Bolivia: Los medios apuestan por el retorno al viejo orden – Por Julio Peñaloza Bretel | Especial para NODAL
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Julio Peñaloza Bretel (*)
Con la falacia de la supuesta existencia de medios “paraestatales” al servicio del “autoritario” gobierno de Evo Morales un puñado de medios de comunicación, identificados con el conservadurismo y el modelo neoliberal, persisten en hacerle creer a Bolivia que se instaló un régimen en el que campeaban las violaciones a la libertad de expresión y las persecuciones a periodistas. Pero si echamos mano con rigurosidad del registro y el archivo, podremos comprobar que no ha existido en la historia del país un presidente más insultado y vilipendiado que “el primer presidente indígena de nuestra historia”, sin que eso haya tenido consecuencia alguna para quienes, salidos de la vaina, se estrellaron contra su liderazgo y los catorce años de gobierno contínuo, intentando posicionarlos como “malditos” como si en este país fuera necesario que nos resignificaran lo acontecido, como si no hubiéramos estado aquí para ser testigos de cómo la economía del país alcanzó el primer lugar de crecimiento en cuatro gestiones consecutivas (2016 a 2019), entre otros logros significativos vinculados, fundamentalmente, a la inclusión social y a la ciudadanización de “los nadies”.
La historia ya se encargará, más allá del periodismo y de los apantallamientos de coyuntura, de establecer con justeza y justicia, los profundos cambios que se produjeron en Bolivia con la puesta en vigencia de una nueva constitución política basada en el concepto de Estado Plurinacional, los asuntos que quedaron pendientes y no se encararon, como correspondía, como la salud y la educación, y las enormes equivocaciones generadas fundamentalmente en lo que se refiere a la administración de la justicia, y al abuso sistemático que significó la utilización del ministerio público para fines de persecución política a cargo de un entorno que como dice ahora el candidato vicepresidencial, David Choquehuanca, “no debe volver”.
Los llamados medios “paraestatales”, los que supuestamente jugaron al servilismo para beneficiarse publicitariamente del gobierno del MAS, navegan hoy en las aguas de la neutralidad, la independencia y la objetividad como si no hubiera pasado nada, tal como estos comprenden un rol pretendidamente incoloro e inodoro que en los hechos reales sabemos que no existe. Sucede que las políticas informativas y de manejo de contenidos de los medios fueron tan defectuosas durante las tres gestiones del gobierno de Morales, que apenas producido el golpe de Estado en noviembre de 2019, esos medios supuestamente alineados regresaron a la “normalidad” en la línea de informar, educar y entretener, tal como nos lo dicta el viejo manual funcionalista de los medios en una sociedad en la que mandan el mercado y la iniciativa privada.
UNITEL y la Red Uno, principales televisoras propiedad de empresarios vinculados a los agronegocios, a la ganadería y a los servicios con sede principal en el departamento de Santa Cruz, nunca dejaron de ser opositores al MAS, aunque por coyunturas bajaron el tono a fin de manotear algún pedazo de la torta publicitaria. Mientras que las redes ATB y PAT que serían las “paraestatales masistas”, probablemente recibieron mejores tajadas en materia de pauta, pero sin que eso significara que se alejaran del pluralismo informativo y de opinión. Dicho de otro modo, sin que los principales detractores del hegemónico gobierno de Evo dejaran de ser protagonistas de los espacios noticiosos y de debate de dichas estaciones: parte y contraparte que se le llama en la jerga mediática.
En materia de impresos, los diarios bolivianos cayeron en picada debido a la duración de la pandemia. Durante más de seis meses dejaron de publicar ediciones regulares y circunscribieron sus contenidos a las ediciones digitales. En ese contexto, El Deber de Santa Cruz siguió muy activo, La Razón de La Paz modificó el diseño de su web y redujo su personal debido a la crisis desatada por el corona virus, Los Tiempos de Cochabamba se encuentra prácticamente a la venta por riesgo de quiebral. Página Siete, también de La Paz, es el que ha tomado abierto partido por el candidato Carlos Mesa para las elecciones del 18 de octubre. Es un diario de mínimo tiraje –dos mil ejemplares diarios– que cuenta con un grupículo de columnistas anti-Evo que son quienes mejor expresan la indisposición que generó la repostulación de un presidente que no respetó el resultado de un referéndum que en 2016 le cerraba el paso a tal pretensión.
A diferencia de otros países del continente, Bolivia no cuenta con grupos mediáticos poderosos que concentren la propiedad de estaciones televisivas, radios y diarios, y que con la irrupción de las redes sociales, han tenido que adaptarse y multiplicar sus soportes para llegar a sus públicos, echando mano del streaming, o de las transmisiones en vivo a través de Facebook o Zoom. Algunos de esos medios, más o menos representativos e influyentes en las clases medias urbanas, fueron etiquetados como “Cártel de la mentira” por el otrora poderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ahora enjaulado en la residencia de la embajada de México, debido a que el gobierno de facto, no le extiende, a él, y a seis personalidades que formaron parte del entorno de Evo, el salvoconducto para poder acceder al asilo político.
La simpatía e identificación del diario Página Siete con Mesa fue descubierta debido a la infidencia de un cliente que subió a las redes una reunión a través de Zoom en la que Raúl Garafulic, presidente del directorio, explicaba una encuesta encargada por él mismo y las razones por las que habría que votar por Mesa, iniciador del golpe de Estado, incitando a la gente a dirigirse a los tribunales electorales departamentales “para defender el voto y rechazar el fraude”. Ese criterio, no tan abiertamente compartido, es coincidente en las estructuras de propiedad de gran parte de los medios tradicionales y conservadores, que en el caso del departamento de Santa Cruz, exhibe el matiz de la fuerte preferencia por Luis Fernando Camacho, el otro operador del golpe, coordinandor de tareas con policías y militares, que con un aproximado 30 por ciento, ganaría en su propia casa, compensando así la muy escasa aceptación que tiene en los otros ocho departamentos. En seis (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Pando) se muestra una abierta preferencia por el binomio del MAS, conformado por Luis Arce y David Choquehuanca, uno sólo en favor de Carlos Mesa (Chuquisaca) quedando pendiente el departamento del Beni, en el que figuraba primera Jeanine Añez, ahora alejada de la carrera electoral al haber renunciado a su candidatura.
Otra es la realidad que muestran radios comunitarias como Kawsachun Coca que encabeza una red de emisoras, con sede en el subtrópico cochabambino, territorio de las seis federaciones de campesinos cocaleros. En ella, se refleja desde la visión rural tan distante y ajena para el homo urbanus, que en Bolivia existe un solo partido que bajo la fusión Movimiento al Socialismo (MAS) – Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) representa a las organizaciones sociales que conforman esa Bolivia popular, indígeno y campesino, a la que poco y nada le afecta lo que digan o dejen de decir Unitel, la red UNO, ATB, PAT, El Deber, o Página Siete que esperan que Mesa o Camacho lleguen a la silla presidencial “para que Evo Morales no regrese al país”.
(*) Periodista boliviano