Uruguay: Lacalle Pou no avala propuesta de Manini Ríos de reinstalar la Ley de Caducidad
Lacalle Pou le responde a Manini Ríos: reinstalar la Ley de Caducidad no está en el acuerdo de la coalición
El presidente Luis Lacalle Pou se deslindó de apoyar la propuesta del líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, de reinstaurar la Ley de Caducidad. En rueda de prensa, el mandatario dijo que la propuesta que le hizo el senador la semana pasada «no forma parte del ‘Compromiso por el país’ que firmamos los cinco partidos de la coalición».
«Manini Ríos me planteó el tema, es una visión de un socio importante de la coalición de gobierno, pero uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas», explicó el presidente. En ese sentido, dijo que «el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios», pero aclaró que «no hay una decisión ni un análisis del gobierno respecto a esto».
«No hay posición del gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir», manifestó, y subrayó que «tenemos que salir en paz y hacia adelante». El senador cabildante Raúl Lozano dijo a Radio Monte Carlo este lunes que su partido tiene «pronto» el proyecto de ley para «reinstalar» la Ley de Caducidad.
Lozano señaló que «la gente tiene problemas hoy, mañana», por lo que rechaza juzgar «los problemas de hace 50 años». «De una vez por todas hay que dar vuelta la página y no seguir discutiendo. A veces parece que es una cuestión obsesiva o que se ha transformado en negocio de algunos el tema de discutir lo que ha pasado acá hace 50 años», expresó Lozano.
«Vemos lo que está pasando en este país y no podemos mirar para el costado y hacernos los distraídos», dijo Lozano, quien anunció que la bancada de su colectividad política ya tuvo «contactos con otros integrantes de la coalición». «Estamos esperando simplemente si la iniciativa será por el Parlamento o provendrá del Poder Ejecutivo», apuntó.
Las reacciones a nivel político no se hicieron esperar. Desde la coalición de gobierno, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés aclaró a Subrayado que si bien tuvo conocimiento de esta información no se presentó ningún proyecto legislativo en ese sentido, pero indicó que la analizarán cuando la reciban.
Por ahora, ni su partido ni el Colorado tienen posición al respecto, si bien en su momento entendieron que la ley interpretativa aprobada en 2011 con votos del Frente Amplio era inconstitucional. Desde el Partido Independiente, socio de la coalición, el diputado Iván Posada rechazó de plano el planteo de Manini Ríos porque sería retroceder en el «túnel del tiempo» entre otras consideraciones.
Desde el Frente Amplio, el senador José Carlos Mahía rechazó el planteo del excomandante en jefe del Ejército, así como también otros recientes cuestionamientos realizados al Poder Judicial. Además indicó que en caso de plantearse formalmente esta idea, la bancada frenteamplista votaría en contra. «Me preocupa mucho porque es un volver al pasado que creíamos superado», dijo. «Se trata de derechos humanos que son imprescriptibles. Nosotros queremos una justicia que actúe sin cortapisas, sin limitaciones», añadió Mahía.
El diputado Gerardo Núñez consideró «inadmisible el permanente cuestionamiento de Manini Ríos a la justicia, ahora quiere reinstalar la Ley de Caducidad para proteger a los violadores de derechos humanos. Es hora que los sectores democráticos de la coalición rechacen estos atropellos que erosionan la democracia». Por su parte, el dirigente frenteamplista y abogado especializado en Derechos Humanos, Daoiz Uriarte, dijo que «volver a la Ley de Caducidad no solo es inconstitucional según la Suprema Corte (sentencia 365/2009), además es violatorio de los pactos de DDHH». «Solo miedo y odio a la justicia pueden impulsar a Manini y sus nostálgicos de la dictadura. Su desconocimiento de los DDHH es total», concluyó.
CRÍTICAS
Por otra parte, respecto al planteo de los legisladores de CA de destituir al fiscal de Corte Jorge Díaz, Lacalle Pou indicó que «nos tenemos que acostumbrar a que uno puede criticar a los funcionarios públicos y empezamos por el presidente de la República». «La crítica no necesariamente es intromisión o vulnerar la separación de poderes. No necesariamente lo es. Nos tenemos que acostumbrar a una sociedad que critique y que critique no para destruir sino para mejorar. Puede haber otros actos de otros poderes que pueden no gustarme, pero tengo que respetar la separación de poderes», añadió.
En relación al proyecto que prevé presentar en el Parlamento el colorado y exfiscal Gustavo Zubía para transformar la dirección de Fiscalía en un colegiado, que también apoya Manini Ríos, dijo: «No creo, a priori, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía». El Comité Ejecutivo del Partido Colorado consideró este lunes «necesario» que se pondere este proyecto de ley. CA intentó que esta propuesta fuese ponderada en la ley de urgente consideración que ya fue aprobada, pero el presidente la desestimó.
JUECES RECHAZAN ACUSACIONES DE CABILDO ABIERTO
La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay publicó este lunes un comunicado en el que rechaza la acusación que hizo el senador Guido Manini Ríos contra algunos jueces por procesar y condenar a militares retirados acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
El gremio de los jueces recuerda que los magistrados que actúan en esos casos lo hacen «en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad», dice el comunicado, en referencia a la sentencia 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia, que fuera redactada por el expresidente del máximo órgano judicial de Uruguay, Jorge Chediak.
Los jueces «rechazan enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en el artículo 1º de las leyes 15.848 y 18.831, tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función Jurisdiccional».
En el comunicado, además, los magistrados recuerdan la separación de poderes y lo improcedente de ejercer presiones indebidas sobre la Justicia.
«Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo», dice el comunicado.
Cabildo Abierto ya redactó el proyecto de Ley para reinstalar la impunidad
Lozano aseguró que la propuesta le fue presentada al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que la analizará.
El legislador de Cabildo Abierto manifestó a radio Montecarlo que han mantenido contactos con los demás partidos que integran la coalición de gobierno que tienen representación en el Senado, y consideró que “hay posiciones encontradas”. El Partido Independiente, que también integra la coalición multicolor, no cuenta con representación en la Cámara Alta y además ha manifestado su rechazo al planteo de Cabildo Abierto.
“El proyecto de Ley está pronto, lo estaremos presentado en las próximas horas, sólo estamos esperando para definir si la iniciativa parte del Parlamento o proviene del Poder Ejecutivo”, explicó el legislador.
LOS PROBLEMAS DE HOY
Lozano manifestó que “la gente tiene problemas hoy y mañana, por lo cual de una vez por todas hay que dar vuelta la página y no seguir discutiendo los problemas de hace 50 años”.
“A veces parece que es una cuestión obsesiva o que se ha transformado en un negocio de algunos discutir lo que ha pasado hace 50 años atrás”, sentenció Lozano.
Agregó que en Cabildo Abierto no pueden mirar para el costado ni hacerse los distraídos, “porque ocurren hechos muy graves que obedecen a un trato que no es igualitario, y que en algunos casos es arbitrario”.
“Queremos que se cumpla con nuestro ordenamiento jurídico”, sentenció.
DATOS
Contra la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado se interpusieron dos referéndums (uno en 1989 y otro en 2009), pero en ambos casos fue ratificada en las urnas.
En los años 2009, 2010 y 2011 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y que la misma viola diferentes normas de Derecho Internacional que el Estado uruguayo suscribió.
Mientras que en 2011, el Parlamento aprobó, a instancias del Frente Amplio, la Ley Nº 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.
Dicha Ley establece en su artículo 1º “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986”.
Dispone que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta Ley”.
A la vez, el artículo 3 declara que, “los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.
Jueces rechazan acusaciones de Manini por procesar a militares de la dictadura
El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano aseguró que su partido ya ha redactado el proyecto de Ley por el cual procurará reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. “Resta definir si será una iniciativa que partirá del Parlamento o del Poder Ejecutivo”.
La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay publicó este lunes un comunicado en el que rechaza la acusación que hizo el senador Guido Manini Ríos contra algunos jueces por procesar y condenar a militares retirados acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura(1973-1985).
El gremio de los jueces recuerda que los magistrados que actúan en esos casos lo hacen “en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad”, dice el comunicado, en referencia a la sentencia 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia, que fuera redactada por el ex presidente del máximo órgano judicial de Uruguay, Jorge Chediak.
Los jueces “rechazan enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en el artículo 1º de las leyes 15.848 y 18.831, tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función Jurisdiccional”.
En el comunicado, además, los magistrados recuerdan la separación de poderes y lo improcedente de ejercer presiones indebidas sobre la Justicia.
“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, dice el comunicado.
Para el abogado Pablo Chargoñia, quien integra el equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, la idea de reestablecer la ley de caducidad, pone al estado uruguayo en una situación de desacato, ya que niega la potestad de la corte internacional de derechos humanos.
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