Chile | Propuestas transfeministas para una nueva Constitución
Por Airam Fernández
El coronavirus cambió muchos planes, también el cronograma para una nueva Constitución en Chile. Estaba previsto que 14 millones de chilenxs y migrantes habilitadxs para votar asistieran a las urnas (el 26 de abril) a tomar una de las decisiones más importantes en la historia de la democracia chilena: escoger si quieren o no una nueva Constitución, y sepultar a la que rige en el país desde 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet. La pandemia trastocó los planes y la fuerza política coincidió en la necesidad de aplazarlo para el 25 de octubre. El 31 de julio, el presidente Sebastián Piñera se refirió al asunto durante su Cuenta Pública Presidencial y dijo: “La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y esa libertad exige conductas responsables. Estando a pocas semanas del plebiscito acordado, debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor y especialmente en tiempos de crisis, que muchas veces tienden a ser caldos de cultivo para todo tipo de populismo. […] Todos tenemos derecho a proponer cambios a nuestra Constitución y leyes, por los caminos que ellas establecen. Pero todos debemos respetarlas, y muy especialmente las autoridades que juramos o prometimos hacerlo siempre”.
Será el primer plebiscito nacional desde 1989. Pero también el resultado de un acuerdo histórico entre los principales partidos políticos del país, en respuesta a las revueltas sociales que estallaron en octubre de 2019. Cuando ocurra, lxs ciudadanxs no sólo tendrán que responder si aprueban o rechazan la idea: deberán definir si la redacción se hace a través de una Convención Mixta, integrada por miembrxs elegidxs popularmente y por parlamentarixs en ejercicio; o una Convención Constitucional, integrada exclusivamente por miembrxs elegidxs popularmente.
Si el resultado es favorable, el órgano que vaya trabajando en el texto general deberá validar sus decisiones y votar el proyecto completo, sus capítulos y artículos en particular. Para eso necesitará una aprobación de dos tercios de quórum de los miembros de la Convención.
Aunque el cambio en la agenda política y la pandemia dieron cierta tregua a la polarización, quienes viven en Chile no olvidan los problemas que lxs llevaron a las calles hace nueve meses. Cuando la crisis sanitaria recién empezaba, las organizaciones feministas y de la diversidad sexual, entre otras agrupaciones, conformaron el comando Apruebo Diversidad, para pensar en colectivo y aportar al debate constitucional.
Presentes conversó con algunas de las organizaciones de esta plataforma y con otrxs activistas que también agitan el debate desde sus esquinas. Coinciden en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas del país, pero sí sería un primer paso muy importante. Esto es lo que proponen para no quedarse fuera del proceso y para lograr una Constitución donde quepan todxs, con sus identidades y derechos reconocidos.
Cambiar las bases de la institucionalidad
En su artículo 1º, la Constitución chilena establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Para algunxs activistas, el concepto de igualdad debería ser reformulado, porque consideran que aparece definido desde la heteronorma y el binarismo.
Rodrigo Mallea, activista y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, insiste sobre ese punto: “La Constitución no puede partir asumiendo que todas las personas son iguales o están en iguales condiciones. Lo que debe hacer una nueva redacción es buscar que todas las personas podamos ser materialmente iguales. Es decir, que la igualdad no sea indiferente a las desigualdades estructurales, y en base a estas circunstancias, considerarlas y buscar erradicarlas”.
Entre las propuestas de Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, destaca la de avanzar hacia un concepto de igualdad sustantiva: “Es decir, una igualdad por resultados”.
“En ese sentido, es importante cambiar en las bases de la institucionalidad. Por ejemplo, ese concepto de personas es binario y abarca sólo a hombres y mujeres”, plantea Constanza Torres, directora de la Comisión LTBIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).
Franco Fuica, activista transmasculino y presidente de Organizando Trans Diversidades (OTD), también propone suprimir esa visión binaria: “La Constitución debe reescribirse desde una visión de ser humano, independientemente de su género”.
Para Gonzalo Cid, dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), la Constitución debe contener las garantías para que exista una institucionalidad a cargo del seguimiento a leyes como la de Antidiscriminación (conocida como ley Zamudio), junto a la incorporación de una mirada de género y diversidad sexual “para revisar y corregir el actual ordenamiento jurídico vigente, cambiando toda norma discriminatoria y velando para que las leyes, reglamentos y decretos no discriminen en el futuro”.
Lo que plantea Alessia Injoque, activista trans y presidenta de Fundación Iguales, va en una línea similar: “Es indispensable que los principios de igualdad y no discriminación redibujen el mapa moral de la institucionalidad, de forma que permitan y garanticen a la comunidad LGBTI tener acceso sin distinción alguna a las instituciones del Estado”.
Aunque la carta actual no define el concepto de familia, el artículo 1º sí establece que será el “núcleo fundamental” de la sociedad. Constanza Torres, de Abofem, propone eliminar ese principio, para pasar a la idea de que el núcleo de la sociedad son “las personas en su conjunto”.
Desde la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio (RS) proponen ampliar esa visión e incluir a las familias diversas: “Debido a las técnicas de reproducción asistida, hoy están conformadas, por ejemplo, familias lesbomaternales. No tienen reconocimiento legal debido a la Constitución, pero coexisten”.
Por un Estado garante y presente
Uno de los grandes cuestionamientos a la Constitución vigente tiene que ver con el rol subsidiario del Estado, que no aparece de forma explícita pero que define de muchas maneras cómo funciona Chile hoy. Por ejemplo, el artículo 1º señala que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Es decir, un Estado que no provee directamente derechos como salud, educación, agua o seguridad social, sino que los deja en manos privadas. Ahora, las demandas apuntan a que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
“Hoy, el Estado subsidiario limita la participación estatal para cuando ya es demasiado tarde, después de que da absoluta libertad a los privados. Esto es problemático porque los privados buscan satisfacer sus intereses y no los intereses colectivos, los que usualmente se ven amenazados o abandonados con esta fórmula”, dice el abogado Rodrigo Mallea. Cambiar eso también abre las posibilidades a una mejor calidad de vida, plantea Gloria Maira: “Lo que necesitamos es un Estado garante y presente”.
Desde RS proponen que el Estado adquiera responsabilidades concretas respecto del financiamiento de programas sociales, de rehabilitación y reparación para personas con discapacidad, como la Teletón, un evento benéfico y televisado cada año para recaudar dinero con estos fines. “Es necesario que el Estado deje de ser un espectador más de esta actividad y se haga responsable de la entrega de garantías de salud a quienes necesitan apoyo por discapacidades, tanto congénitas como adquiridas”, plantean desde esta organización conformada por lesbianas.
Derechos fundamentales para la diversidad
Mallea dice que es necesario comprender que las reivindicaciones de las diversidades sexuales “son transversales y estructurales” y que ese es el principal desafío que se presenta en este eje. “Es positivo que exista un reconocimiento explícito, en los principios y derechos, por ejemplo. Pero el reconocimiento debe ser a lo largo de todos los derechos y toda la Constitución y no solamente un apartado o un anexo”, plantea este abogadx sobre el espacio que las personas LGBT deberían tener.
En el capítulo de derechos, Constanza Torres de Abofem, dice que es importante incorporar los económicos, sociales y culturales, pero con un enfoque de género y de diversidad. “Pensemos en derechos como la vivienda, educación, salud y trabajo, de los cuales la población LGBTI siempre ha estado excluida”, sostiene.
Alessia Injoque, de Fundación Iguales, plantea una carta “orientada a la igualdad en matrimonio, derechos filiativos e identidad”. También suma la necesidad de que se reconozcan y protejan a las familias, cualquiera que sea su composición, y de prevenir la discriminación en lugar de sólo castigarla.
El derecho a la educación sexual y los derechos reproductivos no pueden faltar, dice Franchesca Carrasco, activista de la Colectiva Neutres. Gloria Maira suma el derecho a la vida libre de violencia para las mujeres y niñas, el derecho a la participación en la representación política, los derechos culturales y medioambientales, junto a un reconocimiento explícito del trabajo en el cuidado del hogar, que además “debe ser contabilizado en las Cuentas Nacionales”.
Para Franco Fuica, de OTD, es necesario dejar por escrito el derecho de cada persona a desarrollar su potencialidad y que eso sea verdaderamente garantizado por el Estado. Lo dice pensando en las personas trans y muy a pesar de la ley de Identidad de Género que entró en vigencia en diciembre pasado.
Alejandra Soto, activista trans y presidenta del Sindicato Independiente de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré profundiza sobre los derechos para las personas trans. “No ser reconocidas desde la Constitución es un obstáculo adicional para acceder a la salud, que desde hace mucho exigimos que sea abordada desde un enfoque integral. Hasta el momento, al menos a las compañeras de esta organización se nos mira como hombres en edad productiva. Por lo tanto, en todas las fichas de protección social o en los beneficios que entrega el sistema público de salud, nosotras quedamos fuera porque no cumplimos con ciertos parámetros que otros decidieron que eran importantes”, dice.
Otros fundamentales que suman desde RS son el derecho a la libre expresión “sin ser agredide, mutilade o sancionade por eventos pacíficos”; derecho de acceso a una educación gratuita y de calidad; acceso a la salud universal, de calidad y a tiempo; derecho a decidir sobre el propio cuerpo; derecho a tener y ser parte de una familia reconocida y respeto a las diferentes composiciones familiares: “Esto último aportará también a mejores y más expeditos procesos para asistencia médica para el embarazo, procesos de adopción y reconocimiento de familias lesbomaternales a través de los derechos de filiación”, añaden.
Que todo esto esté atravesado por una lógica de la interseccionalidad o multiculturalidad es crucial, añade la vocera de Abofem, sobre todo “para no excluir a pueblos originarios, migrantes o personas con discapacidad”.
Enfoque feminista
¿Es viable que un país como Chile pueda lograr una Constitución feminista? Hay consenso en que sí.
Rodrigo Mallea dice que no sólo es necesario, sino que jurídicamente es posible: hace poco, tanto el Congreso como el Senado aprobaron la paridad de género en el órgano constituyente que tendrá en sus manos la redacción de una nueva Constitución. “Un aspecto que sustantivamente puede ayudar a que esto se logre es que la Constitución será escrita por un número considerable de mujeres. Y aunque puedan ser de derecha, esperamos que tengan una mayor avanzada en lo que respecta a derechos reivindicados desde el feminismo”, dice el abogadx. Franchesca Carrasco, de Neutres, advierte que la inclusión de todas las mujeres de la disidencia también es fundamental en esto.
Franco Fuica, de OTD, subraya algo importante desde la construcción del movimiento: “El feminismo no es una construcción sólo para mujeres, como muchas veces se intenta hacer ver, sino más bien una construcción política definida por la igualdad, por la idea de que todas las personas tienen el mismo valor. En ese sentido, lo que el movimiento social ha logrado es un levantamiento fuerte contra la opresión, con mucha entereza y con mucha conciencia, y esa lucidez viene de la construcción feminista, que en parte es lo que nos permite instalar hoy estos temas a nivel constitucional”.
En términos de contenido, Constanza Torres plantea que una nueva Constitución puede ser feminista sólo si parte de la premisa de la equidad de género en sus bases institucionales: “La prevención, sanción y reparación de la violencia de género deben estar incorporados como uno de los principios capitales, dejando los detalles de los mismos a la ley. También se debe plasmar la igualdad de género por medio de cuotas o escaños reservados en ciertos ámbitos de los Poderes del Estado. De igual forma se debe realizar un trabajo más serio y comprometido en relación a la perspectiva de género en los capítulos de Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y del Congreso”. Torres también plantea la necesidad de dejar explícito que el Estado tiene el deber de “respetar y promover la amplia diversidad de mujeres que existen en el país”.
Alessia Injoque advierte que las mujeres y diversidades que participen del proceso de redacción deben asegurar que no haya ninguna restricción a la autonomía sobre el cuerpo en la nueva carta: “Como la protección ‘del que está por nacer’, que aparece en la Constitución actual y que se usa como referencia para oponerse al aborto”.
Para Gloria Maira, la mirada feminista llega a partir de la voluntad de erradicar el patriarcado, el colonialismo y el extractivismo como formas de dominación de las personas, pero no puede limitarse al nuevo texto que está por venir: “Siento que más allá de declarar una Constitución feminista e incorporar todos estos elementos de los que venimos hablando, hay que mirarlo como un horizonte a largo plazo, donde seguramente lo que hoy planteamos será insuficiente. Creo que es un trabajo continuo de construcción y deconstrucción precisamente a partir de esa voluntad”.
