Colombia | La CIDH condena la brutalidad policial y ya van 228 excombatientes de las FARC asesinados
La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupación por hechos de violencia en el marco de las manifestaciones públicas en Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su enfática condena frente a los hechos de brutalidad y abuso policial sucedidos el 8, 9 y 10 de septiembre, así como su preocupación por la presunta utilización de armas de fuego por parte de agentes de la Policía Nacional en el contexto de las manifestaciones sucedidas en varias ciudades de Colombia. Asimismo, recuerda que las protestas deben ser pacíficas en todo momento y rechaza todo acto de violencia registrado en esas jornadas.
De acuerdo con la información pública, el 8 de septiembre agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, del cuadrante 47 del Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz, concurrieron al conjunto residencial Santa Cecilia Anillo 17, en la localidad de Engativá, Bogotá, donde detuvieron a Javier Ordoñez. Durante este procedimiento, que fue registrado en videos por personas presentes en el lugar, dos policías golpearon a Javier Ordoñez y le propinaron descargas eléctricas en reiteradas oportunidades, pese a encontrarse inmovilizado en el piso. Además, según lo informado, Javier Ordoñez fue conducido hacia el CAI, a donde falleció mientras se encontraba bajo custodia policial.
Al respecto, la Comisión toma nota sobre los avances de las investigaciones y la pronta identificación y separación de sus funciones de los agentes policiales vinculados a estos hechos. Sin embargo, recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en perjuicio de personas civiles deberán ser juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil. La Corte IDH ha señalado en distintas oportunidades que el juzgamiento de casos que involucren civiles se encuentran excluidos de la competencia de la justicia militar, la cual debe limitarse a delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos exclusivos del orden militar.
Adicionalmente, la CIDH observa con profunda preocupación los hechos de violencia transcurridos durante las manifestaciones desarrolladas en diversas ciudades del país, suscitadas a raíz de ese caso de violencia policial. De acuerdo a fuentes públicas, al menos 13 personas murieron durante las protestas del día 9 y 10 de septiembre, 10 de ellas en la ciudad de Bogotá y otras 3 en Soacha. De estos casos, 2 eran adolescentes de 17 años de edad y por lo menos 8 de las personas fallecidas, habrían recibido disparos de armas de fuego. Por otra parte, la Comisión recibió denuncias sobre la omisión de asistencia por parte de agentes policiales en el caso de Camilo Hernández, una de las personas fallecidas.
Según información pública, hasta el 11 de septiembre se registraban más de 200 civiles lesionados y 194 policías heridos. Entre los civiles lesionados en la jornada del 9 de septiembre, 19 de ellos habrían sido heridos por disparos de armas de fuego.
Asimismo, de acuerdo con registros audiovisuales de amplia circulación pública, agentes policiales presuntamente habrían efectuado disparos en dirección a los manifestantes en distintas situaciones. De conformidad a lo indicado por la CIDH en su informe Protesta y Derechos Humanos, no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal en una manifestación o que se dispare indiscriminadamente a la multitud. La Comisión ha señalado que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. Al respecto, exhorta al Estado a investigar estos hechos pronta y diligentemente, de acuerdo con los estándares interamericanos en la materia.
Adicionalmente, según la información disponible, hasta el 11 de septiembre, 75 personas se encontraban detenidas por hechos asociados al desarrollo de las manifestaciones. En el marco de estos procedimientos, de acuerdo con fuentes públicas, existen diversas denuncias sobre las acciones policiales vinculadas a situaciones de maltratos, golpes, torturas y un caso de abuso sexual. La Comisión también tomó nota de las denuncias formuladas por las personas defensoras de los derechos humanos sobre el accionar policial relacionadas con detenciones indebidas de personas defensoras, agresiones físicas y simbólicas, así como el hostigamiento por el cumplimiento de las tareas propias de su trabajo y la sustracción de sus teléfonos celulares junto con los registros audiovisuales de presuntas violaciones de los derechos de las y los manifestantes.
La CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, llama a las autoridades a ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; y subraya que la actuación de la policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación.
Por último, la Comisión condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. También señala al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia. Al respecto, reitera su rechazo a toda forma de violencia y hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dichos contextos, así como juzgar y sancionar los responsables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Organización de los Estados Americanos
Excombatiente de las Farc fue asesinado en Buenaventura
Por Andrés Amador
En el barrio Cristóbal Colon del distrito de Buenaventura fue asesinado un hombre, identificado por las autoridades como Vladimir Paredes Caicedo, de 35 años de edad, conocido por la comunidad como ‘Garrincha’.
Con mucho dolor informamos que esta mañana en #Buenaventura asesinaron a Vladimir Paredes, firmante de la paz y exprisionero político. Con este hecho completamos 228 vidas perdidas ante la mirada cómplice del Estado colombiano. @IvanDuque, hágase responsable.
— FARC (@PartidoFARC) September 17, 2020
El hombre, que según las autoridades era un excombatiente de las extintas Farc, recibió cuatro impactos de bala en la cabeza, en momentos en que caminaba por la calle Chocoana, en la comuna once de Buenaventura. Según las autoridades, los disparos le ocasionaron la muerte de manera instantánea.
Del desmovilizado de las Farc se conoció que había salido en libertad en el año 2017, producto de los acuerdos de paz, y fue recapturado en el año 2018, por porte de armas. Datos entregados por las autoridades indican que hace cuatro meses la víctima había salido de prisión.
Los que buscan esclarecer las autoridades es si la víctima había renunciado a estos acuerdos o si recibía algún tipo de beneficio gubernamental.
Las autoridades investigan además las causas del homicidio para establecer si el exintegrante de las Farc había recibido alguna amenaza en contra de su vida. Así mismo, trabajan para establecer el paradero de los responsables del crimen.
“Con la Fiscalía adelantamos las investigaciones pertinentes para poder establecer quiénes serían los responsables de este homicidio. En esta zona de la ciudad hemos redoblado la seguridad, debido a los hechos de alteración del orden público que se han registrado en los últimos días en la zona”, precisó el coronel Mario Jorley Vargas Meza, comandante de la Policía de Buenaventura.
Según cifras que manejan las autoridades, en lo corrido del mes de septiembre se han registrado cuatro homicidios en el Distrito de Buenaventura.
Wilber Grueso, reincoporado de FARC asesinado en Cali.
El partido FARC denunció que en la mañana del domingo 13 de septiembre fue asesinado el excombatiente y firmante de paz, Wilber Grueso (Pedro Grueso) en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.
El excombatiente de 43 años, que había adelantado su proceso de reincorporación en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Metropolitano de la comuna 5 de Cali.
El 13 de sep. fue asesinado con arma de fuego el compañero firmante de la paz Wilber Grueso (Pedro Grueso), los hechos ocurrieron en el barrio Metropolitano de la comuna 5 de #Cali. Con él son 227 asesinatos y el Gobierno colombiano sigue negando la sistematicidad de estos hechos pic.twitter.com/2Rl4Rb5f8Q
— FARC (@PartidoFARC) September 16, 2020
De acuerdo con el coordinador de las FARC, Gustavo Arbeláez, Grueso se movilizaba en carro junto a su compañera sentimental cuando fueron abordados por un sicario que se movilizaba en moto. Su esposa lo llevó al Centro Médico Imbanaco, donde finalmente falleció.
Según lo indican integrantes del partido, Wilber Grueso había recibido amenazas en contra de su vida. La Policía Metropolitana y la Fiscalía investigan las causas del crimen. Asimismo, se trabaja en establecer el paradero de los responsables del crimen.
El gobierno sigue negando la crisis que afronta el país
Ante este hecho, el movimiento político exige al Gobierno una respuesta sobre lo que está pasando con los reincorporados en el país y sobre la sistematicidad de los hechos, pues ya son 227 los firmantes de paz asesinados en el país y el Gobierno de Iván Duque sigue negando la crisis en la que se encuentran los excombatientes, firmantes de paz y líderes sociales.
Asimismo sucede con las masacres que se han cometido en lo que va del 2020; el presidente Duque ha insistido en que las masacres han disminuido en su gobierno y sin dar respuestas efectivas se ha limitado a presentar estadísticas y cifras; cifras muy inferiores a las presentadas por otros organismos.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz- durante este año 2020, hasta el 15 de septiembre, se han perpetrado en 57 masacres, en las que 230 personas han perdido la vida.
En este nuevo reporte, los departamentos en los que se han presentado más masacres son Antioquia con doce (13), seguido por Cauca y Nariño con ocho (8) cada uno y Norte de Santander con cinco (5).
El pasado 25 de agosto Indepaz había publicado un informe en el que se documentaban 45 masacres en las que habían sido asesinadas 182 personas, es decir, en poco menos de un mes, se perpetraron 12 nuevas masacres.
Con una marcha, indígenas rechazaron hechos violentos en Cauca
Por Carlos Cerón
Comunidades pertenecientes al movimiento Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, Aiso, realizaron una marcha en la vía Panamericana en Popayán, para rechazar los recientes hechos de violencia que se han registrado en Cauca.
Luis Enrique Yalanda Hurtado, gobernador del Resguardo de La María, Piendamó, dijo que de esta organización hacen parte tres pueblos indígenas, Pijao, Nasa y Misak, quienes cansados de los asesinatos y amenazas decidieron alzar su voz de protesta.
“Se han registrado diferentes masacres y homicidios, de personas que luchan por la paz en Colombia”.
Según el dirigente, van más de 100 ciudadanos asesinados de manera violenta en sus territorios, por lo que es necesaria la intervención del Gobierno Nacional para que cese la violencia.
La vicegobernadora del Resguardo La Bonanza, Esperanza Aranda Gómez, dijo que también protestan por los incumplimientos en los acuerdos firmados con las comunidades campesinas e indígenas.
“Esperamos que haya esa reconstrucción, porque muchas promesas a los pueblos indígenas no se han cumplido, no han llegado ayudas para los vulnerables”.
Aranda también subrayó que rechazan los hechos de violencia que afectan a las mujeres indígenas y que en su mayoría se quedan en la impunidad.
Las comunidades se concentraron en el norte de Popayán e iniciaron una marcha que recorrió la vía Panamericana por un solo carril, luego llegaron al barrio Bolívar y finalizaron en el Parque Caldas.
Duque se viste de policía y visita CAI afectados por protestas
En la noche de este martes el presidente Iván Duque realizó, de manera sorpresiva, una visita a varios de los CAI que resultaron afectados por los actos vandálicos tras las manifestaciones registradas en el país en contra del asesinato de Javier Ordóñez.
El mandatario estuvo en los CAI de Castilla y Ferias y visitó las estaciones de la Policía de Kennedy y la metropolitana de Bogotá.
Pasadas las 10 de la noche, Duque decidió desplazarse desde la Casa de Nariño a las unidades policiales afectadas no solo para saludar a los miembros de la institución, sino para para ver de primera mano los daños causados.
En cada de uno de esos sitios, el Presidente expresó su solidaridad con los policías afectados e igualmente aprovechó para escuchar las inquietudes que los uniformados tenían.
El mandatario, además, les recordó el apoyo de su Gobierno y del país a los miembros de la institución que cumplen con su deber portando una chaqueta de la institución. Igualmente les indicó que el Gobierno mantendrá en funcionamiento los CAI que fueron destruidos o afectados por los vándalos.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció en la noche de este martes en una sesión del Congreso que la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, que desató una ola de protestas, es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo hace una semana.
“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.
Las protestas que se dieron en rechazo a la muerte del abogado Ordóñez generaron acciones que son materia de investigación y que dejaron 14 muertos, más de 100 heridos, al menos 60 CAI quemados, 9 buses incinerados y varios establecimientos comerciales saqueados, entre ellos varias entidades bancarias.
Duque ha defendido la actuación de la institución y así quedó en evidencia luego de la visita que realizó a los CAI.
Mindefensa admite en Senado que policías sí mataron a Javier Ordoñez
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció en la noche de este martes en una sesión del Congreso que la muerte de Javier Ordoñez, de 46 años, en Bogotá, que desató una ola de protestas, es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo hace una semana.
“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el jefe de la cartera de Defensa durante su intervención como “invitado” en una sesión virtual del Senado.
Trujillo aseguró que “ya se están tomando las decisiones” del caso y que los dos policías involucrados en el arresto con violencia excesiva de Javier Ordóñez, en el cual usaron en repetidas ocasiones una pistola eléctrica Táser hace una semana, fueron suspendidos del servicio, mientras que otros cinco también están apartados del cargo mientras se hace la investigación.
“Y por supuesto que la Policía está dispuesta a continuar contribuyendo al mejor avance de las investigaciones para que las autoridades penales tomen las decisiones que correspondan según el nivel de responsabilidad que tengan, y de igual manera se viene actuando con otros policías que puedan estar presuntamente involucrados en violaciones a la ley”, dijo el ministro en la sesión que se extendió por casi siete horas.
La muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios lugares del país que los pasados miércoles y jueves dejaron 13 muertos, diez de ellos en Bogotá y tres en Soacha, de las cuales se responsabiliza también a la Policía por haber disparado para contener los actos vandálicos en los que degeneraron las manifestaciones.
Al tiempo que reconoció esa situación, Trujillo defendió la labor institucional de la Policía y dijo que así como se castigará a los responsables de la muerte de Ordóñez, también se buscará a los culpables de la ola de vandalismo que destruyó “la mitad de la infraestructura de seguridad de la capital colombiana”.
El ministro lamentó que a la sesión no hubiese sido invitada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fuerte crítica de la actuación policial, por cuanto habría “sido de gran utilidad en este propósito de identificar caminos para escucharla sobre lo que vivió, sobre las reflexiones que hizo, sobre la impresión que ahora tiene sobre estos acontecimientos luctuosos”.
Oposición pide renuncia de Trujillo
Al comienzo de la sesión virtual intervinieron senadores afines al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, y otros de la oposición que pidieron la renuncia de Trujillo, al que consideran “responsable político” de la violencia policial.
Uno de los más críticos fue el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que dijo que calificó de “espectáculo” lo que sucedió y reprochó que el ministro acudió al Senado “antes de que lo citaran a debate, para no tener que responder un cuestionario ni enfrentarlo».
Indigno lo que está pasando en el Senado. MinDefensa se hizo invitar al Senado antes de que lo citaran a debate, y así no tener que responder un cuestionario bajo gravedad del juramento. Así, viene, se echa un discursete y se va. Entre + débil un gobierno, + autoritario se revela pic.twitter.com/Ipt4jKg5jW
— Rodrigo Lara (@Rodrigo_Lara_) September 16, 2020
El senador opositor Juan Luis Castro Córdoba, del partido Alianza Verde, fue directo al decir que Trujillo “debería renunciar porque la situación de inseguridad en el país ha sido bastante delicada”.
En esa misma dirección estuvo Gustavo Petro, fundador del movimiento Colombia Humana, quien dijo que “en un país decente el ministro de Defensa (…) debía haber renunciado” tras incidentes como los de la semana pasada.
Siguiendo la estela de los anteriores estuvo la senadora Aída Avella, presidenta del partido Unión Patriótica (UP).
“Usted no está respetando la Constitución de este país, y por eso con tristeza tengo que decirle que lo conocí siendo un demócrata, pero ahora es un irrespetuoso de la Constitución y por eso señor ministro, usted debería renunciar”, le espetó Avella.
La senadora se unió a las voces que piden reformas a la Policía para que este cuerpo civil armado esté más cerca a la ciudadanía.
“En este Congreso vamos a tener que devolverle su carácter civil a la Policía. Eso lo necesita el país, eso lo clama el país”, dijo en tono vehemente y añadió que “en este momento la población se siente completamente desprotegida y los ciudadanos inermes frente a las armas del Estado”.
Septiembre negro
Otro opositor, el senador Antonio Sanguino, del Partido Verde, consideró que lo ocurrido en lo que llamó “septiembre negro” en Bogotá fue un hecho “excepcional” y que en las protestas fueron utilizadas “armas de fuego por parte de miembros de la Policía y civiles que participaron en esas acciones”.
En defensa del Gobierno también salieron varios senadores como Ernesto Macías, del partido Centro Democrático, quien aseguró que “escucha a dirigentes políticos llamar a la unidad, a la reconciliación y al perdón, pero a renglón seguido vienen las acusaciones”.
Macías recalcó que la indignación no puede ser “selectiva”, en alusión a que hay sectores que rechazan lo ocurrido la semana pasada pero no lo hacen cuando ocurren hechos como el ataque terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 17 de enero de 2019 contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y 66 heridos.
