Argentina: comienzan a declarar los detenidos por espionaje ilegal en el gobierno de Macri
Con un pedido al Gobierno y cinco agentes buscados, comienzan las indagatorias en la causa de espionaje ilegal
Por Patricia Blanco
La ex funcionaria del gobierno de Cambienos Susana Martinengo y los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos ayer comenzarán desde hoy y hasta el lunes a ser indagados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, sindicales, jueces y empresario, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hasta ahora, solo están presos 17 de los 22 imputados. La justicia aún no pudo localizar a cinco de los buscados y técnicamente aún no están prófugos, indicaron a Infobae las fuentes consultadas
Las indagatorias comenzarán hoy a las 9:30 de la mañana. Los primeros interrogados serán nueve ex agentes de inteligencia. Para iniciar las declaraciones, el magistrado le hizo un pedido a la titular de la AFI, Cristina Caamaño: que los ex espías sean relevados de su obligación de guardar secreto por el cargo que tenían. Caamaño ya contestó la mitad con el relevo y esta mañana hará lo propio con los restantes.
La acusación que pesa sobre los detenidos es la de haber cometido los delitos de espionaje y asociación ilícita integrada por miembros de distintas agencias de seguridad -la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal- que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado, llevaron adelante tareas que violan la ley de inteligencia. En las indagatorias se les mostrará la prueba en su contra, entre ellos los seguimientos, grabaciones, filmaciones y dossiers contra las víctimas, muchos de los cuáles no se conoce y se mantienen en legajos reservados. Los imputados tienen el derecho de declarar o negarse a hacerlo.
El juez Villena dispuso ayer a la mañana 22 detenciones. Fueron las de Martinengo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz -ya preso en otra causa de espionaje-, el ex director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, los ex agentes Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, Jonathan Nievas, Javier Bustos, Mariano Ignacio Flores y Martín Terra, el penitenciario Andrés Rodríguez, el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli, el subcomisario de la Policía de la Ciudad pasado a disponibilidad Juan Carlos Rodríguez y Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad.
Cinco de ellos están todavía están siendo buscados. Son Julián Matta, Terra, Nievas, Bustos y Lasaigues. Ninguno fue encontrado por la Policía Federal ni se presentaron en el juzgado, como hicieron otros acusados. Sobre Bustos, Nievas y Terra la justicia no tenía sus domicilios y ordenó tareas de investigación durante tres días para saber donde residen. Terra es el ex esposo de Analía Maiorana, actual pareja del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, una de las víctimas del espionaje y reconoció públicamente que entró a la AFI por ser amigo de Gustavo Arribas, el ex director del organismo durante los cuatro años del gobierno de Macri.
El resto están presos. María Belén Sáez bajo prisión domiciliaria porque tiene un bebe de meses. El juez dispuso que nueve de ellos sean indagados mañana desde las 9:30. El jueves será el turno de otros siete, entre ellos Martinengo y Dalmau Pereyra y para el próximo lunes se fijó la indagatoria de Ruiz. El juez le pidió a la Policía Federal que los traslados de los detenidos al juzgado sean con el “estricto cumplimiento de todos los protocolos sanitarios” por la pandemia del coronavirus.
“Súper Mario Bross” y “Argentina” era el nombre de los grupos de whatsapp donde 18 de los acusados compartían el espionaje que hacían. La justicia lo supo al allanar los domicilios los ex agentes y secuestrar sus teléfonos celulares. La causa se inició por la declaración del narcotraficante Sergio “Verduda” Rodríguez que declaró que el ex agente Melo le ofreció hacer trabajos para la a AFI a cambio de protección. Melo lo niega.
Martinengo integraba el área de Documentación Presidencial y trabajaba en la Casa Rosada. Tiene reuniones en la Casa Rosada y mensajes de whatsapp con Sáez y Araque. De allí surgió que parte de la documentación ilegal fue entregada a Dario Nieto, secretario privado de Macri. Nieto fue allanado la semana pasada y se secuestró su teléfono.
Las víctimas del espionaje -ya cerca de 50 personas- son Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián de Sousa, entre otros. Además, ayer se conocieron 21 nuevas víctimas: la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; la titular del INADI, Victoria Donda; los dirigentes de movimientos sociales Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez y el abogado Mauricio D’Alessandro,
“Turco, ¿me averiguás si Cristina Kirchner está en Buenos Aires?”, fue uno de los mensajes que recibió Sáez y que es una de las pruebas del espionaje a la vicepresidenta. La ex presidenta estuvo en el juzgado de Lomas de Zamora conociendo la prueba y es querellante.
“Madera”, “Llave”, “Durazno”, “Ramona” y “Pibe” eran los apodos que los espías le pusieron a Massot, Monzó, el sindicalista Luis Barrionuevo, su esposa y diputada nacional Graciela Camaño y Santilli, respectivamente, cuando les hacían espionaje ilegal. Sobre ellos consta fotos de sus domicilios, seguimientos e informes de lo que hacían.
Otra tramo de la investigación abarca a ex funcionarios kirchneristas y empresarios que estuvieron presos y que habrían sido espiados en la cárcel de Ezeiza, que fue allanada y donde se encontró un cableado que se mandó a peritar. Por esta parte de la causa están imputados el ex jefe del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, el ex jefe de Inteligencia Cristian Suriano y el asesor Fernando Carra.
Antes de las indagatorias las defensas hicieron planteos. El abogado Fernando Sicilia, que defiende a Melo y Araque, pidió que en caso que sean trasladados a una cárcel tengan resguardo de su seguridad y se atiendan sus problemas de salud. Se espera que mañana cuando comiencen las declaraciones las defensas pidan las excarcelaciones de los detenidos.
El juez Villena explicó en una resolución que ordenó las detenciones de los acusados porque “dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria”. Las defensas lo objetan porque siempre estuvieron a derecho, todos los elementos necesarios fueron secuestrados y muchos estaban tramitando pedidos de exención de prisión para estar en libertad mientras dure la investigación.
Las detenciones se llevaron a cabo en un momento de discusión sobre el futuro de la causa y del propio juez Villena. Por un lado hay un planteo de recusación del magistrados que hicieron algunas defensas y que tiene para resolver el juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias. Y por otra parte, desde los tribunales de Comodoro Py le pidieron a Villena que se desprenda de la causa y la envíe allí. Lo hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán. Entendió que la causa de espionaje ilegal debía tramitar en conjunto con otro expediente en el que se investiga el atentado a José Luis Vila, ex funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación, del que se busca determinar si participaron algunos de los mismos agentes del espionaje.
Quién es Susana Martinengo, la encargada de recibir las cartas para Mauricio Macri, detenida por espionaje ilegal
Por Jaime Rosemberg
Las cartas se agolpaban ahí, en el despacho del segundo piso de la Casa Rosada donde trabajaba, y Susana Martinengo se encargaba de coordinar su selección y de distribuirlas a sus destinatarios, dentro y fuera de Balcarce 50. Pero para el juez federal Federico Villena, la encargada de las misivas destinadas al expresidente Mauricio Macri y su equipo entre 2015 y 2019 era algo más que una antigua funcionaria de segunda línea y una militante del macrismo bonaerense.
Detenida en la mañana del martes en su casa de Villa Ballester, Martinengo está sospechada de recibir informes del grupo de espías conocido como Super Mario Bros, que tenía en su mira desde dirigentes por entonces opositores, como Cristina Kirchner, hasta miembros del oficialismo, como Horacio Rodriguez Larreta , María Eugenia Vidal y Emilio Monzó .
Los caminos de Martinengo y el macrismo empezaron a confluir en 2007, según distintas fuentes consultadas por LA NACION. Directora de Seguridad de San Martín durante buena parte de la gestión de Ricardo Ivoskus (1999-2011) y proveniente de una familia peronista asentada en ese distrito del conurbano, Martinengo llegó al gobierno porteño de la mano de Jorge Alves , exdirector de Cultura de Boca Juniors y miembro de la administración porteña durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.
Al asumir Alves en 2011 como diputado provincial -ocupó por dos años la banca que dejó Jorge Macri cuando ganó la intendencia de Vicente López-, Martinengo lo reemplazó en la administración porteña, dependiendo de la secretaría general, entonces a cargo de Marcos Peña . Allí estuvo hasta 2015, cuando llegó a la Casa Rosada, según coinciden excompañeros de trabajo.
Antes de eso, Martinengo trabajó para el Pro de San Martín, que llevó al mismo Ivoskus como candidato de Cambiemos en 2015. Incluso compartió un acto en 2013 con Jorge Macri, aunque distintas fuentes del Pro bonaerense relativizan su influencia real. «Es una persona amable, de buen trato, algo intensa. Quería ser algo más que funcionaria», la recuerda uno de sus interlocutores esporádicos en el macrismo, que recibió sus «pedidos» para ser incluida en las listas de diputados, o al menos de concejales, antes del cierre de candidaturas en 2019.
Luego de la derrota de Macri en las PASO de ese año, recuerdan miembros del gobierno anterior, Martinengo tuvo «temporada alta», seleccionando y distribuyendo las cartas de apoyo de votantes del entonces Presidente. Dejó de ir a su despacho, junto al resto de los funcionarios, el 10 de diciembre de ese año. «Hacía bien su trabajo, nunca tuvo un problema con nadie», asegura una fuente macrista.
Desde que el juez Villena se hizo cargo de la denuncia de espionaje y comenzó a investigar, la plana mayor del macrismo se ocupó en dejar en claro que no tenía relación con Martinengo -uno de ellos fue el propio Macri, que dejó trascender que «no la conoce»- o que su vínculo era distante, como fue el caso del exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis , y el exsecretario Darío Nieto , sospechado de recibir de manos de Martinengo los supuestos informes de los agentes de inteligencia.
«No era funcionaria ni estaba a cargo. Era contratada, formaba parte del equipo de trabajo de documentación y coordinaba el trabajo de recepción de las cartas», recalcaron cerca de un funcionario importante del gobierno anterior.
«Es una locura pensar que Mauricio, teniendo a su amigo de toda la vida (Gustavo Arribas) en la AFI, a media cuadra, necesitara que una señora grande le pasara un informe», razonaron cerca del expresidente, y volvieron a englobar dentro del «operativo venganza del kirchnerismo» la causa judicial que lleva adelante Villena.
«Si realmente tuvo algo que ver, y ella siente que le sueltan la mano, no es una buena estrategia desconocerla», reflexionó un veterano dirigente de Pro, atento a las derivaciones judiciales de la causa por presunto espionaje que sacude el tablero político mientras se desarrolla la pandemia.
Espionaje ilegal: Macri prefiere mantenerse en silencio
Por Werner Pertot
Tras la detención de la exsecretaria de Documentación Susana Martinengo y el exjefe de contrainteligencia de la AFI Darío Dalmau Pereyra, el expresidente Mauricio Macri optó por guardar silencio. En su entorno, indicaron a este diario que lo que tenía para decir ya lo dijo en el comunicado que publicó junto a algunos de los dirigentes de su espacio el domingo. «Un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción», fue la explicación que ofrecieron sobre la causa de espionaje ilegal que involucra a diversos sectores del Gobierno y que, curiosamente, tiene como víctimas a algunos que firmaron ese comunicado de Juntos por el Cambio.
Macri viene guardando silencio con ocasionales y estratégicas apariciones desde que terminó su mandato. Reapareció, por ejemplo, para apoyar el banderazo a favor de Vicentin -empresa que fue aportante de su campaña y a la que le otorgaron generosos créditos del Banco Nación-, y el domingo pasado para ejercer una defensa pública ante la causa de espionaje, tras el allanamiento a su secretario Darío Nieto.
Tras las detenciones, no volvió a hablar y en su entorno explicaron que no lo hará, dado que él sostiene que no la conocía a Martinengo y, por lo tanto, no tiene nada para decir al respecto. Pese al desconocimiento que manifiestan hacia la persona que se ocupaba de la correspondencia que recibía el presidente, acotaron a su lado: «Que digan que ella era el nexo con espías es la pavada más grande que vi en mucho tiempo. Realmente es muy gracioso». A Martinengo no debe estar causándole tanta gracia. Tampoco que nieguen toda relación, dado que este diario pudo reconstruir que llegó a formar parte de la Unidad Presidente de la mano de un dirigente de Boca Juniors que acompañó a Macri en su carrera política: Jorge Alves.
Tampoco se ocuparon de hablar de las detenciones los habituales voceros de Macri, como son Miguel Angel Pichetto y Patricia Bullrich, quien hace dos días dijo sobre el tema: «Hay un sector del gobierno avanzando contra las instituciones, empecinado en fogonear causas ridículas». Bullrich fue la que estuvo detrás del comunicado del domingo, para el que tuvo algunos problemas en alinear a la tropa, incluso la propia.
Aunque era más que nada una defensa pública de Macri, la excusa del comunicado fue el allanamiento al secretario presidencial Darío Nieto. «Los integrantes de Juntos por el Cambio queremos decir que estamos tranquilos, porque creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la Justicia demostrará que es inocente», indicaron, en una extraña lectura de cómo funciona el sistema judicial, donde rige la presunción de inocencia y no lo contrario.
Y continuaron: «Sí nos preocupa que, mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción». Esa fue la defensa que empezó a bajar Macri desde el comienzo: que se trata de una causa «armada» para distraer la atención y que él no conoce a la mayoría de los implicados.
Curiosamente, el comunicado avanza como si las acusaciones fueran por «corrupción» cuando en la causa judicial se investiga una red de espionaje ilegal. Y concluyen: «Como siempre, creemos en el Estado de Derecho y colaboraremos con la Justicia en lo que haga falta, más allá de cualquier atropello o tergiversación de la verdad. Y confiamos en que finalmente se hará justicia».
El comunicado del domingo pasado no sólo fue importante por lo que decía Macri, sino por quienes lo acompañaron con sus firmas (y quienes no). En la primera versión (del domingo a las 17.30), además de Macri, estaban Bullrich, Pichetto, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Las omisiones eran llamativas.
Tras algunos llamados de Bullrich, una hora y media más tarde el comunicado fue enviado de vuelta con el agregado «corrige firmas». En verdad, no corregía nada, sino que agregaba una única firma: la de María Eugenia Vidal, junto con Larreta y Diego Santilli -que también firmó- víctimas del aparato de escuchas ilegales que está bajo investigación.
Ninguno de los gobernadores radicales se había sumado a la defensa de Macri (disfrazada de defensa del secretario presidencial) hasta el lunes a la mañana, cuando el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, apareció en una tercera versión del mismo comunicado. También se sumaron otros nombres, como el del jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo. No obstante, no lo sumaron con su consentimiento. «Básicamente, copiaron la lista completa de Diputados, incluído a Cristian. Él no quería firmar porque está en la Bicameral de Inteligencia», indicaron fuentes del bloque de Diputados del PRO. En pos de defender a Macri, Bullrich pareció tomarse algunas atribuciones.
Desde el Frente de Todos le apuntan Macri y a Bullrich por sus vínculo con los espías
La causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri estalló este martes con la detención de 22 personas investigadas como parte de una red de seguimiento a dirigentes políticos, sociales y periodistas.
La situación cada vez más complicada de ex funcionarios del anterior gobierno, como la ex secretaria de Documentación Susana Martinengo, el ex jefe de Operaciones de la AFI, Alan Ruiz, y el ex jefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, pusieron el foco en la responsabilidad política de Mauricio Macri.
«Hay una responsabilidad de Macri en las escuchas que no es solo funcional porque él sabía. Macri es el responsable: entre el Presidente y la AFI no hay intermediación», aseguró este martes el diputado Leopoldo Moreau, quien preside la Comisión Bicameral de Inteligencia.
«Hubo una decisión estatal tomada en 2015 que organizó buena parte de las estructuras de la inteligencia del estado para llevar adelante persecución y extorción política no es un grupo de cuentapropistas ni de loquitos que además de la AFI incluía a sectores de la AFIP, de la UIF, migraciones”, detalló el legislador en diálogo con El Destape Radio.
Moreu consideró que “hay una responsabilidad directa de Macri sin ningún tipo de intermediación» sobre lo que ocurrió. «A quién otro se le ocurriría hacer espionaje sobre la hermana de Macri: la responsabilidad de Macri aparece por todos lados», aseguró.
“Luego de Martinengo el próximo eslabón de la cadena es la mesa judicial», detalló y apuntó también contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su relación con Alan Ruiz.
“Los testimonios dicen que Alan Ruiz era de mucha confianza de Patricia Bullrich», sostuvo y agregó: “Bullrich se va a tener que ir buscando un abogado”.
Para el diputado Eduardo Valdez tampoco quedan dudas sobre la responsabilidad de Macri en el caso de espionaje. “Yo no tengo ninguna duda de que el que mandaba a espiar era Mauricio Macri”, dijo al Destape Radio y puntualizó que “las prácticas de espionaje vienen desde el 2009. Lo que pasa es que ahora están las pruebas”.
“Martinengo recepcionaba, se juntaba con los agentes. Hay 11 ingresos, por lo menos, de esos agentes a la Casa Rosada para reunirse con Martinengo”, recordó y agregó: “La enfermedad de Mauricio Macri era que quería saber de todos. De los adversarios y de los propios”, insistió Valdés.
“Cuando te pinchan el teléfono, quieren saber con quién hablas. Cuando quieren conocer tus cuentas bancarias es porque te quieren extorsionar. Cuando te revisan hasta tu casa y tu familia se trata de odio. Eso es lo que hizo Mauricio Macri”, manifestó.
Espionaje ilegal: uno por uno, quiénes son y qué hacían los detenidos
Por Sofía Caram
La mayoría de los detenidos a instancias del juez Federico Villena pertenecían al grupo denominado Super Mario Bros. Una ex funcionaria de Casa Rosada; jefes y agentes de la AFI; policías e integrantes del Servicio Penitenciario Federal integran la lista. Los varones de la banda hacían los trabajos territoriales, mientras que las mujeres, en su mayoría, realizaban el análisis y clasificación de la información clandestina.
* Susana Martinengo: ex coordinadora de documentación presidencial de Casa Rosada. Recibía los informes de inteligencia. La Justicia analiza si se los entregaba a Darío Nieto, secretario personal de Mauricio Macri, como surge de los testimonios. Está probado en el expediente que recibió doce veces a por lo menos cuatro de los espías implicados.
* Alan Ruiz: sindicado como el jefe de la organización. Ex director de Operaciones Especiales de la AFI. Ya estaba detenido en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé por el espionaje al Instituto Patria. Fue funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
* Jorge “Turco” Sáez: ex inspector de la Policía de la Ciudad, amigo personal de Martinengo, ex agente del Servicio Penitenciario, fue el hombre que reclutó a los integrantes de la organización.
* Leandro Araque: ex policía de la Ciudad. Su celular fue la caja de Pandora donde se encontraron la mayoría de las pruebas de los seguimientos ilegales.
* Facundo Melo: abogado y ex agente de la AFI. Señalado por el narco Sergio «Verdura» Rodríguez como la persona que lo reclutó para colocar una bomba como amenaza al ex funcionario del Ministerio de Defensa José Luís Vila. Según declaró en la bicameral, la AFI lo presionó para que un defendido suyo, Damián Lagarone, involucrara a Pablo y Hugo Moyano en maniobras de lavado de dinero.
* Mercedes “Mechi” Funes Silva: auxiliar de inteligencia de la Policía Federal. Es esposa del subcomisario Juan José Reiriz, quien trasladó personalmente a Lázaro Báez cuando fue detenido. Fue integrante de la Policía Metropolitana y de la Federal. A partir de enero de 2016 fue designada en comisión en la AFI. Ofreció el departamento de su madre, en Mataderos, para instalar una base de la banda Super Mario Bros. A bordo de una moto, que manejaba un agente apodado «Jony», filmaba los movimientos de los autos de Cristina Kirchner, Emilio Monzó y Nicolás Massot.
* Diego Dalmau Pereyra: oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia, fue el sucesor de Antonio «Jaime» Stiuso en la jefatura de contrainteligencia de la AFI. Según él, tuvo diferencias con Arribas y por eso fue trasladado a Chile. Figura en el expediente como parte de los operativos de seguimientos a CFK.
* Emilio Matta: especialista en informática, agente de la AFI. Habría realizado espionaje territorial en la provincia de Buenos Aires.
* Guillermo Matta: fue designado espía en “comisión” de la AFI. Es el hermano de Emilio Matta, aunque con menos relevancia que él dentro de la banda.
* María Andrea Fermani: la mencionaron los agentes en la Bicameral como una de las encargadas de las denominadas “ayudantías”. Se habría desempeñado como secretaria privada de Dalmau Pereyra.
* Daiana Romina «Bucky» Baldassarre: agente de la AFI y ahijada del «Turco» Sáez. Fue descripta como «muy activa» por los agentes que hablaron en el Congreso. Participó de varias operaciones, entre ellas los seguimientos a Massot y a la hermana de Macri, Florencia.
* María Belén Sáez: hija del «Turco» Sáez, empleada administrativa que operaba en una base que la AFI tenía en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, en Villa Martelli.
* Denisse Aya Tenorio: ex agente de la AF, hacía el análisis de los detenidos en Ezeiza. Tenía a su cargo el seguimiento de los detenidos «marcados» con un semáforo rojo.
* Dominque Lasaigues: recopilaba información comercial de las víctimas. Formó parte de los seguimientos sobre Emilio Monzó y hacía el trabajo interno de análisis de los presos de Ezeiza.
* Andrés Patricio Rodríguez: era el nexo entre la banda y el Servicio Penitenciario. Obtenía información de la cárcel de Melchor Romero y participó, entre otros, en el operativo contra el ex intendente Pablo Bruera.
* Juan Carlos Rodríguez: funcionario del área de Justicia y Seguridad del gobierno porteño. Se cree que operaba en la búsqueda de información comercial sobre las víctimas.
* Mariano Ignacio Flores: ex agente de la AFI, la Policía Federal y la Metropolitana. Con poco peso dentro del grupo.
* Gustavo Marcelo Ciccarelli y Jorge Guillermo Ochoa: ex agentes de la Policía Federal Argentina.
