Argentina | Los problemas de la nueva ley de educación ambiental – Por Pablo Sessano, especial para NODAL
Por Pablo Sessano *
El presidente argentino Alberto Fernandez acaba de anunciar la presentación de la Ley de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como parte del paquete de políticas ambientales anunciado el 23 de setiembre, lo que en si mismo es motivo de festejarse ya que Argentina venia con atraso en este aspecto en el ambito regional.
Las leyes suelen abrir y cerrar en un mismo movimiento procesos de construcción de ciudadanía. Su sola aprobación representa un compromiso que el Estado asume con una demanda social, pero su efectivización, eso que llaman derecho sustantivo, depende de las políticas publicas y éstas del compromiso de los sectores sociales involucrados e interesados en su diseño y concreción efectiva. Así debe entenderse la dinámica que se pone en juego. En democracia, difícilmente un solo sector de la sociedad es capaz de llevar a cabo transformaciones significativas y cuando esto ocurre el Estado suele estar, para bien o para mal, siempre involucrado. En el caso de esta ley, viene a saldar una vieja y larga deuda que el Estado tenia con las políticas públicas ambientales y educativas y con la sociedad. En el impulso actualizador del marco normativo ambiental argentino, durante los años noventa del siglo pasado y principios de éste, la Eduación Ambiental fue incorporada primero y mas explícitamente en la Ley General del Ambiente y luego en forma menos precisa, en la Ley Nacional de Educación; pero fue y es letra muerta en términos de acción política.
El anterior gobierno neoliberal de Mauricio Macri hizo un intento vistoso y mas discursivo que real por avanzar, que no solo no trascendió lo cosmético, sino que era contradicho (o no) con decisiones tales como abrir los diseños curriculares a las empresas y corporaciones. Una mentira con nombre de educación para el desarrollo sustentable. Y del anterior gobierno, de Cristina F. de Kirchner, lamentablemente quedo el amargo sabor de la censura autoimpuesta, por influencia directa del entonces gobernador de la provincia minera de San Juan, José L. Gioja, el entonces ministro de minería Jorge Mayoral y los voceros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), los grandes sojeros; es decir el poder corporativo que vio en ellos un peligro para sus intereses. Se truncó así un amplio proceso de capacitación nacional de docentes, prohibiendo la distribución de centenares de miles de manuales de Educación Ambiental creados en el mismo Ministerio de Ambiente y cortando brutalmente lo que pudo haber sido un gran avance.
Pero como decíamos en anterior nota, la Eduación Ambiental es un asunto político y si no cuestiona esos intereses, que son los que prorrogan métodos y lógicas devastadoras e insustentables de aprovechar los bienes comunes, y si no se sostiene en decisiones democráticas libres de la influencia de poderes externos, entonces de poco servirá.
Si el actual gobierno quisiera dar una señal de coherencia e independencia inequívoca con el mensaje de cuidado y compromiso ambiental que predica, debería reeditar y redistribuir ese material perfectamente actual, en el marco de la ENEA.
En cualquier caso, si la ley se aprueba, esa y otras tantas decisiones urgentes de política educativa y gestión en relación con el ambiente habrán de proponerse, discutirse y tomarse en una suerte de colegiado en el cual los sectores sociales interesados y competentes están representados, es una las virtudes del proyecto de ley, que así como cierra una deuda, abre mediante este mecanismo el diseño de la política a un debate democrático. Lo que esta muy en línea con el espíritu de concertación social que propone el actual gobierno del presidente Alberto Fernandez. La ley interpela así, la coherencia de las políticas publicas y al gobierno que las impulsa, pero interpela también, lo que es igual de importante, al colectivo educativo que en sus diferentes manifestaciones organizacionales e institucionales exige desde hace años un marco legal que propicie la sustanciación del derecho a la Educación Ambiental y la apertura de un debate social, pero no lo ha militado realmente nunca. Hay grandes expectativas sociales sobre la educación y sobre la Educación Ambiental en particular, pero las transformaciones en ese aspecto de nuestra vida social son pirrias y casi exclusivamente relacionadas a las nuevas tecnologías, consideradas una nueva alfabetización e intensamente debatidas pero fuertemente dependientes del mercado y de sus lógicas.
Por contraste, la Educación Ambiental no ha sido considerada prioritaria en un país urbanizado en mas del 90%, regado por centenas de miles de litros de venenos, con una seria crisis hídrica, vulnerable al cambio climático, con altísimas tasas de deforestación y extinción de especies, un recurso marítimo/pesquero en riesgo, tazas de desertificación significativas, destrucción de paisajes y una población que ya exhibe el impacto de todo esto en la salud y la calidad de vida en general. Y un sistema educativo que permanece ajeno a esta realidad.
De aprobarse la ley podría servir para encender la dinámica de la construcción ciudadana participativa tan necesaria para una Educación Ambiental que logre transformarse, como debe ser, en uno de los vectores de la transición ecológica a la sustentabilidad, para lo cual por cierto, dada la situación, no tenemos mucho tiempo.
* Educador ambiental. Diplomado Internacional en Transformación Educativa. Master en Eco auditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana y políticas públicas ambientales.
