La deforestación en la Amazonía brasileña en 2019 fue la mayor en once años, según estudio
De acuerdo con un estudio divulgado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 10.129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal entre agosto de 2018 y julio de 2019, área equivalente al territorio de un país como Líbano y que supone el mayor nivel de deforestación para un año desde 2008.
El área desforestada por la tala de árboles, los incendios y el aumento de tierras para cultivo en el último año hasta agosto fue un 34,4 % superior a los 7.536 kilómetros cuadrados destruidos en el año inmediatamente anterior (agosto de 2017 y julio de 2019).
Pese al crecimiento progresivo de la deforestación en los últimos tres años, desde los 6.947 kilómetros cuadrados destruidos en 2017, el área devastada en 2019 es casi la tercera parte de los 29.059 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal que la Amazonía perdió en 1995, hasta ahora un récord.
La deforestación en el último período fue un 3,76 % superior a la calculada por el mismo INPE en noviembre pasado, cuando el organismo, con base en un sistema de proyecciones, divulgó que la Amazonía había perdido en el último año 9.762 kilómetros cuadrados.
Satélite para medir la deforestación
La extensión fue corregida con la divulgación del área destruida consolidada, que el INPE calculó a partir del modelo conocido como Proyecto de Monitoreo de Deforestación de la Amazonía Legas por Satélite (PRODES). Este modelo calcula la deforestación a partir del análisis de 229 imágenes del satélite Landsat, que permite identificar áreas desforestadas de más de 6,25 hectáreas.
Del total de la selva tropical destruida en Brasil el año pasado el 84,56 % se concentró en cuatro de los nueve estados amazónicos: Pará, Mato Grosso, Amazonas y Rondonia.
Bolsonaro: madereros y agricultores
Los datos divulgados por el INPE confirman que la deforestación creció en el primer año de Gobierno del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, que asumió su mandato en enero de 2019 y ha impulsado iniciativas cuestionadas por los ecologistas, como la reducción de la fiscalización en la Amazonía, el incentivo a la agricultura en la región y la legalización de la minería en la selva tropical.
En julio del año pasado Bolsonaro destituyó al entonces presidente del INPE por sus divergencias en torno a los métodos usados por el organismo para medir la deforestación.
El mandatario consideró que los datos presentados por el organismo eran falsos y, a su juicio, fueron divulgados de mala fe por funcionarios públicos con intereses políticos, con la intención de perjudicar tanto a Brasil como a su Gobierno. Según sus críticos, amparados por los discursos permisivos de Bolsonaro sobre la Amazonía, los madereros aumentaron la tala de los bosques y los agricultores la expansión de sus áreas de cultivo en la región.
La medición divulgada este martes no incluye toda la selva destruida por los voraces incendios forestales que se extendieron el año pasado por la Amazonía, que comenzaron en mayo y tuvieron su peor momento en agosto.
Según las proyecciones preliminares del INPE, la deforestación en la Amazonía siguió creciendo este año y ni siquiera fue detenida por las medidas de distanciamiento social impuestas por los gobiernos regionales de Brasil para intentar frenar el avance de la epidemia de COVID-19.
En abril pasado, en reacción a las críticas y tras haber nombrado a su vicepresidente, el general Hamilton Mourao, como jefe de un consejo que creó para cuidar de la Amazonía, Bolsonaro autorizó el envío de las Fuerzas Armadas a diferentes estados del país para combatir la deforestación y prevenir incendios.
Las medidas que aprobó el ministerio de ambiente brasileño durante la pandemia
En vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril, divulgado por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que el período de la pandemia sería ideal para pasar reformas “infralegales”, de “simplificación” y “desregulación” de leyes ambientales.
A continuación, llega a convocar otros ministros para “ir pasando la boiada [manada de bueyes], ir cambiando todo el reglamento”, mientras la prensa estaba ocupada tratando del impacto del nuevo coronavirus en Brasil. El día de la reunión, Brasil acumulaba 45 mil casos y casi tres mil muertos por covid-19. Pero ¿qué quería decir el ministro con “reformas infralegales” y “pasar la manada”?
Según el diccionario de portugués, el termino infralegal se refiere a “actos y preceptos que no se encuentran perfectamente de acuerdo con los mecanismos legales”. ¿Y la boiada [manada de bueyes]? La expresión coloquial generalmente tiene la intención de traducir una situación de facilidad de entrada a algún lugar.
Brasil de Fato seleccionó algunas de las políticas ambientales recién aprobadas por el gobierno y algunas que están en vías de ser aprobadas, para mostrar la gravedad de los efectos de la manada conducida por Ricardo Salles.
La manada que pasó: socavamiento, agrotóxicos, militarización y censura
Una serie de cambios de instrucciones normativas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), publicadas entre marzo y abril fue lo que se puede se considerar una verdadera manada.
Entre las alteraciones, la número cuatro autoriza la regularización de propiedades rurales en territorios indígenas. La medida altera la «Declaración de Reconocimiento de Límites» y permite la invasión, la exploración y hasta la comercialización de territorios indígenas aún no homologadas.
Otra normativa es la número 13, que autoriza la disminución de la distancia entre áreas pobladas y aquellas en que se fumiga con agrotóxicos.
La práctica es considerada ilegal en la mayoría de los países de Europa y, hace más de 10 años, es también responsable por la contaminación de moradores de comunidades rurales, indígenas, quilombolas [comunidades rurales ancestrales de afrodescendientes] y hasta escuelas en áreas rurales.
A comienzos de marzo, el presidente del IBAMA, Eduardo Bim, firmó una resolución interna que restringió el acceso de servidores del organismo a la prensa.
El mes siguiente, después de repercusión de la acción del IBAMA contra garimpeiros [mineros artesanales] que actuaban en territorios indígenas en Pará, Salles despidió al director de protección ambiental del IBAMA, Olivaldi Azevedo, y a otros dos servidores que encabezaban las fiscalizaciones: Hugo Loss y René Luiz de Oliveira.
El cargo de director de protección ambiental fue ocupado por el coronel de la Policía Militar (PM) de São Paulo, Olimpio Ferreira Magalhães. Los otros dos puestos fueron llenados por el coronel de la reserva de la PM Walter Mendes Magalhães Júnior y el servidor Leslie Tavares, que era analista ambiental del IBAMA en Manaos y fue investigado en 2019 por haber devuelto a garimpeiros infractores embarcaciones que habían sido aprehendidas.
El 12 de mayo, cuando Brasil ya contabilizaba 3.949 personas muertas por covid-19, el gobierno federal firmó un decreto que autorizaba la reestructuración del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO). En la práctica eso significó una reducción de 11 a 5 en el número de servidores responsables por 335 unidades de conservación en todo Brasil.
Además de eso, el decreto abrió la posibilidad para que las posiciones pudieran ser ocupadas por personas de fuera del organismo. El resultado fue que de las cinco gerencias del ICMBIO, apenas una está ocupada por un agente de carrera del organismo. Las otras cuatro son comandadas por policías militares. La alteración es otro ejemplo de cambio infralegal, porque no necesitó pasar por el Legislativo, y entró en vigor inmediatamente.
La manada que casi pasó: apropiación ilegal, desforestación y amnistía para deforestadores
Después de presión movimientos sociales y ONGS que lanzaron campaña denunciando la fala de Salles, algunas medidas retrocedieron.
Una fue el proyecto de ley de grilagem [utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de tierras]. Antes se envió a votación como MP 910, pero la medida no fue votada dentro del plazo y caducó. Patrocinada por el Frente Parlamentario Agropecuaria (FPA), el Proyecto de Ley 2633/2020, promueve la regularización de tierras públicas ilegalmente ocupadas. Según analistas, en la práctica legalizará el grilagem de tierras, además de ampliar la deforestación en la Amazonía y la violencia en el campo.
La reforma infralegal dirigida a permisos de deforestación de la Mata Atlántica, citada por el ministro en la famosa reunión tampoco pasó. Emitida por medio de despacho 4.410/2020, la propuesta también abre brecha para que los propietarios que fueron multados por la deforestación sean amnistiados. El ministro anuló el despacho pero puede volver a entrar en agenda.
La manada que está por venir: nueva ley de licencias ambientales y concesión de bosques para la agricultura
A pesar de la repercusión extremamente negativa de lo dicho por el ministro durante la reunión y de la crisis política y sanitaria que el país enfrenta, el gobierno no desaceleró el avance de aprobación de medidas para “simplificación” y “desregulación” de leyes ambientales.
El 25 de mayo pasado, el presidente Jair Bolsonaro (sin partido) transfirió del Ministerio de Medio Ambiente, de Ricardo Salles, al Ministerio de Agricultura, de Tereza Cristina, la competencia para realizar concesiones de bosques públicos en el ámbito federal.
Otro ejemplo de acción relevante es la preparación para votación del proyecto de ley de licencias ambientales. La cuarta versión, que se tramita en la Cámara hace 15 años, redactada por el diputado Kim Kataguiri (DEM-SP) fue criticada por proponer una relajación aún mayor de las reglas para la licencia de obras.
El PL 3729 de 2004 pretende dar carta blanca para que cada estado defina, de forma independiente, cuales serán las reglas de sus procesos de licencia. El texto no prevé compensaciones ambientales para impactos indirectos causados por los emprendimientos.
El PL retira del Instituto Chico Mendes (ICMBIO) el poder de veto a emprendimientos. Otro ítem polémico atribuyó al Registro Ambiental Rural (CAR) de los agricultores el mismo peso de una licencia ambiental.
