Violencia en Colombia: otro líder social asesinado y ya van 138 este año

Gracelio Micolta, el líder social asesinado número 63 en Cauca durante este 2020

El confinamiento nacional no detiene a los actores criminales que atentan contra la vida de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. En 2019, según cifras de Somos Defensores, hubo 844 agresiones contra esta población, de las cuales 124 fueron asesinatos.

En lo que va del año, la situación no es diferente y, sin importar el organismo que registre las muertes, el riesgo para cualquiera que ejerza un liderazgo en su comunidad es igual de alto. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lleva un registro detallado de cada una de las personas asesinadas en el país y los datos son actualizados constantemente con las denuncias de la población. Es así como Cauca ocupa el terrible primer puesto en cuanto a líderes asesinados (sindicales, indígenas, afros, campesinos o cívicos).

63 personas han sido silenciadas en este 2020 en Cauca, siendo Gracelio Micolta la última víctima de la violencia en la región. El hombre, vocal del consejo comunitario del Alto Guapi, se transportaba en canoa para participar en una reunión de su municipio cuando fue interceptado por presuntos disidentes de las Farc en el sector conocido como Cerda. Aunque el hecho ocurrió el pasado lunes, su cuerpo fue encontrado en la noche del miércoles.

«Micolta participó en la construcción del Plan de Caracterización del Consejo Comunitario Alto Guapi», señaló en un trino el abogado Gustavo Enrique Mestre.

#Justicia #NosEstánMatando| Él participó en la construcción del Plan de Caracterización del Consejo Comunitario Alto Guapi, construido por el @MinInterior en Cumplimiento de los Autos 005/14 y 073/14 emitidos por la @CConstitucional en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004
— Gustavo Enrique Mestre Cubillos (@guenmecu) June 18, 2020

El jurista también dijo que en la zona delinquen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y «Los Mexicanos», quienes serían el brazo armado del cartel de Sinaloa en Colombia, sumado a la presencia de las disidencias de las Farc que también se disputan las rutas del narcotráfico en el departamento.

En el análisis que hace Indepaz, en 2020 Antioquia registra 22 líderes asesinados, Putumayo 15, Córdoba 9, Valle del Cauca 8, Bolívar y Caquetá con 3. Eso sin contar a los excombatientes asesinados, que también figuran en el listado del organismo.

De otro lado, Somos Defensores también coincide en decir que Cauca es el departamento con más líderes asesinados en este año, por lo menos en el registro que hicieron de enero a marzo. Aunque las cifras distan, puesto que Indepaz toma en cuenta otra variables y suma los asesinatos de enero a junio, el panorama es igual de alarmante: los líderes pierden sus vidas a un ritmo más alto del que se esclarecen los casos por parte de la justicia colombiana.

Semana

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Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020 

FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2020

1	Benjamín Banguera González	1 de enero	Guapi	Cauca
2	Carlos Andrés Ricaurte	11 de enero	Finlandia	Quindío
3	Gerson Moises Morales	11 de enero	Finlandia	Quindío
4	Crescencio Santos	12 de enero	Quibdó	Chocó
5	Hober Arias Giraldo	15 de enero	Dabeiba	Antioquia
6	Duver Esneider Solano	22 de enero	Mesetas	Meta
7	Jhon Freddy Vargas Rojas	25 de enero	Pitalito	Huila
8	Cesar Dario Herrera Gomez	24 de enero	Ituango	Antioquia
9	Rafaél Zapata	14 de febrero	San Juan de Arama	Meta
10	Daniel Jiménez Ospina	16 de febrero	Puerto Guzmán	Putumayo
11	Wiston Antonio Moreno	21 de febrero	Quibdó	Chocó
12	Esder Pineda Peña	21 de febrero	Algeciras	Huila
13	José Elias Peralta	21 de febrero	Puerto Asís	Putumayo
14	Holman Antonio Montes	27 de febrero	San Vicente del Caguán	Caquetá
15	Astrid Conde	5 de marzo	Bogotá D.C	Bogotá D.C
16	Edwin de Jesús Carrascal	10 de marzo	Coloso	Sucre
17	Bella Esther Carrillo	17 de marzo	La Macarena	Meta
18	Irnel Flores Forero	17 de marzo	La Macarena	Meta
19	Alveiro Antonio Gallego	21 de marzo	La Macarena	Meta
20	José Isidro Cuesta Ricas	29 de marzo	Jiguamiandó	Chocó
21	Juan Carlos Castillo Certijama	30 de marzo	Puerto Asís	Putumayo
22	Carlos Alberto Castillo	3 de abril	Planadas	Tolima
23	Jhon Jairo Londoño Bedoya	15 de abril	La Uribe	Meta
24	Rigoberto García	17 de abril	Urrao	Antioquia
25	Wilder Daniel Marin Alarcón	7 de mayo	Bello	Antioquia

INDEPAZ

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Farc insiste en que gobierno ‘simula’ implementación de acuerdo de paz

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido del proceso de paz con la antigua guerrilla, el Gobierno está presentando como avances de implementación del acuerdo de paz la prestación de servicios básicos en el territorio que ya debían haber llegado antes de las negociaciones. Por eso, insisten en que hay una “simulación” de la implementación del acuerdo de paz.

Así lo señalan en el informe ‘Claves analíticas sobre el estado actual de la implementación’, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y el Componente de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación (Csivi) del acuerdo de paz del partido Farc. Este informe, realizado bajo la dirección del docente de la Universidad Nacional Jairo Estrada, fue presentado este jueves.

Rodrigo Granda, vocero del Csivi, señaló que se trata de un análisis “muy crítico pero muy realista” del estado de la implementación del acuerdo de paz. Además, recordó que ese Componente está congelado a raíz de la posición que tomó Colombia frente al gobierno de Cuba, país garante del proceso de paz, para que Estados Unidos lo señalara como país que no coopera en la lucha contra el terrorismo. No obstante, informó que se adelantan conversaciones para retomar las sesiones de la el 26 de junio pueden reiniciar las sesiones de la Comisión.

Sobre lo que llaman una política de “simulación”, Estrada dijo que no se ha diseñado una política territorial de implementación, sino que el enfoque del Gobierno “dista sustancialmente” del espíritu del acuerdo.

Aseguró que las zonas futuro, que coinciden con los municipios priorizados para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), descansan sobre una visión de orden público y seguridad “para una ocupación militar de los territorios”, que no es necesariamente el tratamiento integral del acuerdo.

El informe señala, en palabras de Estrada, que los Pdet que está implementando el gobierno “en sentido estricto no corresponden con los del acuerdo de paz”. Explicó que para ellos no se concibe que se implementen los Pdet sin entrega de tierras a los campesinos.

“No conocemos un solo campesino de carne y hueso que haya recibido tierras por cuenta del fondo de tierras concebido en el acuerdo de paz”, aseguró. Asimismo, dijo que la transformación territorial no se concibe sin formalización de la propiedad de la tierra en el país, para lo cual se concibió el catastro multipropósito en el acuerdo.

Señaló que aunque se valora la participación de la comunidad, contemplada en la presentación de más de 32.100 iniciativas, no todas estas se pueden comprender como transformación territorial. Por ejemplo, arreglar un centro de salud es un deber del Estado más que una apuesta por esa transformación, explicó Estrada.

Lo mismo señaló sobre el tema de la financiación, pues según dijo, la implementación de los Pdet está utilizando dineros que no son específicos para la implementación del acuerdo, sino que ya estaban destinados a esos territorios.

Además, aunque valoró que muchos municipios y departamentos hayan incorporado “el discurso del acuerdo de paz”, falta evaluar cómo se materializó este en los planes de desarrollo locales y regionales.

El informe presentado se concentra en lo ocurrido este año, pero no abarca toda la implementación del acuerdo, sino “las tendencias más recientes y particularmente aquellas que se expresan en el contexto de excepcionalidad derivado de la pandemia del coronavirus”, dijo Estrada.

Además, subrayó la preocupación de que el acuerdo de paz pueda convertirse “en otra víctima de la pandemia” teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que restringe el debate público y hace más difícil la verificación del cumplimiento de los compromisos.

En otros aspectos, el informe señala una preocupación por “la insistencia de altos funcionarios del Estado sobre la necesidad de introducir modificaciones al acuerdo de paz”, en referencia a las declaraciones del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

“No es un tema sobre el debate político, sino una postura gubernamental que no exhibe una postura a favor”, aseguró Estrada. Para el partido Farc, esto se evidencia en que no hay actos legislativos, proyectos de ley ni una agenda legislativa para avanzar en el desarrollo normativo del acuerdo en materias como la reforma rural y la participación política.

Consideran que la política de “paz con legalidad” del gobierno Duque no está en consonancia con “el espíritu y la letra” del acuerdo de paz.

También llamaron la atención por las circunstancias de seguridad, no solamente por los 111 líderes y lideresas asesinados hasta mayo, sino también porque con los asesinatos a excombatientes se consideran una organización “sometida a un exterminio continuado”. Estrada señaló una insuficiente aplicación de las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo y que la Comisión Nacional de Garantías “apenas funciona formalmente”.

“No nos sentimos satisfechos con que se afirme que hay unos determinados perpetradores directos”, dijo, y señaló que necesitan que el Estado “garantice la vida de los firmantes de paz”.

El informe también señala que los países garantes, el componente internacional de verificación y la Segunda Misión de Verificación de la ONU “adquieren una importancia más que preponderante” pues “los esfuerzos mancomunados de todos ellos han contribuido a ponerle freno a los incumplimientos del Estado y también constituyen factor explicativo de gran peso frente a los avances que se han podido registrar en el proceso de implementación”.

El Tiempo

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Gobierno se pronuncia sobre informe del Instituto Kroc

El Instituto Kroc, que hace parte de la Universidad de Notre Dame y sigue de cerca la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, entregó un nuevo informe el martes 16 de junio. En dicho documento la organización afirma que 2019 fue el año en el que se presentaron más asesinatos de excombatientes (77) desde la firma del Acuerdo de Paz, lo que significó un aumento de 18.5% con respecto a 2018. Alertaron que los homicidios de excombatientes y líderes sociales tienen “efectos devastadores” sobre la implementación.

Sobre el informe revelado por la organización internacional, en diálogo con Radio Nacional de Colombia Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, aseguró que la Fiscalía sostiene que dichos asesinatos han ocurrido por disputas del narcotráfico y no por la condición de excombatientes.

«Lo que la Fiscalía General de la Nación ha asegurado es que dichos asesinatos han resultado de la inseguridad que existe en algunas zonas del país derivadas de las disputas por las rutas del narcotráfico. Cuando se revisan los casos que la Fiscalía ha resuelto, se encuentra que estos homicidios se están dando no por la condición de excombatientes, si no por otros motivos asociados a este flagelo», aseguró Archila.

Según indicó el alto consejo, la Ficalia General de la Nación ha revelado que más del 75 % de los actores responsables de dichos asesinatos, corresponden a las disidencias de las Farc, El Clan del Golfo, el ELN y grupos narcotraficantes.

Finalmente, respecto a la protección a excombatientes por parte del Gobierno Nacional, Archila aseguró que actualmente la Unidad Nacional de Protección, la cual preside, ha dado respuesta a todas y cada unas de las solicitudes de protección que han llegado a dicha unidad. «Hemos evacuado todas las solicitudes, la semana pasada atendimos 37 medidas adicionales. Con esto, sumamos más de 250 esquemas de seguridad, lo cual cubre a más de 300 excombatientes que han solicitado protección», concluyó Archila.

Radio Nacional

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