Se superan los 100 mil contagios en medio de otro escándalo de corrupción
Bolivia pasa los 101 mil casos de coronavirus tras reportar 879 nuevos pacientes
El Ministerio de Salud reportó ayer 879 contagios nuevos de COVID-19 con lo que la cifra total subió a 101.223. Este lunes fallecieron 65 personas.
La mayoría de los nuevos casos está en La Paz que reportó 276 contagios, seguido de Chuquisaca con 177. Siguen Potosí con 138 nuevos pacientes, Tarija con 104, Santa Cruz con 95, Cochabamba con 52, Oruro con 14, Beni también con 14 y Pando con nueve.
Según el reporte oficial del Ministerio de Salud los 64 decesos ocurrieron en: Santa Cruz, 16; La Paz, 15; Potosí, 14; Chuquisaca, ocho; Cochabamba, siete; Tarija, cuatro; y Oruro, uno. El total fallecidos a nivel nacional por COVID-19 es de 4.123.
Con esos números, el total acumulado de contagios de coronavirus en Bolivia subió a 101.223, de los que 59.629 son casos activos. Además se contabilizan 37.471 pacientes recuperados, 98.988 pruebas negativas y 16.563 casos sospechosos.
El Gobierno confesó que no sabe dónde están los 170 respiradores, revela la empresa IME Consulting
El abogado de la empresa IME Consulting, Ramiro Vega, afirmó que el Gobierno boliviano confesó que desconoce el paradero de los 170 respiradores que fueron adquiridos con sobreprecio. Además, sostuvo que es nula la posibilidad de que Bolivia recupere los $us 2,2 millones que pagó por los equipos
Según Vega, en las cartas que intercambiaron la empresa intermediaria y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud, no se dice que el Gobierno boliviano quiera disolver el contrato de compra de los respiradores, más bien, pide el cumplimiento del mismo. Además, confesaría que no saben dónde están los equipos.
“(La carta de Aisem) no pide la disolución (del contrato), pide el cumplimiento del contrato bajo amenaza de resolución. (…) Una de las razones por la que pide el cumplimiento es que no han recibido los 170 respiradores, porque los han recibido mal y sólo han podido encontrar 75, qué quiere decir esto, el Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado. Dice que se les ha dado al Ministerio de Justicia, pero no sabemos dónde están, estamos tratando de ubicar los respiradores. Primer elemento, no saben dónde están sus respiradores y esa irresponsabilidad administrativa por el Gobierno boliviano, originada primero por el ministro (Arturo) Murillo y la presidenta (Jeanine) Áñez al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la exhibición de los respiradores. Los perdieron, eso dice el informe, dice no sabemos dónde están los respiradores, los hemos perdido, como ustedes no los han entregado a la Aisem, sino al ministro de Salud, acusamos incumplimiento”, contó el abogado Vega en entrevista con radio Fides.
El jurista contó que el Gobierno argumenta que la empresa IME Consulting debería haber entregado los equipos en Santa Cruz, pero lo hicieron en Barcelona, por esa situación no se habrían cumplido algunos procedimientos administrativos y que por esa situación desconocen el paradero de los equipos. Vega aclaró que la empresa IME Consulting está predispuesto a dar solución al conflicto, pero de forma técnica y no así política.
La tarde del domingo, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que se pidió la devolución del pago por adelantado de $us 2,2 millones por la adquisición de estos equipos, además de romper con los acuerdos firmados con la empresa española GPA Innova y la intermediaria IME Consulting.
Según Coimbra, la fábrica reportó a la empresa que vendió los aparatos (la intermediaria IME Consulting) que no va a poder cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal. El abogado Vega desmintió al ministro Coimbra sobre esta situación.
De acuerdo con el abofado, IME Consulting consultó a la empresa fabricadora de los respiradores sobre la posibilidad de la disolución del contrato, la fábrica dijo que “si el Gobierno boliviano no justifica fallas técnicas reales de los equipos, no puede la fábrica devolver (el dinero) o recibir de nuevo los equipos”.
Vega acotó que esa posibilidad es muy menor debido a que Bolivia “ni siquiera ha recibido completo los equipos por deficiencias del Gobierno boliviano”.
Contó que la fábrica GPA Innova, mediante IME Consulting, propuso al Gobierno entregar otros 170 respiradores, debido que los otros 170 están “perdidos”, para que pueda ser usado para salvar vidas, pero el Gobierno no considera esta posibilidad. Según Vega, estos nuevos 170 no tendría ningún costo.
“Ha habido una serie de ofertas, una serie de negociaciones que el Gobierno boliviano no las ha puesto ni siquiera en la mesa por un tema de imagen política, no por un tema de solución del conflicto”, dijo el abogado.
La posibilidad de devolución de la plata es casi nula, inclusive si se ganara un arbitraje, aseguró. “Las posibilidades de efectivizar cualquier fallo arbitrar en sumas de dinero es imposible, lo que está haciendo el Gobierno es manejo político. En realidad, Bolivia no va recibir $us 2.2 millones en forma efectiva en un plazo razonable o necesario para atender la pandemia”, agregó.
Con un intermediario: Utilizan el mismo modus operandi de los respiradores para compra de test detector de Covid con sobreprecio
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez se vio envuelto en un nuevo escándalo de corrupción por el trámite de compra de 672 mil tests PCR para coronavirus mediante un intermediario boliviano que vive en Miami, Estados Unidos, similar modus operandi del caso en la compra con sobreprecio de respiradores (resucitadores) que nunca entregaron en funcionamiento.
El nuevo caso con serios indicios de corrupción ocurre cuando se superó las cuatro mil personas fallecidas por Covid – 19 y los contagiados pasaron el umbral de 100.000 personas por esta enfermedad, en medio de discursos de autoridades transitorias que reiteran que su única preocupación en su gestión es la salud de los bolivianos.
En pasados días el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció que autoridades de Gobierno adjudicaron la compra de 672.000 tests PCR para coronavirus a una empresa china por un monto de Bs 25 millones más que el ofrecido por el laboratorio de ese país.
Al respecto, la ministra de Salud, María Eydi Roca, publicó en su cuenta de Twitter: “Todo proceso de compra de reactivos requiere que éste tenga la certificación de calidad de la @US_FDA (americana) o CE (europea). Velamos por la seguridad y la salud de nuestra población”.
Sin embargo, se reveló que se adjudicó la compra de los tests a una intermediaria, a la empresa Lasa Holdings LLC, misma que opera en Miami, Estados Unidos que tiene domicilio particular, en el cual no se puede fabricar tal cantidad de material por su propia cuenta, lo que significa que intermediaría la compra de los insumos a una empresa de China.
Por otra parte, esta empresa está a nombre de Isaac Aizenstat, un empresario paceño que vive en el país del norte y de acuerdo a información de ese mismo Estado, se declaró en banca rota en 2019, pero que ahora se adjudicó un negocio con el gobierno boliviano de Bs 47 millones el doble de la otra oferta.
Actualmente el Ministerio de Salud, instancia que debería estar al cargo de este procedimiento, indicó que se realizará una auditoría a la adquisición de los tests, dejando a casi 700 mil bolivianos sin que puedan realizarse las pruebas para conocer si están enfermos o no, atentando de esa manera a la salud y vida de los bolivianos.
Dos detenidos por atentado a la sede de la COB son operadores de Adepcoca afín a Añez
Dos de los 6 detenidos por el atentado a la sede de la COB y Bartolinas son operadores de Adepcoca de Franclin Gutierrez, afines al gobierno de Jeanine Añez.
Veronica Mollo, del sector de Huancané, quien es brazo operador de Franklin Gutiérrez, exdirigente de Adepcoca en Chulumani, está detenida junto a 5 personas por el atentado a las sedes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, del pasado jueves 13 de agosto.
Lo que llama la atención es que Mollo ahora esté involucrada en este caso, tomando en cuenta que ella es aliada y principal operadora de Franklin Gutiérrez. Además, hace semanas, Verónica Mollo afirmó que sería posesionada como Viceministra de Coca y justo ahora fue encontrada con una gran cantidad de dinamitas.
También se encuentra detenido Edwin Huanca Tintaya, quien también sería hombre de confianza de Franclin Gutiérrez.
Presentan proyecto de Ley para la protección y no criminalización de protestas sociales
Presentan proyecto de Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de protestas sociales. Organismos de DDHH se han expresado por detenciones arbitrarias acaecidas durante los nueve meses del gobierno de facto de Jeanine Añez.
La diputada Betty Yañiquez, Jefa de Bancada Nacional del MAS-IPSP, presentó el ante proyecto de “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social”, para dirigentes sindicales, líderes sociales y cualquier persona movilizada en agosto en defensa de la vida, democracia y la educación.
Amparada en el numeral 2 del parágrafo I del Artículo 162 de la COnstitución Política del Estado, el proyecto de ley tiene como objetivo impedir la criminalización de la protesta social, así como la protección de líderes y dirigentes sociales. El proyecto responde a las múltiples amenazas de parte del gobierno de facto de realizar procesos y encarcelar a dirigentes y movilizados, además de las cientas de detenciones arbitrarias e irregulares contra toda voz disonante contra el gobierno de Añez durante los 9 meses de gobierno de facto en Bolivia.
El gobierno de facto de Bolivia contrató una consultora para «lavar su imagen»
Por Adair Pinto
El Ministerio de Gobierno de Bolivia pagó con recursos del Estado mil dólares por día, por un período de 90 días (de diciembre 2019 a principios de marzo del 2020) por servicios para comunicación estratégica de la consultora CLS-Strategies con sede en Washington. La empresa, de acuerdo a la información recabada por el sitio Bolnews.press , tiene gran experiencia en promover a presidentes como Álvaro Uribe y en defender el monopolio de la producción de fármacos en USA.
Ministro de Gobierno de #Bolivia @ArturoMurilloS contrato por 90 mil dólares a consultora CLS-Strategies para lavar imagen del gobierno de @JeanineAnez, la misma opero contra el ex presidente de #Honduras Manuel Zelaya anteriormente.
Detalles enhttps://t.co/tB2Yadv3kS pic.twitter.com/k9jdeDpGKS
— Adair Pinto Rivero (@adair_p) August 15, 2020
La consultora cumple con todos requisitos legales (obligados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado) para funcionar como “agente externo, que trabaja con gobiernos internacionales”. CLS-Strategies firmó el contrato con el Ministerio de Gobierno boliviano el 5 de diciembre del 2019.
Uribe y Micheletti
CLS trabajó ‘lavando’ la imagen en Colombia de Álvaro Uribe, quien hoy tiene detención domiciliaria por varios casos de corrupción y su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de miles de indígenas, dirigentes sindicales, políticos y académicos, en manos de sus socios los paramilitares de la AUC.
La misma consultora fue contratada por el gobierno provisional instaurado por el ejército de Honduras después de que Manuel Zelaya fuera detenido por orden de la asamblea legislativa: Roberto Micheletti asumió el gobierno y contrató a CLS para lavar la imagen de los golpistas.
El contrato con el gobierno de facto boliviano
En el caso de Bolivia. la consultora definió que Bryan Berry, con gran experiencia promoviendo y defendiendo los intereses de corporaciones que producen medicamentos, fuese quien firme y defina el contenido del contrato. La consultora tiene un equipo de profesionales en comunicación estratégica bien reconocido y tiene vínculos directos e indirectos con el Departamento de Estado y algunas agencias de inteligencia, como la CIA y la Agencia Nacional de Inteligencia, de acuerdo a datos del Departamento de Comunicación del Departamento de Justicia.
El contrato, que fue firmado entre Bryan Berry y el ministro de Gobierno Arturo Murillo, estipula de manera textual que: “Por 90 días la consultora trabajará promoviendo mensajes específicos para los medios: promoverán democracia, transparencia, defensa de derechos humanos, registrará y definirá actividades políticas, lobby, defender intereses y crear mensajes políticos para los medios masivos”.
No es la primera vez que un gobierno boliviano contrata los servicios de consultoras en comunicación. Pero la influencia y presencia de ciertos agentes colombianos ligados a Uribe, sumada a la presencia de agentes de Estados Unidos en el gobierno de Añez y el asesoramiento Israelí en temas de seguridad ponen en entredicho que este sea un contrato común y corriente.
Las propias compañías de telecomunicación y agencias de seguridad de Estados Unidos, han admitido que el flujo de información, los mensajes y el discurso agresivo contra Evo Morales y el MAS proviene direccionado desde Washington. Así, los términos y adjetivos en la narrativa que emergen del discurso del ministro de Gobierno tienen un origen y un destino, a un costo de mil dólares por día.
El sitio Bolnews trato insistentemente de comunicarse con Brian Berry, representante de CLS y firmante del contrato con el Ministerio de Gobierno, pero no ha respondido las llamadas telefónicas.
