Chile: reprimen nueva marcha mapuche y la oposición pide a la ONU observadores internacionales
Reprimen en Chile manifestación contra ataques racistas al pueblo mapuche
El Gobierno de Chile ordenó este martes la represión de la marcha convocada por comunidades mapuche en Temuco, específicamente en la plaza del Hospital de la ciudad. Unas 500 personas se habían congregado en el lugar para protestar contra el racismo en la región producto de los últimos hechos en las tomas de municipios dónde civiles amparados por la policía golpearon a comunidades que exigen la liberación de los presos políticos en el marco de la huelga de hambre.
En un acto de verdadero cinismo, el ministro del Interior Victor Pérez se había declarado «antiracista», en la mañana de este mismo martes, a horas de la represión y luego de haber apoyado los ataques contra el pueblo mapuche los días anteriores.
Niegan el derecho a movilización en Temuco
Ana Llao, werken de la organización Ad Mapu fue detenida en la manifestación que ni siquiera pudo desarrollarse producto de la represión del gobierno que niega el derecho democrático a manifestarse en la capital de La Araucanía.
AHORA: Represión en movilización contra el racismo en Temuco. Una vez más carabineros amparados por el #GobiernoCriminal…
Publicado por La Izquierda Diario Chile en Martes, 4 de agosto de 2020
Diputados de oposición piden a Bachelet enviar observadores internacionales de DDHH a La Araucanía
En una misiva, diputadas y diputados de Partido Por la Democracia (PPD) solicitaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enviar observadores a la zona de conflicto en la región de La Araucanía y llamar a la constitución de una mesa de diálogo.
En ese sentido, Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, señaló que “el Gobierno no está garantizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos en la Araucanía, más bien está permitiendo la autotutela y el enfrentamiento entre chilenos. Ante eso solo queda solicitar ayuda internacional, y que sea la alta comisionada quien envíe veedores a la zona, y promueva el diálogo necesario para una salida política”.
En tanto, la diputada y representante de la provincia de Malleco, Andrea Parra, sostuvo que “este clima de inseguridad en La Araucanía no puede seguir. Si el Gobierno no quiere asumir el rol al que está obligado por mandato constitucional, resguardando el orden y garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, nos vemos obligados a recurrir a instancias superiores. Acudiremos a la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, como una forma de presionar a un gobierno que se rehúsa a cumplir sus funciones”.
Por su parte, el diputado y ex intendente de La Araucanía, Ricardo Celis, indicó que “la paz y la convivencia en la región vive un momento de gran fragilidad. La inacción y la falta de respuesta del Estado al mayor problema político que tiene con los pueblos originarios, hoy pasan la cuenta”.
“Espero que la presencia de observadores internacionales abra caminos de diálogo y soluciones. Las propuestas y recomendaciones que están contenidas en documentos de Estado como Verdad Histórica y Nuevo Trato, y las comisiones presidenciales del primer gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet deben llevarse adelante con urgencia”, sostuvo.
El diputado y miembro de la Comisión de DD.HH, Tucapel Jiménez, manifestó que “la situación que hoy se está presentando en la región de La Araucanía, podría desembocar en el escalamiento de los conflictos y en un recrudecimiento de la violencia y de las manifestaciones. Esperamos que se haga efectiva la presencia de observadores internacionales que ayuden a la instalación de una mesa de diálogo y a la paz social”.
Por último, la diputada Cristina Girardi, señaló que “la función de la Conadi claramente no se está cumpliendo. Las protestas, muchas veces con violencia, son la acumulación del dolor por el abandono, el no reconocimiento respecto a las comunidades y la etnia mapuche. Lamento lo que ha ocurrido en la región de La Araucanía, lamento el enfrentamiento entre civiles, la acción y la inacción de Carabineros, porque cuando se trata de matar si están, pero cuando se trata de defender a las comunidades indígenas, no están”.
“No podemos confiar en este gobierno ni el Estado de Chile en lo que tiene que ver con el problema étnico que estamos viviendo en La Araucanía. Esto tiene que ser visto por otros, no somos confiables como país, como Estado y menos este gobierno”, concluyó Girardi.
La postura de Naciones Unidas
En tanto, desde el Alto Comisionado Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), su representante regional, Jan Jarab, señaló este martes que “el diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía”.
En esa línea, el representante enumeró una serie de preocupaciones de su oficina sobre la situación en Chile, incluyendo enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y Carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza.
Asimismo, Jarab se mostró alarmado frente a recientes expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra mapuches.
“Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad,” destacó el representante.
Agregó que “para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”.
Jarab señaló, además, que le preocupa a su oficina la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.
En esa línea, saludó la reciente aprobación, por parte de Gendarmería de Chile, de disposiciones referidas a pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario.
Dicho ajuste normativo —que recoge estándares internacionales relevantes en materia de interculturalidad— surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“A pesar de la tensión estamos convencidos de que es posible encontrar acuerdos, de la mano del cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT. Nuestra Oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, concluyó.
Llevan 93 días: Uno de los presos mapuche en huelga de hambre debió ser trasladado al Hospital de Angol tras descompensación
Este martes, uno de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol debió ser trasladado, por segunda vez en pocos días, hasta el Servicio de Urgencias del Hospital de la misma comuna.
Se trata de Patricio Queipul Millanao, quien junto a otros 8 privados de libertad (entre ellos el machi Celestino Córdova), lleva 93 días en huelga de hambre.
Por esto, y ante una descompensación asociada a su delicado estado de salud, Queipul fue trasladado durante la madrugada al Servicio de Urgencias del Hospital de Angol. Luego, a eso de las 10:00 horas, el huelguista fue trasladado de vuelta al penal.
Según informó Radio Bío Bío, el vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán, sostuvo una reunión con el director del hospital, donde se acordó que en caso de que alguno de los comuneros necesite ser hospitalizado, esto se realice en el Hospital de Angol, y no en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial (donde se encuentra Celestino Córdova hace un par de semanas).
En esa linea, Curipán señaló que cada uno de los comuneros en huelga hace 93 días han perdido cerca de 25 kilos de peso, por lo que su estado de salud es muy complicado.
Cabe recordar, que además de estos 9 presos en la Cárcel de Angol que iniciaron su huelga hace 93 días, existen otros 11 presos de la Cárcel de Lebu que iniciaron la huelga hace 29 días, y un tercer grupo, compuesto por 7 presos de la cárcel de Temuco que se sumaron a la medida hace 16 días. Todos, en búsqueda de que el Estado aplique el Convenio 169 de la OIT, y el sistema penal chileno prefiera medidas distintas a la reclusión carcelaria para sus condenas.
Vocero de mapuches en huelga de hambre y reunión con subsecretario: Estamos lejos de una solución
El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, sostuvo una reunión con representantes de comunidades indígenas y voceros de los presos de origen mapuche que están en huelga de hambre desde hace 93 días.
El dirigente mapuche, Rodrigo Curipan, indicó que este era el primer acercamiento, pero que esperaban sostener una reunión con el ministro de la cartera, Hernán Larraín, para buscar una solución al problema.
“Nos vamos con la sensación solamente de haber tenido un primer acercamiento. Estamos todavía a nuestro juicio muy lejos de encontrar una solución a la huelga de hambre”, sostuvo Curipán a Radio Bío Bío.
La reunión se desarrolló la tarde de este martes en las oficinas de la Gobernación Provincial de Malleco, siendo el primer encuentro entre el Gobierno y representantes de los mapuches en huelga de hambre.
Las comunidades mapuche han indicado que la huelga de hambre de los detenidos es para la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y su artículo 10, que recomienda “tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Navarro presenta denuncia criminal por ataque a comuneros mapuche: “Aquí salieron en toque de queda, con violencia y Carabineros no hizo nada”
El parlamentario solicitó que la PDI investigue lo sucedido, y que tanto el Intendente, como el Jefe de la Defensa Nacional, los alcaldes y Carabineros de la Araucanía, informen sobre lo sucedido y por qué no se cumplieron los protocolos.
“Emitir Orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile para que indague los hechos de la presente causa, es la primera medida que le hemos pedido a la Fiscalía Regional de la Araucanía, en la denuncia criminal contra quienes resulten responsables que interpusimos por lo ocurrido el sábado pasado en los municipios de Victoria, Curacautín, Ercilla y Traiguén”, anunció Alejandro Navarro.
De acuerdo al senador, “la violencia racista que el pasado fin de semana se vivió en el sur de nuestro país, no solo no debe ser tolerada, sino que investigada y sancionada, pues no puede ocurrir que en pleno toque de queda, ciudadanos sin salvoconducto se organicen para ir a atacar a otros, y que en presencia de Carabineros, estos no hagan nada al respecto”.
“Eso es impunidad”, continuó, “en favor de todos quienes fueron a atacar a los comuneros y en desmedro del pueblo mapuche, lo que se ha confirmado con videos y audios que confirman la organización previa y el conocimiento por parte de Carabineros de lo que iba a ocurrir”.
Para Navarro, “aquí se cometieron diversos delitos, partiendo por la la asociación ilícita, a fin de ejecutar delitos de lesiones, desórdenes públicos y delitos en contra de la salud pública, así como los delitos de retardo de protección a particulares; contra la salud pública; y de amenaza, todos los cuales están sancionados por diversos artículos del Código Penal, esto es, 292, 269, 318, 397, 256 y 475, entre otros”.
“Por ello es que hemos pedido formalizar y condenar a todos quienes resultaren responsables por el máximo de las penas contempladas en el marco de estos hechos, así como oficiar al Intendente de la Araucanía para que ejerza las acciones penales que sean requeridas y se oficie a las municipalidades de Curacautín, Traiguén, Victoria y Ercilla por estos hechos”, adicionó el fundador del Foladh.
Navarro finalizó señalando que, “hemos solicitado que también se oficie al jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía para que informe los hechos de vulneración del toque de queda y el incumplimiento de medidas sanitarias y a Carabineros de Chile, para que señalen las razones que motivaron la detención de los comuneros desalojados, pero no de lo manifestantes que vulneraron el toque de queda, ejerciendo violencia en las cosas y en las personas, con ellos mirando, y si es que la hay, la instrucción de no actuar ante la fragancia de los hechos constitutivos de delito que en esta denuncia se indican”.
