La OEA acusa al New York Times de mentir sobre las elecciones en Bolivia y avalar el triunfo de Evo Morales

Comunicado sobre campaña de desinformación en torno al rol de la OEA en las elecciones de Bolivia

16 de junio de 2020

En los últimos días se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia. Como parte de esta campaña, incluso se solicitó a la OEA que convalide los resultados de las Elecciones Generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019. Al respecto, la Secretaría General manifiesta que la convalidación de resultados es una facultad exclusiva de las autoridades nacionales acreditadas por su ordenamiento constitucional vigente. Corresponde sólo a los bolivianos determinar sus decisiones soberanas.

Diversos comunicados y artículos en cuestión exhiben no sólo una gran confusión sobre la secuencia de hechos que llevaron a la renuncia del presidente Morales, sino también una intención parcial e interesada que procura generar mayor desinformación al respecto, ignorar los hechos (no siempre con mala intención, porque debemos reconocer que en algunos casos hay una ignorancia real por gente que no ha estado cerca de Bolivia desde hace por lo menos un año) y desconocer la realidad del proceso electoral boliviano y sus circunstancias (muy convenientemente para sus argumentaciones), en medio de la campaña electoral que se desarrolla en Bolivia. Ello constituye otra falta de respeto a la soberanía del país y un grave despropósito político.

Tal como se ha señalado en anteriores oportunidades, la Secretaría General de la OEA ha estado y estará siempre abierta al debate serio, riguroso y profesional respecto a los hallazgos de sus especialistas electorales. En los últimos meses, se han publicado múltiples análisis, periodísticos y académicos, sobre la elección de Bolivia.

En algún caso en particular se llega a citar el estudio que presenta más contradicciones e imprecisiones, obviamente marcado por cierta orientación ideológica. Esa combinación demuestra una encomiable aparente lealtad hacia el ex presidente Evo Morales, pero se separa del conocimiento y los lleva a cometer graves errores políticos.

En su afán por justificar un resultado de la elección, los autores llegan al extremo de ofrecer una explicación basada en los apellidos supuestamente indígenas de algunos votantes, lo cual, además de ser absolutamente especulativo y de desconocer el secreto del sufragio, podría ser calificado como racista y propio de una mirada colonialista.

De igual forma, al comparar la elección de Bolivia con el voto anticipado en los Estados Unidos y las elecciones de Brasil, los investigadores exhiben una ignorancia profunda tanto de las diferencias abismales entre estos sistemas electorales como de los contextos en que se desarrollaron los comicios. Pretender justificar un resultado en Bolivia a partir de la tendencia encontrada en uno de estos otros países, ignorando deliberadamente las pruebas contundentes del fraude, es un ejercicio de mitomanía académica.

La debilidad principal de esos estudios estadísticos radica en que todo su análisis se ha hecho a partir de dos premisas falsas:

1. La primera falsedad es suponer que los resultados reportados en el cómputo oficial son válidos. Como probó el Informe de la auditoría realizada por el grupo de especialistas de la OEA, y se está confirmando por investigaciones posteriores por parte de la Fiscalía de Bolivia, existían actas 1) Pre llenadas, 2) Falsificadas, 3) Adulteradas y 4) Modificadas, por lo que cualquier análisis que tome como base la validez de estos resultados no es confiable ni remotamente creíble. Esa información está viciada de origen. Cabe recordar que, tan sólo de la muestra con la que trabajó el equipo auditor de la OEA, se encontraron 226 actas con gravísimas irregularidades correspondientes a mesas en las que “casualmente” el candidato Morales obtuvo el 91% de los votos.
2. La segunda falsedad es suponer que el análisis estadístico demuestra o no demuestra fraude en lugar de ser un elemento indicativo de la supuesta existencia de irregularidades. Debe tenerse en cuenta, obviamente algo que sabría cualquier experto electoral, que un análisis estadístico por sí solo no valida ni comprueba un fraude, sino que da indicios de dónde observar con mayor atención. Los propios autores del estudio en cuestión señalaron a The New York Times que su investigación no prueba que las elecciones hayan sido libres y justas, y que hubo múltiples problemas durante los comicios que han sido documentados1. Los “múltiples problemas” son actas falsificadas, servidores ocultos y la votación de personas fallecidas.

Aún con todas las deficiencias y la parcialidad de su estudio, los autores admiten: “Nuestro análisis no establece la ausencia de fraude en esta elección; eso nunca podría afirmarse sólo en base al análisis cuantitativo. La información cuantitativa que revisamos es sólo una parte del caso que la OEA presenta contra la integridad de la elección boliviana. Su equipo presentó evidencia de servidores ocultos, actas incorrectamente completadas, modificaciones de software no reveladas a altas horas de la noche y numerosas otras razones que dan lugar a la sospecha”2.

Consciente de las limitaciones propias de este tipo de ejercicios estadísticos, el equipo auditor de la OEA rotuló las conclusiones del propio análisis cuantitativo como “elementos indicativos”, y los colocó en cuarto lugar en una lista de hallazgos que incluía “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” e “irregularidades graves” y “errores”.

En otras palabras, el estudio estadístico realizado por la OEA no buscó validar u objetar el resultado, sino identificar comportamientos anormales o sospechosos en las tendencias para poder orientar el trabajo de los otros equipos de la auditoría, los cuales dieron con las pruebas incontrastables de la manipulación de la elección: los servidores informáticos ocultos, con capacidad para modificar los resultados, y las actas adulteradas. De manera categórica la Secretaría General continúa, por lo tanto, respaldando el análisis estadístico realizado, entendiendo que su utilidad fue solamente de carácter instrumental dentro del análisis integral que se efectuó de los comicios.

Es preciso señalar, asimismo, que incluso un grupo de políticos con obvia afinidad ideológica hacia el ex Presidente Evo Morales y otras voces críticas reiteradamente demuestran su desconocimiento al citar el estudio estadístico de la auditoría y confundirlo deliberadamente con el trabajo realizado por la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA). Como se ha manifestado infinidad de veces, se trató de análisis diferentes, realizados por equipos distintos (MOE y auditores) y completamente independientes el uno del otro.

Cabe recordar que la MOE/OEA ejecutó un conteo rápido la noche de la elección. Hasta el momento de la inaudita suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), los datos publicados por el TSE coincidían con la Misión y con los de los otros dos conteos realizados por organizaciones de la sociedad civil, señalando una clarísima tendencia hacia una segunda vuelta. Tras casi 24 horas de sospechosa interrupción y sin una explicación congruente o creíble de lo sucedido, el TSE reinició el TREP, dando a conocer unos resultados consolidados que consagraban convenientemente al candidato oficialista como vencedor en primera vuelta. Tanto la OEA como la Unión Europea alertaron sobre las dudas generadas por el accionar del TSE.

Es importante recordar que, al día siguiente, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio José Iván Costas Sitic, quien tenía a su cargo el TREP, presentó su renuncia arguyendo “la desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales-TREP” 3 que “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”4.

La auditoría de la OEA posteriormente reveló que no había una razón técnica detrás de la interrupción del TREP y que se había ocultado a la ciudadanía información correspondiente a casi un 6% de las actas, que ya habían sido procesadas al momento de la suspensión, pero cuyos resultados no se publicaron. No hay forma de defender semejante ejercicio de ocultamiento y falsedad.

En un intento desesperado por “lavar” el fraude electoral que se fraguó sin éxito en Bolivia y generar la percepción de que existe más de un estudio que respalde su posición, se hace referencia a un autodenominado “think tank” que en rigor no es más que un “propaganda tank” consagrado a la defensa de gobiernos ilegítimos en la región como el venezolano y el cubano.

No es intención de este comunicado descalificar al llamado “think tank” pues no es a través de la descalificación del otro que se argumenta la verdad de los hechos, sin embargo, el viso de “seriedad” que se intenta dar a esta campaña atribuyendo la autoría a Universidades o “equipos profesionales” obligan a desenmascarar a quienes llevan adelante esta campaña. Estas citas no resultan sorpresivas ya que son el mismo perro con distinto collar.

Es en definitiva una institución que carece del expertise técnico, debido a su ínfima experiencia en materia electoral, y que sin haber estado presente en Bolivia sus explicaciones ocultando hechos y evidencias de peritos informáticos y grafólogos documentales, reconocemos que es un encomiable trabajo de propaganda política a partir de hechos, pruebas y conclusiones muy adversas.

Ese “think tank” entra en el terreno de lo tragicómico al sugerir, por ejemplo, que la manipulación de un sistema informático paralelo y oculto se hizo para “corregir errores” y que constituyó una acción aceptable, a pesar de que en rigor se trató de actos completamente fuera del marco legal, que revertían decisiones de tribunales departamentales. Es una argumentación que daría risa si no fuera que esto se hizo a un costo muy alto del pueblo boliviano.

Ese estudio omite señalar, además, que la propia auditoría interna del TSE calificó de viciada de nulidad la elección sólo por la manipulación de la infraestructura informática, sin tener en cuenta la evidencia de numerosas actas falsificadas que posteriormente la OEA reveló. Los investigadores de ese “think tank” incluso llegan a opinar al respecto, aunque jamás tuvieron contacto con siquiera un acta. Para quienes defienden la democracia resulta una broma de mal gusto.

No es increíble que estas personas defiendan una elección una vez probadas y evidenciadas todas estas acciones realizadas con el objetivo de alterar el resultado electoral: existe un claro propósito político.

En este contexto deliberado por generar confusión a través de la redacción de “informes a modo” elaborados por consigna política, es importante recordar que las conclusiones de los especialistas de la OEA, que estuvieron trabajando en terreno, han sido respaldadas por instituciones serias y neutrales como la Misión de Observación de la Unión Europea (UE). En su informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, la UE consideró que “las decisiones del TSE, combinadas con la ausencia de explicaciones sobre sus decisiones y el cambio de tendencia dañaron irrevocablemente la confianza en el proceso de cómputo de resultados”5.

Podría citarse, igualmente, la investigación realizada por Edgar Villegas en Bolivia o de Rómulo Chumacero de la Universidad de Chile, cuyas conclusiones coinciden también con las del equipo de la OEA.

A la lista anterior se podrían agregar el trabajo de Rodrigo Salazar en México, y el Informe de Ethical Hacking, empresa que auditó la transmisión de resultados a pedido del propio TSE, para la cual todo el proceso estuvo viciado de nulidad por la suma de irregularidades detectadas.

Otros estudios que respaldan la posición de la OEA son el elaborado por John Newman, ex economista y estadístico principal del Banco Mundial, quien señala que la Organización estuvo en lo cierto al cuestionar la integridad de las Elecciones Generales de Bolivia de 2019; o la investigación realizada por los académicos Diego Escobarri y Gary A. Hoover, de la University of Texas Rio Grande Valley, quienes estiman cuánto fue el alcance del fraude de octubre.

Se advierte, entonces, que frente a un estudio que cuestiona los hallazgos del equipo auditor, la comunidad académica ha respondido con múltiples análisis, verdaderamente independientes, que respaldan las conclusiones de la auditoría.

Estos grupos de personas que no son expertos en temas electorales han montado una narrativa de desinformación basada en atacar a la Organización, buscando cambiar la percepción de la realidad. La Secretaría General de la OEA no tiene por costumbre contestar todas las mentiras o falsedades que se publiquen, ni es tampoco nuestro cometido corregir los errores que se perpetran por entidad o persona alguna, pero acá se está poniendo la democracia en juego y por lo tanto no se permitirá comercializar estas mentiras, falsedades, errores o ignorancia lisa y llana.

El caso de Bolivia confirma el rigor técnico de nuestro equipo, la evidencia recolectada por los más de 100 especialistas de la organización que estuvieron en terreno es contundente y el mundo académico con niveles de expertise en materia electoral, así como otras organizaciones internacionales así lo han reconocido.

Con el ánimo de recordar a la opinión pública el objetivo de la participación de la OEA en el proceso electoral en Bolivia, la Secretaría General considera necesario reiterar información conocida sobre el marco bajo el cual la OEA ha actuado en este caso en particular.

El 8 de abril de 2019, el Órgano Electoral Plurinacional solicitó a la Secretaría General de la organización el despliegue de una Misión de Observación Electoral para observar las Elecciones Generales del 20 de octubre. En respuesta a esta solicitud se envió un equipo de 92 expertos y observadores de 24 nacionalidades que dieron seguimiento al proceso.

Tras los comicios, el 22 de octubre de 2019, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia envió una comunicación dirigida a la Secretaría General de la OEA invitando a la organización a realizar una auditoría al cómputo oficial de votos. En su respuesta, la Secretaría General aceptó la invitación e indicó que la OEA procedería a realizar un Análisis de Integridad Electoral que comprendiera la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación de actas y cadena de custodia.

El 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos a la auditoría, en los que se estableció que- tras concluir su análisis- el equipo de especialistas entregaría un informe a la Secretaría General, que lo enviaría al gobierno de Bolivia. Además, con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, las partes acordaron que las conclusiones del análisis serían vinculantes.

Con base en el trabajo realizado por los especialistas, en fecha 10 de noviembre, se dieron a conocer los hallazgos preliminares de la auditoría. Como se mencionó, los expertos de la OEA detectaron una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. Primero a nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. Segundo a nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas.

A lo anterior se sumaron irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Reconociendo la contundencia del informe de la OEA que él mismo había solicitado y aceptando las recomendaciones, el 10 de noviembre, el entonces presidente Morales anunció que anularía las elecciones cuestionadas y convocaría un nuevo proceso.

Tras la salida del ex Presidente Evo Morales del poder, las distintas fuerzas políticas, incluyendo el partido del ex presidente, acordaron el llamado a elecciones y la designación de nuevos vocales para integrar el TSE. Actualmente, el país se encamina a un nuevo proceso electoral, más equitativo y más plural, con la participación de todas las fuerzas. A solicitud del Órgano Electoral, la OEA se encuentra ejecutando un proyecto de cooperación electoral y contará, asimismo, con una Misión que observará los próximos comicios.

Es en extremo patético y poco profesional que cualquiera pida se acepte el resultado de una elección que el mismo ex presidente Evo Morales tomó la iniciativa de anular, pidiendo reemplazar a la autoridad electoral. Es obvio que quien lo hace está llevando la intromisión en los asuntos internos de Bolivia a extremos inauditos. El ex presidente estuvo de acuerdo en anular la elección; la actual presidenta, el MAS, la oposición en todas sus manifestaciones y formas, todos quienes integran el Gobierno interino, el Congreso, el Senado, la autoridad electoral, el Tribunal Supremo de Justicia están de acuerdo en que haya una nueva elección.

Por su parte, aunque menos relevante, un artículo del NYT también ha intentado de alguna manera ir por ese camino de negar el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Una vez más, no corresponde a este comunicado entrar en una discusión política con el equipo del NYT, pero sí es necesario contextualizar esta campaña. El NYT tiene una historia controversial con la verdad en contextos de dictaduras y totalitarismos que ha sido documentada. Por ejemplo, en 1931 el corresponsal del NYT en la Unión Soviética Walter Duranty falló en identificar y reportar la hambruna de millones de ucranianos provocada por el régimen totalitario de Joseph Stalin. El corresponsal del NYT terminó representando más defensa de Stalin que de la verdad. Se podrá decir que era “otro” NYT, aun así, el Premio Pulitzer que Duranty obtuvo por este trabajo sobre la Unión Soviética, no ha sido despojado por la Junta del Pulitzer ni rechazado por el “actual” NYT.

Por alguna inaceptable e incomprensible razón, el NYT tampoco reportó en sus primeras planas la evidencia del genocidio del Holocausto y los campos de concentración Nazi en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El criterio de publicación de NYT no pasa por las coordenadas de veracidad y objetividad, sino más bien de conveniencia política. En este Hemisferio, en 1957, su corresponsal Herbert Matthews fue instrumental en la construcción de una narrativa pro-Castro del cual el mismo Fidel Castro se burló y se benefició en su proceso de destrucción totalitaria. Nada de esto ha sido objeto de revisión por el actual NYT. Hoy, por su parte, pretende negar al pueblo boliviano la posibilidad de elegir un nuevo presidente que no sea Evo Morales en una nueva elección.

Obviamente le reconocemos al NYT su derecho a mentir, tergiversar, distorsionar la información, los datos y los hechos, así como a mezclar verdad y mentira todas las veces que quiera; reconociendo que estos derechos que tiene son inalienables y pertenecen a la esencia del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión y definitivamente haremos todo lo que sea necesario siempre para asegurar el ejercicio de estos derechos. Por parte de la Secretaría General, ejerceremos, con prudencia, nuestro único derecho a decir la verdad y a presentar los hechos tal cual son.

Este recuento evidencia que, en todo momento, la Secretaría General de la OEA ha actuado bilateralmente con las autoridades bolivianas de turno, sin importar ideología ni partido político. Indefectiblemente todos y cada uno de los informes de la organización han sido emitidos por requerimiento de las instancias nacionales. La Secretaría General ha pagado costos políticos de un lado y del otro y jamás se tendrán problemas al respecto.

Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de otras organizaciones políticas y “expertos académicos”, que desde el exterior buscan influir y condicionar la política interna de Bolivia, a pesar de que las autoridades y las distintas fuerzas políticas nacionales han llegado a un acuerdo sobre las nuevas elecciones.

Cabe recordar, además, que el propio embajador de Bolivia ante la Organización ha solicitado a terceros países y organizaciones internacionales que se abstengan de interferir en los asuntos internos del país en un momento en que los ciudadanos están enfocados en la realización de próximas elecciones.

Es importante apuntar que los informes de la Misión de Observación Electoral y del equipo auditor de la OEA, respectivamente, han sido oportunamente presentados ante el Consejo Permanente y publicados en la página web de la organización. Los mismos incluyen una descripción pormenorizada de las innumerables irregularidades y manipulaciones detectadas en el análisis de los comicios del 20 de octubre. La evidencia recolectada no deja dudas sobre el fraude electoral perpetrado. Se invita a los interesados a consultar los informes para evitar caer en la confusión generada por estudios parcializados.

Notas

OEA

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Artículo de The New York Times | Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración – Por Anatoly Kurmanaev y Maria Silvia Trigo

Fue la elección más disputada en décadas: Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se postulaba para un cuarto mandato, enfrentando una oposición que lo veía como un líder autoritario y reacio a renunciar al poder.

Al comenzar el conteo preliminar de votos, el 20 de octubre de 2019, las tensiones aumentaron. Cuando el recuento se detuvo —de repente y sin explicaciones— y luego se reinició al día siguiente, mostró que Morales tenía los votos suficientes para ganar las elecciones a duras penas.

Entre sospechas de fraude estallaron protestas en todo el país y la comunidad internacional recurrió a la Organización de Estados Americanos, que había sido invitada a observar las elecciones, para que las evaluara.

La declaración de la organización, que señalaba “un cambio inexplicable” que “modifica drásticamente el destino de la elección”, levantó sospechas acerca de la votación y provocó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana. La oposición aprovechó el reclamo para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y, semanas después, sacó a Morales del poder con apoyo militar.

Ahora, un estudio de investigadores independientes, que utiliza datos obtenidos por The New York Times de las autoridades electorales de Bolivia, descubrió que el análisis de la Organización de Estados Americanos era deficiente.

Los investigadores descubrieron que la conclusión de que los votos a favor de Morales aumentaron inexplicablemente una vez que el conteo se reanudó estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”.

Rodríguez realizó el estudio con Dorothy Kronick, experta en política latinoamericana en la Universidad de Pennsylvania, y Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado en la misma universidad y coautor de un libro de texto sobre métodos estadísticos avanzados. Su estudio es un documento de trabajo que aún no ha sido sometido a una revisión de pares.

Ciertamente, los autores dicen que su análisis se enfoca solo en el análisis estadístico de la OEA sobre los resultados de la votación, y no prueba que la elección haya sido libre y justa. De hecho, se documentaron muchos problemas con la votación.

En un intento por sofocar las protestas que se produjeron al anunciar su victoria, Morales llamó a la OEA a conducir una auditoría electoral “vinculante”.

El informe resultante de 100 páginas, publicado en diciembre, contiene la evidencia de errores, irregularidades y “una serie de operaciones maliciosas” destinadas a alterar los resultados. Estos incluyen servidores ocultos de datos, comprobantes de votación manipulados y firmas falsificadas, que según la organización imposibilitaron validar los resultados de las elecciones.

La OEA encontró evidencia de modificación de por lo menos 38.000 votos. Morales proclamó su victoria por un margen de 35.000.

“Hubo fraude, simplemente no sabemos dónde y cuándo”, dijo Calla Hullum, una experta en Bolivia de la Universidad de Miami que presenció la elección y analizó los hallazgos de la OEA.

“El problema con el informe de la OEA es que lo hicieron muy rápido”, dijo Hullum. Eso configuró la narrativa de las elecciones antes de que los datos pudieran analizarse adecuadamente, dijo.

Esa afirmación inicial de la OEA es lo que los investigadores independientes específicamente cuestionan en su estudio.

La caída de Morales allanó el camino a un gobierno provisional de extrema derecha, liderado por Jeanine Áñez Chávez, que aún no ha cumplido el mandato de supervisar nuevas elecciones. El nuevo gobierno ha perseguido a los partidarios del expresidente, silenciando a la disidencia y trabajado para consolidar su control del poder.

Siete meses después de la caída de Morales, Bolivia no tiene un gobierno electo ni una fecha oficial de elecciones.

La OEA dijo que respalda su análisis estadístico, porque había detectado con éxito los primeros indicios de fraude.

“Es un punto discutible”, dijo el jefe de observadores electorales, Gerardo de Icaza, en respuesta a las dudas planteadas por el nuevo estudio. “Las estadísticas no prueban ni refutan el fraude. Las evidencias sólidas como declaraciones falsas y estructuras informáticas escondidas lo hacen. Y eso es lo que encontramos”.

La acusación inicial de la organización se produjo justo después de las elecciones más disputadas de Bolivia desde el regreso a la democracia en la década de 1980. Para postularse a un cuarto mandato, Morales socavó leyes, llenó el consejo electoral de personas que le eran leales e ignoró los resultados de un referéndum que le prohibió buscar la reelección.

Al afirmar que no se podía confiar en la elección de octubre, algunos líderes de la oposición dijeron que paralizarían al país si Morales declaraba la victoria.

Por su parte, los partidarios en gran parte indígenas de Morales, por temor al regreso de los políticos conservadores que habían sido la regla en el país antes de que Morales asumiera el poder en 2006, juraron defender sus ganancias políticas a toda cosa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó rápidamente a la declaración de la OEA, acusando a los funcionarios electorales de intentar “perturbar la democracia de Bolivia”. Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, y Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de las protestas, citaron la afirmación de la organización al justificar sus llamados a la acción callejera.

“La OEA, como veedor, ratificó las dudas que teníamos todos los bolivianos y esa preocupación de que nos habían violentado el voto”, dijo Camacho en un video el 22 de octubre.

Las manifestaciones se intensificaron en las semanas siguientes, Morales comenzó a perder el apoyo de las fuerzas de seguridad. El goteo de las deserciones del gobierno se convirtió en una inundación.

Morales, visiblemente demacrado, apareció en televisión nacional para ofrecer nuevas elecciones, pero para entonces era demasiado tarde. Ese mismo día, los militares le pidieron a Morales que se retirase. Huyó al exilio poco después.

“La OEA terminó de hundir la legitimidad que podía tener el resultado de la votación”, afirmó el analista Gonzalo Mendieta, un destacado columnista boliviano.

En su auditoría de las elecciones, la organización dijo que encontró una “tendencia altamente improbable en el último 5 por ciento del recuento” que empujaba a Morales por encima del umbral para una victoria absoluta, sin una segunda vuelta.

Los autores del nuevo estudio dijeron que no pudieron replicar los hallazgos de la OEA usando las técnicas que probablemente empleó. Dijeron que apareció un cambio súbito en la tendencia solo al excluir los resultados de las cabinas de votación procesadas manualmente y con informes tardíos.

Esto sugiere que la organización usó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. La diferencia es significativa: las 1500 cabinas de votación tardías que fueron excluidas representan la mayor parte de los votos finales que el análisis estadístico de la OEA afirmó que eran sospechosos.

Además, los académicos dijeron que la organización usó un método estadístico inapropiado que creó artificialmente la apariencia de una ruptura en la tendencia de la votación.

El consultor de la OEA que realizó su análisis estadístico, el profesor Irfan Nooruddin de la Universidad de Georgetown, dijo que el nuevo estudio tergiversó su trabajo y se equivocó. No proporcionó detalles ni compartió sus métodos o datos con los autores del estudio, a pesar de las reiteradas solicitudes.

Por su parte, De Icaza, de la OEA, dijo que, en términos generales, los datos de las elecciones más recientes de Bolivia eran demasiado defectuosos para extraer conclusiones significativas.

“Estás haciendo un ejercicio estadístico con documentos falsificados”, dijo. “La pregunta no es si los números falsos suman. La pregunta es si son falsos o no, y lo son”.

The New York Times

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Guillaume Long, excanciller de Ecuador: «La OEA no pudo desarrollar una teoría del fraude electoral»

Entrevista a Guillaume Long, excanciller de EcuadorPor Pedro Brieger – Director de NODAL

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) denunció que la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha presentado evidencias de que haya habido fraude en las elecciones de Bolivia a partir de la investigación de los sucesivos informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA y luego la auditoría del propio organismo en en el país. Un exhaustivo informe final del CEPR sobre la observación electoral de la OEA en las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre se publicará en los próximos días.

Para analizar el informe NODAL entrevistó a Guillaume Long, investigador del CEPR de Washington DC, un «tanque de pensamiento» con larga trayectoria en el estudio de políticas económicas y sociales que incluye a América Latina. Long fue canciller durante el gobierno del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), así como ministro de Cultura y Patrimonio y ministro de Conocimiento y Talento Humano. En 2018 renunció como embajador antes las Naciones Unidas en Ginebra por sus profundos desacuerdos con el gobierno de Lenin Moreno.

El CEPR, un tanque de pensamiento basado en Washington en el que usted trabaja, viene insistiendo desde finales de octubre 2019 que los hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia han sido problemáticos y que la OEA no ha presentado evidencias de fraude en las elecciones. El CEPR dijo que “la auditoría final de la OEA no prueba -ni siquiera argumenta de manera convincente- que los resultados de las elecciones fueron manipulados”. ¿Por qué el CEPR hace esta denuncia y cuándo empezaron a dudar de la idoneidad de la observación electoral llevada adelante por la OEA?

Sin duda, el elemento que despertó nuestra sospecha inicial fue el comunicado de prensa de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA del 21 de octubre, el día después de la elección. Nos sorprendió el tono del comunicado: agresivo, sin ningún elemento técnico, pero llamando a que se respete la voluntad de los electores e insinuando que había algo fraudulento. El único elemento que comunicó la MOE fue un supuesto “cambio de tendencia” de los resultados electorales, después de la interrupción del TREP [conteo preliminar de los votos] con el 84% de los votos contados. Entonces nos pusimos a estudiar si realmente se había dado ese “cambio de tendencia”. Pudimos mostrar que no hubo cambio de tendencia desde el principio, empezando con nuestro comunicado de prensa del 22 de octubre y que toda la premisa de la OEA sobre la cual la oposición boliviana y los medios de comunicación basaron su relato de fraude era básicamente una mentira.

¿Nos puede explicar a qué se refieren cuando dicen que no hubo cambio de tendencia?

Es muy sencillo. Con el 83,85% del conteo preliminar, había 7,9 puntos de ventaja para Evo Morales sobre Carlos Mesa, es decir una diferencia insuficiente para ganar sin segunda vuelta. Pero ya con el 95% del conteo preliminar, Morales había sobrepasado el umbral de los 10 puntos para ganar en primera vuelta. [NDE: en Bolivia, las elecciones presidenciales se pueden ganar en primera vuelta si un candidato ha alcanzado el 50% de los votos, o un 40% con 10 puntos de diferencia con el siguiente candidato]. La diferencia se explica porque faltaba contabilizar una gran cantidad de votos en zonas donde ya existían tendencias de votación muy favorables a Evo Morales. Era obvio que, al ingresar esos votos, la diferencia entre ambos candidatos se iba a agrandar.

¿Cree que esto era “obvio”, como dice, que saltaba a la vista de que faltaban los votos de estas áreas por contar?

Sí. Muchas zonas de gran apoyo a Morales y al MAS no habían sido computadas. Zonas donde Morales ganaba con 30 puntos o más de diferencia y donde solamente se había contado un pequeño porcentaje de los votos. Era obvio que al legar al 100%, iba a cambiar el resultado. De hecho, no es la primera vez que sucede esto en Bolivia. En ocasiones anteriores, Morales y el MAS obtuvieron un incremento importante de votos en la fase final del conteo.

¿Cómo por ejemplo en qué elección?

Por ejemplo, en el famoso referéndum sobre la reelección presidencial de enero del 2016, que de hecho fue observado por la OEA. Con el 83,1% de los votos contados, el Sí a la reelección perdía con 46,2%, cuando finalmente el Sí acabó perdiendo, pero con el 48,7%; un incremento en la fase final del conteo aún mayor que en las elecciones presidenciales del 2019. Esto es un antecedente que la OEA no podía ignorar.

Y, sin embargo, esta denuncia de la MOE de la OEA sobre un supuesto cambio de tendencia tuvo consecuencias graves para la democracia boliviana…

Así es. Esa falacia dio cabida a un relato sobre un posible fraude, lo que conllevó una auditoría de las elecciones por parte de la OEA, lo que a su vez abrió la puerta para que la OEA concluyera sin presentar pruebas que hubo una “manipulación intencional” de los resultados electorales, y que llamara a elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Es decir que sin esta denuncia inicial de la MOE es probable que no hubiese podido prosperar el golpe de Estado que se desencadenó posteriormente.

El argumento del cambio de tendencia fue lo que abrió la puerta a la auditoría posterior. ¿Pero no cabe el argumento de que el pretexto inicial para la auditoría pudo haber sido falaz, pero finalmente encontraron muchos elementos que pusieron en entredicho la idoneidad del proceso electoral?

No, no cabe. Vayamos por partes. En primer lugar, creo que no es menor que la auditoría haya surgido de una mentira. Cuando se miente una vez, ¿qué garantía se tiene de que el resto del proceso no va a seguir siendo una mentira?

En esencia, lo que hizo la auditoría de la OEA fue hacer un listado de la mayor cantidad de irregularidades posibles para vender la idea de que el resultado electoral había sido alterado. Creo que cabe preguntarnos si la auditoría de cualquier elección latinoamericana – y no solo latinoamericana – con este nivel de escrutinio, también hubiera arrojado irregularidades parecidas. No lo sabremos porque la OEA no suele llegar a estos niveles normalmente. Por eso, no debemos menospreciar la importancia de la mentira inicial, porque es la que permitió abrir una caja de pandora para todo lo posterior.

Más allá de esto, es importante tener claro que hacer un listado de irregularidades no es demostrar un fraude. Y aquí, lo fundamental que hay que entender es que la OEA no pudo desarrollar una teoría del fraude.

¿Qué entiende por “teoría del fraude”?

Una tesis, una explicación de en qué consiste el fraude, de cómo se lo realizó.

¿La OEA no presenta ninguna explicación del fraude?

Lo que hace la OEA es explorar varias posibilidades, pero ninguna de las pistas que sigue prospera. A ver. Un fraude se puede realizar de varias maneras. Una posibilidad es intervenir a nivel del cómputo, es decir, cambiar en el sistema informático los resultados de las actas físicas. De hecho, la OEA exploró ese camino con su denuncia delfamoso servidor oculto.

¿La detección de un acceso no autorizado al sistema informático?

Sí. Pero no presentó evidencias de que este servidor haya sido usado para alterar el resultado de la elección. De hecho, sin justificar su existencia, puede haber varias razones por las cuales se pudo haber instalado otro servidor. La auditoría de la OEA debía demostrar que el servidor había sido utilizado para este propósito.

¿Y no existe forma de verificar si el servidor fue usado para este fin, si lo que está en el sistema es lo mismo que lo que dicen las actas físicas?

Claro que se puede. Y creo que era legítimo esperar que una auditoría de la OEA realice un trabajo así. Lo increíble es que recién nos enteramos en una nota de pie de la página 84, de su informe de auditoría, que la OEA realizó una muestra de más de 2800 actas, de las cuales se analizaron casi 900, para cotejar con el material electoral original. La nota nos dice que los auditores se trasladaron a cinco departamentos para realizar ese trabajo y que 230 de esas actas habían sido quemadas en protestas de la oposición. ¿Pero y el resto de las actas? ¿Las que fueron analizadas? ¿Fueron iguales al cómputo o no? Increíblemente el informe de la OEA no nos dice nada de cuál fue el resultado de este análisis.

Es obvio que si hubiesen encontrado diferencias, este dato no estaría en una discreta nota de pie sino que sería la prueba madre del fraude en el informe. El hecho de que la auditoria de la OEA sí revisó las actas, pero escondió sus hallazgos, es sumamente deshonesto y grave. Para mí, solo este hecho amerita una investigación a fondo.

Habló de varias maneras de realizar un fraude. ¿Cuáles son las otras?

Bueno, otra manera es falsificando las actas en sí, es decir generando actas físicas falsas.

Se refiere a la falsificación de las actas que dan fe de los votos en cada una de las mesas de votación.

Así es. Y la OEA también exploró esta avenida. De nuevo, escogieron una muestra, en este caso de casi 4700 actas. Había varios criterios para la selección de actas, pero uno era de que sean actas “sospechosas”, es decir que favorezcan desproporcionalmente a Morales. De hecho, esto también es impensable para una auditoria imparcial. Si haces una auditoría de un proceso electoral no puedes estar buscando perjudicarle a uno de los candidatos más que al otro. Pero así fue. No se revisaron actas con una votación inusualmente favorable a Mesa.

La OEA realizó varias revisiones, incluyendo un análisis de caligrafía de estas 4700 actas, y determinó que, de 226 actas, una misma persona había llenado dos o más actas, lo que es irregular: cada acta debe ser llenada por una sola persona. Un medio boliviano llegó incluso a informar que las 226 actas habían sido llenadas por una misma persona, lo que es falso y habría sido mucho más grave. En realidad, fueron 85 personas que llenaron 226 actas, es decir, dos o más actas llenadas por una misma persona, pero en todos los casos en los mismos recintos.

¿Estamos hablando de centros de votación en zonas rurales?

Casi el 80% de estas 226 mesas corresponden a centros de votación muy pequeños de máximo cuatro mesas, en muchos casos de menos. Estamos hablando de lugares donde puede haber una persona que ha llenado los números en el acta de su mesa y en el acta de la mesa de en frente. Es esto de lo que estamos hablando. Claro que es una irregularidad. ­¿Pero fraude? Esto denota una falta de comprensión hasta antropológica de ciertas realidades. O simplemente mala fe.

Una falta de comprensión antropológica dice…

Sí. Se me ocurre la imagen de la chica o del chico con la letra bonita para que llene los números en las dos hojas. De hecho, no es el único aspecto en que la OEA no tiene lecturas antropológicas finas, o sí las tiene, las esconde. El voto masivo a favor de Morales en comunidades indígenas no tiene por qué ser necesariamente sospechoso. Es desconocer los procesos de toma de decisión colectivos en muchos lugares de los Andes, donde el voto a menudo se decide en la comunidad.

¿Qué otras irregularidades son señaladas por la auditoría?

Realmente, no hay mucho más. La auditoría hace mucho énfasis en la presencia de imágenes de actas del conteo preliminar, el famoso TREP, en los resultados del conteo final, cuando debieran ser procesos separados. Pero luego, el mismo informe de auditoría nos informa que el 91% de las actas del conteo preliminar que fueron incluidas en los resultados del cómputo final provienen de centros de votación fuera de Bolivia, que es lo que estipula la ley. Y en el 9% restante, este uso de actas del TREP es porque las actas físicas fueron quemadas – además e irónicamente– porla oposición. Entonces usaron las fotos de las actas del conteo preliminar. Es decir, una vez más, no hay nada. Puros fuegos artificiales, ¡pero con qué consecuencias para Bolivia!

*             *             *

Usted ha sido observador de la OEA, incluso fue jefe de MOE de la OEA en la propia Bolivia en las elecciones judiciales del 2017. Por lo tanto, conoce como funcionan estas misiones. ¿Según usted, quién tomó la decisión de atacar la legitimidad de las elecciones bolivianas a pesar de la ausencia de evidencias contundentes de que se trate de un proceso viciado?

Bueno, el CEPR no se ha dedicado a analizar los procesos de toma de decisión dentro de la OEA, los cuales no son para nada transparentes. En esencia, hemos analizado la validez de su trabajo técnico. Mi experiencia personal de las MOEs, tanto como país anfitrión cuando era canciller y tuvimos elecciones observadas por la OEA en Ecuador, cuánto como observador, no ha sido mala. Es claro que las MOEs cuentan con importantes capacidades técnicas. En el caso del Ecuador, creo que el comportamiento de la MOE en las elecciones presidenciales del 2017 fue técnico. Fueron elecciones apretadas en las que el candidato presidencial perdedor quiso apelar a la posibilidad de un fraude, como suele suceder cuando hay pocos votos de diferencia…

¿Se está refiriendo al candidato Guillermo Lasso y las elecciones que ganó Lenin Moreno en el 2017?

Así es. Lasso quiso desvirtuar las elecciones y logró movilizar a una parte de su electorado en las calles de Quito. Pero la OEA se mantuvo firme y validó el proceso electoral. Pocos meses después, una MOE de la OEA fue muy crítica con el referéndum constitucional orquestado por Lenin Moreno en el 2018. Denunció la ausencia de filtros de constitucionalidad, el direccionamiento de las preguntas, y básicamente cómo el gobierno ecuatoriano se había saltado la Corte Constitucional para reformar la Constitución.

Ahora también es cierto que ha habido ocasiones en que las MOEs de la OEA no han realizado un buen trabajo; por ejemplo, en la elección presidencial haitiana de 2011, que es recordada como una página oscura en la historia de la observación electoral. Y creo que es el destino que tendrá el caso boliviano, pero pienso que, con mayores consecuencias sobre la OEA y su legitimidad, dado el desenlace político que tuvo y el contexto político sudamericano que está más en disputa.

El punto, y esto me parece muy importante, es que las MOEs no pueden ser serias, rigurosas e imparciales algunas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera casi siempre. Tienen que ser rigurosas e imparciales en todo momento, sin excepción alguna. Y lo que ha sucedido con la MOE en Bolivia es muy preocupante. Esto debió haber generado una grave crisis de institucionalidad. Deberíamos estar presenciando una investigación exhaustiva de lo ocurrido, con una revisión de todos los procesos, pedidos de los Estados miembro para mayor transparencia, etc. Y, sin embargo, nada de esto está sucediendo.

¿Y los observadores electorales desplegados son, de alguna manera, copartícipes de esta manipulación por parte de la OEA?

No. Es importante entender como funciona una MOE. En la misión en Bolivia, se desplegaron 92 observadores electorales. La gran mayoría de estos observadores son contratados por la OEA para la MOE. Suelen venir del mundo de la política, de la academia o tener competencias técnicas específicas que necesita la MOE. Estos observadores suelen ser muy buenos profesionales y realizan un gran trabajo. Cada cual tiene su función. Algunos tienen que analizar la parte legal, otros el tema informático, otros están desplegados en territorio para observar lo que sucede en los lugares de la votación. Cada cual reporta desde su rol, está atento a los requisitos del jefe de misión, y al finalizar el proceso manda su informe con todo lo que ha observado. Por supuesto que todos deben señalar las irregularidades que han detectado. El rol de una observación electoral es justamente el de recopilar y sintetizar toda esta información para hacer importantes recomendaciones. En varios casos, las observaciones electorales han sido muy útiles para que las autoridades electorales de los países puedan mejorar sus procesos.

Pero también es importante entender que la elaboración de los informes es un proceso muy centralizado. La gran mayoría de los observadores no participa de ello. Mandan sus insumos y punto. El proceso de redacción del informe está, en teoría, en manos del jefe de misión, pero a menudo son los especialistas del DECO [Departamento para la Cooperación y Observación Electoral], es decir el personal de planta de la OEA, el que redacta al menos un primer borrador para consideración del jefe de misión, quien a su vez es una persona externa a la organización, invitada para la tarea de liderar el equipo. Dependiendo de qué tan experimentado o listo sea el jefe o jefa de misión, el control sobre el informe y qué se incluye o excluye de él, lo tiene esencialmente el DECO, es decir la OEA. Eso está bien siempre y cuando no hagan trampas.

¿Cree que hubo injerencia del Secretario General de la OEA en el proceso de observación de las elecciones en Bolivia?

Es posible. Esto es justamente lo que debería determinar una investigación, una auditoría. Averiguarlo también debería ser el trabajo del periodismo investigativo. Lastimosamente ha habido poco interés.

Ahora es evidente que la hostilidad de Almagro con Morales, el hecho que no le importó el papel de los militares en la “transición”, ni las violaciones de los DDHH, todo eso nos lleva a sospechar más. El resultado final de todo esto es que tiene al menos un voto más para su candidatura a la reelección en marzo. Y es evidente que los doble raseros en esto son terribles. Con Honduras, donde hubo un claro fraude, Almagro no insistió, y aquí donde no lo hay, atacó con todo.

¿Fue un ataque planificado con antelación?

No necesariamente. Sospecho que las cosas fueron surgiendo poco a poco. Pudieron aprovechar el hecho de que el margen de los 10 puntos fue apretado – cerca de 40,000 votos por encima del 10% de diferencia para Morales. Y esto, sumado a la fuerte polarización política en Bolivia, generó condiciones favorables para un cambio de régimen apoyado además por los EEUU. Hay que recordar que Almagro fue muy atacado por la derecha latinoamericana cuando en mayo del 2019 fue a Bolivia y ofreció una MOE para las elecciones presidenciales. Ahora Almagro está en paz con una parte de la derecha regional con la que se había distanciado y ha conseguido el apoyo de la administración Trump, cuando sabemos que en el Departamento de Estado había mucha resistencia a su reelección.

Pero más allá de Almagro, es probable que varios factores hayan confluido. Lo de ponerle freno a la reelección presidencial se ha vuelto un importante leitmotiv para muchos funcionarios en la OEA. Es uno de los grandes temas sen la organización, y aparentemente de mayor preocupación que los golpes de Estado que se dan impunemente en nuestra región.

Se refiere al rechazo que hay en la OEA a la interpretación que dan algunos países de que la reelección es un derecho…

R: Exacto. Esta idea de que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos significa que la reelección es un derecho de participación política.

Y en el caso de Bolivia, esa molestia con lo de la reelección fue agudizada por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de permitir la reelección a pesar de los resultados del referéndum de enero de 2016…

Sin duda. Esto ha generado mucha indignación. Y es probable que, hasta cierto punto, de forma más o menos subrepticia, esta indignación haya mermado la imparcialidad de la MOE en las elecciones bolivianas. Una hostilidad de origen si se quiere. Pero insisto, son sospechas y especulaciones. Esto se debería probar o descartar con una investigación a fondo de lo sucedido.

El punto es que cualquiera que sea el sentir sobre el tema de la reelección en Bolivia, una MOE no puede generar dudas sobre los resultados electorales sin tener evidencias de que se haya irrespetado la voluntad popular expresada en las urnas. Una cosa es señalar que hay malestar por parte de ciertos sectores de la población con lo de la reelección. (De hecho, la MOE que yo dirigí en Bolivia en el 2017 señaló claramente que era probable que ese malestar haya tenido un impacto sobre el alto porcentaje de voto nulo en las elecciones judiciales de ese año). Otra cosa es generar un relato sobre un fraude sin evidencia alguna, especialmente cuando este relato se convierte en un factor determinante en el desencadenamiento de un golpe de Estado.

¿La OEA ha reaccionado ante los informes del CEPR?

Oficialmente, nada. Extraoficialmente: hay mucho nerviosismo. Saben que técnicamente lo que han hecho no tiene defensa alguna, y que es muy grave. No contestan preguntas de la prensa. Ni siquiera han contestado las preguntas que les hicieron llegar formalmente varios congresistas de los EEUU, un país miembro de la organización. Se han encerrado sobre sí mismo.

¿No han recurrido a ningún argumento para contrarrestar sus críticas?

Ninguno. Su estrategia ha sido escudarse tras el argumento de que son la OEA, los únicos detentores del conocimiento, los únicos técnicos. De hecho, el informe de auditoría final está hecho para ahuyentar y confundir a cualquier lector y repeler el escrutinio de periodistas. Adjuntaron centenares de páginas de anexos para dar la impresión de que existen muchas evidencias, cuando no las hay. Si algo hemos logrado desde el CEPR en esta ocasión, es demostrar de que es hora de que los Estados miembro de la OEA, y los medios de comunicación en general, ejerzan su derecho a pedir que la organización rinda cuentas y transparente su actuar.

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