Luego de una década, el Estado permite a la ONU investigar las desapariciones forzadas

La Jornada

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Reconocimiento de ONU en desapariciones forzadas, petición de familiares: Segob

Por José Antonio Belmont

Al reconocer la competencia en México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los familiares de víctimas de ese delito podrán acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados.

Así lo destacó la Secretaría de Gobernación (Segob) al reconocer “la magnitud de la crisis” de personas desaparecidas o no localizadas en el país que “suman cerca de 75 mil“.

“El Estado mexicano, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, estarán pendientes de las recomendaciones y dictámenes que el Comité realice para acercar la verdad y la justicia a las familias”, subrayó.

Gobernación aclaró que el reconocimiento de la competencia de dicho Comité “ha sido una de las demandas centrales de los familiares de personas desaparecidas en México.

“Una demanda que el gobierno de México se comprometió a cumplir y que hoy se hace realidad. Es también una medida congruente con la política de este gobierno de apertura al escrutinio internacional y al apoyo en el combate a la desaparición forzada, para garantizar la verdad y la justicia a las familias.

“No se ocultará nada ni protegerá a nadie. Por ello, desde 2019, se ha impulsado el reconocimiento del Comité, que implicó, entre otras cosas, una evaluación interna, en que se consideraron sus implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas”, enfatizó.

En un comunicado, Gobernación recordó que este miércoles, el Ejecutivo federal envió una misiva al Senado por la Secretaría de Gobernación, “esperando su pronta ratificación“.

“Cabe aclarar que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010. Esta Convención crea el Comité, que es un grupo de expertos independientes que revisa la correcta aplicación de la Convención por los Estados Parte.

“Sin embargo, a la fecha, el Estado mexicano no había aceptado la competencia del Comité, que permitiría revisar peticiones individuales”, puntualizó.

Milenio

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Senado busca acelerar intervención de ONU en casos de desapariciones

Por Silvia Arellano

El Senado dará prioridad para ratificar la declaratoria remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010.

Ayer por la noche, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, envió a la Comisión Permanente el documento firmado por el presidente López Obrador, al que hoy se dará entrada y se remitirá al Senado. En él, se informa que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en México era de 61 mil 637 personas.

“Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquéllas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito”, se lee en el documento.

Y es que, por casi una década estuvo en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que contempla la atención a las víctimas, como la reparación del daño en diversas modalidades.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo a MILENIO que la Declaratoria será un tema prioritario para ratificarlo los primeros días del periodo ordinario que inicia el próximo 1 de septiembre.

En sus redes sociales, el también coordinador de Morena escribió: “recibimos del Ejecutivo, para aprobación, la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas”.

El líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo que su bancada respaldará la propuesta del Ejecutivo, “la posibilidad de que la ONU participe en todos los casos de desaparición forzada me parece que es un avance substancial, muy importante para el Estado mexicano, le da certidumbre y certeza, transparencia. Nosotros lo vamos a apoyar”.

Comentó que participará activamente para que se demore lo menos posible, “puede ser de los primeros (temas que se aborde en el próximo periodo ordinario), puede ser un trámite expedito, que lleve poco tiempo en su análisis, no creo que haya mayores objeciones”.

Destacó que algunos de los beneficios es que se oficializa la intervención de la ONU en caso de desaparición forzada, sin trastocar facultades del Estado mexicano, sino coadyuva y viene a beneficiar a la transparencia y a la certidumbre”.

Declaratoria

En la declaratoria a la que MILENIO tuvo acceso se lee que “la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos”.

Además, como parte de la atención a víctimas se contempla la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas.

Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.

“Entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo, se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010”, destacó el presidente López Obrador en la declaratoria.

Indica que, como resultado de la evaluación interna llevada a cabo por las instancias nacionales, en que se consideraron las implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas, se determinó que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo que será formalizado ante el secretario general de la ONU.

“La declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno, señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes, la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada”, añade.

Precisa que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para nuestro país, se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos de desaparición forzada, que le sean notificados.

En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.

El comité está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal, y actúan con total imparcialidad.

El Comité examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los países para cumplir con la Convención, y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.

Además, puede examinar de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.

Milenio

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Calderón y Peña, en la
 mira por desapariciones

Por Jonathan Nácar

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República envió este martes al Senado de la República una iniciativa para reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, a fin de que el Estado mexicano reciba y examine las comunicaciones individuales de casos de desaparición forzada, lo que abre la puerta para investigar a los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Emanado de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU tiene injerencia en México desde 2007, cuando nuestro país suscribió el acuerdo.

En entrevista con ejecentral, Jorge Verástegui González, maestro en Derechos Humanos y especialista en casos de personas desaparecidas, señala que, de concretarse la competencia del comité, implicaría un gran reto, no sólo para los gobiernos anteriores, sino para el actual, pues de acuerdo con las resoluciones que vaya emitiendo este órgano podrá determinarse si efectivamente el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al combate de las desapariciones forzadas.

“A muchas autoridades en México no les parece es estar bajo la lupa ni que se les señale porque están haciendo mal el trabajo, y eso podría traer sanciones internacionales al Estado mexicano, y eso genera mucha más presión”, advirtió.

Respecto a la posibilidad de fincar responsabilidades a los exmandatarios, Verástegui González puntualizó que, si bien el Comité pueda tener conocimiento del caso, solicite las pruebas y confronte éstas con el Estado bajo pesquisa, en este caso México, se hace una deliberación para señalar al Estado, mas no a una persona.

Pero con base a estas resoluciones, subrayó, “si el Comité va dejando testimonio de que en los periodos de Calderón y de Peña Nieto las desapariciones fueron generalizadas, sistemáticas, partieron de una política pública, se tuvo conocimiento y no se hizo nada para evitarlo, contribuye para que otros procesos como el de la Corte Penal Internacional reciban más impulso, y ahí sí se puedan iniciar investigaciones a personas y no al gobierno”.

Y resaltó: “Eventualmente con las resoluciones del Comité nos daremos cuenta si efectivamente México cambió de régimen o continúa con una política de impunidad. Va más allá del discurso del Presidente, sino que justo se abre al escrutinio internacional y abren la posibilidad a las familias de desaparecidos para recurrir a otras instancias”.

Acciones complementarias

Para Édgar Cortez Morales, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., la importancia de reconocer esta competencia recae en que se trata de otra vía, además de la Comisión Interamericana, “para los familiares de las víctimas en términos de seguir empujando los casos ante la justicia mexicana cuando ordinariamente están estancados, no pasa nada y no hay respuesta, y encontrar alternativas en los casos de desaparición forzada”.

Aunque reconoció la posibilidad de que haya avances, ya que habría insistencia en suplir las deficiencias que se detecten, de acuerdo con las investigaciones, Cortez Morales reiteró que “estos sistemas internacionales, no sustituyen al sistema de justicia mexicano, porque son técnicamente complementarios”; y abundó que el reconocimiento “no es que sea una varita mágica, una panacea”.

Dijo que “hay que seguir trabajando mucho, y en el fondo ojalá que ayude al proceso de la implementación adecuada de la ley general de desaparición forzada, que plantea medidas y mecanismos que aún están en construcción, porque lo ideal sería que cualquier persona víctima o familiar de personas desaparecida que no tenga que ir hasta instancias internacionales a obtener justicia, sino que la obtenga aquí de manera inmediata. Es algo que ocurre”.

Eje Central

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Estoy dispuesta a llegar donde sea: madre de desaparecidos

Por Jorge Monroy

Sus ojos reflejan en fotos aquel cansancio de 12 años de buscar en cerros, campos y laderas algún indicio de sus cuatro hijos desaparecidos —presuntamente por policías— en Guerrero y Veracruz. También frustración por el peregrinar en fiscalías, y lidiar con ministerios públicos y policías que le han pedido hacerse a un lado, o dejar de preguntar.

“Sé que mis hijos ya no están conmigo, pero quiero saber la verdad. Estoy dispuesta a llegar a donde sea, porque mientras no haya justicia, no habrá paz”, dijo vía telefónica la señora María Herrera Magdaleno, principal impulsora en el Poder Judicial de la Federación para que el gobierno mexicano acepte la competencia del Comité de la ONU en casos de desaparición.

El 28 de agosto del 2008, sus hijos Jesús Salvador, entonces de 25 años, y Raúl de 19, desaparecieron en Atoyac, Guerrero. Al principio, María pensó que su tardanza se debió a algún percance, pero pasaron horas y días sin saber de ellos. “Fui a la presidencia municipal de mi pueblo (Pajacuarán, Michoacán), luego a Sahuayo, a Zamora y luego a Guerrero. Ahí nos atendió el jefe de la policía ministerial de Atoyac, pero él sabía lo que había pasado con mis hijos; él y el comandante en turno y los policías, ellos habían desaparecido a mis hijos. Supuestamente nos apoyaron, nos trajeron dando vueltas, y después de ser insistentes, nos amenazaron”.

Tras la amenaza de muerte, María salió de Guerrero. Sin derrotarse, viajó con pocos recursos a la Ciudad de México para implorar ayuda en la puerta del Senado de la República, y luego en la Cámara de Diputados, donde un legislador le prestó un vehículo para que regresara a Atoyac, a dar seguimiento a la desaparición de sus dos hijos.

Aún con el dolor a cuestas y luego de vender una propiedad y objetos para mantener su búsqueda, el 22 de septiembre del 2010, en Poza Rica, Veracruz, otros dos de sus hijos, Gustavo, entonces de 27 años, y Luis Armando de 24, también desaparecieron.

“Ya no regresaron. Otro golpe más. Yo ya no tenía fuerzas para seguir adelante, pero tuve que sobreponerme por mis nietos y mis hijos; seguir tocando puertas”, relató la señora María Herrera, quien en el 2011 encontró en una plaza pública al poeta Javier Sicilia a quien le pidió ayuda, y éste la integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El 23 de junio del 2011, en el Castillo de Chapultepec, la señora María Herrera presenció el acto de perdón que ofreció el entonces presidente Felipe Calderón a familias y víctimas de la delincuencia, y ocho años después, el 24 de junio del 2019, la señora estuvo presente en Palacio Nacional junto con otras 200 madres y familiares de personas desaparecidas, donde pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador agilizar la localización con vida de las más de 73,000 personas desaparecidas que hay en el país. Ahí, el Primer Mandatario instruyó al canciller Marcelo Ebrard a realizar el procedimiento de aceptación de la competencia del Comité de la ONU.

Luego de que ayer 26 de agosto, el presidente López Obrador formalizó al Senado ese procedimiento, la señora Herrera expresó: “Esto (las desapariciones) no tiene que seguir pasando. Mientras el gobierno no haga algo, presionado por toda esta gente (de la ONU) que viene a apoyarnos, porque ellos les van a ir dando la pauta a seguir, esto va a seguir pasando, porque no hay quién les haga presión (a las autoridades mexicanas), porque no hay quién les haga saber lo que tienen que hacer y la forma que lo tienen que hacer.

“Esto (la declaración de competencia del Comité) para mí es un gran aliciente, es algo que tenemos que celebrar, no lo digo personalmente, sino por todas las madres de desaparecidos que necesitamos tener en nuestra alma, corazón, mente y en el cuerpo, una respuesta a la cual tenemos derecho”.

La batalla judicial

Durante sendas reuniones con madres de desaparecidos en el 2018 (Museo Memoria y Tolerancia) y el 2019 (Palacio Nacional), el presidente López Obrador ofreció la intervención de expertos de la ONU para esos casos. Sin embargo, la Cancillería recurrió a los jueces para evitar esa situación, explicó Sofía de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Precisó que en marzo del 2018 se interpuso un amparo en nombre de la señora María Herrera para solicitar al gobierno federal que aceptara la competencia del Comité de la ONU. El 26 de enero del 2019, el juez resolvió en favor, pero el 26 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard recurrió la sentencia, por lo que un Tribunal Colegiado debió resolver, pero en noviembre del 2019 turnó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 4 de marzo del 2020, la Segunda Sala de la Corte aceptó atraer el caso, por lo que está a la espera de que un ministro elabore el proyecto de sentencia.

“Como lo ha manifestado la propia Mary Herrera es una oportunidad para miles de familias que no han encontrado verdad y justicia para acceder a una instancia más que pueda resolver y analizar sus casos y acercarlos a la verdad y la justicia; también sería un acto de congruencia de este gobierno cuando refiere que el tema de la desaparición es una de sus prioridades”, dijo la abogada.

Indagarán hechos en Tamaulipas

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a 24 elementos por su probable participación en una ejecución durante un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 3 de julio en donde murieron 12 personas.

Indicó que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a todo el personal que se ve involucrado con el fin de que identifique cuál fue la situación.

“Las investigaciones… van a estar centradas en lo que se observa en el video”, destacó. (Maritza Pérez)

El Economista

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