La ONU advierte que el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc son la mayor amenaza a la paz
Asesinatos de ex Farc son la mayor amenaza a la paz: ONU
La ONU aseguró que la mayor amenaza al proceso de paz en Colombia es el continuo asesinato de excombatientes de las Farc y líderes sociales, que no ha menguado pese a la pandemia de coronavirus.
El organismo internacional llamó al Gobierno colombiano a reforzar esfuerzos para avanzar en la paz, durante la reunión trimestral del Consejo de Seguridad sobre la situación, celebrada este martes, el primer encuentro físico del Consejo desde el confinamiento decretado en Nueva York en marzo.
«La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia», dijo al Consejo el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, por teleconferencia.
En su informe trimestral al Consejo, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, llamó al gobierno de Iván Duque a poner fin a estas «tragedias» mediante la adopción de «pasos más firmes para proteger la vida de los líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes».
Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta fines de junio, la ONU ha verificado 210 asesinatos de exmiembros de la desmovilizada guerrilla, según Ruiz Massieu. También fueron asesinados en el mismo periodo al menos 44 familiares de exguerrilleros.
Más de 300 líderes sociales han sido asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016.
La fiscalía colombiana asegura que los ataques son perpetrados en su mayoría por grupos y organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
El acuerdo de paz firmado por las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos en 2016 condujo al desarme y desmovilización de 13.000 rebeldes entre combatientes, presos y militantes, pero el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) denuncia la falta de garantías de seguridad para su reincorporación a la vida civil.
La misión de la ONU en Colombia, aprobada en 2017 y que rinde cuentas al Consejo de Seguridad cada tres meses, tiene como mandato principal verificar la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros de las Farc que dejaron las armas.
También verifica las garantías de seguridad para excombatientes, sus familiares y las comunidades en general.
Su mandato expira el 25 de septiembre de 2020. Duque ha indicado que le gustaría que fuera renovado hasta el final de su gobierno, en agosto de 2022.
Consejo de Estado definirá presencia de militares de EEUU en Colombia
El presidente de la República Iván Duque y el senador Álvaro Uribe, apelaron el fallo de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó frenar las operaciones de militares de EE.UU. en Colombia.
Señala el Tribunal, que dicha decisión al ser apelada, pasa a ser competencia de sus superiores, es decir, el Consejo de Estado para que se pronuncie de fondo sobre la legalidad de las operaciones militares extranjerasen territorio colombiano.
Horas antes, el mismo Tribunal, negó una tutela interpuesta por los senadores Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía y José Obdulio Gaviria, con la cual buscaban impedir un debate en el Congreso sobre la presencia de militares estadounidenses en Colombia.
En junio pasado, llegaron a Bogotá militares de Estados Unidos, que según el gobierno colombiano sólo prestarán asesoría en temas relacionados con narcotráfico.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/07/tutela.pdf»]En Colombia la paz es otra víctima de la pandemia de COVID-19
Cada día Colombia despierta con la noticia del asesinato de una persona indígena o afrodescendiente, con una nueva amenaza a defensores de derechos humanos y líderes sociales, y con la violación de niñas y mujeres, denunció una lideresa social al Consejo de Seguridad de la ONU. El Representante del Secretario General presentó su informe trimestral sobre la situación en Colombia y destacó que la pandemia se ha convertido en una oportunidad para la violencia.
Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en Colombia están aprovechando la pandemia para expandir su control territorial, aumentando el sufrimiento de las comunidades y las personas, asegura un nuevo informe del Secretario General sobre el país presentado este martes al Consejo de Seguridad.
“Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia”, aseguró el representante de la Misión de la ONU en Colombia.
Carlos Ruiz Massieu aseguró que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales continúa siendo la mayor preocupación de las Naciones Unidas en el país, y que la pandemia no la ha detenido.
Siguen muriendo defensores de derechos humanos
“Desde la invasión española hace más de 500 años que contrajo la esclavización, el despojo y la muerte para nuestros pueblos de América, debemos decir que el genocidio en Colombia aún no para. Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, despertamos con la amenaza para un integrante de la guardia indígena o cimarrona, despertamos con la noticia de que se ha violado a una mujer, niña o adulta, y que la muerte a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos persiste”, testificó ante el Clemencia Carabalí, lideresa social de las comunidades Afrocolombianas víctimas del conflicto en el departamento del Cauca.
Carabalí fue objetivo de un ataque perpetrado por grupos armados en mayo de 2019, en el que también se puso en riesgo la vida de otros 25 líderes sociales.
“Son situaciones que se han agudizado con la presencia del COVID-19 en Colombia”, expresó la lideresa, quien recordó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinadas de 686 personas entre firmantes del Acuerdo y defensores de los derechos humanos, 120 de éstas solo en 2020.
Según el informe del Secretario General, el departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales a pesar del aumento del despliegue de la Fuerza Pública, que casi se ha duplicado desde comienzo del año. Durante la cuarentena se ha informado ya de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares. Los grupos armados han asesinado niños, niñas, adultos mayores, y hasta mujeres embarazadas.
La situación de seguridad en el departamento del Putumayo en el sur del país también es de preocupación, incluidos riesgos específicos a mujeres líderes, organizaciones de mujeres y participantes en las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos.
En Norte de Santander, la ONU reportó más de 45.000 personas sometidas a confinamiento forzoso en mayo. Asimismo, más de 7500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico, más del 80% eran mujeres y niños y el 50% pertenecían a comunidades étnicas.
Además, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales siguió siendo motivo de grave preocupación y, según la Defensoría del Pueblo, el riesgo ha aumentado durante la cuarentena.
Seguridad de los excombatientes
El informe del Secretario General asegura que las organizaciones criminales y otros grupos armados han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en los departamentos del Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia.
“En estas regiones, la Misión ha verificado asesinatos de excombatientes de las FARC-EP que viven en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y en nuevas áreas de reincorporación colectiva, así como amenazas contra ellos”, expresa el documento.
El Secretario General describe como preocupante la situación en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de Ituango (Antioquia) y Miranda (Cauca) donde excombatientes los han abandonado a causa del deterioro de las condiciones de seguridad y de las amenazas de grupos armados, dirigidas también contra las comunidades locales.
Los exmiembros de las FARC-EP que viven fuera de estos espacios también siguen siendo particularmente vulnerables a las amenazas, los ataques y el desplazamiento y el reclutamiento forzados, así como a la estigmatización y las represalias.
Desde el 26 de marzo la Misión ha verificado 19 asesinatos, para un total de 37 en 2020, incluidas dos mujeres.
Proceso de reintegración
Carlos Ruiz Massieu celebró, con respecto al proceso de reintegración, el hecho de que se hayan aprobado proyectos productivos individuales y colectivos adicionales a pesar de la pandemia.
“Al mismo tiempo, las iniciativas productivas de los excombatientes se han visto afectadas, lo que hace que sea aún más urgente garantizar el apoyo para su sostenibilidad, incluso a través de asistencia técnica, la asignación de tierras y el acceso a los mercados”, aseguró.
Añadió que también es importante tanto para el Gobierno como para las FARC garantizar que los beneficios del proceso de reintegración, incluido el acceso a proyectos productivos, continúen llegando a todos los excombatientes en el proceso de reintegración.
Según el líder de la Misión de la ONU, la pandemia ha demostrado una vez más la situación vulnerable de aproximadamente dos tercios de los excombatientes acreditados que actualmente residen fuera de las antiguas áreas territoriales para capacitación y reintegración.
“Los esfuerzos de todos los actores, incluido el Consejo Nacional de Reintegración y sus diferentes grupos de trabajo, para considerar las necesidades de estos excombatientes, incluidos los que llevan a cabo su proceso de reintegración colectivamente, son vitales para garantizar que puedan continuar con su proceso de reintegración en medio de un aumento desafíos de seguridad”, afirmó.
Violencia contra las mujeres
En las últimas semanas, los colombianos se han horrorizado por los incidentes de violencia sexual cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad pública, describió Massieu.
“Estos casos, que han sido fuertemente condenados por el presidente y el Ministro de Defensa, y están bajo investigación, son un recordatorio doloroso de los horribles actos de violencia sexual y de género cometidos por todas las partes en el conflicto colombiano”, afirmó.
El jefe de la Misión también dijo estar preocupado por el aumento de los informes de violencia de género en el contexto de la pandemia.
“Animo a todas las partes a redoblar las medidas para mejorar la protección y la seguridad de las mujeres, incluidas las excombatientes, líderes sociales y defensoras de los derechos humanos”, agregó.
Dichas medidas incluyen la pronta implementación del plan de acción del Programa Integral de Salvaguardias para Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos Humanos, que se ha retrasado por la pandemia, así como los esfuerzos para abordar los casos de violencia doméstica y de género dentro del antiguo territorio áreas de capacitación y reintegración.
Se necesita presencia del Estado y más garantías de seguridad
El Secretario General exhortó una vez más al Gobierno y a las instituciones del Estado a que utilicen plenamente los mecanismos de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final para producir resultados concretos y poner fin a las tragedias para líderes sociales, defensores y excombatientes.
El informe afirma que es necesario que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño y la implementación de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Muchos excombatientes y líderes sociales han sido asesinados mientras esperaban respuesta a sus solicitudes de protección.
“Como el Secretario General ha señalado repetidamente, la presencia consolidada e integrada de las instituciones estatales es la solución a largo plazo para la violencia que azota las regiones rurales de Colombia”, expresó ante el Consejo el representante de la Misión.
Un llamado al cese al fuego
Carlos Ruiz Massieu aseguró que espera que la llamada del Consejo de Seguridad a un alto el fuego mundial, pueda inspirar los esfuerzos de todos los interesados para detener la violencia y facilitar la respuesta a la pandemia.
“No hay justificación para continuar infligiendo violencia a los colombianos vulnerables que ya están bajo tremendas dificultades. Ya hemos visto cómo incluso las cesiones temporales de violencia pueden brindar alivio a las comunidades que sufren en el terreno”, dijo.
Para el jefe de la Misión, todos los esfuerzos en este momento deberían centrarse en abordar los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y garantizar que los esfuerzos de consolidación de la paz continúen avanzando en medio de esta difícil tormenta.
“Animo a los colombianos a permanecer unidos mientras navegan por esta crisis y mantener sus miras y acciones establecidas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, también participó de la reunión en el Consejo y describió las acciones que están siendo tomadas por el Gobierno del presidente Iván Duque para proteger a la población y garantizar su seguridad.
Blum hizo referencia al anuncio unilateral del cese el fuego del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hecho en marzo, y a su reciente pedido de un cese bilateral.
“El Gobierno reitera que esta alegada voluntad para la paz tiene que resultar en acciones concretas del ELN, como la liberación de todos los secuestrados y la cesación de todas las actividades ilícitas. Quiero ser clara, el ELN no cumplió su anuncio de marzo, y no hay señales de que vaya a cumplir este”.
Blum afirmó que las autoridades colombianas no abandonarán su misión constitucional de proteger a sus ciudadanos de “la amenaza terrorista y criminal que este grupo representa” y reiteró el compromiso del país hacia la paz.
“El Gobierno del presidente de Iván Duque está comprometido en construir la paz con legalidad, el apoyo de la ONU es fundamental para continuar avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la crisis mundial actual no debilitaremos nuestros esfuerzos y continuaremos invirtiendo todos los recursos posibles para conseguir los resultados que nuestros ciudadanos merecen”, expresó la Ministra.
Avanza traslado de excombatientes de las Farc hacia Mutatá, Antioquia
Llegó la fecha. Lo que se había planeado entre las autoridades locales y nacionales y los líderes del partido Farc se materializó y desde este martes comenzó la puesta en marcha del trasteo de los excombientes de las Farc que se encontraban en la ETCR Santa Lucía hacia el municipio de Mutatá (Urabá antioqueño).
Desde este martes el Gobierno Nacional, a través de la ARN y la Gobernación de Antioquia, puso a disposición tres buses escalera, cuatro buses desde la cabecera municipal de Ituango y un bus desde Medellín, alimentos y elementos de bioseguridad para el traslado hacia el nuevo hogar de los excombatientes.
De acuerdo con la ARN, las condiciones logísticas del traslado están listas y coordinadas con los entes territoriales y la fuerza pública a fin de preservar la seguridad de los excombatientes para cumplir con el traslado de este miércoles.
El Ministerio de Defensa desplegó el plan de seguridad, con más de un centenar de uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para este proceso.
#DeItuangoAMutatá ?️ | Con el propósito de garantizar la seguridad de nuestra población, representantes del Gobierno y de los excombatientes en el Consejo Nacional de Reincorporación, concertaron el protocolo del traslado de las 93 personas del AETCR Santa Lucía a Mutatá pic.twitter.com/BsjEXjfGIQ
— Andrés Stapper (@AFSTAPPER) July 14, 2020
A su vez, la Gobernación de Antioquia expidió la certificación que permite realizar el traslado concertado siguiendo las medidas de bioseguridad en medio de la emergencia generada por el covid-19.
Cabe recordar que la ARN firmó por un año un contrato de arrendamiento de dos predios de 5 y 132 hectáreas en Mutatá, donde habitarán los excombatientes y familiares que residían en el AETCR de Santa Lucía; además radicó ante
Agencia de Tierras la solicitud de compra de los mismos.
Pastor Álape, delegado del Partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), informó a través de su cuenta de twitter que el traslado será desde las 3:00 a.m.
«Esta reubicación urgente fue solicitada desde enero del 2020 por el colectivo en reincorporación ante la ausencia de garantías de seguridad en Ituango, donde han asesinado a 11 signatarios de la paz y a uno de sus hijos», manifestó Álape.
Esta reubicación urgente fue solicitada desde enero del 2020 por el colectivo en reincorporación ante la ausencia de garantías de seguridad en Ituango, donde han asesinado a 11 signatarios de la paz y a uno de sus hijos. #DeItuangoAMutatá
— Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) July 14, 2020
