Iván Cepeda, senador colombiano: “El gobierno de Uribe dejó una estela de violaciones de DDHH y la irrupción de la parapolítica”
Entrevista a Iván Cepeda, senador por el partido Polo Democrático Alternativo y defensor de los DDHH
Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL
El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia colombiana dictaminó la prisión domiciliaria del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, acusado de manipulación de testigos, fraude procesal y sobornos. Tras conocerse el fallo, diversos sectores sociales celebraron la decisión con marchas y cacerolazos. Por su parte, el presidente Iván Duque salió en su defensa señalando una «persecución política» contra el jefe de su partido. Paradójicamente, el proceso judicial había comenzado con la denuncia de Uribe en contra del senador Iván Cepeda acusándolo de liderar un grupo de falsos testigos, pero la Corte terminó por redirigir la investigación hacia el expresidente.
En entrevista con NODAL, Cepeda, por el partido Polo Democrático Alternativo y defensor de los DDHH, explica los detalles del proceso y la importancia histórica de esta resolución al ser la primera vez que se ordena la detención de un exmandatario colombiano.
¿Cómo analiza la detención domiciliaria del expresidente Uribe y qué importancia simbólica tiene?
Considero que es una decisión tomada en justicia y en derecho. Responde a un muy significativo expediente y a un acervo probatorio en el cual hay toda clase de documentos, declaraciones, testimonios e interceptaciones de celulares legalmente ordenadas por la Corte Suprema. Por lo tanto, no se puede decir que es una decisión arbitraria como lo está planteando la defensa del senador Uribe que, como no tiene argumentos jurídicos ni de derecho, recurre a una falacia. Por supuesto que aquí hay una considerable y voluminosa cantidad de pruebas, pero además, es una decisión que apunta a asegurar a la persona que está siendo investigada porque el presunto delito que está cometiendo es en contra de la administración de justicia. Algunos plantean el por qué no se lo deja defenderse en libertad y precisamente se debe a que el delito que estaría cometiendo, él y otras personas de su entorno, apunta a obstruir y a engañar la acción de los operadores judiciales y es por esa razón que se ha declarado esta medida de privación de la libertad con reclusión domiciliaria.
En cuanto a la importancia simbólica, es evidente que se trata de una decisión sin precedentes. Uribe es considerado un político que tiene un inmenso poder, no solamente desde el punto de vista personal siendo un hombre inmensamente rico, sino también que tiene muchos socios y amigos, cuya relación él no niega, que están ubicados en el mundo del paramilitarismo y del narcotráfico. Es una persona sumamente influyente y que ha ejercido el poder en Colombia. El hecho de que no se haya podido intimidar o presionar a la Corte Suprema para que tomara esta decisión sin precedentes es supremamente importante.
¿Qué otros procesos tiene pendiente Uribe en la Justicia?
Hay una larga lista de acusaciones y denuncias contra Uribe. Gran parte de ellas están en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo cual es una especie de garantía para él de que nunca tendrá un desarrollo serio, puesto que esto depende de un organismo que integran políticos que en su gran mayoría son muy cercanos al expresidente. Pero hay otros procesos que están haciendo curso en la Corte Suprema y que han sido objeto de pronunciamientos de instancias judiciales compulsas de copias sobre hechos tan graves. Para simplemente mencionar algunos, las masacres del Aro y La Granja, el asesinato del defensor de DDHH Jesús María Valle y también el surgimiento del grupo paramilitar Bloque Metro en la Hacienda Guacharacas; esos son algunos de los procesos que enfrenta.
¿Qué secuelas y heridas dejó el gobierno de Uribe en la sociedad colombiana?
Contrario a lo que se dice, el gobierno de Uribe no fue ninguna gesta patriótica. Lo que dejó ese gobierno fue una estela de violaciones de DDHH no vista antes de lo que se llamó la “seguridad democrática”. Algunos de esos hechos graves son la cooptación que hizo el paramilitarismo y la irrupción de la parapolítica en el país. La parapolítica era un fenómeno no conocido hasta que llegó Uribe al gobierno, sumado al arribo de muchos de sus partidarios y aliados al Congreso que después fueron condenados por parapolítica. Eso tuvo una muy importante exigencia a los sectores democráticos de este país para poder contrarrestarla. Como también los falsos positivos. No se había visto en el país esta modalidad por lo menos en esa escala de producir lo que se llaman resultados operacionales a través de acciones de desaparición forzada, ejecuciones de muchachos inermes en muchas partes del país. Miles de hogares han quedado heridos por el hecho de que sus hijos han sido víctimas de falsos positivos, un crimen de lesa humanidad.
Por último, para solo mencionar algunos de esos tantos episodios, está la circunstancia de que durante el gobierno de Uribe el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se convirtió en un aparato criminal para espiar y perseguir a los opositores políticos y a los magistrados de la Corte Suprema, como hoy también se intenta hacer con los periodistas, y con todo aquel que se considerara un crítico, un disidente de Uribe. Otros hechos son la forma en que se duplicó el desplazamiento forzado en esos dos gobiernos de Uribe y las muertes, la destrucción en muchos lugares del país como efecto de la intensificación del conflicto armado.
¿Cómo evalúa la reacción del presidente Duque?
El presidente Duque no está fungiendo como jefe de Estado como debería ser, sino más bien como parte del equipo de abogados de Uribe. Todos los días está en los medios de comunicación insistiendo en criticar a la Corte o en lanzar algún tipo de afirmaciones que suenan a amenazas contra el Poder Judicial interfiriendo con la independencia que debe ser respetada y de la que debe gozar la Corte Suprema en su actuación, al punto que los magistrados han tenido que salir a pedir que se respete su, y también a que el procurador haya tenido que recordarle al presidente que no puede inmiscuirse y presionar al Poder Judicial.
