CEPAL pronostica la pérdida de 8,5 millones de empleos en la región
Por Jorge Herrera
Pese al incierto futuro pospandémico los expertos no dudan que las economías encontrarán mucha tierra arrasada, tanto en términos de empleo como de empresas. La última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es que la región perderá 8,5 millones de empleos formales y desaparecerán 2,7 millones de empresas formales, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. Si bien la crisis afecta a todas las empresas tampoco hay duda de que el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes, por su peso en la estructura empresarial regional. Las medidas lanzadas por los gobiernos apuntaron en lo inmediato a reducir la destrucción de capacidades provocada en la fase crítica de la pandemia, sabiendo que los despidos y cierres de empresas dificultarán la recuperación económica una vez pasada la emergencia. Claro que el 86% de las medidas solo contemplan un horizonte inferior a los 6 meses.
Por ende dado que “la recuperación será más lenta y gradual de lo inicialmente esperado y, pese a los programas puestos en marcha por los gobiernos, es esperable un alto nivel de destrucción de empresas y empleos. Cuanto mayor sea este efecto, mayor será la pérdida de capacidades acumuladas en las empresas, la dispersión de conocimientos y experiencias y la ruptura de relaciones de confianza entre los actores económicos”, señala el organismo, por lo que recomienda una receta de tres conjuntos de medidas:
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Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas. Esto implica aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño, mediante la postergación o cancelación de pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o el adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta fin de año; la suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta fin de año; y la flexibilización y mejora de las condiciones de crédito (los períodos de gracia deben ser de por lo menos un año y los plazos de cinco años o más, deben reforzarse las operaciones de crédito a través de la banca de desarrollo, que tiene una mayor propensión que la banca comercial a asumir el riesgo asociado a las empresas de menor tamaño.
Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades. Por un lado el cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciando según el tamaño de las empresas (30% para grandes, 50% para medianas, 60% para pequeñas y 80% para microempresas).Este subsidio tendría una duración de seis meses y su costo se estima en un 2,7% del PIB. Y una contribución en efectivo para los trabajadores autónomos formales. También este subsidio sería por seis meses y podría llegar hasta u$s500 según el poder adquisitivo en cada país. Los recursos públicos comprometidos a nivel regional representarían un 0,8% del PIB y alcanzarían a más de 15 millones de trabajadores. Estas dos medidas complementan las propuestas de la CEPAL de establecer un ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza en 2020 y un bono contra el hambre para la población en pobreza extrema, con un costo del 2,1% y el 0,6% del PIB, respectivamente.
Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis, sobre todo porque tienen un rol protagónico en los sectores de mayor intensidad tecnológica y relevante en la generación de cadenas de proveedores. Aunque su capacidad de resiliencia es mayor en la fase de emergencia, en comparación con las de menor tamaño, las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora son riesgos reales que pueden condicionar seriamente la fase de reactivación. Por eso, además del acceso al crédito en condiciones favorables y el cofinanciamiento de la nómina salarial, es necesario considerar la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos para el crecimiento del país.
Estos apoyos deben estar condicionados a que estas empresas se comprometan a no despedir trabajadores por un plazo determinado desde la recepción del cofinanciamiento o de los aportes de capital, a no distribuir utilidades por un período similar y a implementar planes de inversión para acelerar la reactivación. Las grandes empresas deben empeñarse en reducir los plazos de pago a sus pequeños proveedores, llegando posiblemente a pagos al contado.
