Guatemala: Departamento de Epidemiología revela anomalía en la cifra de muertos por Covid-19
Epidemiología revela otra anomalía en cifra de muertos por coronavirus y salud corrige datos
Por Eddy Coronado Y Dulce Rivera
Un informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reveló inconsistencias en la cifra de muertos por coronavirus en Guatemala.
En el reporte actualizado al 12 de junio, en cadena nacional el ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que sumaban en total 351 fallecidos, sin embargo en el reporte de Epidemiología las víctimas mortales en ese entonces eran 371, una diferencia de 20 muertes por covid-19.
La diputada Lucrecia Hernández Mack opinó que “es preocupante este tema porque si ni siquiera podemos contar las personas que han fallecido por coronavirus y tener datos consistentes desde la misma institución de Salud. Hay un problema de subregistro y no hay información clara que fundamente las decisiones sanitarias en el país”.
Gerardo Santeliz, asesor del Ministerio de Salud, informó que después de una auditoria a toda la documentación lograron verificar 20 duplicados de fallecidos y la cifra total hasta este 16 de junio es de 418 muertos.
El viernes pasado, el ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo en la actualización de casos que habían 351 fallecidos por covid-19, pero un informe de Epidemiología, enviado a la diputada Lucrecia Hernández de Semilla, da cuenta que a esa fecha eran 371 los fallecidos. pic.twitter.com/kMnIgUNxeT
— Dulce Rivera (@drivera_gtv) June 16, 2020
El 5 de junio, Monroy había aceptado que por una “falla técnica” no se había contabilizado la muerte de 38 personas al conteo total.
“Hubo una falla técnica en nuestro sistema, se logró arreglar esta. Se hizo un barrido esta semana, sumado se hizo reuniones con el IGSS y centros privados, a esto fue que ya logramos por fin actualizar el dato exacto de fallecidos a nivel nacional”, dijo en ese momento el funcionario.
El 13 de junio el jefe del Departamento de Epidemiología, Manuel Sagastume, renunció a su cargo con señalamientos en contra del ministro por ocultar datos.
En su carta de renuncia, Sagastume señala que el 28 de mayo envió al despacho de Monroy un oficio con fecha 27 de mayo “en el cual le notifiqué y doy a conocer la situación de la mortalidad por covid-19 en el Hospital Roosevelt y en el cual le expreso mi recomendación para la oficialización de esos datos”.
Varias organizaciones políticas en el Congreso han pedido la renuncia de Monroy, aunque esa decisión compete al presidente Alejandro Giammattei, quien no se ha pronunciado al respecto.
COVID-19: la muerte llega antes que el diagnóstico
Por Evelyn Boche
Algunos de los pacientes han muerto con signos clínicos de la enfermedad, pero sin confirmar que era COVID-19, porque no se les había notificado del resultado de la prueba, de acuerdo con el centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. El retraso demora el registro de las defunciones, porque no se puede inscribir causa de muerte por COVID-19 sin un documento de respaldo, indicó el director de ese centro, Manuel Sagastume.
La demora en el diagnóstico es una de las razones que, según Sagastume, explican el desfase entre los fallecidos y el registro. Dependiendo del laboratorio, los resultados tardan hasta dos días, aunque hay pacientes que mueren en cuestión de horas, porque llegan a los hospitales en estados muy críticos.
Además, con las salas llenas de pacientes, el personal del Hospital Roosevelt estaba enfocado en la atención médica, por lo que llenar los formularios de defunción dejó de ser la prioridad, cuenta Sagastume.
A finales de mayo había un rezago de 21 casos en el Roosevelt que no estaban en la estadística de defunciones, la cual se reportó al ministro Hugo Monroy. El despacho ordenó hacer una revisión en toda la red hospitalaria y se detectó que no se habían registrado 68 defunciones, por lo que Sagastume pidió actualizar los registros.
El 1 de junio, el Ministro citó a Sagastume y le pidió dejar el cargo, pero no se había nombrado un sustituto, por lo que el 4 de junio presentó la renuncia. Hasta ayer, no había ni remoción ni respuesta a su renuncia.
Los datos se actualizaron de forma parcial, ya que hasta ayer al mediodía había un rezago de 20 casos. La actualización se evidencia, por ejemplo, en las muertes registradas el 5 de junio: 20 fueron anunciadas en el reporte oficial, sin embargo, ahora hay 58 en la página del Ministerio. Pero sigue mostrando una inconsistencia. En la gráfica que compartió Epidemiología sobre muertes según la fecha de defunción, en ningún día han muerto más de 23 personas.
Anoche, el Ministro anunció una auditoría a cargo del asesor Gerardo Santeliz, quien indicó que detectaron 20 casos con triple registro y demeritó cualquier otra información que no provenga del despacho ministerial.
El Renap cobra por estadísticas
Se requirió un reporte de defunciones al Registro Nacional de las Personas, pero la Unidad de Acceso a la Información Pública resolvió que es parte de los productos estadísticos por el que se debe pagar un arancel. El Directorio del Renap rechazó el recurso de revisión interpuesto y confirmó que la estadística no es gratuita.
IGSS anula contrato para construir edificio que trataría pacientes con COVID19
Autor: Pavel Gerardo Vega
Un mes después de que tres miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aprobaron adjudicar el evento, la misma Junta, esta vez por unanimidad, decidió prescindir de la negociación con Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de Constructora Bajaverapacense.
La decisión quedó plasmada en el punto noveno de la sesión extraordinaria J-52-06-20, celebrada el 11 de junio, según registra Guatecompras.
En los considerandos de la resolución, la Junta Directiva apunta que el empresario no presentó constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, específicamente para la construcción y acabado de edificios. Por su parte, el empresario, para continuar con el proceso de contratación, entregó una declaración jurada en la que se compromete a entregar el documento.
El 14 de mayo, dice la resolución, el Departamento Legal del Seguro Social gestionó la suscripción del contrato, pero al 25 de mayo la empresa aún no había entregado el documento solicitado y prometido. Por lo tanto, este Departamento informa a la Subgerencia Administrativa sobre la imposibilidad de firmar un contrato con la entidad adjudicada.
Aunque la resolución la aprobaron por unanimidad, dos miembros razonaron su voto. Edgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos, explicó que él votó en contra de la adjudicación y, por ende, esta vez está de acuerdo con que quede anulada. «La negociación fue presentada con muy poca información», resalta en su razonamiento, y añade que aconsejó desde hace mucho tiempo fortalecer el Departamento de Infraestructura.
El otro miembro de la Junta Directiva, quien también votó en contra de adjudicar el evento, razonó de nuevo su voto a favor de prescindirlo. El representante del Colegio de Médicos, Allan Ruano, reiteró en su razonamiento que desde 2016 solocitaron el plan de infraestructura de la administración central, pero hasta la fecha no le han entregado nada.
Los vínculos
Días después de la adjudicación, Plaza Pública describió algunas vinculaciones de la empresa beneficiada con personas y organizaciones señaladas de corrupción.
Constructora Bajaverapacense registra 89.2 millones de quetzales por distintos contratos. Las adjudicaciones, que en conjunto suman el mayor monto, muestran vínculos con organizaciones y empresas señaladas por corrupción.
Las ONG mencionadas son Asociación Teculuteca para la Democracia y el Desarrollo Integral (Asoteddi), Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (Asodep) y Asociación Prodesarrollo Integral Vida (Provida). Entre 2006 y 2011, los contratos de estas tres organizaciones para Constructora Bajaverapacense suman 34.4 millones de quetzales. Sin la adjudicación del IGSS, los contratos con las tres organizaciones representaban el 48.20% de los ingresos de la constructora provenientes del gobierno.
El actual gobernador departamental de Zacapa, César Augusto Paz García, fue miembro de Asoteddi en 2004. Su hija también fue parte de la asociación ese año.
El gobernador no solo era parte de Asoteddi, sino que él y su familia fueron miembros de otra ong que benefició a Constructora Bajaverapence: Asodep. Los hijos de Paz García, y su esposa , Nora Yaneth Morales Figueroa de Paz, fueron directivos de esta organización. Incluso, la esposa está registrada como representante legal de la ong en Guatecompras.
Notas de prensa de la época detallan que a las organizaciones estuvo señalada de incumplimiento de contrato por no finalizar las obras encargadas.
La otra ONG, Provida, fue denunciada porque construyó un camino para una aldea fantasma en Chimaltenango. El camino dirigía a un spa de la ex diputada de Lider, Delia Back.
Además, según un reportaje de elPeriódico, Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de Constructora Bajaverapence, registra que, entre abril y diciembre de 2019, trabajó en relación de dependencia con Denizard Aqueche Medrano, otro proveedor del Estado que utiliza su empresa individual para obtener contratos con entidades públicas. Aqueche pagó el aporte del IGSS de Hernández.
Aqueche Medrano trabajó para el exdiputado de la UNE, de Lider y del FCN, Edín Leonel Casasola Martínez. Casasola fue congresista desde 2012 hasta 2020. En la pasada legislatura, cuando Casasola fue miembro del partido oficial, la constructora de Aqueche Medrano obtuvo 490.9 millones de quetzales en contrataciones con el Estado.
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