Bolivia: el gobierno de facto avanza con denuncias contra Luis Arce y principales candidatos del MAS
Ministro de Justicia pedirá a la Fiscalía citar a Luis Arce por el caso Fondioc
El ministro de Juticia, Álvaro Coimbra, dio a conocer que desde este primero de Julio por decisión del Tribunal Supremo de Justicia los diferentes juzgados abrirán sus puertas y vuelve el control jurisdiccional, en tal razón el Ministerio de Justicia se personará en los más de 60 casos aperturados por corrupción contra ex autoridades del Gobierno de Evo Morales para que se continúe con las diligencias investigativas.
Coimbra, indicó que uno de esos casos, es el desfalco al Fondo Indígena donde se pedirá al Ministerio Público citar de una vez al exministro y actual candidato presidencial Luis Arce Catacora, ya que a criterio del ministro, «anda muy suelto de cuerpo hablando de corrupción y él aún no explicó los millones que se repartió a sectores sociales para comprar conciencias».
Arce, acusado por presunta corrupción y Gobierno apunta a Evo y Maduro por desestabilización
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz en contra del candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, por la presunta compra irregular de software (para el fondo de pensiones) que no fue entregado.
Asimismo, el Gobierno de Jeanine Áñez acusó al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país «con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro», calificándolos de «violentos actores del narcoterrorismo».
Según el Gerente General de la Gestora, Sergio Iván Flores, hay pruebas contra el exministro de Economía y otros funcionarios por actos de corrupción, según informó el portal Ugente.bo.
El ejecutivo, explicó que Arce Catacora, “en su calidad de exministro y expresidente del directorio de la Gestora, debe responder ante esas acusaciones», aseveró.
El programa tecnológico tenía que ser usado para la migración de datos de los aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Se ha encontrado pruebas contundentes, las mismas caen en denuncia penal contra el señor Luis Arce, como también a los funcionarios que intervinieron en estos contratos”, aseguró el Gerente en rueda de prensa, amplía el portal paceño.
De acuerdo a auditoría realizada, entre el 2017 y 2019, se suscribieron dos contratos. Uno con una empresa panameña y otro con una colombiana. Según explicó Flores, en el caso de la empresa Sysde, centroamericana, se hizo la contratación por cinco millones de dólares y se pagó 3.8 millones, pero nunca se tuvo el software.
Con la empresa Heisohn del país cafetalero, explicó que el contrato es de 10.4 millones de dólares para una “supuesta compra”, del software, pero en realidad era una clase de alquiler, porque el Estado aún debía pagar 1.6 millones de dólares al año por concepto de licencia y código fuente, explica el portal Oxigeno.bo.
Flores enfatizó que el candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS y en su calidad de exministro y expresidente de la Gestora “debe responder ante estos hechos de corrupción”, culminó el ejecutivo.
Sin embargo, los “dardos” contra el MAS también apuntan contra el expresidente Evo Morales por intentar desestabilizar el país «con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro», calificándolos de «violentos actores del narcoterrorismo», según EFE.
Evo Morales, con apoyo del Presidente de Venezuela, «ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia», denunció la Cancillería en un comunicado público.
«Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el Gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas», añadió la nota de la entidad gubernamental.
«En las últimas semanas, Evo Morales y sus aliados ideológicos han intensificado sus intentos de desestabilización política y social en Bolivia con campañas de desinformación a nivel global», criticó la Cancillería.
Ante este panorama político, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció ante la comunidad internacional que «sectores afines a Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria» por la COVID-19.
Por su parte, Morales, en redes sociales, dijo que “lo culpan de todo lo malo que ocurre en el país para ocultar una mala gestión de Áñez”.
Caso respiradores: Justicia denuncia a Morales y Asamblea prevé citar a Longaric y Mostajo
El Gobierno y la Asamblea Legislativa activaron, una vez más, la investigación por el caso respiradores con una lista de más de una veintena de personas de la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el expresidente Evo Morales, y cerca de una decena de funcionarios del actual Gobierno como la canciller Karen Longaric y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.
El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó ayer que se solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación en contra de Morales, la exministra de Salud, Gabriela Montaño y su hermano Carlos Romero, además del dirigente sindical y candidato de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, entre otros.
La solicitud se formalizó el lunes 29 de junio ante el Ministerio Público que deberá determinar si son autores mediatos o cómplices tras que la Policía reveló contactos telefónicos que tuvieron los implicados en el caso. Son acusados por el presunto sobreprecio y corrupción que derivó en los delitos de organización criminal y enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación del Estado.
«Estas investigaciones nos dan indicios de que las personas mencionadas estarían detrás del caso de los respiradores, por lo que la denuncia se ha ampliado por el presunto delito de autoría mediata», afirmó Melgar, según ABI.
CRONOGRAMA Por otro lado, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha contra el COVID–19 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene previsto convocar, en una primera instancia, a nueve personas para que expliquen su participación en la compra irregular.
“Se hizo el cronograma y la lista de investigados que vamos a llamar. En esta primera etapa serán aquellos privados de libertad y luego los que no son reclusos, pero que necesitamos información por parte de ellos. En este momento el primer grupo será de nueve personas”, dijo el senador, Ciro Zabala, presidente de dicha comisión.
En la lista que fue aprobada por los miembros de esa instancia fiscalizadora se encuentran los funcionarios del Ministerio de Salud: Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco, además de Ana Fernanda E., Gabriela P., los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas, la canciller Karen Longaric, el cónsul Alfredo Pareja y el embajador Mohammed Mostajo.
“Se presentó toda la documentación enviada a aquellas personas o instituciones que tienen algo que ver y fue trabajada en función de la información expresada en general por la prensa y se aceptó los cuestionarios y las cartas enviadas”, agregó en la sesión de ayer.
Aun no se tiene fecha para el inicio de las entrevistas, toda vez que recién se enviará las convocatorias, además que se debe realizar los trámites ante el Órgano Judicial para que los privados de libertad puedan prestar sus declaraciones.
Un segundo grupo de entrevistados saldrá de la documentación que se solicitó al Ministerio Público, la Procuraduría y la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
LOS HECHOS El 19 de mayo, los entonces directores generales de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco, fueron aprehendidos por su vinculación en la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova.
Ambos fueron enviados con detención preventiva a la cárcel junto al exministro de Salud Marcelo Navajas, quien después se benefició con la detención domiciliaria. La cuarta persona en ser aprehendida por ese caso fue el empresario Luis Fernando Humérez, que se presentó como “testigo clave” y en las investigaciones se determinó que era intermediario y tenía contactos con el MAS. La semana pasada fue aprehendido el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja.
Desde el Ministerio de Justicia también pidieron incluir al responsable de elaborar las especificaciones técnicas de la AISEM, Roberto V.; y el ejecutivo de GP Innova de España, Iñaki G. En la solicitud suman a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria; al vicepresidente del MAS de Cochabamba, Orlando Zurita; el exoficial mayor de la Cámara de Diputados, Luis Fernando Vía; el alcalde Colcapirhua, Mario Severich; el exministro Saúl Lara; el alcalde de Cliza, Walter Illanes; el expresidente del MAS, Rimer Agreda y Rafael V. y Javier M.
El 25 de junio, la Policía reveló que Humérez se contactó en reiteradas oportunidades con el expresidente Morales, exautoridades y dirigentes del MAS.
En tanto, según las investigaciones preliminares, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud se contactó con el hermano de Montaño, el cónsul de Bolivia en Barcelona, el director de la AISEM, el exministro de Salud y el “testigo clave”.
El Viceministro aclaró que todos los funcionarios que estaban en el Ministerio de Salud, cuando ocurrieron los hechos irregulares para la compra de los respiradores, pertenecían al gobierno del MAS.
«Ante esto, estamos ante un posible complot para hacer quedar mal al Gobierno y de aprovecharse de los recursos del Estado producto del sobreprecio (en la compra de los equipos)», alertó Melgar.
Caso respiradores: desde el MAS dicen que el pedido de ampliación en la investigación que incluye a Evo y otros dirigentes es «una cortina de humo»
El Gobierno solicitó al Ministerio Público incluir en las investigaciones del caso respiradores al expresidente Evo Morales, a los exministros Carlos Romero y Gabriela Montaño, al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a otras 13 personas por ser probablemente autores o cómplices de la compra con supuesto sobreprecio de estos equipos que fueron adquiridos para enfrentar la pandemia del Covid-19 en el país.
Dicho requerimiento fue calificado como una cortina de humo por la presidenta del Senado, Eva Copa, que cree que se pretende acusar al MAS de los desatinos que ha tenido la administración de Jeanine Áñez para enfrentar la crisis de salud.
«Tenemos gente que está pidiendo ayuda a gritos en Beni, Santa Cruz y otros municipios donde no tenemos atención médica. Esta denuncia es una cortina de humo para que no avancen las investigaciones”, dijo Copa a los medios.
Dentro de los argumentos que presentó el Gobierno está el hecho de que muchos de los funcionarios que estaban en el Ministerio de Salud habían también trabajado con la anterior administración y se puso de manifiesto el flujo de llamadas de los investigados en este caso con las exautoridades mencionadas.Por su parte, este martes, la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislpativa aprobó el cronograma de entrevistas que se tendrán como parte de la investigación en este caso y que en una primera fase se convocará a nueve personas.
Lo que dice el GobiernoLa lista de delitos por los que el Gobierno pide incluir a las exautoridades del MAS son: enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado y organización criminal, así lo informó Guido Melgar, viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Campaña electoral sube de temperatura en medio de incremento de casos de Covid-19
Candidatos de alianzas políticas elevan de tono la campaña de cara a las Elecciones Generales fijadas para el 6 de septiembre de este año, a la par que los contagios de coronavirus se disparan a nivel nacional.
La ley que fija fecha para los comicios fue promulgada la semana pasada por la presidenta Jeanine Añez, y a pesar de no estar de acuerdo con la misma responsabilizó a Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Arce por las futuras consecuencias con respecto a la pandemia.
Entre tanto la campaña de cara a los comicios presidenciales aumenta en intensidad con al menos cuatro frentes políticos; tres de ellos atacando al actual gobierno transitorio.
Denuncias por narcotráfico
Tanto el candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, como el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se lanzaron acusaciones de “defender al narcotráfico”.
Murillo, tras anunciar el secuestro de 173 kilos de cocaína y otros 36 kilos de pasta base en Oruro, sostuvo que existe una “conspiración” contra la gestión de la presidenta Jeanine Añez debido a los “golpes al narcotráfico” realizados hasta el momento.
El jefe de la cartera de Gobierno acusó a Evo Morales de “darle impunidad” a los narcotraficantes, ya que en su criterio, quienes caían por este ilícito “no eran amigos del régimen” de 14 años del partido azul.
CC denuncia a Añez por hacer campaña en plena pandemia
Entre tanto la alianza Comunidad Ciudadana (CC), presentó ayer un memorial ante instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que denuncian que la Mandataria y candidata por la alianza Juntos realiza propaganda electoral en medio de la pandemia por coronavirus.
El titular de CC, Carlos Alarcón, sostuvo que el uso de spots y cuñas radiales referidas a la donación de la mitad del salario de Añez y la Reactivación del Empleo no representan contenido informativo, sino que tienen el fin de “promover” la imagen de Añez como candidata.
“Se trata de la promoción de su imagen como candidata (a la presidencia) disfrazada de actos de gestión que no tienen ningún contenido informativo de relevancia para los ciudadanos”, dijo Alarcón ayer en instancias del ente Electoral.
El MAS arremete contra el Gobierno y denuncia múltiples delitos
Desde el frente azul, Luis Arce arremetió contra el Gobierno al indicar que el mismo está “absolutamente deteriorado” por la corrupción, el nepotismo, el uso indebido de bienes del Estado y el incremento del narcotráfico.
Dijo además que la promulgación del Decreto Supremo 4272 tiene la finalidad de sumarle a la candidata de Juntos “unos cuantos votitos”.
Creemos acusa a otros frentes de conformar una “vieja política”
Entre tanto, el candidato a la presidencia por Creemos y exlíder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, acusó mediante Twitter a otros líderes políticos de formar parte de una “vieja política” que representan.
El expresidente del Comité Pro Santa Cruz arremetió además contra el exmandatario Evo Morales por “comprar la conciencia” de los “viejos políticos” y de esta forma “manejar el país a su antojo”.
“A vos que estás acostumbrado a comprarle la conciencia a los viejos políticos y así manejar este país a tu antojo @evoespueblo te digo: el pueblo no va permitir que vos se sigan enriqueciendo y sigan destruyendo Bolivia”, tuiteó el aspirante de Creemos.
Sugieren cambio de fecha y elecciones “fusionadas”
El candidato a la presidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, sostuvo mediante su cuenta de Twitter que los comicios deberían efectuarse en octubre de este año, cuando el pico más alto de contagios por coronavirus haya sido superado.
“Considero que la elección nacional será en octubre, de manera más segura y después de llegar a la cima en la curva de contagios. Sin embargo, ayudaría mucho que los jurados electorales sean ciudadanos menores de treinta años, para bajar riesgos de salud”, tuiteó.
Mientras tanto el exgobernador de Tarija, Mario Cossio, presentó un nuevo plan en el que sugiere que el proceso eleccionario sea realizado entre enero y marzo de 2021 y que junte los comicios generales y subnacionales.
Esto con la finalidad de “evitar un doble gasto” en elecciones por parte del Estado y el TSE y esperar a que las condiciones en salud permitan la realización de las mismas.
“Exigir que se convoque a nuevas elecciones fusionando en un solo acto las Elecciones Nacionales con las Sub Nacionales, a realizarse entre Enero a Marzo de 2021, cuando las condiciones de salud lo permitan”, señala la propuesta de Cossio.
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