Colombia: Uribe, con prisión domiciliaria y ahora también con coronavirus
‘Álvaro Uribe Vélez está pasando el covid-19 y su estado de salud es perfecto’: oficina del senador y expresidente
Un día después de ser privado de su libertad, en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez dio positivo para coronavirus.
En la mañana de este martes, el ingreso de una ambulancia a ‘El Uberrimo’ -la finca del expresidente ubicada en Córdoba-, generó muchas dudas. Aunque al principio los rumores hablaban de un deterioro en la salud del ahora senador, fue posible establecer que en el vehículo viajaba una misión de salud que tenía como propósito practicar una prueba de covid-19 al exmandatario.
Horas más tarde, la oficina del senador y expresidente confirmó que la prueba, solicitada por la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso judicial que adelanta contra Uribe Vélez, había resultado positiva. “Álvaro Uribe Vélez está pasando el covid-19 y su estado de salud es perfecto”.
Con el resultado sobre la mesa el exmandatario permanecería en su finca hasta que supere la enfermedad, y posteriormente solicitaría un traslado a la justicia para estar cerca de su familia. Al parecer, trabajadores de la hacienda habrían dado positivos para la enfermedad y habrían contagiado al líder político.
La noticia también fue confirmada por el senador y vocero del partido Centro Democrático, Gabriel Velasco Ocampo, quien destacó que el aunque el senador fue diagnosticado con la enfermedad, su estado de salud es óptimo y no presenta complicaciones respiratorias.
?#Política | El exmandatario Álvaro Uribe Vélez ha sido diagnosticado con #Covid_19, sin embargo, su estado de salud es óptimo.
Así lo infirmó el senador y vocero del @CeDemocratico, @gabrieljvelasco. pic.twitter.com/UoSygUvOnE
— red+ noticias (@RedMasNoticias) August 5, 2020
Luego de conocerse que el senador Álvaro Uribe dio positivo para COVID-19, la familia del expresidente confirmó que las pruebas realizadas a sus hijos Tomás y Jerónimo también determinaron que ambos están contagiados con la enfermedad.
Entretanto, el resultado de la esposa del parlamentario, Lina Moreno de Uribe, salió negativo. Por lo tanto está alejada en su finca en Rionegro – Antioquia, mientras que ellos cumplen con el aislamiento preventivo establecido.
En Córdoba, según el balance más reciente del Ministerio de Salud -con corte al 4 de agosto- hay 7.172 casos de contagio, 778 fallecidos y 2.249 recuperados.
El arsenal de la defensa de Álvaro Uribe ante la Corte
La defensa del expresidente Álvaro Uribe comenzó a perfilar su estrategia jurídica para la etapa de investigación y cotejo de pruebas que se inició en la Sala Especial de Instrucción.
El abogado penalista Jaime Granados, apoderado de Uribe, mostró este miércoles su “profunda decepción por la injusta determinación” de la Sala al dictarle a su cliente medida de aseguramiento domiciliario.
El jurista, en un comunicado de cinco puntos, planteó las que serán sus principales herramientas para la defensa de su cliente. Por ahora, no ha dicho si acudirá al recurso de reposición ante la misma Sala Especial de Instrucción.
Según Granados, su propósito es mostrarle al país que Uribe “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”.
De esta forma, la defensa busca desvirtuar lo dicho por la Sala Especial cuando afirma que “al parecer, con la aprobación del Senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.
En segundo lugar, Granados mostrará ante la Corte elementos probatorios para desvirtuar la acusación de “determinador” que le endilga la Sala Especial de Instrucción a Uribe, y en la que se finca los delitos por los que es señalado el congresista.
Según la Corporación, en el expediente figuran pruebas que “al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”
La defensa expondrá también que las visitas en la cárcel del abogado Diego Cadena, uno de los apoderados de Uribe hasta hace unas semanas, a Juan Guillermo Monsalve obedecieron a que “a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al presidente Uribe”.
Granados recordó, y dijo que así está consignado en el proceso penal, que “la única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.
También manifestará que “no constituye soborno” el hecho de que el abogado Cadena se hubiera comprometido con Monsalve a coadyuvar ante la Corte para que lo protegiera de amenazas contra su vida. Eso ocurrió en abril de 2018, cuando Cadena le confirmó tal situación a Uribe.
“El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte”, señaló la defensa de Uribe.
En ese sentido, Granados explicó que Cadena “ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve” a efectos de una posible acción de revisión de su proceso “mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe”.
Frente al tema, la defensa consideró que Uribe “entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba”, no solo porque como abogado Cadena estaba facultado para hacerlo, sino porque, además, “tal circunstancia no era una contraprestación”, pues la supuesta carta en la que Monsalve declararía en favor del expresidente “ya existía”, según notificó al senador.
“Esto, en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió por parte del presidente Uribe al testigo que faltara a la verdad”, agregó Granados, pero fue más allá: tal carta “nunca llegó a manos del abogado Cadena ni del presidente Uribe, ni fue presentada ante la Corte”, y afirmó que, por consiguiente “no hubo ninguna inducción en error” a la Corte.
El caso Vélez
Y frente al representante Álvaro Hernán Prada, la defensa advirtió que su cliente “no lo buscó ni lo instrumentalizó”.
Prada fue vinculado por la Corte porque, al parecer, visitó en la cárcel a Monsalve tras recibir información de terceros de que quería retractarse de señalamientos contra Uribe, quien, precisó Granados, “se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo”.
La defensa del Expresidente también dijo que demostrará ante la Corte que la visita que le realizó en julio de 2017 el abogado Cadena al otro testigo Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, “no obedeció a ninguna instrucción por parte del presidente Uribe”, sino que formó parte de “una verificación autónoma” de Cadena frente a información que recabó.
“El presidente Uribe en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento”, afirmó Granados.
Igualmente, reiteró que la supuesta carta que entregaría ‘Víctor’ a la Corte “era exactamente la misma a la versión que había dado siete meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena”.
Tampoco, añadió Granados, Uribe autorizó el pago de dineros a Vélez o personas de su entorno por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. “Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, solo fue informada por el abogado Cadena al presidente Uribe a mediados del año 2019”, y fue entonces cuando el senador “manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”.
“Libertad a Santrich”
Otro elemento de juicio a tener en cuenta es la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte que el 29 de mayo de 2019 ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.
En esa ocasión, ‘Santrich’ estaba preso en La Picota acusado de narcotráfico por la Fiscalía, pero el Consejo de Estado le mantuvo su investidura a pesar de que no se había posesionado dentro de los términos legales “debido a razones ajenas a su voluntad”.
“El fuero no es un privilegio personal, sino que busca el amparo de la investidura”, dijo la Corte en ese momento y agregó que “sería contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido”.
Esta providencia será otra de las estrategias de la defensa del senador Uribe para revocar la medida de aseguramiento que le dictó la Sala Especial de Instrucción.
¿Qué viene ahora para el Centro Democrático?
Uno de los principales efectos de la detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez se verá en el Centro Democrático. Desde su origen, cuando en 2014 el partido se instaló en la arena política posicionando 20 senadores en su primera participación en unas elecciones, la colectividad ha tenido como figura central al expresidente. (Lea también: ¿Por qué los partidos no le caminan a la Constituyente uribista?)
La detención, por lo tanto, representa un duro remezón en el partido. Provocó, según manifestaron congresistas de la colectividad, un viraje en las prioridades de la bancada. Hasta el momento venían trabajando en impulsar propuestas más de tipo social como la reducción de la jornada laboral y en poner un impuesto al salario de los congresistas.
Ahora, de acuerdo con congresistas del partido consultados por EL TIEMPO, la narrativa ha cambiado para centrarse en tres pilares: insistir en la inocencia del expresidente, buscar una reforma de la justicia vía constituyente o referendo y promover la tesis de que es “inaceptable” que Uribe esté con detención domiciliaria, y los líderes de las Farc libres y sesionando en el Congreso.
Cada decisión de fondo del Centro Democrático seguirá siendo lo que diga Uribe
Ya empezaron a mover la agenda alrededor de ello. Hoy la discusión en el mundo político y en los medios gira alrededor de la conveniencia de una constituyente.
“Queremos proponerle al país una constituyente en la que podamos reformar toda la justicia y que estas ideas que le ha presentado este partido al país se conviertan en una realidad”, indicó la senadora Paloma Valencia. La también senadora María Fernanda Cabal aseguró que “los guerrilleros impunes están en el Congreso y Uribe preso, esta es Colombia”.
Si bien la decisión de la bancada es “seguir adelante”, en términos legislativos esta será una labor compleja, pues el exmandatario era el punto de encuentro natural de la bancada durante las sesiones, quien daba la línea de la posición por asumir.
Era, también, según miembros del partido, aquel que mediaba en los conflictos internos, como el que se presentó en noviembre del año pasado, cuando la senadora Cabal cuestionó los cambios en el gabinete ministerial del presidente Duque, lo que llevó a una disputa con senadores a favor del mandatario, como Ernesto Macías.
“La detención, si bien provoca que se pierda la voz de Uribe en el Senado, no es una mordaza que le impida seguir siendo el líder del partido, cada decisión de fondo del Centro Democrático seguirá siendo lo que diga Uribe”, dijo a EL TIEMPO el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Mora.
Uno de los temas que quedaron planteados es qué pasará con la curul del senador, a la cual llegó tras obtener la mayor votación de un congresista en la historia del país: 875.554 votos, según datos de la Registraduría.
Según el artículo 359 de la Ley 600 de 2000, Uribe quedaría suspendido de su curul: “Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”.
Sin embargo, según dijeron fuentes del Senado, en la corporación están a la espera de la providencia de la Corte, por lo que no se ha tomado decisión formal aún. Lo que está claro es que no se le podrá aplicar la ‘silla vacía’, pues los delitos que se le imputan al senador no son causales de esta figura, por lo que el Centro Democrático podría reemplazarlo ya sea porque el senador decida renunciar o en caso de que resulte condenado. (Además: ¿El Centro Democrático quedará huérfano en el Congreso sin Uribe?)
Y el otro escenario es el del regreso a su curul si la Corte decide declarar que no es culpable dentro del plazo de 120 días que tiene para fallar de fondo.
Uno de los puntos que generan mayor inquietud es cómo quedará el partido de cara a las elecciones de 2022. Según analistas, la detención de Uribe es un golpe fuerte para el Centro Democrático, pero no cambiará en mayor medida los resultados.
“El uribismo no tiene mucho de dónde crecer. Lo que hemos visto ha sido un continuo deterioro de su capital político. Es un movimiento que llegó al poder con Iván Duque, pero no con unas mayorías tan holgadas como Uribe cuando fue presidente, y muchos de sus votantes en 2018 lo eligieron debido a que la otra opción era (Gustavo) Petro”, manifestó el profesor de Ciencia Política de la Javeriana Federico Pino, quien agregó que “Uribe ya venía en un proceso de pérdida de popularidad”.
Hay que recordar, además, que el expresidente había anunciado que no iba a volver a aspirar al Senado. Lo cierto es que el Centro Democrático se enfrenta a un panorama inédito que lo pondrá a prueba en los próximos meses.
Procurador exige a funcionarios “acatar y no atacar” a la Justicia
Éste miércoles, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, emitió una comunicación en el que recordó que el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
“Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento”, subrayó. Agregó que es el “acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.
Dijo el jefe del ministerio público, que el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales “es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee”.
“La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, agregó.
Carrillo, manifestó también que actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
Explicó que en este marco, examinar a la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, “en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales”.
Puntualizó el procurador que “a la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”.
Dicho pronunciamiento lo hace Carrillo en el marco de las sentidas declaraciones y llamamientos de varios miembros del Centro Democrático, tras la medida de aseguramiento dictada por la corte suprema de justicia en contra del líder natural de ese partido, el senador Uribe Vélez.
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