El ministro del Interior dice que «no está prohibido» el uso de la picana para la Policía
Larrañaga: las picanas no están prohibidas pero no forman parte del equipamiento policial
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió al caso de los dos policías imputados por usar una picana durante un arresto.
La Policía «no tiene instrucción» para el uso de ese armamento no letal, indicó Larrañaga.
El jerarca dijo que el caso está siendo investigado tanto a nivel judicial como administrativo.
Larrañaga dijo que no está prohibido el uso de picanas pero que tampoco forman parte del equipamiento policial. Aseguró que se trata de un armamento no letal @MonteCarlo930 pic.twitter.com/ooTGebBg9o
— Leo Sarro Press (@leosarro) July 27, 2020
El hecho ocurrió el pasado 30 de junio en la zona de Pocitos, cuando los dos agentes detuvieron in fraganti a un hombre que estaba intentando robar un auto.
Según la declaración de los policías, el sujeto resistió el arresto con violencia por lo que fue reducido con el uso de una picana.
La Justicia imputó a los dos uniformados por el delito de abuso de funciones y les impuso arresto domiciliario.
Por otra parte, este lunes asumieron en sus cargos el nuevo coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo, comisario general Ignacio González; tres nuevos jefes de operaciones zonales de Montevideo y el director general de la Brigada Departamental Antidrogas.
En el FA definen el uso de picanas por parte de policías como una «tortura»; Larrañaga comparecerá en Diputados
Legisladores del Frente Amplio califican como «una tortura» lo que sucedió «con los dos policías que fueron formalizados por utilizar la picana con un detenido» por intento de hurto: «es un hecho sumamente grave», dijo el senador Charles Carrera a LA REPÚBLICA, que a su vez indicó que le preocupa que en seguridad «no hay una estrategia clara en la materia».
A su vez el diputado Gustavo Olmos expresó que «este camino de legitimar la tortura como una práctica admitida por parte de las fuerza del orden es preocupante». El próximo 6 de agosto el ministro Jorge Larrañaga comparecerá en Diputados y esta situación será tratada; la bancada analizará esta mañana tomar alguna medida más fuerte.
Días atrás fueron imputados dos funcionarios policiales por aplicar una picana a un denunciado por intento de hurto, a quien se detuvo en Pocitos. El Tribunal de Apelaciones confirmó el arresto domiciliario.
La bancada de senadores del Frente Amplio estuvo en la pasada jornada analizando la situación, la cual definen como «un hecho sumamente grave, que puede ser calificado como una tortura», dijo el coordinador de bancada Charles Carrera a LA REPÚBLICA.
Está definido desde la oposición que quienes llevarán acciones parlamentarias respecto a lo sucedido serán los diputados, que convocaron al ministro del Interior Jorge Larrañaga para el 6 de agosto. Este tema estará entre los que se analizarán con el jerarca, pero además, según señalaron fuentes del FA a este medio, esta mañana (desde las 10:00 horas) la bancada de Representantes analizará alguna medida más fuerte para llevar a cabo.
El diputado Gustavo Olmos, entrevistado por República Radio, habló del accionar de los «funcionarios policiales contra un detenido que estaba ya reducido, esposado en la calle, que no tenía objetivo que torturarlo», lo cual es «muy preocupante. «Aplicarle un castigo que no tenía otro fin que el castigo en sí mismo es alarmante», añadió.
Además comentó en el programa del Multimedio LA REPÚBLICA que «esperaría que esto sea un tema rechazado por todo el sistema político. No solo por el FA, este camino de legitimar la tortura como una práctica admitida por parte de las fuerzas del orden es preocupante, y el país ya ha vivido el proceso de torturas en cuarteles».
«No hay una estrategia clara»
El senador Charles Carrera comentó que «realmente estamos preocupados, estamos preocupados con el tema seguridad porque no hay una estrategia clara en la materia». En esa línea recordó que «el ministro Larrañaga planteaba que había que cambiar las autoridades, después que eran necesarios los instrumentos previstos en la LUC, ahora se propone la reforma en la Constitución por el tema allanamientos nocturnos, y ahora vemos que este accionar policial totalmente ilegítimo se enmarca dentro de lo que denominamos como el uso irracional de la fuerza por parte de los funcionarios policiales», señaló.
«Eso nos preocupa porque es algo que el país no tenía situaciones de abuso policial y es grave ese hecho. Como lo solicitaron los compañeros de diputados las acciones van a ir por ahí», remarcó.
A su vez Carrera sentenció: «vamos a tomar acciones para constituir la comisión de seguridad en el Senado, y después vamos a convocar al ministro para conversar sobre las estrategias en materia de seguridad porque no se conocen las propuestas ni el programa de lo que se propone».
Legisladores del FA evalúan pedir explicaciones a Larrañaga por uso de picana en procedimiento policial
“¿Qué hace una picana en una comisaría en un país democrático?”, escribió en Twitter el senador frenteamplista Mario Bergara, en referencia al caso por el que Fiscalía imputó a dos policías, que utilizaron una picana en el marco de una detención el 30 de junio, luego de un intento de hurto en Pocitos. Según supo la diaria, la preocupación de Bergara es compartida por la bancada del Frente Amplio (FA), que este lunes analizará convocar a sala al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para que brinde explicaciones sobre el procedimiento.
“Estas cosas son de las cosas que se aclaran o se aclaran. Lo que se espera del ministro es que tome acciones drásticas ante situaciones de este tipo, más allá de las acciones judiciales y penales”, sostuvo el senador frenteamplista Enrique Rubio en diálogo con la diaria. El legislador consideró que, independientemente de las responsabilidades individuales, los policías “pertenecen a un cuerpo colectivo” donde “hay cadenas de mando”. “¿Ante qué estamos? ¿Un episodio aislado? ¿Una desmesura de los viejos tiempos? Uno calibra las aptitudes de un ministro ante situaciones de este tipo y de acuerdo a las medidas que tome”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Gustavo Olmos adelantó que “seguramente” la bancada resuelva tomar alguna acción porque se trata de “un hecho de extrema gravedad” y el objetivo es evitar “que sea el comienzo de un camino de naturalización de las violaciones de los derechos humanos”. “Este país vivió los tiempos en que en las comisarías y los cuarteles se torturaba, y esperamos que eso sea una lección aprendida”, reflexionó. “Yo no creo que el ministro Larrañaga haya hecho una orden de compra de picanas, pero claramente elaboró un discurso que favorece la percepción de impunidad, igual que las declaraciones del ministro de Defensa respecto de los violadores de derechos humanos durante la dictadura”, recordó Olmos.
Por su parte, el ex ministro del Interior y actual senador por el FA Eduardo Bonomi aseguró que las picanas pueden llegar a utilizarse “en el marco de una detención” como mecanismo de autodefensa, pero señaló que en este caso el presunto delincuente ya estaba esposado, por lo que “no cabe” esta justificación. Asimismo, aseguró que durante los gobiernos del FA nunca se incluyó a las picanas en el armamento, ni se instruyó en su uso. “Cuando nosotros estudiamos el uso de munición no letal apareció como posibilidad la pistola Taser y se descartó, porque en Estados Unidos se usa y tuvieron varios problemas, porque si bien no es letal para una persona sana, a alguna persona que tenga una afección cardíaca o de algún otro tipo la puede matar”, indicó Bonomi.
Consultado por la diaria, el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, sostuvo que la picana “es un instrumento que tiene venta pública” y “un elemento de protección que lo usan los ciudadanos”, por lo cual “no está prohibido” que los policías lo utilicen. Al respecto, Bonomi señaló que su venta está autorizada “para autodefensa de civiles” y que su uso “no es una buena práctica”. “Además usarla después de que están esposados es como golpearlos después de que están detenidos, no corresponde de ninguna manera”, enfatizó.
Rubio consideró que la respuesta de Ruiz “parece una disculpa de pésimo gusto” y apuntó que “también es accesible la compra de armas, pero eso no quiere decir que uno esté habilitado para usarlas fuera del encuadre de los protocolos existentes”, mientras que Olmos calificó las declaraciones del jerarca como “un disparate, porque la picana no tiene otro fin que la tortura”. “No se me ocurre qué justificación puede haber para que a un detenido, que estaba esposado y ya reducido, se le aplique la picana. No se me ocurre ninguna circunstancia. Es validar un instrumento de tortura”, enfatizó. El legislador aseguró que espera que el repudio sea “unánime” por parte del sistema político y “no un tema del FA”, y responsabilizó a la coalición por fomentar estos actos a través de su discurso: “El tema de ‘los vamos a respaldar’ y ‘se acabó el recreo’ crea la sensación, en algunos funcionarios, de que pueden hacer cualquier cosa”, consideró.
