Lawfare contra el sindicalismo argentino – Por Daniel Llermanos
Lawfare contra el sindicalismo argentino
Por Daniel Llermanos*, especial para NODAL
¿Se puede aplicar “lawfare” contra un sindicalista? Las políticas de “ajuste” salarial necesitan gremios debilitados que carezcan de capacidad para reaccionar mediante movilizaciones, paros y/o acciones judiciales. El primer paso para demonizar a los sindicatos consiste en publicaciones de carácter calumnioso con sus dirigentes con la finalidad de quitarle legitimidad a su condición de líderes. Al cuestionarse su moralidad, su capacidad de convocatoria puede verse muy afectada.
Hugo Moyano, Secretario General de la Federación de Camioneros de la Argentina –condujo durante muchos años la Confederación General del Trabajadores de la República Argentina (CGT) y lideró, en el ámbito nacional, las protestas sindicales desde el gobierno neo-liberal de Carlos Menem en los años noventa del siglo pasado. Desde esos tiempos fue duramente combatido por las alianzas entre los sectores concentrados de la economía y los medios de prensa hegemónicos.
¿Qué prácticas incluyó el “lawfare Moyano”? La actividad periodística fue incesante. Las publicaciones se basaban en denuncias lanzadas desde organismos estatales, escritos anónimos, querellantes pagos y también en testimonios falsos de detenidos. Todos los entes estatales se dedicaron a denunciarlo y en algunos casos a aplicar multas absurdas: desde el Ministerio de Trabajo hasta las oficinas tributarias. Legisladores, Secretarios de Estado y hasta otros dirigentes gremiales se lanzaron orquestadamente en pos de su destrucción.
En el mes de junio se comprobó judicialmente que la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019) se había montado una vasta red de espionaje ilícito contra Moyano y su familia. Entre otras acciones se pudieron comprobar las siguientes: 1) Espionaje en domicilios, sedes gremiales y automotores. 2) Datos personales. 3) Viajes aéreos. 4) Seguimientos personales. 5) Informantes y/o infiltrados en sedes gremiales y de salud. 6) Seguimientos a dirigentes de gremios afines a Moyano. 7) Grabación de conversaciones telefónicas. 8) Difusión televisiva de material reunido ilegalmente.
Retomando la pregunta del comienzo: ¿se puede aplicar el “lawfare” contra un sindicalista? En el caso argentino la respuesta es afirmativa. El poder judicial coordinado con el poder político lo hizo. Pero fracasó.
*Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Ex Profesor Titular de Criminología, ex Juez Penal. Autor de la “Teoría Dinámica del Delito” (visión realística del Derecho “sin ficción)
