Uruguay: una posición país – Por Daniel Caggiani

Por Daniel Caggiani *

En las últimas semanas, luego del papelón internacional por la renuncia a menos de cuatro meses de iniciada la actual administración y en plena cumbre del Mercosur del ex canciller Ernesto Talvi, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, nombró al embajador Francisco Bustillo como nuevo titular de la cancillería. Un diplomático de carrera, de pedigrí blanco, muy cercano al hoy presidente y con muy buena capacidad de relacionamiento con los diferentes actores del sistema político. Características importantes y de las que su antecesor claramente carecía.

En las primeras semanas de Bustillo al frente de la cancillería se marcó una nueva impronta, y comenzó con buen pie. El nuevo canciller estableció prioridades, conformó un nuevo equipo y tuvo gestualidades que resitúan a la política exterior en un lugar de jerarquía política. “La política exterior debe ser un punto de encuentro entre los uruguayos”, sostuvo, y comenzó una ronda de encuentros. En dos semanas se reunió con los ex presidentes de nuestro país, con parlamentarios del oficialismo y de la oposición, así como con las autoridades de los partidos políticos.

Es buena cosa que un canciller de Uruguay tenga esa impronta. No en vano su función es bien política: nada más y nada menos que representar al conjunto de uruguayos y uruguayas en el concierto internacional. Y vaya si será necesario para el adentro y para el afuera de nuestro país.

En este sentido, Uruguay tiene por delante varios desafíos en política exterior que por las distintas circunstancias pueden ser repensados en esta nueva lógica e impronta, promoviendo puntos de unión del conjunto del sistema político, cambiando esa lógica presidencial previa a esta etapa, basada en la falta de construcción de vasos comunicantes entre todos los actores políticos.

Se trata de decisiones de gobierno de diferente naturaleza y que tienen grados de desarrollo distinto, pero de existir voluntad se pueden convertir en decisiones con una visión país y con respaldos a nivel nacional. Ambas se encuentran vinculadas al tipo de papel que Uruguay puede proponerse jugar en un concierto internacional y regional cada vez más crispado y conflictivo.

Por un lado, el aplazamiento de la elección de la nueva Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por otro, la postulación del ex canciller y actual senador de la República Sergio Abreu como próximo secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi)

Sobre el Banco Interamericano de Desarrollo

Desde su creación en 1959, el BID ha tenido cuatro presidentes, todos latinoamericanos: el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz, nuestro compatriota Enrique Iglesias y el actual presidente Luis Alberto Moreno, de Colombia. Si bien no es una lista de nombres demasiado extensa, este hecho habla de la estabilidad de los acuerdos y la permanencia de las responsabilidades en la conducción del BID.

A fines de junio, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo y Julio María Sanguinetti divulgaron una carta cuestionando la ruptura del criterio seguido desde hace décadas, que asigna la conducción del BID a un latinoamericano. Los ex mandatarios consideran que la presidencia en manos de un ciudadano estadounidense supone un “quiebre, con obvias derivaciones políticas” del criterio histórico que distribuye las presidencias de las instituciones financieras internacionales, basado en el equilibrio geopolítico por el cual el BID les corresponde a los países latinoamericanos, el Banco Mundial a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional a la Unión Europea (UE).

Más allá de estos pronunciamientos, es necesario contextualizar este tema en el momento específico que viven las economías hemisféricas. Las necesidades que ya están teniendo los países de América Latina y el Caribe de financiamiento externo para las políticas de reactivación poscovid son exorbitantes, y en este plano el papel que juega el BID como una de las principales instituciones de financiamiento hemisférico es crucial.

Ya son varios los posicionamientos que se han dado a conocer en las últimas semanas sobre la candidatura que impulsa Estados Unidos con apoyo de otros países latinoamericanos (incluido Uruguay), de Mauricio Claver-Carone para presidir el BID. Esta semana se conoció la posición de la UE, que propone directamente aplazar la elección del próximo presidente del organismo, argumentando que el contexto actual de pandemia y la campaña electoral en Estados Unidos dificultan prestarle “la atención necesaria” a una decisión delicada para el financiamiento hemisférico en los próximos años. Para la UE, la propuesta de la administración Trump con el nombre de Claver-Carone es un hecho “sin precedentes” en la historia del BID. La próxima elección está agendada para setiembre, pero el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, propuso que sea pospuesta hasta la Asamblea de Gobernadores, prevista para marzo.

El mecanismo de funcionamiento del BID dispone que para la elección de su presidente se requiere la mitad más uno de los 26 países miembros del organismo, y a su vez de la mitad más uno del poder de voto de los socios aportantes del organismo. Agregado a esto, se requiere un quórum de al menos tres cuartas partes del poder de voto para realizar la elección. Llegado el caso, si Estados Unidos y Canadá, que reúnen 34% del poder de voto en el BID, decidieran no participar en la elección, esta no se podría efectivizar. O desde la perspectiva “latinoamericanista”, si el total de países latinos y caribeños que integran el BID (26 países, con 50,02% del poder de voto) no se ponen de acuerdo en impulsar una candidatura de consenso, no hay posibilidad de que el presidente del organismo sea designado sin los apoyos de Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá.

En definitiva, todo esto habla de la necesidad de acuerdos a nivel nacional y también a nivel hemisférico y global en el funcionamiento concreto del BID. Lo más sensato para los intereses de nuestro país sería posponer la elección.

Claver-Carone fue uno los principales críticos a la política de Barack Obama de normalizar las relaciones con Cuba; se desempeñó como director ejecutivo de Cuba Democracy Advocates, una entidad de lobby en Washington a favor del endurecimiento del embargo y las sanciones económicas. Es en este sentido un exponente más de la visión beligerante y patoteril con que se suele abordar los asuntos multilaterales y regionales desde hace algunos años el gobierno norteamericano. No se podría imaginar un perfil más opuesto al de Enrique Iglesias, por ejemplo.

Independientemente de los nombres propuestos, la decisión de nuestro gobierno de apoyar la propuesta de Estados Unidos no visualiza aspectos básicos de política regional, como aquella idea de fortalecer el panamericanismo manifestada en su momento por el ex canciller Talvi, que se dará de bruces con un BID (de presidirlo Claver-Carone) volcado a incrementar el aislamiento económico y financiero de países como Venezuela, Nicaragua, Argentina o Bolivia. Pero como en este terreno no hay ingenuidades de ningún tipo, esta decisión del gobierno uruguayo no es mala por ser poco previsora, sino que se la cuestiona por no tener una visión integral y amplia del conjunto de posibilidades que la región demanda ante este contexto.

Nuestros intereses deben estar orientados a lograr tender puentes en la región y tratar de fortalecer o dinamizar otros espacios regionales –por ejemplo, la Aladi– sin que nadie se quede a la intemperie. Si se visualizara el contexto institucional y político completo de la región, se deberían encontrar las sinergias necesarias entre los organismos financieros y de integración para este momento crítico de América Latina.

Esto último viene a cuento porque recientemente circuló en medios de prensa bolivianos¹ que la actual canciller del gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, fue propuesta para la secretaría general de la Aladi, y que otros nombres posibles para dicha responsabilidad serían el actual secretario Alejandro de la Peña Navarrete de México, y el ex canciller y actual senador Sergio Abreu. Si bien la propuesta de la actual canciller de Bolivia se conoce desde mediados de junio, contaría con el apoyo de Brasil y sus aliados. En el caso de Abreu, una posición nacional podría fortalecer su candidatura en el plano regional ampliando la base de países dispuestos a acompañar la estrategia de Uruguay al respecto.

Fortalecer la Aladi –un organismo que podría volver a jugar un rol clave para la integración económica regional– es tan importante como aportar a una efectiva política de financiamiento para el desarrollo de América Latina desde el BID. El punto radica en que los apoyos que requiere un candidato uruguayo para integrar cualquier organismo regional deben trabajarse con todo el mapa sobre la mesa y no solamente con una parte del mazo de cartas, tal como se hizo al apoyar a Claver-Carone para el BID.

La impronta del nuevo canciller, los posibles resultados electorales en Estados Unidos y la propuesta de la UE de aplazar las elecciones del BID para el año próximo le dan una nueva oportunidad al presidente de Uruguay para reevaluar más serenamente los pasos a seguir, y construir una necesaria posición país en la definición de las decisiones para estas dos instituciones regionales tan importantes para el conjunto de nuestras sociedades. Pero en esto, claramente, el presidente es pie.

* Diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.