Organizaciones centroamericanas piden al Congreso de EEUU eliminar acuerdos de “tercer país seguro”
Organizaciones centroamericanas piden a Congreso de EE. UU eliminar acuerdos de tercer país seguro
Una amplia coalición de organizaciones centroamericanas y norteamericanas entregaron una petición al congreso estadounidense con más de 2000 firmas en contra de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACAs). Los acuerdos, también conocidos como acuerdos de “tercer país seguro”, fueron firmados entre la administración de Trump y los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en 2019. Estos permiten que el gobierno de los EE.UU. transfiera a personas solicitantes de asilo a los países del norte de Centroamérica de donde no son originarias para que busquen protección allí, cerrándole así las puertas al sistema de asilo y desconociendo las obligaciones nacionales e internacionales que se tienen con los y las refugiadas.
La petición expresa que los ACAs “amenazan la seguridad y dignidad de las personas migrantes, y son una violación a la soberanía de dichos países.” Mientras que el congreso estadounidense va trabajando el presupuesto del estado para el año fiscal 2021, “debe hacer todo lo posible para detener la implementación de dichos Acuerdos de Cooperación de Asilo”. La campaña exige que el congreso retire el presupuesto a los ACAs y exija más información sobre la firma, el financiamiento y la implementación de estos; debido a que en ningún momento hubo un proceso de consulta para establecer las implicaciones y responsabilidades que asumirán los países involucrados en dichos acuerdos.
Guatemala ha afirmado su reconocimiento sobre la importancia de la figura del refugio, como parte de los tratados internacionales para la protección de los refugiados tales como: La Convención sobre el estatuto de los refugiados 1951, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, y el Proceso de Cartagena + 30, entre otros. Actualmente, es el único país donde el ACA ya ha sido implementado. No obstante, no se puede aumentar las responsabilidades de un país que no cuenta con la estructura institucional para dar respuesta a las necesidades de protección internacional. Situación similar se enfrentaría en Honduras y El Salvador.
Más de 900 personas salvadoreñas y hondureñas ya han sido transferidas a Guatemala bajo el ACA. Menos de 20 solicitaron asilo allí. La mayoría ha vuelto a los peligros que enfrentan en sus países. Debido a la crisis de COVID-19, los ACAs están suspendidos, sin embargo, las deportaciones bajo este acuerdo están programadas para reanudarse tan pronto como “se establezcan protocolos sanitarios”. Los EE.UU. ha continuado deportando migrantes a sus países de origen, no respetando las recomendaciones de expertos mundiales para evitar la propagación del COVID-19, a países en el sur global que no cuentan con recursos médicos suficientes y enfrentan sistemas de salud colapsados.
Los ACAs han sido blanco de rechazo por la comunidad internacional. Como dice Silvia Raquec de la Asociación Pop No’j: “Durante demasiado tiempo, los y las centroamericanas se han visto obligados a huir de sus hogares; ahora son enviados a países que no son su lugar de origen, orillándolos a regresar a peores condiciones que pone el peligro su seguridad y sus vidas de lo cual el gobierno de los EE. UU. es legalmente responsable”.
Las causas estructurales de la huida de las personas de sus países de origen no se han resuelto. La imposición de los ACAs solo agrava la situación de las personas marginalizadas por el estado, especialmente los pueblos indígenas, las personas LGBTQ, las mujeres y la niñez. Es momento de apelar a nuestra humanidad y entender que no habrá acuerdo o política que evite que las personas busquen un lugar donde puedan vivir una vida plena y, sobre todo, libre de persecución y violencia.
