Bolivia: central obrera y movimientos sociales convocan a marcha nacional contra la postergación de las elecciones
Pacto de Unidad cita a marcha para exigir realización de comicios generales el 6 de septiembre
El Pacto de Unidad culminó un ampliado de emergencia que determinó la convocatoria a una marcha que se realizará el martes de la próxima semana en la ciudad de El Alto, para exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respete la ley que fijó el 6 de septiembre de este año como la fecha para las elecciones generales, informó el viernes el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi.
“No vamos a permitir la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre (…) Asimismo, los trabajadores en estado de emergencia a nivel nacional vamos a convocar de manera contundente a una gran marcha la próxima semana, el día martes. La concentración será a la altura de lo que va a ser Ventilla”, dijo, en una conferencia de prensa.
El dirigente detalló que el ampliado de emergencia del bloque de organizaciones sociales recordó que la ley para la convocatoria a elecciones generales el primer domingo de septiembre fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
La determinación fue tomada, aseveró, luego que el Pacto de Unidad resolvió que no permitirá que se aplique la decisión que tomó este jueves el TSE con respecto a la postergación de los comicios generales para el 18 de octubre de este año.
El representante sindical manifestó que el Pacto de Unidad consideró la reciente decisión del ente electoral sobre el cambio de fecha de las elecciones generales como un “golpe a la democracia”.
“Este golpe a la democracia hace ver, hoy más que nunca, que estamos viviendo en una coyuntura de dictadura de facto”, aseveró.
El titular del ente matriz de los trabajadores dijo que el pueblo exige la realización inmediata de las elecciones generales en este momento coyuntural, porque no se ha atendido sus “demandas” más prioritarias durante la cuarentena del Covid-19 y el gobierno transitorio de Jeanine Añez provocó el descalabro de la economía del país por medio de malas políticas estatales implementadas en lo que va del año.
Autoconvocados “Noviembre Negro” exigen elecciones ya
Autoconvocados de “Noviembre Negro” protestaron en puertas del Tribunal Supremo Electoral exigiendo que se respete la ley de convocatoria de elecciones nacionales el 6 de septiembre.
Vecinos de cotahuma en La Paz sostienen que se necesita un gobierno elegido por el pueblo, ya que la corrupción y las intenciones de endeudamiento del gobierno de facto amenazan al pueblo boliviano.
Denuncian que el régimen manipula al TSE para suspender elecciones, y afirman que Jeanine Añez busca salir del país.
Exigen que se cumpla la fecha normada del 6 de septiembre para las elecciones, por lo que llegaron a puertas del Tribunal Supremo Electoral en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz.
Piden por elecciones transparentes y sin proscripciones en Bolivia
Ante la nueva postergación de las elecciones en Bolivia, una serie de dirigentes firman una solicitada manifestándose enfáticamente en contra de esa decisión.
El texto completo de la solicitada es el siguiente:
El 10 de julio se cumplieron 8 meses del golpe de Estado en Bolivia, llevado adelante por grupos civiles y de fuerzas armadas de la seguridad y la defensa 21 días de agitación y violencia callejera desatada fueron el corolario de un desenlace para tergiversar un resultado electoral, con un pretexto de fraude nunca demostrado. Luego sobrevino un periodo de persecución a dirigentes sociales y políticos, que incluye el impedimento de salir del país a dirigentes de primer nivel del gobierno destituido y que se encuentran asilados en la embajada de México. Ademas se tomaron medidas desde el gobierno de facto que afectaban intereses nacionales y derechos de la población, a lo que se agregó un descontrol en el combate contra la pandemia del COVID 19.
Ahora el gobierno de facto pretende incumplir con el compromiso de que se vote libremente el 6 de setiembre postergando o suspendiendo las elecciones, ademas de querer proscribir a la principal fuerza del país, con acciones que intentan inhabilitar al Movimiento al Socialismo (MAS) Esto resulta inadmisible para quienes tenemos un profundo compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Nos preocupa que los intentos de una nueva postergación de las elecciones sea una medida que haga empeorar la ya gravísima situación sanitaria en el país y que se aproveche por parte del gobierno de facto para complicar el imprescindible y urgente llamado a las urnas .Por lo tanto los abajo firmantes exigimos un rápido retorno al orden constitucional a través de elecciones transparente y libres, lo que permitirá al país emprender el camino de superación de la crisis que vive.
Oscar Laborde, Presidente del Parlasur; Hugo Yasky, secretario Gral CTA; Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes; Oscar Parrilli, senador nacional; Victor Santa Maria, diputado Parlasur; Marisa Uceda, diputado nacional; Jorge Taiana, senador nacional; Pablo Moyano, sec. Gral camioneros; Alicia Castro, diputado nacional; Gastón Harispe, diputado Parlasur; Sonia Alesso, sec gral CTERA; Gringo Castro, sec gral UTEP; Carlos Raimundi, embajador en OEA; María Seoane, escritora; Emilio Pérsico, movimiento Evita; Tano Catalano, secretario adjunto CTA; Cynthia García, periodista; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda; Beto Pianelli, sec gral Subte; Gabriela Estevez, diputado nacional; Eduardo Valdes, diputado nacional; Lito Borello, sec DDHH UTEP; Fernanda Gil Lozano, diputado Parlasur; Roberto Baradel, sec gral SUTEBA; Cynthia Ottaviano, periodista; Ricardo Peidro, secretario general CTA Autónoma; Paula Penaca, diputado nacional; Cachorro Godoy, sec. gral. ATE; Daniela Vilar, diputado nacional; Sergio Levy, diputado nacional; Verónica Caliba, diputado nacional; Mario Metaza, diputado Parlasur; Leo Grosso, diputado nacional.
El Gobierno demanda a la Defensora y ésta advierte con otro juicio a Añez
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó este viernes ante la Fiscalía de La Paz la denuncia penal contra la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por los delitos, según alegó, de “prolongación” y “usurpación de funciones”. Según el régimen transitorio, el cargo de Cruz debió terminar el 30 de abril de 2019.
El alegato no es nuevo. En un comunicado emitido la semana pasada por la Defensoría del Pueblo, esta oficina rechazó la pretensión gubernamental al señalar que para argumentar el cese de funciones de la Defensora el 30 de abril del año pasado, el Gobierno “invoca normativa no vigente, como la Constitución abrogada o sentencias constitucionales que no son análogas con el actual cargo de la Defensora Cruz”.
Según el Gobierno, Cruz ejerce ilegalmente la función de Defensora del Pueblo desde mayo de 2019. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseveró que el interinato de Cruz terminó el 30 de abril de 2019, pues, siendo designada el 30 de enero de ese año, su mandato debió haber concluido, 90 días después, o sea, el 30 de abril.
Uno de los argumentos que el Gobierno usa para decir que el mandato interino de Cruz debía durar sólo 90 días es la Sentencia Constitucional SC 218/204.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo en el citado comunicado señala que dicha sentencia (SC 218/2004) corresponde a un caso referido a designaciones interinas en la Aduana Nacional en 2003, las cuales evidentemente vulneraron la Ley de Aduanas de ese entonces, pero que es un “aspecto que no guarda relación con la designación de Nadia Cruz en el cargo de Defensora del Pueblo”.
Tras anunciar la demanda contra Cruz, Núñez ratificó que el Órgano Ejecutivo desconoce la autoridad de la Defensora, por lo que se niega a brindarle la información que esta requiere.
Ante este hecho, Cruz destacó que con esta actitud la presidenta Jeanine Añez se expone a un juicio de responsabilidades “por rehusar a colaborar” con la Defensoría del Pueblo. “No vamos a escatimar ningún recurso legal para defender los derechos humanos de la población y para defender la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo”, apuntó Cruz la tarde de este viernes.
Defensora
Anunció la presentación de otra demanda penal por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes por impedir a estorbar funciones y sedición en contra de Núñez y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien también antes había expresado su desconocimiento de la funcionaria.
“En caso de que la Presidenta continúe, a través de sus ministros, rehusar dar información a la Defensoría del Pueblo, voy a pedir juicio de responsabilidades, porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo”, insistió Cruz.
Según los documentos expuestos por Núñez, la denuncia ante el Ministerio Pública fue presentada por los abogados de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia Bernardo Cañaviri y Davis Cárdenas a nombre del ministro. Consideran que Cruz es parte de los servidores públicos bajo carrera administrativa.
Al respecto, la Defensoría recordó que los artículos 168, numeral 8, 219, 220 y 221 de la Constitución, concordantes con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 870 de la Defensoría del Pueblo, establecen que el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo es de directa designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “En consecuencia, no forma parte de la carrera administrativa y, por lo tanto, no le alcanza la limitación de interinato de 90 días”.
Cruz fue designada Defensora del Pueblo interina por la Asamblea Legislativa el 30 de enero de 2019, tras la renuncia del exdefensor David Tezanos Pinto.
TSE pone en consideración de la Asamblea Legislativa nuevo proyecto de ley sobre plazo de elecciones
Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambia de tono y pone a consideración de la Asamblea Legislativa nuevo proyecto de ley modificatorio de plazo de elecciones, que modifica el que había mandando para cambiar el plazo hasta el 18 de octubre.
El 21 de junio, Jeanine Añez promulgó la ley modificatoria del plazo de elecciones que había aprobado la Asamblea Legislativa a sugerencia del TSE que logró un acuerdo entre las distintos partidos y alianzas políticas.
La ley modificatoria cambiaba la fecha del 2 de agosto al 6 de septiembre para la realización de elecciones nacionales como plazo máximo. Es decir, que el TSE tenía que elegir una fecha de elecciones que no pase de esa fecha y eligió el 6 de septiembre.
Sin embargo el día jueves, Salvador Romero, presidente del TSE, anunció una nueva fecha de elecciones que se encuentra fuera del plazo establecido por ley, asumiendo una competencia que no le correspondía.
Este viernes el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa considerar un nuevo proyecto de ley que adjuntó para cambiar nuevamente el plazo hasta el próximo 18 de octubre. Esa era la manera en la que el Tribunal Supremo Electoral debió actuar. Pero, Romero se apuró y anunció de manera irresponsable, una nueva fecha que podría no aceptar la Asamblea Legislativa.
Diferentes movimientos sociales se expresaron en contra del anuncio de Romero y anunciaron movilizaciones.
