Colombia: la Corte cita a declarar a Uribe por masacre de El Aro
Esta es la indagación de Corte a Álvaro Uribe por la masacre de El Aro
Por Unidad Investigativa
En una providencia de 71 páginas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Reyes –el mismo instructor del caso por soborno y fraude procesal- citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del expediente por la masacre de El Aro (1997).
Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva este sábado, la citación, programada para el próximo 15 de septiembre, hace parte de un cúmulo de prácticas testimoniales y pruebas ordenadas por Reyes, en momentos en los que la Sala de Instrucción va a entrar a definir si pueden seguir o no procesando a Uribe, luego de que este renunció a su curul en el Senado, el pasado 18 de agosto.
La defensa del exmandatario se declaró sorprendida por el hecho de que la Corte decidiera impulsar procesalmente el caso de El Aro. Y la mañana del domingo emitió un comunicado en el que manifiesta que ese proceso debe regresar de inmediato a la Fiscalía.
El expediente saltó de allí al alto tribunal, el 25 de noviembre de 2014, luego de que la administración del Eduardo Montealegre decidiera echar para atrás un auto inhibitorio a favor de Uribe Vélez.
Según su abogado, el penalista Jaime Granados, la providencia en la que se cita a Uribe a versión tiene fecha del 14 de agosto, pero tan solo les fue notificada el 19 de agosto en la noche, cuando ya era de público conocimiento la renuncia de Uribe al Senado.
Por eso insiste en que ni el caso por soborno en actuación penal y fraude procesal –por el que se le dictó medida de aseguramiento, con prisión domiciliaria-, ni el de la masacre de El Aro ni ningún otro contra Uribe es ya del resorte del alto tribunal, que los debe enviar de inmediato a la Fiscalía.
«La providencia en la que se cita a Uribe a versión tiene fecha del 14 de agosto, pero tan solo fue notificada el 19 de agosto, cuando ya era de público conocimiento su renuncia al Senado: Granados»
De hecho, el penalista señaló que causa extrañeza que la Corte Suprema indague a Uribe (por su fuero de senador) por hechos que supuestamente están relacionados con su desempeño como gobernador de Antioquia, ya que este tipo de servidores está fuera de la órbita del alto tribunal.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que la defensa de Uribe pidió, desde 2012 que la Fiscalía lo escuchara en versión. Y en 2018 le elevó la misma solicitud a la Corte que ahora decreta esa y otras pruebas, algunas pedidas por la defensa del expresidente.
En la decisión de 71 páginas -publicada por el periodista Daniel Coronell-, está la explicación del magistrado instructor de por qué viene indagando a Uribe por El Aro, y adelantando inspecciones a procesos, solicitud de testimonios, y hasta el levantamiento de planos georreferenciales y de estudios físicos y jurídicos de predios como Guacharacas y La Carolina (fincas que pertenecieron a los Uribe) y hasta del Ubérrimo, la hacienda en Córdoba en la que Uribe cumple su detención domiciliaria.
El mismo proceso se ordena para otros predios como La 53, una finca ligada con el asesinado exjefe de las Autodefensas Carlos Castaño; Mesa Verde (al parecer, también vinculada a los Uribe Vélez) y La 35.
Dentro de las pruebas también se pide averiguar por laFundación Astenfar, cuyo representante es Darío Muñoz: «Sobre la misma deberá obtenerse la información referente datos relevantes para su ubicación y citación».
De hecho, Uribe no es el único llamado a rendir versión libre: también están citados para la misma semana Juan Guillermo Monsalve (testigo en su contra en el expediente por soborno), el condenado general (r.) Rito Alejo del Río; el condenado ganadero Santiago Gallón Henao y los exparamilitares Freddy Rendón, alias ‘el Alemán’; y Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘don Berna’, quien purga una pena en Estados Unidos.
Los nombres aparecen en la providencia firmada por el magistrado Reyes.
Lesa humanidad
En el contenido de la decisión, Reyes advierte que, de acuerdo con el artículo 235 de la constitución, en concordancia con la Ley 600, “ese despacho tiene competencia en el presente asunto para su trámite y posterior adopción de la decisión que en derecho corresponda, en relación con las conductas que fuera declaradas crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles), eso es los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos”.
Y explica que, por acumulación de proceso, en este caso se refiere a la masacre de San Roque (1996); la de La Granja (1996); la de El Aro (1997) y el homicidio de Jesús María Valle, en 1998.
Sin embargo, del documento llama la atención que, sin dar mayores detalles, el magistrado instructor pide que se establezca el tiempo modo y lugar de otros hechos, como la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, ex asesor de Uribe en la Gobernación de Antioquia, que murió en un accidente aéreo. Y se pide se establezca si uno de los miembros de la seguridad de Uribe, cuando era gobernador, es pariente del mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, condenado por varios crímenes.
Luis Alfredo Ramos y otros
En la providencia, que registra más de 15 actuaciones desde que llegó a la Corte, también se pide la inspección a procesos y estados judiciales de personas del entorno íntimo de Uribe.
En el documento se menciona a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y exsenador, procesado por parapolítica. Y se pide inspeccionar el proceso que está en etapa de juicio en contra del ganadero Santiago Uribe, hermano del hoy exsenador Álvaro Uribe Vélez.
También aparece el general (r.) de la Policía Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de Uribe (como Presidente de la República) condenado por nexos con alias ‘el Papero’, tras una investigación periodística de EL TIEMPO. Junto con Buitrago, la Corte pide información sobre otros 12 miembros de la Fuerza Pública, la mayoría en retiro.
También aparecen Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas y Sergio González. Al parecer, este último es un abogado, cercano al ex senador Mario Uribe, que cobró protagonismos por el montaje contra el exmagistrado Iván Velásquez, dentro del caso ‘Tasmania’.
Además, del general (r.) Buitrago, en la lista de miembros de la Fuerza Pública mencionados en el auto del magistrado figuran Alfonso Manosalva Flores, Armando Alberto Pérez Betancourt, Jorge Humberto González Ureña, Pedro Manuel Benavides Rivera, Hernando Cano Castaño, Rito Alejo, del Río, Edilson Hoyos Herrera, Juan Carlos Meneses Quintero, Juan Carlos Rodríguez Agudelo y Alexander Amaya Vargas.
El entronque con el caso del soborno
Llama la atención que varios de los nombres que aparecen en el expediente que tiene a Uribe privado de la libertad -el de presunto soborno en actuación penal y fraude procesal- se repiten en el expediente de El Aro.
El primero es el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso de soborno, e impulsor del de El Aro, como accionante popular.
También aparecen Luis Guilermo Monsalve, el hijo del mayordomo de Guacharacas, una de las haciendas que perteneció a los Uribe; y Carlos López, alias ‘Caliche’.
«Vemos con sorpresa que, el 19 de agosto, fecha en la que ya era de público conocimiento la renuncia de Uribe al Senado, la Sala de Instrucción nos comunica un auto del 14 de agosto: Granados»
¿Qué busca la Corte?
En el auto, el magistrado Reyes deja establecido hacia dónde va la indagación:
«Las presentes diligencias se encuentran en etapa previa, de suerte que con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra del senador Álvaro Uribe Vélez han tenido ocurrencia, así como establecer quién o quiénes son los presuntos responsables, se dispone continuar con el recaudo de prueba documental y testimonial que resulta pertinente, conducente y últil para verificar los elementos fácticos denunciados».
Y a renglón seguido procede a oficiar las pruebas solicitadas tanto por la defensa de Uribe (incluida la versión libre), como las que él concidera conducentes.
Los hechos a los que se refiere son presuntos nexos con varias estructuras paramilitares, como el Bloque Metro, que ejecutaron masacres y otras acciones violentas. Testimonios allagados al expediente por el senador Iván Cepeda, señalan que algunos de esos delitos fueron cometidos, supuestamente, en apoyo o siguiendo instrucciones del investigado.
Las fotos
El magistrado también pide que se oficie a varios medios de comunicación, para que entreguen entrevistas ya publicadas con exjefes narcoparamilitares, como Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, alias ‘Ernesto Báez’ (q.p.d.) y alias ‘HH’.
En este punto llama la atención que el magistrado pide que La W radio remita las fotos y videos que, al parecer, les fueron remitidas a algunos de sus periodistas en las que aparecería Álvaro Uribe Vélez con Fedor Nader, alias Jorge Millán.
Defensa pidió la versión libre
El expediente, por reparto, estuvo inicialmente en caso del hoy procesado magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. en ese momento (2014) se declararon impedidos para saber del tema la entonces magistrada María del Rosario González y José Leonidas Bustos, este último también procesado por ‘el cartel de la toga’.
Al respecto, la defensa de Uribe es enfática en que “ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones cómo Senador de la República, las cuales empezó a desempeñar Uribe en julio de 2014, es decir casi 18 años después”.
De hecho, preparan un pronunciamiento de fondo en el que insistirá que, desde el 2 de mayo de 2012, Uribe le informó a la Fiscalía su voluntad de aclarar cualquier duda sobre su proceder como Gobernador de Antioquia. De hecho, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que se alcanzó a disponer la diligencia, pero esta nunca se cumplió.
Por eso, insistirán en que se le explique al país por qué, en 6 años que estuvo el caso en la Corte, solo hasta ahora se ordena la diligencia pedida por la defensa y reiterada en un oficio al alto tribunal, con fecha de 2018.
De hecho, allegados a Uribe les dijeron a reporteros de este diario que desde que el expediente pasó a la Sala de Instrucción (en octubre de 2018) nunca fueron informados de ningún movimiento procesal.
Granados: “Corte no tiene competencia para citar a Uribe a versión libre»
Ante el llamado a versión libre que le hizo la Corte Suprema de Justicia al exsenador Álvaro Uribe por la masacre del Aro, su abogado Jaime Granados respondió a través de un comunicado.
En 10 puntos la defensa de Álvaro Uribe insiste en que la corte llama tardíamente a versión al expresidente y exsenador, a pesar, según ellos, de que el alto tribunal ya perdió la competencia desde el 18 agosto, fecha en la que el Senado aceptó la renuncia de Uribe.
Además, Jaime Granados insiste que ya es costumbre que un trámite reservado, se haga público y que ahora se conozca que el magistrado César Reyes, dispuso escuchar el próximo 16 de Septiembre de 2020 en versión libre al expresidente Uribe.
El abogado del exsenador Álvaro Uribe, Jaime Granados, aseguró que le llama la atención que este llamado de la Corte Suprema sólo haya sido comunicado hasta la noche del 19 de agosto, a pesar de que el 18 de agosto preguntó por dicho proceso en la Secretaría sin que se reportara ninguna novedad.
Granados dice que resulta inexplicable que el 19 de agosto de 2020, fecha en que ya la Sala Especial de Instrucción sabía de su pérdida objetiva de competencia, les comunique dichas diligencias, como si se hubiesen fijado previo a la renuncia al Senado, cuando el expresidente Uribe lleva desde el año 2012 esperando ser escuchado en versión libre para aclarar, según ellos todas estas infamias relacionadas con la masacre del Aro.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/08/964bb7e3d83be2f39cac1a440bdc684c.pdf»]¿Por qué el miedo a que Corte deje ir proceso de Uribe a la Fiscalía?
Por María Isabel Rueda
Primero debo hacer una referencia obligada: en la entrevista que les concedió a usted y a Vicky Dávila, Álvaro Uribe asimiló a la Corte Suprema de Justicia y a sus magistrados a una organización secuestradora y mafiosa. Esa es una inaceptable afrenta a la justicia, a las instituciones y a la democracia.
Sobre su condición de secuestrado, le hice saber mi público desacuerdo con el uso del término, porque una detención preventiva, por más polémica que sea, no equivale a un secuestro….
Raya en delito tratar a la justicia y a los magistrados de esa forma.
¿Y sobre el ‘joven senador de Far’?
Esa pregunta la he respondido yo no sé cuántas veces, he perdido la cuenta y no voy a repetir lo que ya he dicho. Pero le planteo esto: ¿sería concebible que una entrevista con el hoy exsenador Uribe comenzara con la pregunta: ¿Es usted o ha sido paramilitar?
No es usual. En mi caso, lo he demostrado, no tengo absolutamente ningún inconveniente en responder, si es el caso, ante la justicia, porque no es cierto y en consecuencia no hay una sola prueba de que hubiera pertenecido o pertenezca a una organización ilegal.
Es que algunas de esas pruebas estaban en los computadores de ‘Raúl Reyes’, que se engavetaron porque, según la Corte, rompieron la cadena de custodia…. En numerosas oportunidades, en ellos lo llaman a usted ‘compañero’ y lo meten en planes de coordinación de marchas…
Se dice que hay tres referencias. ¿Pero, esta entrevista es sobre mi eventual pertenencia a esa organización?
No, no, pero es que usted está diciendo que contra usted no hay nada.
No hay, porque si fuera así, Uribe habría hecho una denuncia penal. En esos computadores lo que supuestamente se dice es que en mi condición de miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, organicé una movilización nacional para protestar por esos crímenes. Y a los líderes de las Farc en ese momento se les ocurrió decir, en algún cruce de mensajes entre ellos, que sería una extraordinaria idea que convocaran también y participaran. Pero lo que no se quiere recordar es que yo hice una declaración en la que quedaba claro que ni había solicitado ni quería semejantes apoyos a esa movilización.
El Comité de Solidaridad con Presos Políticos respaldó el gasto en hoteles y manutención de dos núcleos familiares de Monsalve que habrían sido amenazados. En el caso del abogado Cadena, los familiares de Carlos Enrique Vélez han declarado en la Corte y en la Fiscalía que la plata que recibieron del abogado Cadena era para gastos personales. Seguimos sin entender qué es un gasto humanitario y qué es una compra de testigos…
Sobre esa diferencia ya hay una decisión de la Corte. Además hay una imputación de cargos al señor Cadena, quien también está privado de la libertad. En el auto de la Corte quedó demostrado que sí hubo un aporte para apoyar a unas personas que habían en su momento manifestado temor por su vida ante una organización de derechos humanos. Lo cual es perfectamente legal. ¿De dónde provinieron los recursos para suministrarles unos pasajes y un alojamiento? De un fondo que pertenecía a Amnistía Internacional, que es una organización suficientemente reconocida.
No. Y aquí quiero refutar una de las tantas mentiras que dijo Uribe en esa larga entrevista que les concedió a ustedes. No es cierto que yo haya aportado un solo peso al Comité de Solidaridad. Lo que es cierto es que al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, como lo señalé en mi cuenta de Twitter, he donado más de 350 millones de pesos, que provienen de mi salario. El Comité de Solidaridad recibe esos fondos para hacer la contabilidad de mis aportes al Movimiento de Víctimas. Los recursos para las personas que el Comité de Solidaridad estaba ayudando a proteger en esa época, provenían de un fondo de Amnistía Internacional.
Tenía entendido que sus aportes no pasaban de 40 millones. ¿Usted gestionó esas ayudas?
Repito, el fondo es de una organización internacional. Lo que hice fue poner en contacto al Comité de Solidaridad y presentarles a la familia Monsalve, y ellos explicaron su situación. Una de las personas que estuvo en ese programa y que recibió esa ayuda del Comité de Solidaridad fue el señor Óscar Monsalve.
¿El antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas y padre del señor Juan Guillermo Monsalve?
Sí. Él testificó en mi contra en el proceso que se llevaba en ese momento por la denuncia penal formulada por Uribe. La Corte Suprema, en su investigación, interceptó las comunicaciones del señor Óscar Monsalve. Detectó que recibía frecuentes llamadas de un íntimo amigo y socio del exsenador Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas Uribe, quien sí ofrecía dineros, asociando esos ofrecimientos al testimonio que el mayordomo de la hacienda entregaría a la Corte. El día en que Monsalve tenía que ir a testificar a la Corte, Villegas Uribe le hizo veinte llamadas a su celular. Y después, misteriosamente, el CTI informó que precisamente esas llamadas no pudieron ser grabadas, por algún tipo de “problema técnico”.
¿En calidad de qué le daban las ayudas a Monsalve del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, si él no es un preso político? Fue rechazado hasta en la JEP…
A Juan Guillermo Monsalve el Comité de Solidaridad no le entregó ninguna ayuda. A su familia contribuyó a protegerla, pues es una organización que no se dedica exclusivamente a atender la situación de presos políticos.
Fueron nueve veces. El señor Juan Guillermo Monsalve denunció en múltiples oportunidades amenazas, y dos atentados contra su vida. En septiembre de 2011 recibí una carta suya en la que decía que quería dar una declaración sobre los Uribe. Tomé la declaración y se la entregué a la fiscal Vivian Morales. Meses antes, ante un fiscal de Justicia y Paz, Monsalve declaró haber participado de la creación del llamado ‘Bloque Metro’ y que quienes daban órdenes en ese grupo eran los señores Santiago y Álvaro Uribe. No es cierto que a raíz de mi visita a esa cárcel el señor Monsalve declarara, ya lo había hecho con anterioridad.
Eso es cierto. Su participación empieza después, protegiéndole a la familia.
Reitero, la protección provino del Comité de Solidaridad, no de mi parte. Ahora, el otro caso es el de Pablo Hernán Sierra. Había sido el primero en testificar ante la Fiscalía, y ni a él ni a Monsalve se les admitió en Justicia y Paz porque –esto también llama la atención– nunca se quiso reconocer que existiera ese grupo paramilitar de la hacienda Guacharacas. Como no se investigaron sus declaraciones, recurrieron a mí.
Usted admite que fue nueve veces a visitar a la cárcel a Monsalve y se intercambiaron varios chats, ¿no es verdad?
Monsalve de vez en cuando me hacía llegar comunicaciones sobre su situación.
¿Por qué el magistrado Reyes no quiso que usted mostrara esos chats, alegando que podría autoincriminarse?
Eso no es cierto. Los chats fueron entregados a la Corte. Comencé a recibir mensajes de Monsalve diciéndome que lo estaban buscando tanto un señor que se hace llamar ‘Caliche’, como también un emisario del senador Uribe, el señor Diego Cadena. Con esos elementos que entregué a la Corte, se inició la investigación.
La defensa conoce esos elementos probatorios.
¿A usted le parece que, renunciado Uribe al Senado, su juez natural deba dejar de ser la Corte y el proceso pase a la Fiscalía?
No, él debe seguir siendo investigado y eventualmente juzgado por la Corte.
¿Por qué?
El fuero que él tiene es institucional. La jurisprudencia de la Corte indica que en casos como este, ella investiga a personas que hayan cometido delitos en su condición de congresistas, pero también, y esto es lo importante, que hayan utilizado su condición de congresistas para cometer delitos. Y esta tesis es la que nosotros sostenemos. El senador Uribe utilizó su investidura para eventualmente cometer delitos, como fraude procesal y soborno. Este asunto se originó en debates de control político que hice en la Cámara de Representantes en 2012 y en el Senado de la República en 2014, en los que señalé los vínculos de Uribe y grupos paramilitares y del narcotráfico.
En su condición de senador, él respondió y también lanzó unas acusaciones en mi contra en el recinto, y posteriormente se dirigió a la Corte Suprema de Justicia a denunciarme. Fue la primera vez que lo vi salir afanoso del Congreso. Ahora lo veo por segunda vez huyendo. Pero, además, él ha utilizado para buscar falsos testimonios que ha presentado, personas que pertenecen a su unidad de trabajo legislativo, y al congresista Álvaro Hernán Prada, lo que no es un hecho menor.
Por supuesto que no, pero él ha empleado su condición de senador para que esas personas actúen en lo que pueden ser delitos. Y, en tercer lugar, en múltiples oportunidades el senador Uribe utilizó el recinto parlamentario para debatir, en sesiones plenarias, asuntos que tienen que ver con este caso, al punto de que tuve que intervenir para llamarle la atención y decirle que no usara su fuero como congresista para discutir asuntos que deben definirse en el escenario judicial.
¿No es un poco sospechosa la insistencia de que si no es la Corte no puede haber justicia ‘justa’ para Álvaro Uribe?
Lo que no me parece lícito es que se reemplacen los argumentos del derecho con un sainete en el cual Uribe primero se presenta como víctima, y luego como un furibundo agresor de la Corte Suprema. El exsenador Uribe ha contado con todas las garantías, durante largos años…
Él dice que no…..
Eso es lo que él dice, pero yo también tengo mi posición sobre eso.
Pero es que usted no es el reo…
No, pero yo soy la víctima y también tengo derecho a fijar posición. Mientras él ha presentado numerosas personas que están diciendo mentiras y que se supone que pueden haber recibido beneficios a cambio de esas declaraciones, yo no he presentado ni un solo testigo ante los magistrados.
No es miedo, no. Cuando Uribe me instauró la denuncia, yo no salí a organizar una especia de asonada para acabar con la Corte Suprema de Justicia ni a proponer una Constituyente, o para decir que en vez de la Corte había que crear un “tribunal de honor”. Nada de eso. Acepté mi juez natural, apelé a argumentos y presenté pruebas.
Oí a su abogado por La W, que en tono muy pausado explicó que ustedes no quieren que el caso Uribe llegue a la Fiscalía, porque el Fiscal es muy amigo del Presidente. Uribe dice que no le gusta la Corte porque siente que hay magistrados que son sus enemigos políticos. ¿Por qué hay que creer lo primero y no lo segundo?
Lo que Uribe ha dicho es que la Corte es una organización secuestradora y mafiosa. Llegado el momento veremos cuál es el escenario, una vez que la Corte tome sus decisiones.
A Uribe lo grabaron 32 días ilegalmente. ¿Usted acepta que eso sucedió?
Esas grabaciones han sido declaradas por la Corte legales.
¿Cómo van a ser legales cuando se ordenó grabar a una persona y terminó siendo otra, Uribe?
Son legales, y revelaron hallazgos relevantes para la Corte.
¿Acepta que Uribe pida que se conozca públicamente todo su expediente y se hagan públicas las pruebas?
Uribe sabe que eso la ley lo impide. Intenta dar la imagen de ser trasparente, pero, por el contrario, lo que quiere es ocultar lo que ha ocurrido. La pregunta es por qué si quiere que todo se conozca busca invalidar a toda costa como prueba sus conversaciones por celular.
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