Puerto Rico: investigan a la gobernadora por presunto mal manejo de la administración pública
Nueva crisis política sacude a Puerto Rico
Puerto Rico fue estremecido por una nueva y potente crisis política que tiene como elementos principales la confirmación de que la gobernadora Wanda Vázquez está otra vez bajo investigación criminal y las graves alegaciones de que el viernes despidió de manera abrupta a la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, para presuntamente tratar de entorpecer la pesquisa en su contra.
La intensa polémica se desató justo a un mes de las primarias del 9 de agosto en las que Vázquez enfrenta al excomisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), un evento cuyas reverberaciones no están del todo ajenas a esta trama. Algunas figuras claves en este drama están en bandos opuestos en la primaria que ha dividido al PNP como Moisés dividió al Mar Rojo en el relato bíblico.
La controversia desembocó en llamados de la oposición para que se activen los mecanismos de residenciamiento de la gobernadora, pero en el liderato legislativo del PNP no parecía haber voluntad para emprender tan complicada ruta, faltando apenas unas semanas para la primaria del 9 de agosto.
La trama, igualmente, estaba generando llamados a protestas como las que en este mes el año pasado desembocaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, la primera de las cuales está convocada por el miércoles en la tarde frente a La Fortaleza.
En medio de este ambiente de alta tensión, la gobernadora Vázquez compareció esta mañana ante la prensa. Sin ningún acompañante, se defendió ferozmente de las alegaciones de que intentó obstruir la pesquisa al despedir a Longo. Sostuvo que le pidió la renuncia porque había le perdió la confianza tras enterarse de que había presuntamente intervenido en una pesquisa federal que involucra al Departamento de Salud.
Según los documentos que mostró la gobernadora en la conferencia de prensa, desde su designación en septiembre de 2019, Longo Quiñones había acordado inhibirse de los asuntos del Departamento de Salud relacionados a su madre, Concepción Quiñones, quien fue subsecretaria de dicha agencia desde el 2017 y secretaria interina tras la renuncia del anterior titular el 12 de marzo de este año, hasta su renuncia el 26 del mismo mes en medio de una agria polémica.
“Yo no hablé, jamás, ni con la secretaria, ni con los fiscales, ni los funcionarios, ni los agentes, con nadie del Departamento de Justicia relacionado con esta investigación ni a ninguna otra, porque yo le he respetado la autonomía”, dijo la gobernadora.
Como en sus tiempos de fiscal, mostró los correos electrónicos que, según ella, demuestran la intervención irregular de Longo Quiñones en la pesquisa federal sobre mal uso de fondos Medicaid en el Departamento de Salud entre los anos 2014 y 2019. De paso, al dar a conocer esta información, la gobernadora reveló las interioridades de una pesquisa federal que no ha concluido, incluyendo quiénes son los objetivos de dicha investigación.
Longo Quiñones negó haber intervenido irregularmente en la pesquisa.
“No tuve intervención alguna. Se me envió una comunicación por parte de Fiscalía Federal, la referí al Departamento de Salud para determinar cómo podía el Departamento de Justicia prestar ayuda en el asunto y coordinar una reunión para discutir eso. Cuando nos percatamos que era un asunto relacionado a mi inhibición se canceló la reunión y se le notificó al personal del Departamento de Justicia que tenían que coordinar la reunión con la subsecretaria Tanya García y la fiscal Phoebe Isales, Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”, dijo Longo Quiñones a El Nuevo Día.
Dennise Longo, exsecretaria de Justicia, negó que haya intervenido en una pesquisa relacionada con su madre, la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones.
Esta crisis política tiene dos patas.
La primera es el referido que Quiñones Longo hace al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue la posible comisión de un delito de parte de la gobernadora. La segunda es la alegación de que Vázquez ordenó despedir a Longo Quiñones para entorpecer esa pesquisa, lo cual convertiría a la gobernadora en sospechosa del delito de obstrucción a la justicia.
El día laborable siguiente al despido de Quiñones, la secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, designada el mismo viernes por la goberndora, ordenó que el referido contra la gobernadora le fuera devuelto a justicia para volver a evaluarlo. La orden se dio cuando un agente de Justicia estaba en la sede del FEI a punto de entregar los referidos.
Esa acción fue descrita por múltiples figuras como irregular y que incluso motivó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a exigirle que renuncie a Burgos, cosa que hasta esta tarde no había ocurrido. En la tarde del martes, el referido estaba de vuelta en el PFEI, que también emitió una resolución catalogando como irregular la acción de Burgos.
Con relación al referido contra la gobernadora, no había muchos detalles oficiales, aunque había trascendido por fuentes que tiene que ver con la decisión de Vázquez de despedir en enero de este año a Glorimar Andújar, entonces secretaria de la Familia, presuntamente por haber fallado en la respuesta oficial al terremoto que enero enero sacudió el sur de la isla.
Se argumentaría que Vázquez pudo haber violado las leyes que protegen a las personas que denuncian actos de corrupción, pues Andújar habría sido despedida por haberle denunciado a la gobernadora actuaciones irregulares en el manejo de la ayuda a los damnificados de los terremotos. El Nuevo Día supo que Andújar ha estado colaborando con la pesquisa.
Las personas presuntamente denunciadas por Andújar fueron la senadora Evelyn Vázquez y la entonces directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones. Tanto la senadora Vázquez como Quiñones son partidarias de la gobernadora en la contienda primarista, mientras que Andújar ha dicho públicamente que respalda a Pierluisi. La senadora Vázquez es uno de los más fuertes apoyos que tiene la gobernadora Vázquez en la Asamblea Legislativa.
El Nuevo Día supo que los referidos que la secretaria interina de Justicia trató de detener incluyen al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la senadora Vázquez y a su esposo, Peter Muller, un empresario vinculado por años al PNP. Muller no tiene ningún puesto público, pero la ley del FEI permite investigar a ciudadanos privados si se sospecha que han cometido delitos en contubernio con funcionarios públicos.
La gobernadora Vázquez negó que haya intentado obstruir la justicia porque a ella no se le había notificado que existiese una pesquisa en su contra, ni se había enterado por ninguna otra vía. El lunes se informó que la orden de despido se había dado horas después de que se hiciera el referido. Longo Quiñones precisó que aunque estaban listos no los firmó hasta las 4:00 de la tarde, unas dos horas después de haber recibido la petición de renuncia, “tras revisar que todas las cartas y documentos estaban completos”.
“Se iniciaron y firmaron seis referidos y se dejo un séptimo referido sin firmar porque faltaban gestiones por terminar en esa investigación”, dijo Longo Quiñones.
La exsecretaria de Justicia dijo al periodista estaodunidense David Begnaud que investigaba dos asuntos relacionados a la gobernadora, en uno de los cuales encontró causa para creer que la gobernadora cometió un delito.
La gobernadora dijo la bienvenida a la pesquisa del PFEI, pero acotando que no le tiene confianza ese organismo. “Yo no tengo nada que temer, nada que temer, aunque todo el mundo sabe el historial de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y que el pueblo de Puerto Rico fue testigo de lo que son capaces de hacer. Yo no tengo duda ninguna, temor ninguno de que ese referido sea enviado hoy”, sostuvo la gobernadora.
La gobernadora Vázquez y la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, tienen historia vieja. En diciembre de 2018, el PFEI le imputó delitos a Vázquez, entonces secretaria de Justicia, por presuntamente haber intervenido irregularmente en la pesquisa sobre un robo en la casa de su hija. El caso concluyó cuando una jueza no encontró causa para arresto contra Vázquez. Pero Cotto Vives ha continuado insistiendo en público y en privado que había caso contra Vázquez.
El PFEI tiene hasta 90 días para conducir la investigación, lo cual, a menos que se actúe con una premura extraordinaria, prácticamente descarta que las denuncias puedan aclararse antes de la primaria del 9 de agosto.
No se veía ambiente para iniciar una investigación legislativa contra la gobernadora, a pesar de los llamamientos en ese sentido de la oposición tanto popular como independentista. No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, criticó duramente a la gobernadora, quien manifestó el lunes también falta de confianza en que ese cuerpo legislativo pueda llevar a cabo una investigación justa en su contra.
“El menosprecio que muestra la gobernadora a este cuerpo, cuyos miembros en su mayoría son miembros del partido en el que ella aspira en la carrera a la gobernación, no hará que nos amedrentemos ni perdamos nuestro norte en lograr solo lo que es justo y correcto”, dijo Méndez.
Rivera Schatz, por su parte, indicó que la Asamblea Legislativa debe esperar a las determinaciones que tome el PFEI.
Le piden la renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez en Ponce
Una veintena de personas protestó ayer la visita de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al comité de campaña de la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, en el casco urbano.
Con pancartas y consignas, los manifestantes le pidieron la renuncia a la gobernadora, un día después de que se conociera que esta despidió a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, luego de enterarse de que la referiría al Panel del Fiscal Especial Independiente. Dicho referido fue paralizado el lunes por la nueva titular de Justicia, Wandymar Burgos Vargas.
Antes de que la gobernadora llegara a la plaza Las Delicias, agentes de la Policía de Puerto Rico se formaron en línea e impidieron que los manifestantes se acercaran al comité, ubicado frente a la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe.
El comandante José I. Rivera, comandante auxiliar del área policiaca de Ponce, dijo a Voces del Sur que la directriz de formar un perímetro para delimitar el paso de los manifestantes fue impartida por el componente de seguridad de la gobernadora.
En la acera del frente, entretanto, un puñado de seguidores de Meléndez Altieri y de Vázquez Garced las esperaron durante más de dos horas con imágenes impresas de la campaña de la gobernadora y banderas del Partido Nuevo Progresista. Ambas entraron de prisa a la estructura, que ya tenía gente.
En sus mensajes, los manifestantes pidieron la renuncia tanto de la gobernadora como de la alcaldesa. Además, criticaron la negligencia gubernamental en el manejo de suministros para personas damnificadas por los terremotos de este año, la inacción ante el grave daño estructural que tuvieron decenas de escuelas del Sur, la falta de apoyo a los comerciantes afectados por los temblores y la pandemia de COVID-19, el alto índice de desempleo en la región y la corrupción en la gestión pública, entre otros asuntos.
Ese extremo de la plaza pública tenía más de 30 policías estatales y municipales, y otros tantos desplegados en los puntos de acceso, que fueron cerrados con vallas como en actividades anteriores de la alcaldesa de Ponce.
