Indignación y protestas en Colombia por la violación de militares a niñas indígenas
Continúan las protestas en Bogotá por violación de niña indígena
Decenas de personas hicieron este lunes un plantón frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, para protestar contra la violación de una niña indígena por parte de siete soldados colombianos y pedir que la justicia no deje impune el caso.
“Vine porque me parece que hay que sensibilizar a la sociedad de que en el marco de la pandemia se están cometiendo muchas violaciones por parte del Estado contra la sociedad civil”, dijo a Efe Araceli León Medina, al explicar su presencia en el lugar.
El país fue sacudido el pasado miércoles por la revelación de que una niña de 12 años, del pueblo indígena embera-chamí, fue violada el fin de semana anterior por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro).
“Nunca más el rastro de su violencia en nuestros cuerpos”, “Las indígenas importan” y “Los héroes no violan”, decían pancartas enarboladas por los manifestantes que, aunque utilizaban mascarillas, no guardaban la distancia recomendada para evitar posibles contagios de coronavirus.
Para León, es necesario “crear conciencia de que no podemos seguir viviendo en un país donde nos se respeta nada, no se respetan los niños, no se respeta a las mujeres, no se respeta a los campesinos, no se respetan los desvinculados (desmovilizados)”.
El Cantón Norte, donde se efectuó la protesta, es un complejo militar que incluye la Escuela de Caballería del Ejército, la de Infantería y otras unidades militares, así como casas fiscales y campos deportivos.
En rechazo a la violación de la niña indígena varias organizaciones han convocado actividades como una marcha de antorchas que se realizará este martes en Bogotá.
Los plantones ocurren en momentos en que la conducta de miembros del Ejército es cuestionada por denuncias de abuso sexual, asesinato de civiles, espionaje y corrupción, por lo que diferentes sectores piden acciones contra los militares implicados en ilícitos.
En medio del escándalo, la revista Semana reveló hoy que otros dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.
Según lo revelado en Semana por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la menor de 15 años fue violada durante seis días por dos militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, que tiene sede en San José del Guaviare, la capital regional.
Nueva denuncia de abuso sexual a menor indígena por miembros del Ejército
Según la investigación realizada por Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el presunto abuso fue a una niña indígena de 15 años, perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, en el Guaviare.
La menor habría sido secuestrada y abusada sexualmente en septiembre del año pasado, por un grupo de militares pertenecientes al Batallón de Infantería No 19 Joaquín París. Según la investigación la menor estuvo secuestrada y logró escapar y contar lo sucedido. La investigación por estos hechos la adelanta la fiscalía número 02 de San José del Guaviare.
El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, unidad adscrita a la Cuarta División, del Ejército, a través de un comunicado de seis puntos asegura que lamentan la situación, que una vez conocidos los hechos iniciaron las indagaciones disciplinarias con acompañamiento de la Procuraduría y Fiscalía, y que han estado prestos en colaborar con las autoridades en todo el proceso de investigación. Pero no hacen referencia al porque no lo habían hecho público cuando se presentaron las denuncias, como debería ser su responsabilidad.
Pero Caracol Radio conoció que el caso de la niña Embera en Risaralda, y ahora el de la menor en Guaviare, no serían los únicos casos, se estarían investigando otros más que involucran a miembros del Ejército, y por eso esperan que las autoridades procedan cuanto antes en las investigaciones. Así lo explica el exsenador indígena Gabriel Mujuy.
“Seguramente pueden haber otros casos en circunstancias similares y pues no pueden quedar impunes, porque esto es un atropello a la dignidad de nuestros pueblos. El Ejército tiene que tomar medidas”.
Las comunidades indígenas siguen exigiendo respeto del Ejército por sus territorios, sus niñas y sus mujeres y piden no esconder estos hechos, sino por el contrario condenarlos públicamente.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/06/8f63008bc33f65c6e653f6bd4bee7b5d.pdf»]En qué va caso por violación de militares a menor indígena en Guaviare
Este lunes se conoció el caso de una menor de 15 años de la etnia nukak makú que fue secuestrada y víctima de abuso sexual durante varios días, presuntamente, a manos de soldados adscritos al Batallón de Infantería n.º 19 general Joaquín París del Ejército, en Guaviare.
La denuncia la hizo el analista de conflicto Ariel Ávila, quien dijo que los hechos ocurrieron en septiembre del 2019. Según la investigación que adelantó Ávila junto con dos periodistas de El Poder, la menor desapareció el 8 de septiembre y solo fue hallada el 13 de ese mes, luego de que, presuntamente, militares la encerraron en el batallón y la violaron por varios días.
El mismo Ejército reconoció este lunes que tenía conocimiento de lo sucedido. En un comunicado, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División del Ejército, dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la indagación disciplinaria.
Este proceso disciplinario fue solicitado, por poder preferente, por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año. De otro lado, la investigación penal la adelanta la fiscalía 02 local de San José del Guaviare.
El Ejército agregó que repudia las agresiones a niños y que “en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley”.
Frente a esta denuncia, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo ayer que en octubre pasado hicieron una visita a la zona y en noviembre entregaron un informe al Ejército, el ICBF, la Policía y la Fiscalía. Desde ese mes, la Defensoría representa legalmente a la menor víctima en el proceso judicial.
Negret dijo, además, que en enero de este año la Brigada 22 del Ejército les informó que habían abierto una investigación disciplinaria contra un sargento, un cabo y seis soldados.
Y concluyó haciendo un llamado a las Fuerzas Militares para que estos hechos no se repitan. “Siento que hay un menosprecio a la humanidad indígena, esto no puede ocurrir y no se puede tratar como un hecho aislado; (…) le preguntamos al Ejército qué está pasando, algo está fallando”, dijo.
? Declaración del Defensor del Pueblo, Carlos Negret, tras conocerse el caso de la niña indígena en el Guaviare. pic.twitter.com/UI3R7xZAmC
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) June 30, 2020
La denuncia en Guaviare se suma al caso del 21 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, en el que siete soldados violaron a una niña embera chamí.
Estos hechos han levantado el repudio de todos los rincones del país, y hasta se han escuchado voces que piden que se les aplique a los militares involucrados la cadena perpetua que el Congreso aprobó hace poco para violadores y asesinos de niños. No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún.
Por ahora, en el caso de Risaralda, la Fiscalía ya judicializó a los uniformados, que están detenidos, aceptaron cargos y se enfrentan a condenas de hasta 30 años de cárcel.
Serían cinco los casos de abuso sexual contra niñas indígenas: Nuevo Arco Iris
El coordinador del Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, denunció en las últimas horas que serían cinco los casos de abuso sexual contra niñas indígenas por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia.
Según lo que dijo Ávila, serían cinco los casos de violencia sexual y física contra niñas indígenas en el departamento de Guaviare.
«Básicamente hay un informe que da cuenta de cinco presuntos casos de violencia sexual de miembros de las fuerzas militares hacia niñas indígenas», explicó Ariel Ávila.
Según lo que explicó Ávila, hasta este momento solo tiene la documentación de uno de esos casos denunciados, el cual corresponde a una niña del pueblo nukak, entre los ríos Guaviare e Inírida.
«Logramos documentar uno de los casos en el cual la niña habría sido secuestrada, ingresada en una base militar. Allí la violaron en repetidas ocasiones por cuatro días, lo cual podría tipificarse no solo como secuestro y acceso carnal violento, sino también como esclavitud sexual y la investigación gira en torno a eso», dijo Ávila.
Igualmente, Ávila confirmó que este martes se espera una exposición mejor del caso y lograr presentar ante las autoridades lo ocurrido para tomar las medidas necesarias contra los culpables del hecho.
En las últimas horas el Ejército colombiano reconoció este otro caso de abuso sexual contra una menor indígena de Guaviare y confirmó que estos hechos se presentaron en septiembre de 2019 y que los responsables pertenecen al grupo del Batallón de Infantería N. 19 general Joaquín París.
La investigación de este caso, según confirma el mismo Ejército, está siendo adelantado por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.
Los errores que tiene en jaque a las Fuerzas Armadas de Colombia
Una seguidilla de irregularidades han enlodado el nombre las Fuerzas Armadas de Colombia, desde hace poco más de un año. Tanto miembros de la Policía como del Ejército Nacional con su actuar han puesto en la palestra pública al sector defensa e incluso han llegado a considerar desde el legislativo la posible reestructuración de las mismas.
El más reciente escándalo y que llamó la atención de todo el pueblo colombiano fue el abuso sexual de una niña de 13 años, perteneciente a la comunidad indígena Embera Katío, ocurrido el pasado 22 de junio, a manos de siete soldados regulares del Ejército de un batallón en Risaralda.
Por estos hechos, la Fiscalía les endilgó el delito de acceso carnal abusivo, a uno de ellos por complicidad y los seis restantes por coautoría, mientras que la Procuraduría, este domingo, abrió un proceso por acceso carnal violento, en donde además de los siete uniformados, espera esclarecer el motivo por el cual no se han vinculado al proceso a otros tres suboficiales.
El escarnio público no solo fue para la menor, a quien agredieron física y psicológicamente, el escándalo fue para todas las fuerzas del sector defensa, pues se sumo a una seguidilla de irregularidades que han cometido. Una semana atrás, cuatro miembros del Ejército también estuvieron bajo la lupa de la autoridades luego de que lanzaron a un perro al vacío y le provocaron la muerte.
Los hechos, que fueron conocidos por la Fiscalía, ocurrieron en Nariño y fueron grabados y puestos en redes sociales, situación que también generó indignación en el pueblo colombiano. Desde el ámbito jurídico los uniformados fueron judicializados.
Meses atrás, la institución castrense también se vio enlodada con los supuestos perfilamientos a 130 personas que hacen parte de la oposición al actual gobierno, algunos periodistas nacionales e internacionales, así como sindicalistas.
Además de ello, en diciembre se conoció la salida del entonces comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, a su juicio, por motivos personales. Sin embargo, esto se registró días después de que se conociera que la institución habría adquirido equipos para interceptar líneas telefónicas de manera irregular.
Si bien, Martínez ha señalado ser inocente de tales acusaciones, tanto él como el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares, han sido llamados por la Fiscalía para que entreguen la versión de lo sucedido.
Previo a esto, el exministro de defensa, Guillermo Botero, tras una moción de censura en el Congreso de la República, abandonó su cargo, luego de que se señalara de conocer detalles de un bombardero en Caquetá, donde perdieron la vida siete menores de edad. En ese entonces, en su defensa, trascendió que los menores hacían parte del grupo subversivo al que estaban atacando y que los mismos habían sido reclutados de forma forzosa.
Otra acción que motivó la salida de Botero, fue la muerte del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, ocurrida en Norte de Santander, a manos de miembros del Ejército. Por estos hechos hay un cabo condenado, y cuatro más están en proceso de judicialización penal y disciplinaria.
Otro caso conocido este fin de semana tiene que ver con la muerte de Salvador Jaime Durán en la vereda Filo Guamo, del corregimiento de Aserrío, en el municipio de Teorama, quien según versiones de la comunidad habría sido asesinado por seis hombres pertenecientes al Comando Operativo Energético N. 1, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional.
Aunque la unidad militar manifestó que las tropas “desarrollaban operaciones de seguridad y defensa en ese sector, y según las primeras informaciones, fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos”, el hecho está en investigación.
En la policía
El panorama de irregularidades también se ha registrado en la Policía Nacional, luego de que en noviembre pasado, en el marco del paro nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le quitara la vida a Dilan Cruz, un joven de 17 años que salió a marchar en las calles de Bogotá, para pedir garantías de educación.
En ese momento, en el legislativo se habló de la reestructuración de esta unidad de la Policía, sin embargo, hasta el momento no ha surgido algún cambio. Del mismo modo, se abordó la posibilidad de cambiar el tipo de armas que usan, pero expertos en la materia consideraron que no era pertinente, porque no le hacían daño a la humanidad de una persona.
El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ha sido la comidilla en muchos sectores del país. Ese panorama se revivió durante la semana pasada, luego de un operativo que realizó la institución en Ciudadela Sucre, municipio de Soacha (Cundinamarca), donde intentaba desalojar un predio. En medio de los disturbios entre los uniformados y la comunidad Duván Aldana, de 15 años, perdió la vida.
Lo que ha mencionado los testigos es que el menor, que cursaba octavo grado, fue impactado por un miembro de la Policía. Hasta el momento, la situación es materia de investigación por parte de la Fiscalía y la misma policía.
Otro escabroso hecho se registró en la costa Atlántica, cuando dos uniformados protagonizaron un accidente de tránsito, porque estarían bajos los efectos del alcohol. A los hombres se les judicializará por abandono del cargo y daños en bienes ajenos, entre otros delitos.
Algunos casos que hoy hacen parte de la opinión pública han trascendido a los escenarios internacionales, en donde en más de una ocasión le han jalado las orejas a los dirigentes colombianos, por el actuar indebido de los miembros de las Fuerzas.
Investigan otro caso en Guaviare
El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División del Ejército, anunció este lunes, que abrió indagación disciplinaria por un caso de abuso sexual a una niña indígena, en Guaviare, ocasionado, al parecer, por miembros de la institución, en septiembre pasado.
La Indagación disciplinaria fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año, diligencias disciplinarias que, en ejercicio de poder preferente, fue solicitada por la Procuraduría, encontrándose en trámite de entrega el proceso por la Unidad.
En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.
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