Honduras | A 11 años del Golpe de Estado: el orlandismo y la década siniestra
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Erick Tejada Carbajal
En un primer artículo esbocé brevemente lo que había sido la conspiración desde factores nacionales e internacionales para generar la atmósfera en la esfera pública que permitiera darle cierta legitimidad al Golpe de Estado de Junio del 2009. Se han escrito ríos de tinta sobre lo que sucedió en los 6 meses que duró el gobierno de facto y como se fraguó una ilegal transición, avalada por buena parte de la comunidad internacional que desembocó en unas espurias elecciones que colocaron a Porfirio Lobo Sosa en la silla Presidencial y que se concatenó con la salida al exilio de Manuel Zelaya Rosales.
La década siniestra inició evidentemente con el Golpe de Estado, sin embargo, su siguiente punto climático fue cuando Juan Orlando Hernández, secretario del Partido Nacional en aquel momento, fue elegido presidente del Congreso nacional. En una disputa extraña a lo interno del PN, en la cual se perfilaba a Toño Rivera como favorito para ser designado presidente del Congreso Nacional, de repente, JOH emergió y se alzó con el cargo. Se supo después que presuntamente con dinero del narcotráfico había sobornado a algunos diputados para conseguir el respaldo a su postulación. Es allí que se marca el inicio del Orlandismo. El PN en las elecciones del 2009 en pleno Golpe de Estado, obtuvo 75 escaños contra 45 de los liberales y con 5 diputados de la democracia cristiana y otros de la UD plegándose, logró una maquinaria parlamentaria que moldeó todo el marco legal de la dictadura que hoy se tiene. Entre las leyes que se aprobaron durante la gestión de Hernández como presidente del Congreso Nacional resaltan: creación de la tasa de seguridad, ley de inversión y atracción de capitales, ley de las ciudades modelo, creación del Consejo Nacional de Seguridad, ley de depuración policial, creación de unidad especial TIGRES. Además, de la hemorragia legislativa que se dio en enero del 2014 antes de que entrara la bancada de Libre al hemiciclo legislativo, en dicha hemorragia se aprobaron 140 nuevas leyes que fueron desde reformas a la ley forestal para poner a disposición suelo protegido al capital privado, la creación de la ATIC, reformas a la DEI y la nueva ley de telecomunicaciones entre otras, también, se aprobaron 93 contratos y fidecomisos que beneficiaron a la banca privada, capitales extranjeros y una burguesía criolla que venía emergiendo con el Orlandismo.
El dictador desde que estaba en el Congreso Nacional y luego en la Presidencia de la república, paulatinamente fue configurando y moldeando la institucionalidad hondureña hacia un modelo donde la seguridad es la función principal del Estado, dicha reconfiguración tomó como espejo la Colombia de Álvaro Uribe Vélez y la aplicación de la famosa doctrina de seguridad democrática. Tanto JOH como Uribe, presuntamente se valieron del narcotráfico para verse inmersos en una rolliza paradoja: gobiernos constituidos propagandísticamente en torno a una supuesta política de mano dura contra el crimen organizado y la delincuencia en general, pero que, en lo concreto, en lo real, se alimentaron posiblemente de organizaciones delictivas para sostenerse en el poder y perseguir a sus adversarios políticos. Este modelo de estado militar-policial obedece al reforzamiento de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica en la cual Colombia es su centro de operaciones en Sudamérica y Honduras en Centroamérica. El giro del gobierno del expresidente Zelaya a la izquierda y su cercanía con la Venezuela de Chávez encendió las alarmas del departamento de estado y junto a otros actores fácticos locales planificaron una restauración conservadora que evitara a toda costa y a cualquier precio que uno de sus países de mayor importancia estratégica en la región volviese a entroncarse con los movimientos progresistas del sur del continente.
El Orlandismo desarrolló un corpus ideológico que revitalizó toda la filosofía cachureca de siempre, basada en explotar las más bajas aristas de la idiosincrasia hondureña. No sólo se apoyó en el clientelismo político, el oportunismo y el saqueo del erario, sino que, apeló a una estrategia de lumpenización y banalización de la esfera pública. Ante la farandulización de Televicentro y su modelo estilo Televisa de hacer televisión, HCH emergió como una alternativa a esas clases populares que fueron deslumbradas por el estilo coloquial del canal. Según el expresidenciable Nasralla, la dictadura llegó a gastar 6 millones de lempiras diarios en publicidad; por otro lado, el brazo legal de esta política de propaganda fue la ley aprobada el 2013 en el Congreso Nacional denominada “ley del programa de voluntariado de rescate, promoción y fomento del sector de las comunicaciones”, que permite aún a los grandes medios de comunicación, una rebaja de impuestos a cambio de publicidad.
De esta forma, HCH canalizó muchos recursos del Estado para promover una programación que apela a capitalizar todo el morbo y la demanda de entretenimiento vacuo de amplias capas poblacionales. HCH se convirtió así en el aparato ideológico más potente de la dictadura no sólo al defenderla abiertamente en su programación, sino también, reduciendo el nivel de debate político en la esfera pública a lugares ridículos e insubstanciales. Los ratings de este canal se fueron por las nubes y sus dueños cumplieron así una agenda vital para la supervivencia del régimen. El mensaje que subyace detrás de la vileza del Orlandismo es el siguiente: todos somos como ellos, bajos, miserables y que un país como Honduras es a lo que puede aspirar, que en el fondo la mayoría si estuviéramos en su posición haríamos lo mismo. Apela a la mínima autoestima catracha y al final hilvana un poderoso mensaje desmoralizante y desesperanzador que se incrusta en lo más profundo de la psique de la sociedad hondureña.
El apoyo exterior ha sido fundamental para el sostenimiento del régimen. Fue la encargada de negocios de Estados Unidos quién avaló el fraude del 2017 y fue la OEA que desistió de pujar por nuevas elecciones en dicho proceso electoral. Juan Orlando ha entablado excelentes relaciones diplomáticas con Israel y con el sionismo estadounidense, lo cual le ha granjeado el favor de uno de los grupos de poder más cercanos a Trump y de mayor influencia en la Casa Blanca. La acción diplomática de Honduras bajo el Orlandismo ha sido de sometimiento a las iniciativas de la Alianza del Pacífico y el hegemón en tornó a aislar diplomáticamente a Venezuela y en colaborar en arremetidas de todo tipo a Cuba. JOH entiende con claridad que, ante su escasa legitimidad interna, es necesario entregar el país a capitales extranjeros y nacionales para gozar del respaldo internacional. Para el 2016, ya se habían entregado 167 concesiones mineras y 47 proyectos hidroeléctricos a la inversión privada.
La Narcodictadura llega al 2020 con el hermano del presidente preso en New York por narcotráfico, con sendos escándalos de corrupción arrastrados desde hace 10 años y con un fatal manejo de la emergencia sanitaria que ha develado otros sendos y abominables casos de corrupción. El régimen se enfrenta al pico de su descrédito y repudio a nivel interno y se ve incapaz a pesar del soporte mediático, de imponer consensos en la esfera pública. Nunca había estado tan débil, pero a su vez, pocas veces amplias capas poblaciones habían estado tan perplejas. Ante una oposición dividida y ya casi centrada en lo electoral, parece más probable que el dictador termine su mandato a que una revuelta popular lo pudiese interrumpir.
Juan Orlando Hernández tiene los días contados en la silla presidencial, su nivel de influencia en el devenir nacional irá mermando y su único afán es lograr imponer una marioneta en el ejecutivo para que por lo menos le garantice impunidad en Honduras. El problema de fondo no es un tipejo, un enano de la Historia como el indómito, sino, la posibilidad de que concrete una transición tutelada y que el modelo de Estado militar-policial se siga perpetuando. Honduras se enfrenta a una dicotomía: o la continuidad de dicho modelo, o, el surgimiento de un nuevo modelo económico-social que retome la agenda de combatir la pobreza, la marginación, la desigualdad y que resignifique el papel del Estado en la vida nacional centrando sus políticas públicas en mejorar los sistemas de salud y educación. Sólo si la sociedad hondureña se vuelve parte activa de su destino podremos escapar de la pesadilla Nacionalista.
