Argentina: los puntos centrales de la reforma judicial que debatirá hoy el Senado
Un repaso por los puntos centrales de la reforma judicial que debatirá el Senado
Por Verónica Benaim
El Senado de la Nación tratará este jueves el proyecto de ley conocido como “Reforma Judicial”. La iniciativa establece una organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Capital Federal y en las provincias. La sesión fue convocada por la titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández para las 14.
Se espera que sea una jornada picante. En especial tras la aclaración de la vicepresidenta en cuenta de twitter en la que señaló que se “lo ha titulado erróneamente Reforma Judicial” y las protestas contra el proyecto que habrá afuera del Parlamento con grupos afines al espacio político de Cambiemos. Los dirigentes de este bloque opositor rechazaron desde un primer momento la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso a finales de julio. De hecho, sobre la plaza de los dos Congresos se realizará una vigilia “por la democracia” que fue convocada por las redes.
El proyecto tuvo dictamen de mayoría la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales. Esto significa que al momento de su tratamiento en el recinto sólo necesitará ser aprobado por la mayoría simple, un número con el que cuenta el bloque del Frente de Todos, por lo que se da por descontado su giro a Diputados.
El bloque oficialista que preside el formoseño José Mayans, con asistencia perfecta, cuenta con 41 senadores sobre 72 que componen el cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que José Alperovich está de licencia –investigado por la Justicia tras ser denunciado por abuso sexual a su sobrina– y que Carlos Menem no viene participando de las sesiones por problemas de salud. Con esas dos bajas, el oficialismo apuesta al apoyo de los monobloques provinciales de Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.
El proyecto original sufrió algunas modificaciones después de cinco audiencias en las que participaron unos 50 especialistas en la temática, propuestos por opositores y oficialistas. Los senadores de Cambiemos, que participaron de todas las reuniones, se negaron a negociar cambios y anticiparon que votarán en contra de cualquier texto que el FDT trate en el recinto.
Entre los cambios se encuentran la transparencia en los sorteos de las causas que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Además se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, también de las audiencias públicas y se garantiza la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
En cuanto al criterio de especialidad en el ámbito no penal, no se unificará el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.
Por otro lado se crearán nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio. En tanto al Régimen Penal Juvenil, se avanzará con un proyecto de ley para no discriminar y dotar a la Justicia Federal del interior del país como a CABA de la especialidad que la Convención de los Derechos del Niño exige para los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.
Cláusula Parrilli
Entre los cambios, el oficialismo logró imponer una modificación propuesta por el senador neuquino Oscar Parrilli que consistió en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso E con el que un juez puede denunciar presiones de distintos poderes. La instrucción generó más polémica con la oposición. De este modo, la redacción final estableció que “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
La reforma judicial no es el único tema que los senadores tratarán en esta sesión. El Frente de Todos también avanzará en el tratamiento del dictamen de resolución que deja sin efecto la designación de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público de la Defensa designado por el Senado de la Nación. Se anula la designación de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Ambos fueron nombrados por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. El temario también incluye la autorización de la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar del ejercicio del programa de ejercitaciones combinadas.
Poca gente y consignas confusas en la movilización contra la reforma judicial
Por Melisa Molina
Un puñado de personas con banderas de Argentina, cornetas y carteles contra el Gobierno se congregó frente al Congreso con el objetivo de hacer un acampe en contra de la reforma judicial que se tratará este jueves en la Cámara de Senadores. Sin embargo, no pudieron armar la carpa, sino un gazebo, porque el Gobierno de la Ciudad, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, no concedió el permiso. En el transcurso de la tarde hubo incidentes con manifestantes violentos que golpearon a un periodista y el episodio terminó con un detenido que, al cierre de esta edición, aún se encontraba en la comisaría comunal 1.
Si bien la consigna principal apuntaba contra la reforma, la mayoría de los manifestantes no podía argumentar su postura y las principales críticas eran contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La titular del senado, antes de las 16 –hora de la convocatoria– pidió a Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, que levante el vallado que el Gobierno de la Ciudad había colocado en el perímetro del Congreso, ya que, según indicaron fuentes oficiales, no quería protección para el Parlamento y quería que la gente pudiera manifestarse libremente.
“Estoy en contra de todo. En ocho meses destruyeron el país. La reforma judicial es en beneficio de ellos y tiene que ser por ley como corresponde, no se trata de poner y sacar como se les canta”, dijo gritando una señora mayor que se encontraba en la Plaza del Congreso. Otra mujer que no tenía barbijo indicó que “no uso tapabocas porque no lo necesito. El coronavirus se llevó en 160 días a siete mil personas, y eso no es nada porque en este país somos millones”. Cuando fue consultada acerca del proyecto de reforma judicial, afirmó que “estoy en contra porque la hacen para defenderse a ellos mismos, no es una reforma penal que es lo que necesitamos nosotros”. Con respecto al tapabocas, otra manifestante señaló que «no uso barbijo porque a mi nadie me obliga a taparme la boca».
Las marchas estaban convocadas en distintos sitios del país, pero en ninguno de ellos tuvo éxito, ni fue masiva. En Córdoba, por ejemplo, tan solo se reunieron unas cuatro o cinco personas con banderas de Argentina frente al shopping Patio Olmos. En las intersecciones de las avenidas Santa Fe y Callao, en el barrio porteño de Recoleta, hubo un grupo de personas cerca de las cuatro, pero cuando comenzó a llover se fueron y lo mismo sucedió en Cabildo y Juramento, aunque en ese lugar el grupo de personas fue más ruidoso. Allí había muchas mujeres con carteles, silbatos y hasta disfrazadas. Una de ellas, por ejemplo, se disfrazó de Temis, la diosa griega de la justicia, y en sus balancines tenía réplicas de dólares.
En el Congreso también había manifestantes disfrazadas. En ese caso, una mujer decidió vestirse con un «traje a rayas» simulando ser una presidiaria: “me movilizo porque es una vergüenza la reforma y porque nos robaron la movilidad jubilatoria. Queremos una república y no una dictadura de Cristina Fernández”, dijo enfurecida. Además exclamó: “Nos tuvieron encerrados y hacen lo que quieren. Nos quieren matar a los jubilados, basta de corrupción y que Cristina vaya presa”.
Cerca de las 18, según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad en diálogo con Página/12, algunos manifestantes agredieron al periodista Ezequiel Guazora y por eso la policía se llevó a un hombre detenido. El reportero indicó que «estábamos entrevistando a una persona cuando nos rodearon y nos pegaron a mi y a mi compañero. Me dieron una patada en el pecho y nos rompieron nuestros equipos».
Al igual que en la marcha del 17A, algunas personas llevaban puesto barbijos que decían “qué gobierno de mierda”, pero esta vez sumaron al atuendo remeras que proclaman “no a la reforma”. Entre los carteles se podía leer uno que indicaba “república vs impunidad”, otro “Alberto gobierna para la rika” y una pancarta que decía “Congreso no sean Komplices”. Una de las señoras que llevaba un cartel explicó: “estoy en contra de la reforma y de los corruptos que están en el gobierno. Vamos derecho al comunismo. Me molesta que se olviden que somos un pueblo republicano y libre”.
Además de no argumentar sus posturas contrarias al proyecto de reforma judicial, algunos manifestantes lo confundían con una reforma constitucional. Fue el caso de Mirtha que dijo: “estoy en contra de la reforma de la Constitución, del traslado de los jueces, esto es un proyecto para desplazar el Poder Judicial”. Carlos, por su parte, agregó que “estoy acá por los corruptos y ratas. Esto no es un gobierno, es un aguantadero de chorros». Y ante la pregunta acerca de si no le daba miedo asistir a movilizaciones en pandemia pronunció: «no me voy a morir del virus, me voy a morir del disgusto». Otra de las confusiones fue creer que la reforma judicial “va a modificar la Cámara Electoral”: “el objetivo de esta reforma es eliminar los tres poderes del Estado. Quieren reubicar jueces, reformar la Cámara Electoral y convertirnos en Venezuela con elecciones fraudulentas”, sostuvo una mujer joven.
Entre los asistentes caminaba Juan Carlos Blumberg, el padre del joven asesinado Axel Blumberg. En diálogo con un canal de televisión subrayó que “estamos para defender la democracia y que no voten este disparate de querer modificar la Justicia para que quede impune la vicepresidenta. Esta reforma es una estupidez más grande que una casa».
Cuáles son las críticas que le hacen jueces, fiscales y abogados a la reforma judicial que votará hoy el Senado
El Senado de la Nación debatirá hoy el proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y lo hará con críticas de la mayoría de los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación. Jueces, fiscales, abogados, defensores oficiales y el gremio de empleados judiciales ha expresado reparos sobre la iniciativa que buscar reformar a la justicia federal de todo el país.
Quiénes se han expresado públicamente o en las comisiones del Senado en las que se trató el tema coincidieron en que es necesaria una reforma al sistema judicial pero que este momento de pandemia no es el adecuado para hacerlo. Sobre el proyecto las objeciones se centran en que se prioriza la creación de juzgados cuando la mira debería estar en las fiscalías para aplicar de lleno el sistema acusatorio donde el trabajo recaerá en ellas. También que se aumenta una estructura en muchos casos sin justificación y que no se tiene en cuenta que la estructura edilicia e informática es mala y que eso requería una importante inversión de dinero.
La iniciativa, que se prevé será aprobada hoy en el Senado porque el Frente de Todos tienen los votos para hacerlo, propone reformar la justicia federal de la ciudad y de la del interior del país. Para la justicia de la ciudad unifica los juzgados federales de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico y desdobla las dos secretarias que tiene. Así pasarían a ser 46 juzgados de primera instancia. También fusiona las cámaras y los tribunales orales de los dos fueros. En el caso del interior, los juzgados federales tienen la competencia múltiple. Esto es que los jueces tienen los casos penales, laborales, civiles, contenciosos. La iniciativa los desdobla. Habrá un juzgado únicamente para la materia penal y otro para el resto.
El sistema acusatorio prevé que las investigaciones estén a cargo de los fiscales y que los jueces se encarguen de revisarlas. Ese sistema, a nivel federal, se comenzó a aplicar en algunas provincias para que progresivamente se extienda a todo el país. Desde los sectores judiciales piden que se le de prioridad a eso y que no se acrecienten las estructuras de los juzgados.
“Con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”, sostuvo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Desde la Asociación de Fiscales nacionales, a cargo de Carlos Rívolo, opinan en la misma línea: “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales. No se desprende del proyecto un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos”.
La Asociación de Magistrados también objetó que “el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal. Una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto le asigna a las defensorías públicas”. En esa línea, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que ante 46 juzgados se crean solo 14 defensorías y en el interior del país 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. “Esta desproporción el sistema acusatorio no la va a tolerar”, sostuvo y pidió “volver a mirar el mapa para no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”.
Para los jueces también la iniciativa no explica “con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras” los 94 juzgados federales penales que se crean en el interior del país.
El proyecto establece que los nuevos juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires serán ocupados por magistrados subrogantes hasta que se designen a sus titulares por concurso. “Si la imparcialidad de los jueces federales ha sido entendida como problemática, por qué razón puede suponerse que el nombramiento de 23 jueces subrogantes podría mejorar el sistema. La subrogancia, que ya fuera criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una dotación de Magistrados que pueden resultar influenciables, en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando”, planteó la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.
“Asimismo, del proyecto surgen a priori un par de interrogantes no develados. La primera: ¿qué ocurriría si no hay 23 postulantes de esos jueces para ocupar los nuevos cargos? La segunda: ¿qué ocurre con los jueces nacionales en lo criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para los nuevos cargos? El proyecto no lo resuelve”, sostuvo en el mismo sentido Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La iniciativa plantea también el traspaso de la justicia penal nacional a la ciudad de Buenos Aires. “El proyecto de ley importa además el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”, señaló la Asociación de Magistrados. La Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales advirtió que el traspaso no contempla a todos los tribunales orales y que algunos jueces se quedarán sin cargos si esa medida se concreta.
Otro aspecto que plantearon desde las entidades judiciales es el de los recursos para afrontar la reforma. “Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país, el sistema de gestión informática no funciona, está colapsado. La reforma no responde a las necesidades de la sociedad, necesitamos una política de estado que nos diga que en cuatro o cinco años vamos a tener la Justicia que está esperando la sociedad”, sostuvo en el Senado Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, puso como ejemplo la Asociación de Fiscales.
El proyecto de reforma judicial es una de las medidas que en los últimos tiempos impulsó el gobierno nacional. Otra fue la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El proyecto de reforma judicial es una de las medidas que en los últimos tiempos impulsó el gobierno nacional. Otra fue la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
También el kirchnerismo impulsa en el Congreso el juicio político al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales nacionales y federales. Por último, están bajo revisión 10 jueces federales por sus traslados que se hicieron mayormente durante el gobierno de Mauricio Macri. La objeción es que incumplieron una serie de pautas, principalmente que no pasaron por el Senado de la Nación. La Cámara Alta convocó a una audiencia para el próximo 4 de septiembre para analizar los casos. Entre ellos están los de tres jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan y tratan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal, y de Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
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