Colombia: la Farc denuncia el asesinato de otro excombatiente y ya van 217 desde la firma de los Acuerdos de Paz

Partido Farc denunció asesinato de otro exguerrillero en el Meta

El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el asesinato de un ex combatiente de las extintas Farc, en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, el desmovilizado fue identificado como Fredy Fajardo Ávila, según se conoció esta persona se encontraba en el proceso de reincorporación.

Según el movimiento político con esta muerte, ya serían 217 excombatientes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, de la misma forma responsabilizaron al presidente Iván Duque por la seguridad de los desmovilizados y por lo que denominaron como un «exterminio» en contra de sus miembros.

¡Denunciamos otro asesinato!
Fredy Fajardo Ávila fue asesinado en Uribe #Meta. Con este compañero son 217 firmantes de la paz asesinados en estos años. Señor @IvanDuque usted es responsable, su omisión y señalamiento cómplice hacen parte del exterminio en nuestra contra. pic.twitter.com/EEDZ056JlX

— FARC (@PartidoFARC) July 11, 2020

En los últimos días el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se reunió con varios líderes del partido Farc con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los desmovilizados, tanto en los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) como en otras regiones del país dónde adelantan proyectos productivos o realizan actividades políticas y sociales.

En varias ocasiones el movimiento político ha indicado que son varios los incumplimientos y retrasos en la implementación de los Acuerdos de Paz, mientras que el Gobierno Nacional ha reiterado que se están brindando las garantías para proteger a los ex combatientes mientras que se adelanta la implementación de los acuerdos con el acompañamiento de organismos internacionales.

RCN Radio

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Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1	Benjamín Banguera González	1 de enero	Guapi	Cauca
2	Carlos Andrés Ricaurte	11 de enero	Finlandia	Quindío
3	Gerson Moises Morales	11 de enero	Finlandia	Quindío
4	Crescencio Santos	12 de enero	Quibdó	Chocó
5	Hober Arias Giraldo	15 de enero	Dabeiba	Antioquia
6	Duver Esneider Solano	22 de enero	Mesetas	Meta
7	Jhon Freddy Vargas Rojas	25 de enero	Pitalito	Huila
8	Cesar Dario Herrera Gomez	24 de enero	Ituango	Antioquia
9	Rafaél Zapata	14 de febrero	San Juan de Arama	Meta
10	Daniel Jiménez Ospina	16 de febrero	Puerto Guzmán	Putumayo
11	Wiston Antonio Moreno	21 de febrero	Quibdó	Chocó
12	Esder Pineda Peña	21 de febrero	Algeciras	Huila
13	José Elias Peralta	21 de febrero	Puerto Asís	Putumayo
14	Holman Antonio Montes	27 de febrero	San Vicente del Caguán	Caquetá
15	Astrid Conde	5 de marzo	Bogotá D.C	Bogotá D.C
16	Edwin de Jesús Carrascal	10 de marzo	Coloso	Sucre
17	Bella Esther Carrillo	17 de marzo	La Macarena	Meta
18	Irnel Flores Forero	17 de marzo	La Macarena	Meta
19	Alveiro Antonio Gallego	21 de marzo	La Macarena	Meta
20	José Isidro Cuesta Ricas	29 de marzo	Jiguamiandó	Chocó
21	Juan Carlos Castillo Certijama	30 de marzo	Puerto Asís	Putumayo
22	Carlos Alberto Castillo	3 de abril	Planadas	Tolima
23	Jhon Jairo Londoño Bedoya	15 de abril	La Uribe	Meta
24	Rigoberto García	17 de abril	Urrao	Antioquia
25	Wilder Daniel Marin Alarcón	7 de mayo	Bello	Antioquia

Indepaz

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Un escudo contra la estigmatización

Colombia se enfrenta a una realidad trágica. Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.

Una muestra de esa situación es que, del 2014 al 2015, se reportó un incremento de 78 a 105 muertes, lo que significó un incremento del 35 por ciento, según un informe basado en cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Para el 2016, la creciente cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia llamó la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que manifestó su “profunda preocupación” por estos crímenes.

La mayor parte de los asesinatos eran cometidos por sicarios y, al parecer, luego de una labor de seguimiento a sus víctimas. Los mataban en sus casas, en sus sitios de trabajo, en los trayectos que recorrían solos. También empezaron a circular panfletos amenazantes en diferentes regiones, especialmente Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y parte de los Llanos Orientales.

Esta situación llamó la atención del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quién, luego de un intenso trabajo, lanzó, el 14 de junio de 2017 la Directiva 002. El principal objetivo de este documento es servir de “escudo legal protector de los defensores de derechos humanos contra la estigmatización, la deslegitimación, los abusos de los funcionarios públicos y la impunidad en los graves casos de violación de derechos humanos”.

Como desarrollo de esta orientación, nació la idea de realizar una campaña nacional para visibilizar la labor de los líderes sociales. Se buscaba, de esa manera, disminuir las estigmatizaciones que algunos sectores lanzan contra los líderes sociales y crear consciencia sobre lo que estos representan para la democracia y para la sociedad.

Por un futuro distinto

Es claro que los efectos del asesinato de un líder social son devastadores para una comunidad. Cada líder, en su marco muy particular, representa a una comunidad: a mujeres, a niños y a jóvenes, a defensores de derechos humanos, a ambientalistas, a reclamantes de tierra, a un grupo afro o indígena.

«Si nosotros logramos movilizar al país, alrededor de la reconciliación y alrededor de la defensa de los derechos, que es lo que han buscado los líderes sociales que han ofrendado su vida, vamos a construir un futuro distinto. No podemos aportarle a la muerte, hay procesos históricos de reivindicación de derechos que nos necesitan”, anunció el Procurador General de la Nación durante una charla con periodistas.

En medio de ese panorama comenzó a tomar forma en la Procuraduría General de la Nación, “Lidera la Vida”, la cual tiene como objetivo ayudar a proteger a aquellas personas que desempeñan un papel de liderazgo en su comunidad.

La campaña, además, es un espacio independiente, pero complementario del trabajo que la Procuraduría General de la Nación realizaba en las Mesas por la Vida en Apartadó, Carmen de Bolívar, Soacha, Catatumbo y Cali, donde líderes de diferentes sectores expusieron ante instancias nacionales e internacionales las problemáticas que los afectaban, trazaron líneas de trabajo, intercambiaron ideas y fortalecieron el contacto institucional.

Diez organizaciones se unieron a esta valiosa tarea que promovía la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Desde el sector social llegaron la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic); la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Pastoral Social-Cáritas Colombia. El apoyo internacional también está presente con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Agencia de la ONU para refugiados (Acnur), Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA). El Espectador y Caracol TV se unieron a la iniciativa.

Desde entonces, “Lidera la vida” enfatiza su actividad en sensibilizar a los colombianos sobre el papel que cumplen los líderes sociales y en disminuir la estigmatización de la cual son víctimas en un país donde, debido a la polarización política, cualquier forma de protesta es vista con sospecha y muchas veces es objeto de fuertes calificativos y amenazas.

¡Ustedes no están solos!

Aunque ya se habían realizado importantes actividades, la campaña se lanzó el primero de agosto de 2019 en Montería, Córdoba, una región afectada por las acciones de grupos guerrilleros, inicialmente, y, luego, por grupos paramilitares, algunos de los cuales siguen en la región, según la denuncia de algunos líderes.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien acompañó la apertura de la campaña “Lidera la vida”, indicó: “Hoy les decimos a nuestros defensores de derechos humanos y líderes sociales que no están solos, que reconocemos la importancia de su trabajo para la democracia y bienestar de los habitantes del país, que los admiramos y queremos que ejerzan sus labores libres de violencia y con garantías.

Según Juanita Ariza Guzman, coordinadora del proyecto “Murales Lidera la Vida”, este ejercicio está orientado a la “reconstrucción de la memoria colectiva de los líderes sociales asesinados a través del arte y del muralismo para la visibilización de la situación de violencia y de inseguridad de los líderes y lideresas del país pero también de su capacidad de crear mecanismos de resiliencia a través de la creación de espacios colectivos de memoria donde a través de seis murales se articularon más de 450 líderes, ciudadanos y funcionarios de todo el país en torno a la memoria de los líderes sociales”.

Como conclusión de estas fases de la campaña “Lidera la Vida”, la Procuraduría General de la Nación ha sido enfática en señalar: “La estigmatización de los líderes sociales y de los defensores y defensoras de derechos humanos está principalmente asociada a la percepción errónea de su labor, la cual es vinculada, equívocamente, al ejercicio de oposición a la institucionalidad, es relacionada con sectores de izquierda y, en muchas ocasiones, con grupos armados organizados al margen de la ley”.

Por esa razón, la Procuraduría General resalta que “el lenguaje de los derechos humanos puede ser muy potente. En algunos contextos puede servir para destruir, mientras que en otros puede servir para construir. Utilizar de forma estratégica el lenguaje es una forma de respeto a los derechos humanos y de forjar la paz”.

El Nuevo Siglo

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Excombatientes abandonan Ituango para proteger sus vidas

Mujeres y hombres firmantes de los acuerdos de paz deberán ser trasladados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- ubicado en Ituango, Antioquia hacia Mutatá en el mismo departamento. Las y los excombatientes denunciaron los riesgos a la vida que estaban viviendo debido a la falta de voluntad del Estado colombiano para cumplir los acuerdos. En días pasados el Gobierno Nacional anunció el traslado, el cual será realizando de manera paulatina, iniciando el 15 de julio. Antes de que termine el mes se espera que todas las personas hayan sido trasladas de manera segura y con todas las condiciones de protección ante la pandemia en el nuevo lugar del Urabá antioqueño.

“Realmente todos dijimos que ya no aguantábamos más, que ya no se podía, que no había ninguna garantía de seguridad para mantenernos en ese espacio y fue cuando se comenzó a crear las condiciones para salir del ETCR de Ituango y buscar otras tierras para llevar la semilla de la paz, a un territorio donde el gobierno nos garantice todas las medidas de seguridad y nos garantice que podamos realizar la reincorporación como debe ser.” Afirmó Manuel González de la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –Farc-.

Las amenazas y riesgos que sufren las mujeres y hombres que firmaron la paz han sido denunciados por la propia Personería del Pueblo, la cual emitió la alerta temprana N° 0042020 el pasado 24 de enero del presente año. En la misma alerta dio a conocer los derechos fundamentales amenazados en el municipio: “El derecho a la vida, la integridad personal, a no ser desaparecido, a la libertad personal, a no ser desplazado, a la libre circulación, a la libertad de residencia y a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Asimismo, la Personería advirtió sobre la existencia de “Riesgo para excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familiares, ante presiones para vincularse a los grupos armados con interés expansivo en la región, debido a su experiencia militar, su conocimiento a profundidad el territorio y su experiencia para acceder y permanecer en territorios topográficamente complejos.”

Manuel González, firmante de la paz e integrante de la Dirección Nacional del partido FARC, en un conversatorio realizado el día 6 de julio por la red de Comunidades Construyendo Paz en Colombia –Conpaz- expuso varias de las situaciones por las cuales los y las excombatientes decidieron emprender el traslado del ETCR hacia Mutatá. Entre esas situaciones están:

• El desacato por parte del Gobierno Nacional y el Ejército Nacional de cubrir las zonas que ellos y ellas como excombatientes entregaban, desacato que se tradujo en la ocupación de dichas zonas por otros actores armados dificultando así la posibilidad de la paz.

• El abandono estatal al que fueron sometidos tanto ellos y ellas como firmantes de paz, como el resto de la comunidad en general.

• El asesinato de líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz en Antioquia han asesinado a 17 líderes y de esos 17, 12 han sido en Ituango.

• Desde el año 2017 hasta la fecha se han presentado 10 situaciones de desplazamiento forzoso que deja alrededor de 3000 campesinos desplazados.

Debido a las situaciones anteriores los y las excombatientes en enero del presente año realizaron una asamblea para decidir entre todos los firmantes qué hacer. Esto obligó al gobierno, el cual adelanta actualmente el proceso de arriendo de dos predios de cerca de 137 hectáreas de extensión con opción de compra. Los predios destinados para esta tarea son Becuarandó y El Porvenir, con 132 y 5,27 hectáreas respectivamente.

Con la alcaldesa de Mutatá, autoridades y acompañantes internacionales, realizamos visita a los lugares donde se va a recibir y a ubicar transitoriamente a los firmantes de la paz que se desplazan de Ituango a Mutatá. pic.twitter.com/D9wnJlvtrk

— Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) July 6, 2020

Mientras la mayoría de los y las excombatientes hacen las maletas, se llevan con ellos la figura de ETCR, los proyectos económicos y productivos que tienen adelantados en Ituango. Sin embargo, expresan que les preocupa la suerte de las 7 familias que decidieron no trasladarse. Además, califican este viaje como un desarraigo, pues la mayoría de las personas firmantes de la paz son de la región.

Por su parte las comunidades indígenas, barequeras, excombatientes firmantes de la paz y campesinado en general denuncian que están en el medio de disputas territoriales que se libran en el territorio, por lo cual sus vidas están en constante peligro

En esa zona del noroccidente colombiano hay presencia de actores armados como las disidencias de las Farc-ep, (el Frente 36 y el Frente 18 Román Ruiz), grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, provenientes del Sur de Córdoba y el Bajo Cauca y el Ejército Nacional de Colombia, involucrado en varias denuncias de derechos humanos. No se puede dejar de lado el proyecto de Empresas Publicas de Medellín -EPM Hidroituango-, el cual se está desarrollando en el territorio.

Colombia Informa

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