La CIDH y la ONU advierten que indígenas de la Amazonía están en “grave riesgo” por el coronavirus
Indígenas de Amazonía en «grave riesgo» por covid-19, alertan entes de ONU y OEA
Los indígenas de la Amazonía están «en grave riesgo» por la pandemia de covid-19, advirtieron el jueves entidades de derechos humanos de la ONU y la OEA, instando a los Estados de la región a tomar mayores medidas de protección.
El área abarca territorios de ocho países (Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam) y es hogar de 420 pueblos indígenas, 60 de ellos en aislamiento voluntario.
Allí, el incremento «exponencial» de la propagación del nuevo coronavirus hizo zonar la alarma de las oficinas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en América del Sur, Colombia y Bolivia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Alertamos que la covid-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta», dijeron en una declaración con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente.
Entre los problemas que enfrentan las comunidades amazónicas señalaron la falta de acceso a información de salud confiable, la carencia de infraestructura hospitalaria y la ausencia de servicios de salud adaptados a sus necesidades.
También denunciaron la actividad continuada de algunas empresas, incluso en zonas donde las autoridades ordenaron medidas de contención, lo cual aumentó el riesgo de contagio. Y apuntaron la amenaza constante que suponen los actores armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.
«En este contexto, los Estados de la región amazónica deben incrementar las medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a covid-19, tanto a nivel de contagios como de los impactos sobre sus derechos asociados a la pandemia», añadieron.
Por eso, urgieron a los Estados a «abstenerse» de promover leyes y/o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o cerca de territorios indígenas, ante la «imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables».
Una polémica legislación en discusión en Brasil, impulsado por el presidente Jair Bolsonaro pero rechazado por organizaciones indígenas, permitiría proyectos de minería, agricultura y energía hidroeléctrica en tierras anteriormente protegidas en la selva tropical más grande del mundo.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en las últimas semanas sobre el impacto «desproporcionado» de la covid-19 en indígenas amazónicos.
La directora de la OPS, Carissa Etienne, recordó que las poblaciones están expuestas a altas tasas de inseguridad alimentaria, diabetes tipo 2 y enfermedades endémicas como la tuberculosis y la malaria, «lo que las hace más propensas a sufrir la carga de esta pandemia».
Latinoamérica está sufriendo de pleno el azote de la covid-19, con cerca de 1,2 millones de contagios y unos 57.800 fallecidos, principalmente en Brasil, México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia.
Indígenas amazónicos están “en grave riesgo” frente a COVID-19, alertan ONU Derechos Humanos y CIDH
COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos, alertaron hoy las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración emitida previo al Día Internacional del Medio Ambiente, las entidades ur-gieron a los Estados con soberanía en esta región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
En relación con la pandemia, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH expresaron alarma por los contagios y fallecimientos que han afectado a los pueblos indígenas amazóni-cos, así como la falta de acceso a información de salud confiable, la carencia de infraestruc-tura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis.
También expresaron preocupaciones específicas sobre la situación de las mujeres indígenas y la continuidad de actividades de desarrollo, económicas y extractivas que dificultan las medi-das de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades.
Además, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH llamaron a implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de auto cuidado, fortalecer la participación de sus autorida-des en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos.
La declaración es firmada por el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab; su par de la ONU Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori; el Coor-dinador de la Misión en Bolivia de ONU Derechos Humanos, Alán García Campos; y el Secre-tario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
– Lee la declaración completa:
Urge proteger de COVID-19 a los a pueblos indígenas amazónicos
“En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde ONU Derechos Humanos y la CIDH* alertamos que COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta.
Habitada por más de 420 pueblos indígenas -al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario-, la Amazonía es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a pueblos que viven en la región amazónica.
En este contexto, los Estados de la región amazónica deben incrementar las medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a COVID-19, tanto a nivel de contagios como de los impactos sobre sus derechos asociados a la pandemia.
Mientras los sistemas nacionales de salud enfrentan serias dificultades para dar una respues-ta efectiva, el coronavirus ha hecho más evidente la histórica ausencia o limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de es-tos pueblos, tomando en consideración además sus conocimientos ancestrales, prácticas cu-rativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural.
La pandemia también ha puesto de relieve la importancia de garantizar que los pueblos indí-genas puedan ejercer su autogobierno y libre determinación. Por ello, es esencial que los Es-tados aseguren la participación de los pueblos indígenas a través de sus entidades represen-tativas, líderes/as y autoridades tradicionales en la formulación e implementación de políticas públicas para enfrentar el alto riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas amazónicos.
En ese sentido, llamamos a los Estados a respetar las medidas de autoaislamiento adoptadas por los pueblos indígenas —sean estas tradicionales o a raíz de la pandemia, como cordones sanitarios—, así como a proveerles material de protección personal de forma segura. Tam-bién es de suma importancia compartir con los pueblos indígenas información culturalmente adecuada y en sus propias lenguas o dialectos, que sea veraz y oportuna respecto a la con-tingencia.
Desde ONU Derechos Humanos y la CIDH saludamos las iniciativas de los Estados que con-templan apoyos socioeconómicos, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado de los pueblos indígenas frente a la pandemia, considerando que su subsistencia muchas veces depende del comercio informal o actividades como el ecoturismo, las que se han visto alteradas por la imposición de cuarentenas u otras medidas de distanciamiento físi-co.
Compartimos preocupación frente al carácter insuficiente o inadecuado de algunas de estas medidas: en ocasiones los apoyos son inaccesibles, no llegan a los territorios de forma opor-tuna, o las comunidades reciben alimentos inadecuados para sus formas de vida, cosmovi-sión o cultura. Ls modos de distribución no siempre observan las normas sanitarias, causan-do aglomeraciones que pueden contribuir a la propagación de COVID-19.
También llamamos a las autoridades a promover los derechos de las mujeres indígenas, las cuales tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia, debido a su rol preponderante en la economía informal y como cuidadoras en el hogar. Se debe ase-gurar que las mujeres indígenas se beneficien igualmente de las medidas de protección so-cial; prevenir y responder a la violencia que ha escalado como resultado de las medidas de confinamiento en el hogar; y asegurar que la situación de sobrecarga de los sistemas de sa-lud no derive en un aumento alarmante de las tasas de mortalidad materna entre las muje-res y adolescentes indígenas o dificultades adicionales para acceder a servicios de salud se-xual y reproductiva.
Durante la crisis, hemos recibido información alarmante de que algunas empresas (extracti-vas, forestales y otras) sin respeto del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, no han cesado sus actividades, incluso en zonas donde se ha decretado restric-ción de la circulación y otras medidas extraordinarias, exponiéndolos a un alto riesgo de con-tagio. Adicionalmente, estos pueblos se ven expuestos a las operaciones de actores armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. Por todo ello, llamamos a los Estados a abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o alrededor de los territo-rios indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta pre-via, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
En una siguiente etapa, las medidas de mitigación de daños y de recuperación deben valorar en su diseño, implementación y evaluación las prioridades de desarrollo de los pueblos indí-genas, con énfasis en personas indígenas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, ni-ños, niñas, adolescentes, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, personas con diferentes problemas de salud y personas indígenas defensoras de derechos humanos. Especialmente importante es que los Estados garanticen procesos de consulta pre-via, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para los pueblos y comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación que pueda afectar sus derechos y legítimos intereses, sobre todo cuando se trata de la apertura de territorios indígenas a me-gaproyectos de industrias extractivas o iniciativas similares.
Por último, desde ONU Derechos Humanos y CIDH alentamos a los Estados de la región ama-zónica a redoblar sus esfuerzos de cooperación sur-sur a los efectos de extremar las medi-das de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en el marco de la pandemia, con miras a proteger sus formas de vida, subsistencia y derechos humanos.
FIN
Declaración conjunta de Jan Jarab Representante ONU Derechos Humanos – América del Sur; Alberto Brunori, Representante ONU Derechos Humanos – Colombia; Alán García Cam-pos, Coordinador de la Misión ONU Derechos Humanos en Bolivia, y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Bolivia | Preocupan muertes por Covid entre indígenas e instituciones piden actuar al Gobierno y a la ONU
Los indígenas de Bolivia, y particularmente los de tierras bajas, están alarmados pues el coronavirus ingresó a sus territorios y ha causado ya varias muertes. Por ello, sendos manifiestos exigiendo acciones al gobierno de la presidenta Jeanine Añez y también al Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
“Es urgente desarrollar acciones contundentes y prontas —como el envío de personal de salud y medicamentos, y la socialización de los protocolos de bioseguridad para la prevención y gestión de la enfermedad en aquellas personas que ya se encuentran contagiadas— para atender a los territorios, en coordinación con los gobiernos departamentales, municipales y las autoridades indígenas propias, en el marco del respeto de su autogobierno y libre determinación”, demandaron en un pronunciamiento organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos indígenas.
Una copia de esta misma nota fue enviada a defensores de los derechos indígenas en el seno de la ONU.
La Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB) denunció a finales de mayo que en pueblos indígenas sumaron ya 57 casos positivos, 20 muertos y 165 casos sospechosos, en su mayoría indígenas que están en zonas urbanas que, recurriendo a los centros de salud sin ni siquiera tomarle la temperatura, los retornan a sus casas argumentando que los llamarán para ir a tomar las muestras correspondientes.
Asimismo, expresaron temor por un “repunte” de casos de Covid-19 en los territorios indígenas de Lomerío, integrado por 23 comunidades, además de los territorios originarios en San Matías, San Ignacio y Concepción, en el caso específico del departamento de Santa Cruz.
“Si ni en la ciudad nos atienden a nuestros pacientes con síntomas, mucho peor (será que) lleguen a atender a nuestras comunidades que están en zonas rurales lejos de acceder al derecho a la salud”, lamentaron.
De su lado, en entrevista con ERBOL, el director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), Miguel Vargas, manifestó que se trata de “una situación lamentable.
“En el país existen 242 Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOCs) en las tierras bajas (…) y este momento 46 de esos territorios se encuentran amenazados porque hay presencia de casos de Covid en municipios que son colindantes o que se sobreponen; son cuatro territorios indígenas que ya tienen la presencia del virus”, sostuvo.
Vargas también lamentó que no existan datos actualizados y desagregados sobre la cantidad exacta de casos de Covid y muertes por este virus en territorios indígenas, puesto que las entidades de Gobierno las incluyen en los datos por municipios y departamentos sin diferenciar pueblos y naciones indígenas originarias.
