El gobierno argentino permitirá el autocultivo de cannabis medicinal
Cannabis medicinal: “El Ministerio de Salud nos escuchó desde el comienzo”
Por Pablo Estaban
El borrador de la reglamentación de la ley de cannabis medicinal es el fruto de un amplio debate entre el gobierno y el consejo consultivo. Está compuesto por miembros de organizaciones sociales, científicas y universitarias.
“Tenemos una alegría inmensa. Cuando en febrero de este año estuve en el Ministerio de Salud con Ginés y Vizzotti fue muy positiva la reunión porque nos ayudaron a que esta ley pudiera tener una perspectiva federal. Antes las tres organizaciones que aconsejaban eran de Buenos Aires, ahora hay dos más de Río Negro y una de Rosario. Nos atendieron y abrieron la representatividad. El mundo cannábico tiene figuras a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hay un Ministerio de Salud que nos escuchó desde el comienzo y lo sigue haciendo, tiene palabra”, señala Soledad Pedrana, psicóloga y miembro del consejo consultivo. Luego, quien representa a la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (Aupac) de Rosario, continúa su discurso y marca una diferencia respecto de lo que ocurría durante la gestión anterior: “Es un logro porque veníamos de no poder hablar con ningún funcionario. Las organizaciones habíamos quedado sepultadas con una ley que en 2017 había salido pero sin la posibilidad de autocultivo. Lo que está sucediendo es una ganancia para toda la sociedad”, destaca.
El consejo consultivo que dialoga con el gobierno y oficia como mediador está conformado por 15 miembros de instituciones distintas. De ese total, seis referentes pertenecen a organizaciones no gubernamentales. Como apuntaba Pedrana, un dato sustantivo es que aunque al comienzo los consejeros de las ONGs solo eran tres y de Buenos Aires, en plan de federalizar los debates y el proceso de toma decisiones, se sumaron tres participantes más provenientes de las provincias. Bajo esta premisa, también emerge el nombre de la bióloga Gabriela Calzolari, presidenta de la sociedad civil Ciencia Sativa, gestada hace dos años en Bariloche. Fue el primer espacio, quizás por su perfil más científico, que gestó un convenio a cinco años con el INTA (tras la aprobación de los Ministerios de Salud y Seguridad) con el propósito de explorar las posibilidades de la producción pública del cannabis medicinal.
El resto de representantes que componen el consejo consultivo provienen de instituciones de amplio consenso en el espacio público como Conicet, Anmat, Defensoría del Pueblo de la Nación y las universidades nacionales, entre otras.
Espíritu inclusivo
La ley de 2017 preveía un uso exclusivo del cannabis. El borrador, por el contrario, tras recoger los pedidos de las organizaciones, establece una lógica de carácter inclusivo. “Celebramos infinitamente que el artículo 8 proponga la habilitación del autocultivo de aquellas personas que utilizan medicinal, terapéutica o paliativamente a la planta. Exhibe, además, una apertura distinta para los diversos tipos de acceso; me refiero a los cultivos en red: asociativo, cooperativo o comunitario. Uno de los obstáculos de la reglamentación anterior era que solo aquellas personas con epilepsia refractaria podían recibir cannabis medicinal, un preparado importado y únicamente recetado por médicos neurólogos. Constituía la única vía legal”, dice Calzolari. Desde aquí, con tantas restricciones, todo lo que no quedaba bajo el paraguas de esas prescripciones pasaba a formar parte del terreno grisáceo de la ilegalidad. La prohibición criminalizaba el consumo e implicaba la ausencia de control sobre la calidad del producto final.
Desde esta perspectiva lo entiende Pedrana: “La evidencia científica apuntaba a que el cannabis solo podía ser aplicado a pacientes con epilepsia refractaria. De esta manera se limitaban las propiedades de una planta tan interesante y compleja (con más de 500 componentes) y el acceso para personas con otras patologías respecto de las cuales se había probado su efectividad de una manera rotunda. La ley ignoraba estudios de alto rango científico que aseguraban que se podía aplicar para enfermedades de distinta índole”, apunta.
Un elemento superador que suman las ong de Río Negro y Rosario se vincula con el abandono del paradigma médico hegemónico. Tal como proponen: no todas las condiciones de salud que requieren del consumo terapéutico son “patologizantes”. “Queremos aportar una crítica constructiva, consideramos que el concepto de ‘patología’ también restringe porque existen condiciones de salud que el cannabis ayuda a mejorar. Pensamos que esa noción puede funcionar como una forma de exclusión a algunas personas que lo necesitan. Quizás, en vez de hablar en esos términos, sería preferible referir a ‘las condiciones de salud’ según decisión del médico tratante”, expresa Calzolari. Según propone la representante de Río Negro, será asunto del profesional de la salud definir qué condiciones individuales, en efecto, requieren de cannabis medicinal y cuáles no.
Estado presente y federal
“Hay un eje del borrador que nos gusta mucho que se vincula con la prioridad en la producción pública, vinculada a instituciones de trayectoria y confianza como el INTA, el Conicet y las universidades nacionales”, describe Calzolari. Este aspecto forma parte de un acento mayor que trata de imprimirle el gobierno nacional a su gestión en relación a la producción doméstica de medicamentos y tratamientos. Obtener cuotas de autonomía en la generación de las propias soluciones a las demandas y necesidades de las poblaciones puede significar la realización de pasos importantes hacia el objetivo de la soberanía. “El propósito no es que desaparezcan las empresas sino que el Estado sea protagonista y gestor. Necesitamos que intervenga para regular el mercado y evitar los monopolios y concentración. En la actualidad, la gente que utiliza cannabis debe comprar un producto fabricado en el exterior y a un alto costo. Es fabricado por empresas que lo único que les interesa es el lucro. Es ridículo”, destaca Calzolari.
Al respecto, Pedrana comparte: “Si hay una convicción que tenemos desde las ong es que el cannabis puede ser una posibilidad de desarrollo productivo en nuestro país, un producto de valor agregado para generar divisas. La producción pública sería un baluarte que generaría mano de obra. Tenemos que empezar a entender que tenemos posibilidades grandísimas de tener una industria”. Como en cualquier caso, se requerirá de una fuerte inversión estatal si el objetivo es que la industria comience a mover sus engranajes en el rubro. Más allá de un Estado protagonista, las organizaciones de Río Negro y Rosario promueven desde el consejo consultivo una mirada de carácter federal. “Hay que dejar de pensar que todo se reduce a las grandes poblaciones y los conglomerados. La planta crece hasta en Ushuaia, existe una cultura inmensa, hay lugares recónditos en los que necesitamos plantar”, asume Pedrana. Y remata: “Cuanto más invisibilizadoel sitio más trabajo hay para hacer. Es un derecho cultivar una semilla tan noble que acompaña desde hace milenios a la humanidad”.
Cannabis medicinal: el Gobierno permitirá el cultivo personal y el expendio de aceites en farmacias
Tres años y algunos meses después de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, los usuarios que hasta ahora debían moverse en la sombra de la clandestinidad a riesgo de ir presos recibirán la noticia que tanto esperaban: el Gobierno permitirá finalmente que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública.
Es una noticia que cambia el paradigma y el escenario después de 80 años de prohibición global y total. La comunicó en una reunión virtual Ginés González García a organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario. El ministro de Salud de la Nación les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley, que contemplará la mayoría de los pedidos de los usuarios. Y anulará la redactada por la administración del gobierno anterior, que había sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes.
“Es un día importantísimo para demostrar que se puede gestionar de cara a la sociedad”, les dijo el Ministro desde su despacho vía teleconferencia, antes de dejar la cuestión técnica al mando de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
La novedad más importante que contiene este borrador (que aprobará el consejo consultivo antes de seguir su curso hacia la firma del presidente Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial) es, sin dudas, el reglamento del artículo 8 de la ley 27.350, que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren el Programa de Cannabis (REPROCANN).
Los límites en la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos “en red” se conocerán recién cuando la cartera sanitaria redacte las resoluciones particulares, pero también será materia de discusión durante las reuniones que se desarrollen en los próximos días.
No obstante, la preocupación de las autoridades del REPROCANN está puesta no tanto en la cantidad sino en la calidad de lo que produzcan estos cultivos. “La idea es controlar el producto final”, advirtió uno de los funcionarios responsables, que reconoció que la gratuidad total es un problema a la hora de generar accesos. En este punto el borrador también se aclara que estará contemplada “la protección de confidencialidad de datos personales”.
Esto no significa que cualquiera va a poder tener plantas de cannabis en sus casas pero sí que podrán entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que, sin respuestas del Estado desde 2017, sostenían con mucha dificultad (por el riesgo de ir presos y los problemas para conseguir, por caso, semillas) la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos tres años.
“El rol de las organizaciones seguirá siendo clave”, advirtió Vizzotti, quien también les anunció a los integrantes del Consejo Consultivo que trabajarán para llevar al Congreso “una ley superadora”. Aunque no dio detalles, es sabido que la diputada entrerriana del FdT Carolina Gaillard trabaja en un proyecto que modificaría la ley de drogas y despenalizaría el cultivo y la comercialización de cannabis para uso medicinal.
Hasta ahora, tener semillas y plantas en el ámbito privado, aun para consumo personal y terapéutico, está penado por la ley de drogas con hasta 15 años de prisión. Al menos en el ámbito medicinal, esta decisión reglamentaria significará el fin de la criminalización de pacientes y cultivadores solidarios.
Otra de las novedades importantes que trae la reglamentación modelo 2020 es la posibilidad para los usuarios no sólo de importar productos medicinales de cannabis, que ya estaba permitido aunque solo para las epilepsias refractarias y vía ANMAT, sino también a partir del expendio en farmacias habilitadas para producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas.
“Los pacientes que no estén inscriptos en el Programa, pero que tuvieren como prescripción médica el uso de la planta de cannabis y sus derivados y su patología esté contemplada por el Programa, podrán adquirirlo a través de la importación de especialidades farmacéuticas o por formulaciones magistrales elaboradas por farmacias habilitadas a tal fin”, dice el texto borrador, al que tuvo acceso Infobae.
Además, cortará el límite que imponía el modelo del gobierno de Mauricio Macri respecto de las patologías habilitadas para el tratamiento. A partir de la publicación de la nueva normativa ya no sólo tendrán el permiso los pacientes con epilepsias refractarias sino también el resto, cualquiera sea que obtenga efectos positivos. En el borrador se amplía el artículo 3 “a las personas a las cuales se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de la planta de cannabis y sus derivados”.
El Estado sí garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas, algo que sí ocurría actualmente pero con poco éxito, al ser exclusivo para epilepsia refractaria y al no tener promoción ni campañas públicas, apenas consiguió que se inscriban para el tratamiento “de investigación” menos de 300 pacientes. De hecho, el año pasado el Estado, después de rebajar el Ministerio de Salud a Secretaría, redujo el presupuesto para el Programa Nacional de Cannabis, al que le destinó menos de 1.000 pesos por día.
Desde el Ministerio plantearon que en la reglamentación nueva se incluirá la promoción de programas de extensión universitaria vinculados al cannabis medicinal, el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso. Y que la cartera podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos, privados y organizaciones no gubernamentales.
Según anunciaron, se propiciará el cultivo estatal y se le dará prioridad a la producción en laboratorios públicos, algo que varias provincias venían pidiendo, en especial desde hace varios años Santa Fe. Y que, en los últimos meses, también empezó a proyectar el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“El Estado Nacional brindará colaboración técnica que impulse la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos. La dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y/o en las farmacias habilitadas por el Programa”, detalla el borrador.
Salud nacional será responsable de garantizar los insumos necesarios para facilitar la investigación médica y/o científica de la planta de cannabis y “fomentará y priorizará, en vistas de la eficiencia en el uso de los recursos, a la producción regional y aquella realizada a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). En este sentido, el Gobierno le quita la exclusividad al INTA y al Conicet y, algo que se había reclamado desde un sector del Consejo Consultivo, abre el juego a las universidades de todo el país que hasta ahora fueron esencialmente quienes sostuvieron las redes de acceso a través de trabajos en conjunto con organizaciones cannábicas sin fines de lucro.
“Es la reglamentación que esperábamos en el año 2017, y no podemos más que celebrar que en este contexto tan adverso. El reconocimiento del autocultivo protege a cultivadores solidarixs, usuaries y las mujeres cuidadoras que encontramos en la planta la solución a mucho dolor, a costa de nuestra seguridad y de ser criminalizadas por un sistema que hasta hoy nos invisibilizó y nos persiguió. Conscientes de ser el eslabón más débil de la cadena, nos fortalecimos en lo colectivo, tejimos las redes que hoy rinden sus frutos en este logro”, celebró ante la consulta de este medio Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.
“Recibimos muy bien la propuesta. Además del autocultivo y cultivo en red, la reglamentación actual destraba la investigación no clínica y se avanza sobre blanquear el uso del material vegetal, las semillas, que son esenciales. Seguramente este borrador sea mejorado pero estamos muy conformes”, remarcó el químico y docente Gastón Barreto, representante en la reunión como parte del Consejo Interuniversitario Nacional.
Si bien ninguna fuente del gobierno aventuró para cuándo estará publicada la nueva reglamentación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud pidió a los integrantes del Consejo elevar dudas y sugerencias antes del viernes, con lo que se especula que no demoraría mucho más que días. El borrador tiene la aprobación de Alberto Fernández. La mirada sobre la letra chica del borrador la hizo la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y trabajaron algunos legisladores del Frente de Todos junto al personal técnico del Ministerio de Salud actual, dentro del cual está el médico Marcelo Morante, un referente en el tema que “sobrevivió” a la gestión anterior.
