Bolivia: Amnistía Internacional concluye que hubo violación de DDHH en el golpe de Estado
Amnistía Internacional concluye que en Bolivia hubo violación de DDHH en noviembre de 2019
La organización Amnistía Internacional emitió este viernes un informe respecto a los conflictos post electorales sucedidos en Bolivia a finales del 2019 y, entre otras cosas, considera que hubo violaciones a los derechos humanos durante los sucesos y observa que esos hechos continúan en la impunidad.
El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional resalta su observación a que los hechos del 2019 sigan impunes y advierte que “Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.
El informe de Amnistóia Internacional fue destacado por el Gobierno transitorio, que calificó al documento como “uno de los pocos informes responsables que hasta ahora realizaron organismos de defensa de los derechos humanos».
En ese sentido, el viceministro de Justicia, Huberth Vargas, resaltó que el informe «no solamente hace referencia a esa violación de derechos humanos, sino también en este informe se señala que existieron graves ataques contra exdefensores del Pueblo, como el señor Waldo Albarracín, que fue herido con un objeto contundente y cuya casa (luego) fue incendiada por una turba de alrededor de 400 personas».
Remarcó que en el documento también se refiere a la violación de la libre expresión de algunos periodistas, como Casimira Lema, cuyo domicilio igual fue incendiado, además del analista Edgar Villegas y la periodista Jimena Galarza, que del mismo modo recibieron amenazas de grupos violentos.
Por otra parte, según el Ministerio de Justicia, el informe internacional solicita que se realicen las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, advirtiendo que hubo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza.
También pide que se indague presuntas vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto de la pandemia del coronavirus y, finalmente, realiza una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos que están dirigidas a los candidatos presidenciales de las próximas elecciones.
Finalmente, Amnistía Internacional señaló que le preocupa los accionares tanto del anterior Gobierno del MAS como de la actual Gobierno transitorio.
Recordó que, en momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban.
Asimismo, observó que “el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’”.
“Tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”, alertó.
Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia
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Corte Penal de La Haya instruye análisis jurídico de la demanda contra Evo y sus exministros por lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya instruyó el análisis jurídico de la denuncia que 10 bolivianos presentaron ante esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en contra del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, los exministros: Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Wilma Alanoca, Carlos Romero, Javier Zavaleta, además del exasambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico, por crímenes contra la humanidad cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del 2019.
Desde Paris, Francia, el abogado Alfonso Dorado concedió una entrevista al portal informativo Urgente.bo e indicó que el 25 de febrero del 2020, la CPI le envió una misiva en la que indica que se realizará el examen jurídico de ese caso y otros hechos que se cometieron en el pasado y en distintas etapas del gobierno de Morales entre el 9 de julio del 2006 y 20 de noviembre del 2020. Tales como el hotel las Américas, la muerte del universitario Christian Urresti, así como los casos Caranavi, Chaparina, la quema de la Alcaldía de El Alto, Senkata y otros.
El jurista señaló que la ampliación de la denuncia está dirigida a “X” autores, porque en los 14 años de gobierno del exmandatario fueron muchos los actores. El 6 de diciembre del 2019, Dorado explicó que Evo y sus colaboradores vulneraron los derechos fundamentales de los bolivianos, por lo que se los acusó de armar asesinatos colectivos con franco-tiradores, emboscadas y toma de rehenes.
La entrevista:
¿Cuál es el avance de la demanda presentada por los 10 bolivianos ante la CPI?
Le informo que el 25 de febrero del 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) me informó y confirmó el examen jurídico. Es decir; que pasó a una etapa intermediaria la denuncia que fue planteada en noviembre de 2019, pasó a una etapa de examen jurídico. El elemento interesante, según informa la fiscal de la Corte Penal internacional, es que además; no solo se examina la denuncia, sino también que hay otras denuncias en paralelo. Son antiguas denuncias que he podido averiguar más adelante, que están siendo tomadas en cuenta también por la Corte Penal Internacional con respecto la situación de Bolivia.
La segunda, es que está en curso una ampliación de esta denuncia, no solo los hechos del 2019, que constituyen los crímenes de lesa humanidad, sino los acaecidos durante el periodo de los 14 años del señor Evo Morales. Esta ampliación tiene que ver, ya no con los ataques generalizados, de lo que ocurrió en 2019, sino ataques sistemáticos por razone políticas e ideológicas que han sucedido en los largo de los diferentes periodos del mandato del señor Evo Morales. Tenemos en esto caso, el caso del hotel las Américas y otros.
¿Es decir entonces que la denuncia fue admitida?
No existe la denuncia de admisibilidad, lo que hay es la recepción de la denuncia y va por etapas. Una de las etapas que se franqueó por suerte, es una buena noticia; es que hay un estudio jurídico que ha sido instruido por la Fiscal el 25 de febrero. Entonces, hay un examen jurídico que ha sido admitido, porque consideran que hay elementos y que lo ameritan, los elementos jurídicos y actuales, los elementos de prueba han sido trasmitidos a la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirma que ha dado instrucciones para el estudio jurídico del caso, porque consideran que hay elementos y hay una suficiente base probatoria.
Si todo va bien, en la siguiente etapa, va abrirse la investigación preliminar. La investigación preliminar es la que se hace en La Haya. En esa etapa, se considera que es lo que ha hecho la Fiscalía de Bolivia y el conjunto del sistema judicial para responder frente a estos crimines frente a que se investigó o no, en esa etapa se evalúa. Porque lo que se toma en cuenta es el principio de subsidiaridad, que significa que la Corte Penal Internacional actúa o retoma un caso de crimines que han sido denunciados, sí y solo sí, el Estado boliviano a través del sistema judicial y en particular la Fiscalía de la nación, si lo investiga o no o si lleva la acusación o no.
Yo he comunicado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una serie de elementos, que demuestran que en Bolivia, no hay la voluntad al menos, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de acusar o investigar. Por la información que yo tengo hasta ahora no hay personas que estén siendo investigadas en Bolivia por crimines contra la humanidad, sino por delitos como: terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros. Hay una ambigüedad, manipulaciones políticas de todas partes, de la Fiscalía General de la nación (en Bolivia), que no nos permite creer en su objetividad y no hay esa intención de perseguir estos hechos como crimines contra la humanidad, más bien (hay la intención) de aminorarlos.
¿Qué otros elementos se comunicó a la CPI?
Hay otros elementos que se han comunicado, no tanto de la Fiscalía General del Estado, sino del poder judicial boliviano. El poder judicial boliviano lamentablemente y que pese a la transición que es muy corta todavía, a mi modo de ver no garantiza el juzgamiento imparcial de este tipos de hechos, qué como digo son crímenes contra la humanidad. Eso se comunicó. Y cada vez que haya elementos contradictorios, que aparecen en el comportamiento del Ministerio Público boliviano, pues automáticamente vamos a comunicar a la Corte Penal Internacional para demostrar los problemas que hay a ese nivel.
¿La ampliación de la investigación contra quién o quienes está dirigida?
La ampliación de la investigación está dirigida a “X” personas, no hay nombres, eso lo dejamos al Fiscal de la Corte Penal en el análisis, pero; se hizo contra “X”. Sabemos que hay varios actores como el Ministerio de Gobierno (de aquel entonces), por ejemplo pasaron varios ministros durante los hechos de Caranavi, el Hotel las Américas y otros durante los 14 años. Corresponderá identificarlos, es por eso que se hizo la ampliación.
¿En la denuncia que se presentó el año pasado todavía figuran los nombres de Evo Morales, Álvaro García Linera y sus exministros?
Sí, ya está planteada. Es esa denuncia que ya ha sido recibida y está pasando al examen jurídico, porque hay bases probatorias suficientes para su examen jurídicas, es lo que me informó la Fiscal y se añadirá otras denuncias aisladas que se desconocía, que no eran actuales, como por ejemplo el del hotel las Américas, que fue planteado en el 2010.
Los hechos del 2019 corresponden al ataque generalizado que se va traducir una serie de violaciones agresiones, asesinatos que se dio en contra la población en general. La ampliación corresponde a los hechos anteriores en los que estaba como protagonista y esa vez, presidente del Estado, Evo Morales (…) La Política de la Corte Penal Internacional es perseguir a los autores que tienen mayor responsabilidad en una administración de Gobierno, sean civiles, policiales o militares, los que tenían la responsabilidad de la cadena de mando.
¿Cuántas son las pruebas presentadas sobre los hechos de noviembre del 2019?
Son varias, son un centenar. De la ampliación que está en curso, se ha presentado 40 o cincuenta elementos probatorios, entre fotografías, testimonios, videos y lo que fue relevado por la prensa, con la prudencia del caso porqué hay mucha desinformación y en eso confió en la Corte Penal y la Fiscalía, para que de una vez pase a una etapa de investigación formal se pueda discernir y las pruebas, sobre todo en los testimonios.
¿Del centenar de pruebas que se presentó por el caso de noviembre, cuál es el elemento probatorio más importante?
Son dos: la instrucción del señor Evo Morales en Cochabamba, cuándo todavía es presidente y habla de cercar ciudades y es que raro ver a un jefe de Estado dar instrucciones a ciertos grupos civiles constituidos en forma de paramilitares, dar órdenes de cercar ciudades y cortar los flujos de alimentos y agua. La segunda prueba e incriminatoria, es la comunicación telefónica y video, que tuvo Evo Morales desde México y da las mismas instrucciones de cercar las ciudades, para corta el flujo de alimentos y agua. Aquí tenemos pruebas directas que incriminan a un exjefe de Estado en hechos que son tipificados como delitos de crímenes contra la humanidad. Esas dos pruebas son importantes.
¿Los nombres de los 10 bolivianos que presentaron la denuncia ante la CPI continua en reserva?
Sí, continúa en reserva y eso es a pedido de ellos. Se quiere evitar las represalias y porque hay estructuras que siguen vigentes en el país, me parece totalmente normal que se haga dicha solicitud.
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