Bolivia: el gobierno de facto pide congelar las cuentas del candidato a presidente del MAS Luis Arce
Gobierno pide anotar bienes y congelar cuentas de Luis Arce por caso Gestora
El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este miércoles que el Gobierno solicitó al Ministerio Público que se anoten los bienes y se congelen las cuentas del exministro de Economía y candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, y otras exautoridades de la gestión pasada, debido a un presunto daño económico en la contratación de software para la Gestora Pública.
“Hemos solicitado al Ministerio Público que al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores y a la anotación preventiva de sus bienes”, señaló Melgar.
En junio se denunció a Arce por el presunto daño económico al Estado, aunque la denuncia fue rechazada en reiteradas oportunidades por falta de sustento. Sin embargo ahora la misma fue ampliada por el Viceministerio de Transparencia.
Se investiga al candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo, por la contratación de la empresa panameña Sysde y otra colombiana, para elaborar el software al que se debía migrar la base de datos de las AFP a la Gestora.
En el primer caso, supuestamente se contrató a Sysde por 5 millones de dólares se le pagó más de 3 millones, pero la compañía no cumplió el convenio. “¿Quién va a devolver esa plata al Estado boliviano?”, consultó Melgar. De acuerdo a los avances de la investigación, la segunda empresa no llegó a ser contratada.
Gobierno amplía investigación contra Arce por supuesto daño al Estado de Bs 3 millones
El viceministro de Transparencia, Guido Melgar anunció la ampliación de investigación contra el exministro de Economia y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo, MAS, Luis Arce Catacora y otras exautoridades por el supuesto daño al Estado por 3 millones de dólares.
En conferencia de prensa se refirió a contrataciones irregulares en las que las exautoridades habrían incurrido.
EL CASO
El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, informó además que ha solicitado a la Fiscalía que se congele las cuentas y se anoten los bienes del exministro Luis Arce Catacora y otras exautoridades, debido a un presunto daño económico en la contratación de software para la Gestora Pública.
Arce Catacora, actual candidato del MAS, ya había sido denunciado por este caso en junio, pero ahora el Viceministerio de Transparencia amplió la querella contra el exministro de Economía, Mario Guillén, el exviceministro de Pensiones, Óscar Ferrufino y la ex directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, Patricia Mirabal.
“Hemos solicitado al Ministerio Público que, al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores y a la anotación preventiva de sus bienes”, indicó el viceministro Melgar.
En este caso se investiga la contratación que hizo el Gobierno del MAS de dos empresas, una panameña y otra colombiana, para elaborar el software con que se debía migrar la base de datos de las AFP a la Gestora, sin embargo, no hubo resultados.
Respecto a la primera empresa, Sysde de Panamá, se la contrató por 5 millones de dólares se le pagó más de 3 millones, pero la compañía no cumplió el convenio.
Melgar señaló esa empresa necesitaba el soporte mecánico para resolver el tema del software y remitió “innumerables” a Luis Arce y Mario Guillén, pero éstos hicieron caso omiso.
Culpó a los denunciados por la pérdida de tres millones y medio de dólares para el Estado, debido a esa situación con el contrato para el software.
“¿Quién va a devolver esa plata al Estado boliviano?”, cuestionó Melgar a tiempo de reiterar que se ha pedido la congelación de cuentas y anotación de bienes de los implicados.
En cuanto a la empresa colombiana, que después debía estar encargada de desarrollar el software, la contratación fue suspendida por el Gobierno transitorio tras identificar anomalías en el convenio que era por 10 millones de dólares.
La ampliación de la denuncia es por los delitos de contratos lesivos al Estado, cumplimiento de deberes y conducta antieconómica, indicó Melgar.
El Gobierno dice ahora que el FMI no dio un crédito, sino que devolvió una ‘cuota’ al país
El desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones es la manzana de la discordia entre el Gobierno y el Legislativo. Ante el anuncio de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa (MAS), de un proceso contra la presidenta interina Jeanine Áñez y el ministro de Economía, Óscar Ortiz, éste aclaró que los recursos del organismo internacional no son un préstamo, sino la devolución de una “cuota de participación”.
Copa amenazó este miércoles a Áñez y Ortiz con un juicio por daño económico al Estado, un día después de denunciar que el desembolso del FMI se realizó pese a no contar con la aprobación del Legislativo, lo cual es una vulneración a la Constitución, y que el Ejecutivo pagó ya un interés de $us 1,6 millones. Refrendó estas acusaciones en una entrevista virtual con Radio Kawsachun Coca, en la cual mostró documentación sobre sus afirmaciones.
El referido “préstamo” provocó un conflicto entre el Gobierno y la Asamblea. Áñez exige los recursos para pagar el Bono contra el Hambre de Bs 1.000 que fue propuesto y avalado por los asambleístas del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), que dobló la oferta ante la propuesta presidencial del Bono Salud de Bs 500. La ley sancionada fue observada por la Presidenta. Pero Copa dijo que el tratamiento del asunto está en manos de los próximos asambleístas, elegidos en los comicios que se llevarán a cabo el domingo 18 de octubre.
Este miércoles, el ministro Ortiz, después de brindar un informe ante una comisión legislativa, aclaró que “lo que hay con el FMI no es un préstamo, sino la devolución temporal de nuestra cuota de participación, y quiero decir que es algo que se ha hecho con otros 72 países. Somos el único que está inviabilizando el uso de estos recursos. Aparte, éstos se encuentran en una cuenta especial, no se usaron por estas limitaciones de la Asamblea”.
Sobre el interés que se pagó, según Copa, la autoridad gubernamental indicó que es un “costo financiero porque se traspasó lo que son derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas que administra el FMI, y el BCB con eso subió sus reservas. Mejor, la que causa un perjuicio al país es la Asamblea, al impedir utilizar esos recursos nos hace asumir un costo económico, un costo financiero, sin poder usar esos recursos para la reactivación del país”.
Dijo que este “bloqueo” a los desembolsos de organismos internacionales hacen que la falta de recursos se financie con lo que hay en el país, con un costo mayor al que se puede pagar por créditos internacionales. “Los ingresos son menores que los egresos del Tesoro General de la Nación. Por esta razón es dañina esta actitud de bloquear créditos internacionales y la emisión de bonos”, sostuvo Ortiz, quien volvió a alertar sobre los datos del déficit fiscal.
El déficit fiscal de la nación llegó a Bs 20.000 millones hasta medio año, cuando ese monto estaba presupuestado para todo 2020, advirtió Ortiz el martes. Añadió este miércoles que por decisión de la Asamblea, no se puede acceder a Bs 10.000 millones en préstamos y otros Bs 10.000 millones que debían ingresar a las arcas estatales por la emisión de bonos en el exterior. “Tenemos un gran costo por estas actitudes políticas que no están viabilizando recursos”.
Remarcó que, por ende, este efecto negativo asciende a Bs 20.000 millones que debían ser utilizados por la actual administración, que sumados a la caída en Bs 20.000 millones de los ingresos provocan un agujero de Bs 40.000 millones menos para gastos. “Es la realidad, y dije (a la comisión de asambleístas) que si hay dudas, si quieren mayor información, puedo venir las veces necesarias, pero dejemos de bloquear al país”, sentenció la autoridad.
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