Chile: la Corte Suprema rechaza prisión domiciliaria al Machi Celestino Córdova
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo interpuesto en favor del machi Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, con el que se buscaba que cumpla parte de su condena en arresto domiciliario total.
AHORA: Corte Suprema rechaza recurso de amparo de Celestino Córdova y determina que "no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad". pic.twitter.com/LS0uNVMXko
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 13, 2020
La Defensoría Penal Pública de La Araucanía había presentado la acción judicial para que Celestino -quien lleva más de 100 días en huelga de hambre- se traslade a su rewe en el contexto de la pandemia por su grado de machi.
En el fallo, donde el ministro Jorge Dahm fue el único que estuvo por acoger la petición, se sostiene que la privación de libertad del machi «no reviste caracteres de ilegalidad, ni tampoco se ha afectado su seguridad individual por actos que emanen de la autoridad penitenciaria».
Si bien se solicitaba la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el máximo tribunal expuso que éste «no impide» interpretar los preceptos ni compatibilizarlos con las disposiciones de derecho nacional.
«(Celestino Córdova) cumple su privación de libertad en un lugar cercano al de su residencia, por lo que se ha tenido en consideración el respeto por sus derechos fundamentales en relación con la conexión especial que tienen los indígenas con sus comunidades y territorios», señala el fallo.
Respecto al voto del ministro Dahm, él estuvo a favor de acoger el recurso sólo para permitirle al machi visitar su rewe por 48 horas «a fin de que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad».
Más de cien organizaciones envían carta para pedir ante la ONU la liberación de los presos políticos mapuche
Por Elena Rusca
Más de 100 asociaciones firmaron una carta, enviada a relatores especiales en la ONU, para pedir apoyo internacional frente a la situación cada día más crítica de los presos políticos mapuche.
El Machi Celestino se despidió ayer de su pueblo. Su estado de salud, irreversible, lo está llevando siempre más cerca de la muerte. Una muerte causada por una larga huelga de hambre. Una muerte causada por un gobierno torpe que ha negado al Machi Celestino y sigue negando a los otros presos mapuche el respeto de sus derechos, como definido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ratificó ya hace rato.
Las asociaciones que firmaron la carta piden ahora apoyo y presión internacional para cesar esta locura que impide el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Dirigida a tres relatores especiales, José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, la carta pide el apoyo del sistema onusiano para que se respeten los derechos de los presos políticos mapuche.
Enseguida la carta:
“De nuestra mayor consideración:
Las personas y organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, abajo firmantes, nos dirigimos a usted para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, que incluye discriminación racial, en contra de miembros de comunidades y organizaciones del pueblo mapuche.
La represión hacia las comunidades mapuche, se agudiza en el contexto de la huelga de hambre iniciada, el pasado 4 de mayo, por el Machi Celestino Córdova, recluido en la cárcel de Temuco. Su acción se realiza para exigir que el cumplimiento de su condena se realice conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, instrumento ratificado por el Estado de Chile. Sin embargo, las demandas de los huelguistas no sólo implican la situación de los prisioneros mapuche, sino que también piden la liberación de los prisioneros políticos de la revuelta de octubre, muchos de los cuales son menores de edad.
El Convenio 169, en la Parte I. Política General, artículo 10, contiene una norma específicamente aplicable a la situación de los pueblos indígenas y etnias, en cuyos casos sostiene que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (a los miembros de pueblos originarios)». El mismo instrumento internacional establece las obligaciones para los Estados. Los artículos 2 y 6 del Convenio establecen obligaciones a los Gobiernos en su aplicación, las que a la fecha se encuentran incumplidas respecto de las personas recluidas de origen mapuche, sin siquiera considerar para ellos la emergencia que se agrega con la pandemia COVID 19.
El 9 de junio, la doctora Leonor Olate, luego de haber solicitado a Gendarmería de Chile el ingreso a la Cárcel de Temuco para prestar atención de salud al Machi, fue interceptada por tres individuos quienes la amenazaron, agredieron y abusaron sexualmente de ella, señalándole que “debe dejar de apoyar a la comunidad mapuche”[1].
De la misma forma, tanto en la cárcel de Temuco como en los recintos penitenciarios de Angol y Lebu, 27 personas privadas de libertad, pertenecientes al pueblo mapuche, iniciaron huelgas de hambre simultáneas y en solidaridad con Celestino Córdova. Desde la noche del 15 de julio, tras 73 días en huelga de hambre, el Machi Celestino Córdova fue ingresado al Hospital de Nueva Imperial y su estado de salud es considerado «grave”. Desde el día 27 de julio y como forma de visibilizar las peticiones de sus familiares presos, personas del pueblo mapuche realizaron ocupaciones pacíficas en las instalaciones de los Municipios de Curacautín, Traiguén, Victoria y Ercilla (todos ubicados en la IX Región de la Araucanía), emplazando al gobierno a dar una respuesta a la huelga de hambre que en ese punto llevaba más de 90 días.
El día viernes 31 de julio, el nuevo Ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Víctor Pérez, pidió a los alcaldes de los municipios ocupados, solicitar el desalojo de estas instalaciones. A su vez, declaró en una conferencia de prensa que “en Chile, no hay presos políticos”, negando toda posibilidad de diálogo con los presos mapuche, y agregando que “el hecho de que se tome una municipalidad, el hecho de que se impida el trabajo de un municipio, lo que hace en definitiva es afectar profundamente a todos los habitantes de esa comuna porque la municipalidad es el primer eslabón del ciudadano con el Estado».
El día sábado 1 de agosto, en contexto de pandemia, existiendo cuarentena en la zona e imposibilidad de realizar manifestaciones públicas sin producir un riesgo para terceros, el grupo denominado APRA[2] convocó a una manifestación a las 12.00 horas, en la Plaza del Municipio de Victoria con el objetivo de desalojar el recinto usando palos o cualquier elemento necesario para defenderse y atacar a los mapuche.
Luego, dicho grupo y en pleno toque de queda cuyo inicio es a las 22:00 horas, se trasladó al frontis de la Ilustre Municipalidad de Curacautín con el fin de atacar a los manifestantes mapuche que ocupaban la sede edilicia. Este ataque con golpes, piedras y objetos contundentes fue en presencia de policías que no actuaron en defensa de los comuneros, dejando que este grupo de civiles en un acto de supremacía racista, “se tomara la justicia por sus manos” de acuerdo a su particular forma de entender la justicia, al tiempo que gritaban consignas racistas y anti mapuche.
El 6 de agosto la policía desalojó violentamente el Municipio de Tirúa deteniendo y golpeando a sus ocupantes, entre ellos, la Machi Miriam Mariñan[3] y un sacerdote jesuita; todo ello, pese a la oposición del Alcalde[4] a esta medida de fuerza.
El 7 de agosto, el Ministro de Justicia sostuvo reunión remota con la vocera del Machi Celestino Córdova con el fin de destrabar la huelga de hambre, la que terminó sin resultado alguno y donde el gobierno mantiene su posición de no observancia a los compromisos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. La salud del Machi Córdova que lleva alrededor de 100 días de huelga de hambre se agrava y deteriora día a día; el mismo Ministro Larraín había señalado de antemano que no cambiaría condenas, cosa que por lo demás no están pidiendo[5]. A este nulo diálogo, sumamos nuestra preocupación ante la eventualidad de que el gobierno dé instrucciones para la alimentación forzada de los 27 huelguistas de hambre, dado que con ello se cometería un acto de tortura, vulnerando nuevamente sus derechos humanos[6].
Con fecha 7 de agosto la organización Multigremial Nacional[7] que agrupa a 165 gremios, en una declaración pública amenaza con “tomar acciones de otro tipo” y/o dejar en libertad de acción a sus miembros “si el Estado no resuelve el problema de La Araucanía”.
En la madrugada del 8 de agosto, Iris Rosales Quiñilen, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de 17 años, familiares de activista que había denunciado las empresas forestales y la militarización de su comunidad, fueron encontradas colgadas dentro de su casa en la comunidad mapuche Juan Piñoleo, en la comuna de Ercilla.
Durante el 8 de agosto 2020, civiles premunidos de palos, piedras y armas atacaron la comunidad Juan Paillalef del Lof Kurako, cuya Lonko Juana Calfunao, que en los inicios de los años 2000 fue duramente perseguida, fue varias veces golpeada por la policía y encarcelada en el año 2009. La Lonko Calfunao, su familia y comunidad contaban desde 26 de octubre de 2015 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a esta persecución y hostigamiento de la que es objeto por parte del Estado, las que fueron levantadas el 11 de febrero de 2019. Por lo que actualmente se encuentra desprotegida de esta medida especial, siendo urgente su protección.
Desde muy temprano de este 8 de agosto, un número indeterminado de comunidades realizan un Meli Füta Trawün[8] (encuentro) de dos días con el fin de realizar una rogativa, analizar la situación de desalojo producida el 1° de agosto y tomar decisiones sobre el destino y futuro de los mapuche; que según informan, finalizarán el domingo 9 de agosto con una movilización frente al municipio de Curacautín, lugar donde darán a conocer sus decisiones.
No está de más recordar que las zonas del Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos están categorizadas como zonas de conflicto mapuche, por lo que las distintas administraciones mantienen altos grados de militarización en dichas zonas, lo que ha aumentado en el último tiempo.
En función de todas estas consideraciones, es que solicitamos su presencia in loco, en su calidad de relatores especiales en las materias del sistema de derechos humanos vinculados a las graves contravenciones que aquí hemos consignado. En específico, les solicitamos la realización de una visita urgente, con el objeto de constatar la gravedad de la situación que se vive en La Araucanía y aportar al desescalamiento de esta tensión, logrando que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y resguardo de los derechos a los pueblos originarios y tribales.”
Emilia Nuyado al ministro del Interior: “Usted va a tener la responsabilidad si el machi Celestino fallece, y también el Presidente”
Este miércoles, y en el marco del día 101 de huelga de hambre del machi Celestino Córdova y los prisioneros políticos mapuche que reclaman sus derechos, la Corte Suprema había quedado de dar a conocer el fallo por el recurso de amparo interpuesto en favor de la autoridad ancestral, para que pueda cumplir parte de su condena en arresto domiciliario dentro de su comunidad. Sin embargo, esta decisión se aplazó finalmente para este jueves, como informó Bío Bío Chile.
Respecto a este tema, durante la jornada el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que desde el Ejecutivo han hecho “todos los acercamientos posibles en el marco de una huelga de hambre para poder conversar”.
El secretario de Estado añadió que harán “todos los esfuerzos para que Celestino Córdova sea atendido en los momentos difíciles que genera una huelga de hambre, pero no hay duda que el respeto a la ley, el respeto a las decisiones de los tribunales -a nuestro juicio- es fundamental”.
En este contexto, y en el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas a la que asistió el titular de Interior, la parlamentariaEmilia Nuyado (PS) lo interpeló por sus declaraciones, asegurando que si el machi fallecía la responsabilidad por su muerte recaería en las autoridades de gobierno.
“Hay que acercar el diálogo, señor ministro del Interior, usted tiene una responsabilidad de hacerlo, usted lo puede hacer si es que quiere; pero si usted hoy no quiere dialogar con las comunidades indígenas, lamentablemente usted va a tener la responsabilidad si el machi Celestino fallece, y también el Presidente de la República, que hoy le ha negado los derechos a los pueblos indígenas y no ha querido abrir el diálogo”, expuso.
Mientras, en la Región de La Araucanía tuvieron lugar una serie de ceremonias en apoyo al machi, a la espera de conocer el fallo del máximo tribunal del país.
Jaime Mendoza Collio: 11 años del asesinato del joven mapuche por Carabineros
Fue el 12 de agosto de 2009 cuando la comunidad Requem Pillán ingresó al fundo San Sebastián en un proceso de reivindicación y recuperación territorial. El terreno, ubicado en La Araucanía, era administrado por Sergio Gonzalez Jarpa, quien solicitó la intervención estatal en la situación.
En este contexto, Fuerzas Especiales de Carabineros ejecutó un desalojo haciendo uso de bombas lacrimógenas y disparo de perdigones hacia la comunidad.
Múltiples fueron las detenciones en el lugar, mientras se desarrolló una persecusión al interior del terreno.
Fue en este punto que el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), hizo uso de su arma y disparó por la espalda a Jaime Mendoza Collio, de 24 años, un homicidio por agentes del Estado.
Al igual que en casos anteriores, Carabineros utilizó el fundamento de «legítima defensa» para justificar el uso de armamento letal.
Sin embargo, los análisis forenses dieron cuenta de que Mendoza Collio no utilizó un arma de fuego, y verificó que el disparo ejecutado por la policía fue por la espalda. Es decir, no existía caso de legítima defensa.
Tras un extenso proceso judicial, en 2013 la Corte Suprema dio sentencia a Jara de tres años de libertad vigilada. Esto, tras absolución que la justicia militar había realizado sobre los cargos al funcionario policial.
A 11 años de su asesinato, aún persiste en la memoria – y la historia reciente – el hecho de impunidad hacia la institución policial, el cual sucedió durante el primer gobierno liderado por Michelle Bachelet.
En un contexto donde se cumplen 101 días de huelga de hambre de Presos Políticos Mapuche, y donde la violencia racial contra las comunidades se encuentra latente, el ejercicio de memoria histórica es fundamental para comprender que casos de esta índole, lejos de ser aislados, han sido sistemáticos durante la postdictadura.
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