fernando Carrillo, es decir, antes de enero del próximo año, no habría mayor debate. Pero, el caso es diferente si la recusación llega cuando Margarita Cabello ya se haya posesionado como procuradora. Fuentes del Ministerio Público aseguraron que ella tampoco tendría esa “apariencia de imparcialidad”, pues no solo salió de la Corte Suprema de Justicia para aceptar un cargo en el gobierno Duque, sino que fue ella la candidata del presidente a la Procuraduría.
En las últimas horas, el alto tribunal confirmó que está listo para dejarle todo el proceso de Álvaro Uribe al fiscal Barbosa, pues la investigación por supuesta manipulación de testigos no tiene relación con su cargo de congresista y, como ya renunció a su curul como senador, no hay ninguna razón por la cual el caso deba estar en la Corte. Así, comienza oficialmente el ingreso del caso a este enredado laberinto que determinará si el expediente encuentra su salida y avanza la investigación, o si, por el contrario, se perderá entre discusiones jurídicas, recursos de los abogados de parte y parte, y entre el debate político que no se ha escapado en esta historia.
Defensa de Álvaro Uribe pedirá su libertad de inmediato
En los próximos minutos, la defensa del expresidente Álvaro uribe presentará una solictud a la Fiscalía para que lo libere de manera inmediata, luego de que la Corte Suprema perdió competencia sobre su caso.
Si la solicitud es acogida, Uribe puede quedar libre en las próximas 36 horas.
Así se lo confirmó a EL TIEMPO el penalista Jaime Granados, cabeza del equipo de defensa del expresidente.
La tesis jurídica es que si bien el proceso en la corte avanzó hasta la imputación y medida de aseguramiento (Ley 600), pasa a la justicia ordinaria en Ley 906.
Bajo esa óptica jurídica, Uribe no ha sido imputado y nadie que no haya sido imputado puede permanecer detenido.
Cepeda estudia acciones judiciales en el exterior contra familia Uribe
En diálogo con La W, el senador Iván Cepeda se refirió a la recusación que presentará contra el fiscal general de la Nación en el caso del expresidente Álvaro Uribe y señaló que esta se debe, entre otras cosas, a «la cercanía del fiscal Barbosa con el partido de gobierno».
Cepeda también mostró su preocupación porque «cuando se presentó la imputación de cargos contra Diego Cadena se señaló que Álvaro Uribe no habría tenido conocimiento de las conductas de su abogado».
El senador también señaló que el presidente Duque no debería poder presentar una terna para elegir a un fiscal «ad hoc», si la Corte acepta la recusación, «por la posición pública que ha fijado en este caso».
El senador también anunció que estudia presentar acciones judiciales en el exterior porque, según él, se ha llevado a cabo «una campaña sucia», con base en la contratación de una empresa en los Estados Unidos.
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