El Paraguay está manejado por la delincuencia – ABC Color, Paraguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
“Nos encontramos en un país liberado, manejado por la delincuencia. Todas las rutas de la ilegalidad están liberadas y, lógicamente, hay agentes contaminados”. Lo dijo hace poco Emilio Fúster, el ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIPCC). Este funcionario, a inicios de mayo de 2019 –ya hace más de un año–, se reunió con el entonces viceministro de Tributación Fabián Domínguez y con el director nacional de Aduanas Julio Fernández, para revisar el proyecto de relanzamiento del programa de lucha anticontrabando. No sabemos si la iniciativa prosperó, pero lo cierto es que el comercio ilegal sigue gozando de buena salud.
Según la información oficial de entonces, la reunión se realizó “tras confirmarse hechos de corrupción propiciados por una red de funcionarios y efectivos policiales, en connivencia con empresarios locales, para permitir el libre ingreso de mercaderías, incluyendo materias primas para la producción de estupefacientes”. Los participantes del encuentro estimaron que la incorporación de nuevas tecnologías y la evaluación técnica del funcionario que actuará en el programa contribuirían a reducir sustancialmente los márgenes de maniobra o las prácticas irregulares en el combate al contrabando.
Si pasó tanto tiempo desde la citada reunión y el país sigue en manos de la delincuencia, que tiene libre tránsito gracias a la complicidad de agentes estatales, es porque no se aplicaron las nuevas tecnologías ni se realizó la evaluación técnica del personal o, lo que es más probable, porque la cuestión tiene que ver sobre todo con la honestidad. Lo prioritario es la evaluación “moral” del funcionario encargado de perseguir a los bandidos, tanto del sector privado como del público, pues de nada sirve capacitar en el uso de equipos modernos a quien está dispuesto a recibir sobornos, por propia iniciativa o por órdenes de algún jerarca. El exjefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, afirmó hace un par de años que el 70% de sus subordinados estaba corrompido, estimación esta que no resultó sorprendente y que bien podía extrapolarse a otros organismos de la fuerza pública. Nunca se supo de alguna depuración. En 2018, días después de asumir el cargo de ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor anunció que, cada tres o seis meses, los miembros de las “unidades especiales” de la Policía Nacional (PN) serían sometidos a la prueba del polígrafo. También se ignora si la prueba fue implementada y, en caso afirmativo, cuáles fueron los resultados, pero no así que el exministro llegó a revelar más tarde que ciertas operaciones debían ocultarse de otros agentes policiales para evitar filtraciones. Dato suficiente para tener una idea de la rectitud de quienes deben resguardar de la delincuencia a la sociedad. Su reemplazante, Euclides Acevedo, habló de la necesidad de “desinfectar” la institución policial para frenar el crimen organizado y señaló que la cualificación moral se obtendría siendo cadete, a lo que cabe agregar que eso sería difícil si también la Academia estuviera podrida. Inquietante panorama para una población preocupada por su seguridad.
Lo mismo cabría decir de la Dirección General de Asuntos Internos de la PN: mal podría detectar los casos endógenos de corrupción e investigar las denuncias provenientes, incluso de autoridades públicas, si ella misma estuviera contaminada o no contara con los recursos humanos y materiales suficientes para la autodepuración. Especial atención debería prestar al personal de Ciudad del Este y de Pedro Juan Caballero, destinos predilectos de quienes buscan llenarse los bolsillos gracias a la mafia del narcotráfico. Aún se recuerda la venta de protección policial al asesino prófugo Ibar Pérez Corradi, también beneficiado con la falsificación de documentos por el Departamento de Identificaciones de la PN. En estos días saltó el caso del brasileño Hernandes Oliveira Da Silva, buscado por Interpol y detenido en Uruguay, pero que según sus documentos paraguayos, ya había “fallecido” en nuestro país.
En sus alarmantes declaraciones, el ministro Fúster aludió también al personal militar y, en particular, al de la Armada, dado que el río sería una de las principales vías del tráfico ilegal de todo tipo de productos. Es bueno que haya hablado al respecto con el almirante Carlos Dionisio Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, por si él aún no supiera que los “puertos clandestinos” instalados sobre el río Paraná están muy lejos de serlo y que también el río epónimo es frecuentado por los contrabandistas, incluso en las cercanías de la capital. No está de más apuntar la necesidad de que también el personal aeroportuario “contaminado” sufra las consecuencias previstas en el Código Penal.
Más allá de las medidas que la UIPCC crea conveniente adoptar para cumplir con su cometido, es preciso atender los penosos dichos del ministro Fúster, que se resumen en la constatación de que el Paraguay está “manejado por la delincuencia”. No lo dijo un desaforado opositor, sino toda una alta autoridad pública.
En vez de estar inmerso en un sospechoso “Operativo Cicatriz”, que augura más de lo mismo para el Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez debería más bien tomar nota y emprender el rescate del país, junto con los otros poderes, así como con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, empezando por la limpieza de los órganos estatales y con el acompañamiento de la ciudadanía harta de tanta desvergüenza.
