Lawfare electoral en Ecuador – Por Dolores Gandulfo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Dolores Gandulfo(*)
Con más de 75 mil casos confirmados, Ecuador vuelve a ser noticia no sólo por la mala gestión de la pandemia y desborde del sistema de salud, sino por el detrimento democrático institucional que vive el país de cara a las elecciones de febrero del 2021.
Ecuador está viviendo una instancia más de la persecución judicial (Lawfare) de la cual son víctimas ahora los órganos electorales. Este es el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde la Contraloría General dirigió un oficio el pasado 22 de junio a tres de cinco vocales del CNE, informándoles que pueden ser destituidos por no haber eliminado del registro electoral a cuatro partidos políticos con supuestas irregularidades, entre los que se encuentra Fuerza Compromiso Social, partido al que pertenecen Rafael Correa y la militancia de la Revolución Ciudadana.
En las elecciones seccionales de 2019 los candidatos aliados del ex presidente Correa se postularon en alianza con el partido Fuerza Compromiso Social, obteniendo catorce victorias electorales. Entre ellas la provincia de Manabí -histórico bastión correísta- y la prefectura de Pichincha. Así, la Revolución Ciudadana alcanzó dos de las tres más importantes prefecturas (gobernaciones) del país.
A solo siete meses de las elecciones generales, aún no hay candidatos proclamados para participar en ellas por parte de ningún partido.
El gobierno del presidente Lenin Moreno (foto) se debilita cada vez más. Su actual gestión es reprobada por más del 85 por ciento del pueblo ecuatoriano. En estos 3 años de gobierno, Moreno encabezó una persecución política y judicial a los dirigentes del movimiento de Rafael Correa. De cara a las próximas elecciones la persecución se agudiza, materializándose en la proscripción del partido y presionando a los magistrados CNE.
A principios de este mes renunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner, tercer vicepresidente que deja ese cargo desde que asumió Moreno en 2017. María Alejandra Vicuña, antecesora de Sonnenholzner, renunció en diciembre de 2018 tras escándalos de corrupción. Jorge Glas, mientras tanto, sigue preso ilegalmente. El pasado viernes, la Asamblea Legislativa designó a María Alejandra Muñoz como nueva Vicepresidente, con el voto de 75 asambleístas.
En cuanto a la organización de las elecciones, el pasado 6 de julio, el CNE aprobó por mayoría el Reglamento para la democracia interna de las Organizaciones Políticas. De su articulado se desprende directamente la imposibilidad de Correa para presentarse como candidato a vicepresidente, debido a que se dispuso que la proclamación y aceptación de las candidaturas, luego de las primarias, debe ser de manera expresa, indelegable y personalísima.
Correa, desde su exilio en Bélgica, manifestó sus intenciones de participar en los comicios como candidato a Vicepresidente. Pero si se apersonara a cumplir el requisito del reglamento recientemente aprobado, al llegar al país sería detenido por orden de prisión preventiva. Correa tiene 31 causas judiciales abiertas y hoy el Tribunal de la Corte Nacional ratificó su condena a ocho años de prisión por la causa sobornos 2012-2016.
Ante la normativa aprobada por el CNE, el movimiento correísta presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, impugnando las reformas del Reglamento por ir en contra del Código de la Democracia.
En tanto, Revolución Ciudadana elaboró un comunicado donde se exhorta al CNE a “respetar y hacer respetar la función electoral y a garantizar, de una vez por todas, su independencia”. No obstante, dado el rumbo tomado por el organismo recientemente, el documento también realiza “un llamado a comunidad internacional para no permitir este atropello a la democracia”.
Como dice Correa, “Ecuador es una dictadura con fachada democrática”. Esta grave situación va en detrimento de la democracia: el lawfare, la judicialización de la política, la proscripción de partidos políticos y la presión a los órganos electorales, sientan un peligroso antecedente en la región. Mientras miles de personas sufren las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, la institucionalidad democrática es vital para poner a nuestros pueblos de pie.
(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y Profesora de RR.II. (USAL).
