Parar la muerte de los líderes – El Pilón, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Alfonso Campo Martínez, nuestro expersonero de Valledupar, será el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, luego de la renuncia en febrero de Pablo Elías González. Campo, trabajó esta década en la Personería y un par de meses en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, es abogado de la Antonio Nariño y magíster en Estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Un cargo esencial dentro del proceso sin descanso en que debe entregarse el Estado para proteger a excombatientes, personajes de riesgo y líderes sociales.
En el entretanto, Daniel Palacios, ex-presidente del concejo de Bogotá pero vinculado familiarmente a Valledupar, fue encargado interinamente del cargo, y también cuestionado por el hecho de que como dirigente político del uribismo, que algunos medios capitalinos llamaron ‘purasangre’, fue opositor de los acuerdos de paz y a sus comandantes, en declaraciones por twitter, antes de llegar al Ministerio del Interior, no les facilitó el camino de la reconciliación sin que asumieran severas penas carcelarias. Estos antecedentes no los tiene Campo, pues, mientras se desarrollaban las conversaciones del gobierno Santos en La Habana, se dedicaba a velar por los derechos humanos y de la ciudadanía, antecedentes que le favorecen. Ojalá haga gran labor bajo el ojo de la opinión, medios y opositores.
El tema de la seguridad de los ex-combatientes de las Farc y de líderes sociales es de una sombra luctuosa sobre el Estado. Que se suma a la violencia sin fin, que ha cobrado la vida hace dos días del ganadero Juan Pablo Castillo en San Martín.
No se puede decir que la muerte de los líderes es un fenómeno del presente gobierno, como lo admitió el exministro del interior del gobierno Santos:
“Tiene razón el Gobierno cuando afirma que los asesinatos de líderes sociales no comenzaron el 7 de agosto de 2018. Desde hace décadas se persigue a dirigentes de comunidades campesinas, resguardos indígenas y consejos comunitarios afros, cuyo único pecado es luchar en defensa de los suyos. Cuando se asesina a un líder social se mata la esperanza de sus comunidades en un mejor futuro. También aciertan los funcionarios que señalan a las mafias del narcotráfico y la minería ilegal como responsables de esos crímenes en los territorios. Pero esa no es la única razón. Los asesinan igualmente las mafias que se oponen a la restitución de tierras, los matan por razones políticas”, (No más asesinatos, Juan Fernando Cristo, 15 junio, El Tiempo).
La Comunidad internacional ha hecho declaraciones pidiendo al Gobierno resultados efectivos. Se ha propuesto convertirlo en propósito de un gran acuerdo nacional post-pandemia que involucre a las fuerzas políticas gubernamentales y de la oposición y acudir a instrumentos previstos en los Acuerdos de Paz.
Y crear un clima en la sociedad y en sectores radicales en los territorios, que legitimen su trabajo, poniéndole cara a grupos armados, en pro de la vida, de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de restitución legal de la tierra, del agua.
