Guatemala: sobrevivir al Covid y al racismo de Estado
Por FM La Tribu
Andrea Ixchíu, es integrante de la comunidad Maya K’iche’de Guatemala. Además es comunicadora comunitaria, feminista, defensora de Derechos Humanos y de la identidad indígena. Desde su territorio, Totonicapán, describió el mapa de situación de Guatemala en contexto de pandemia. Un país, que no duda en afirmar, fue “fundado en desigualdades basadas en racismo, clasismo y machismo” y hoy el coronavirus lo pone en evidencia de la manera más cruda.
En las últimas semanas las cifras de contagios y muerte por Covid-19 en Guatemala crecieron exponencialmente y, en muchos casos, el diagnóstico llegó después de la muerte.
Según Andrea “esta pandemia vino a desnudar y mostrar lo precario de la infraestructura de la salud pública. Lo cual no es nuevo, y tiene mucho que ver con una historia larga de desfalco del erario público de parte de las elites gobernantes pero también con una historia de racismo».
Hospitales colapsados, desfinanciamiento del sistema de salud pública, salarios adeudados y falta de insumos de protección para una atención segura de pacientes son solo algunas de las problemáticas que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de la salud en Guatemala.
A esto se suma “un muy mal manejo de la información pública que tiene que ver con una estrategia política de gobierno de ocultar la información al rededor de múltiples casos”, dice la referenta K’iche’. Diferentes organizaciones pidieron la destitución del Ministro de Salud, Hugo Monroy, acusado de ocultar datos vinculados a registro de fallecimientos. El 18 de junio Monroy dejó su cargo junto con su gabinete.
En Guatemala más del 40 por ciento de la población corresponde a comunidades indígenas, sin embargo este es uno de los sectores más desprotegidos ante al pandemia debido a las dificultades en el acceso a la salud pública.
En estos más de 3 meses de cuarentena con toque de queda “la guerra contra el enemigo invisible del Covid justifica un cese absoluto de locomoción además, de control militar de las calles”, advirtió Andrea quien señala que en este contexto “hay un ensañamiento de la estructura policial. Lo ves en contra de los cuerpos indígenas, de mujeres, pobres, trabajadoras.”
“El Estado está ausente en materia de servicios pero está presente en materia de represión”, afirmó.
El 6 de junio pasado, un grupo armado entró a la comunidad del líder espiritual Domingo Choc. Lo sacaron de su casa, lo torturaron y lo prendieron fuego ante toda la comunidad. Lo acusaron de brujería, por dedicarse a la medicina ancestral y el estudio de las plantas medicinales, conocimiento que sistematizaba junto a equipos universitarios.
“Esto no es nuevo, ocurre hace más de 500 años”, dice Andrea y señala que la brujería como categoría de prejuicio “ha servido para estigmatizar cualquier otra práctica de la espiritualidad fuera del cristianismo.”
La persecución a las comunidades, el avances sobre sus territorios y la violencia sistemática configuran lo que la defensora de Derechos Humanos define como “racismo de Estado”, componente estratégico en un modelo que descuida la naturaleza solo opera en favor de los intereses de una élite blanca local junto con las empresas transnacionales.
“Es un momento crucial en el que hay que cuestionar muchos de nuestros modelos de vida y de la presión que hacemos a los ecosistemas que tenemos cercanos. Sabemos que es bien importante hacer defensa de esos bosques y de nuestro territorio, porque conservando nuestro bosque conservamos nuestra identidad y nuestra cultura pero, sobre todo, la subsistencia de la vida humana en el planeta. Porque eso es lo que nos estamos jugando en este momento”, afirmó Andrea Ixchíu.
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