Estudio revela que la OEA usó “datos incorrectos” para acusar de fraude a Evo Morales
The New York Times: El análisis de la OEA sobre las elecciones ‘era deficiente’
En un reportaje que analizó los resultados de las elecciones de octubre de 2019 anuladas en Bolivia, el diario estadounidense The New York Times descubrió que el estudio con el que la OEA desahució los comicios y sugirió anularlos “era deficiente”. Antes, otro estudio había considerado “profundamente defectuosas” las conclusiones del trabajo del organismo.
“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane, según cita el periódico.
“Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista.
Además de Rodríguez, participaron del análisis del The New York Times Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania, y Dorothy Kronick, especialista de política latinoamericana de la Universidad de Pennsylvania.
Datos “incorrectos”
Según el diario, dichos investigadores independientes, que trabajaron sobre los datos “obtenidos por el The New York Times de las autoridades de Bolivia”, descubrieron que el análisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) “era deficiente”.
Bajo el título de «Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración» y la firma de Anatoly Kurmanaev y la boliviana Maria Silvia Trigo, The New York Times informó que los investigadores hallaron “que la conclusión de que los votos a favor de Evo Morales aumentaron inexplicablemente una vez que el conteo se reanudó estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas”.
El estudio independiente al que alude el diario es de Social Science Research Network (SSRN), una entidad científica dedicada a investigaciones sobre ciencias sociales y de humanidades.
En el resumen sobre la investigación, que fue redactado este domingo 7 de junio, se encuentran estas conclusiones relativas a la “evidencia cuantitativa”:
a) Un salto aparente en la participación del voto del titular era en realidad un artefacto del error de los analistas; b) el análisis de la variación dentro del recinto ignoraba por error una fuerte tendencia secular; y c) aparecen patrones casi idénticos en los datos de la elección anterior, que no fue impugnada.
“En resumen, examinamos los patrones que los observadores consideraron ‘inexplicables’, y encontramos que podemos explicarlos sin invocar fraude”, dice SSRN.
El acápite considera: “Las tendencias sorprendentes en los votos contados tarde pueden provocar conflictos. En Bolivia, los observadores electorales recientemente hicieron sonar las alarmas sobre las tendencias en los votos tardíos, con dramáticas consecuencias política”.
Otro estudio
El 2 de marzo, el también diario estadounidense The Washintong Post publicó un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que estableció que “no encontró ninguna razón para sospechar fraude” en las elecciones del año pasado.
El análisis fue firmado por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams y desahuciado luego por el gobierno de Áñez.
El documento consideró que las conclusiones de la OEA fueron “profundamente defectuosas”. “Es muy probable que Morales haya ganado el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera ronda de la elección el 20 de octubre de 2019”, concluyó.
Consecuencias
A menos días del plazo de 12 que se impuso para su informe, la OEA consideró que en el cómputo electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron detectadas «manipulaciones al sistema informático» de «tal magnitud», que no le permiten validar los resultados de las elecciones que, no obstante, ganó Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El informe preliminar evacuado horas antes de la renuncia del mandatario, el 10 de noviembre de 2019, instaló en la opinión pública, el sistema político nacional y el concierto internacional la tesis de “fraude electoral”, como repitió después el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en una sesión de la Asamblea General.
Por eso «nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral», sugirió el funcionario a través de un comunicado del 10 de noviembre.
“Ipso facto”
El 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, tomó la titularidad del órgano legislativo ante la renuncia previa de la presidenta, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente, Rubén Medinaceli, además del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; todos eventuales sucesores.
La llegada al poder de la legisladora de oposición sucedió sin quorum ni la mayoría de los dos tercios del MAS, sino con un comunicado del Tribunal Constitucional que reseñó una situación de sucesión constitucional “ipso facto” a la que se acogió la actual mandataria.
Dos semanas después, en medio de protestas contra el cuestionado Gobierno, la Asamblea Legislativa, de mayoría del MAS, aprobó la convocatoria a nuevas elecciones, con la que anuló de paso los comicios del 20 de octubre.
El 4 de diciembre de 2019, más de un mes después del plazo inicial comprometido al entonces gobierno de Morales, que había planteado dicha auditoría, la OEA presentó su informe final sobre las elecciones anuladas.
“Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, señaló el organismo en una de sus primeras conclusiones.
“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”, continuó.
El 25 de octubre, el TSE anunció los resultados de las elecciones posteriormente frustradas: Morales, del MAS, obtuvo el 47,08% de los votos y Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), 36,51%. Con estos datos, el MAS pudo eludir la segunda vuelta.
Artículo de The New York Times | Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración – Por Anatoly Kurmanaev y Maria Silvia Trigo
Fue la elección más disputada en décadas: Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se postulaba para un cuarto mandato, enfrentando una oposición que lo veía como un líder autoritario y reacio a renunciar al poder.
Al comenzar el conteo preliminar de votos, el 20 de octubre de 2019, las tensiones aumentaron. Cuando el recuento se detuvo —de repente y sin explicaciones— y luego se reinició al día siguiente, mostró que Morales tenía los votos suficientes para ganar las elecciones a duras penas.
Entre sospechas de fraude estallaron protestas en todo el país y la comunidad internacional recurrió a la Organización de Estados Americanos, que había sido invitada a observar las elecciones, para que las evaluara.
La declaración de la organización, que señalaba “un cambio inexplicable” que “modifica drásticamente el destino de la elección”, levantó sospechas acerca de la votación y provocó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana. La oposición aprovechó el reclamo para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y, semanas después, sacó a Morales del poder con apoyo militar.
Ahora, un estudio de investigadores independientes, que utiliza datos obtenidos por The New York Times de las autoridades electorales de Bolivia, descubrió que el análisis de la Organización de Estados Americanos era deficiente.
Los investigadores descubrieron que la conclusión de que los votos a favor de Morales aumentaron inexplicablemente una vez que el conteo se reanudó estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.
“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”.
Rodríguez realizó el estudio con Dorothy Kronick, experta en política latinoamericana en la Universidad de Pennsylvania, y Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado en la misma universidad y coautor de un libro de texto sobre métodos estadísticos avanzados. Su estudio es un documento de trabajo que aún no ha sido sometido a una revisión de pares.
Ciertamente, los autores dicen que su análisis se enfoca solo en el análisis estadístico de la OEA sobre los resultados de la votación, y no prueba que la elección haya sido libre y justa. De hecho, se documentaron muchos problemas con la votación.
En un intento por sofocar las protestas que se produjeron al anunciar su victoria, Morales llamó a la OEA a conducir una auditoría electoral “vinculante”.
El informe resultante de 100 páginas, publicado en diciembre, contiene la evidencia de errores, irregularidades y “una serie de operaciones maliciosas” destinadas a alterar los resultados. Estos incluyen servidores ocultos de datos, comprobantes de votación manipulados y firmas falsificadas, que según la organización imposibilitaron validar los resultados de las elecciones.
La OEA encontró evidencia de modificación de por lo menos 38.000 votos. Morales proclamó su victoria por un margen de 35.000.
“Hubo fraude, simplemente no sabemos dónde y cuándo”, dijo Calla Hullum, una experta en Bolivia de la Universidad de Miami que presenció la elección y analizó los hallazgos de la OEA.
“El problema con el informe de la OEA es que lo hicieron muy rápido”, dijo Hullum. Eso configuró la narrativa de las elecciones antes de que los datos pudieran analizarse adecuadamente, dijo.
Esa afirmación inicial de la OEA es lo que los investigadores independientes específicamente cuestionan en su estudio.
La caída de Morales allanó el camino a un gobierno provisional de extrema derecha, liderado por Jeanine Áñez Chávez, que aún no ha cumplido el mandato de supervisar nuevas elecciones. El nuevo gobierno ha perseguido a los partidarios del expresidente, silenciando a la disidencia y trabajado para consolidar su control del poder.
Siete meses después de la caída de Morales, Bolivia no tiene un gobierno electo ni una fecha oficial de elecciones.
La OEA dijo que respalda su análisis estadístico, porque había detectado con éxito los primeros indicios de fraude.
“Es un punto discutible”, dijo el jefe de observadores electorales, Gerardo de Icaza, en respuesta a las dudas planteadas por el nuevo estudio. “Las estadísticas no prueban ni refutan el fraude. Las evidencias sólidas como declaraciones falsas y estructuras informáticas escondidas lo hacen. Y eso es lo que encontramos”.
La acusación inicial de la organización se produjo justo después de las elecciones más disputadas de Bolivia desde el regreso a la democracia en la década de 1980. Para postularse a un cuarto mandato, Morales socavó leyes, llenó el consejo electoral de personas que le eran leales e ignoró los resultados de un referéndum que le prohibió buscar la reelección.
Al afirmar que no se podía confiar en la elección de octubre, algunos líderes de la oposición dijeron que paralizarían al país si Morales declaraba la victoria.
Por su parte, los partidarios en gran parte indígenas de Morales, por temor al regreso de los políticos conservadores que habían sido la regla en el país antes de que Morales asumiera el poder en 2006, juraron defender sus ganancias políticas a toda cosa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó rápidamente a la declaración de la OEA, acusando a los funcionarios electorales de intentar “perturbar la democracia de Bolivia”. Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, y Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de las protestas, citaron la afirmación de la organización al justificar sus llamados a la acción callejera.
“La OEA, como veedor, ratificó las dudas que teníamos todos los bolivianos y esa preocupación de que nos habían violentado el voto”, dijo Camacho en un video el 22 de octubre.
Las manifestaciones se intensificaron en las semanas siguientes, Morales comenzó a perder el apoyo de las fuerzas de seguridad. El goteo de las deserciones del gobierno se convirtió en una inundación.
Morales, visiblemente demacrado, apareció en televisión nacional para ofrecer nuevas elecciones, pero para entonces era demasiado tarde. Ese mismo día, los militares le pidieron a Morales que se retirase. Huyó al exilio poco después.
“La OEA terminó de hundir la legitimidad que podía tener el resultado de la votación”, afirmó el analista Gonzalo Mendieta, un destacado columnista boliviano.
En su auditoría de las elecciones, la organización dijo que encontró una “tendencia altamente improbable en el último 5 por ciento del recuento” que empujaba a Morales por encima del umbral para una victoria absoluta, sin una segunda vuelta.
Los autores del nuevo estudio dijeron que no pudieron replicar los hallazgos de la OEA usando las técnicas que probablemente empleó. Dijeron que apareció un cambio súbito en la tendencia solo al excluir los resultados de las cabinas de votación procesadas manualmente y con informes tardíos.
Esto sugiere que la organización usó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. La diferencia es significativa: las 1500 cabinas de votación tardías que fueron excluidas representan la mayor parte de los votos finales que el análisis estadístico de la OEA afirmó que eran sospechosos.
Además, los académicos dijeron que la organización usó un método estadístico inapropiado que creó artificialmente la apariencia de una ruptura en la tendencia de la votación.
El consultor de la OEA que realizó su análisis estadístico, el profesor Irfan Nooruddin de la Universidad de Georgetown, dijo que el nuevo estudio tergiversó su trabajo y se equivocó. No proporcionó detalles ni compartió sus métodos o datos con los autores del estudio, a pesar de las reiteradas solicitudes.
Por su parte, De Icaza, de la OEA, dijo que, en términos generales, los datos de las elecciones más recientes de Bolivia eran demasiado defectuosos para extraer conclusiones significativas.
“Estás haciendo un ejercicio estadístico con documentos falsificados”, dijo. “La pregunta no es si los números falsos suman. La pregunta es si son falsos o no, y lo son”.
Diputados y el TSE analizan proyecto de ley para las elecciones generales
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se amplíe hasta el 6 de septiembre el plazo establecido para la realización de los comicios generales.
La Comisión de la Cámara Baja convocó al presidente del TSE, Salvador Romero, a asistir a la sesión para explicar su proyecto, según dio a conocer la diputada Shirley Franco mediante su cuenta personal de Twitter. “Mañana (por hoy) lo trataremos en la Comisión de Constitución de Diputados. Contaremos con la visita del presidente del TSE”.
Franco pidió a sus seguidores que le trasladaran algunas preguntas para direccionarlas luego hacia Romero. Se espera que la sesión comience a las 10:30. Una vez que esa instancia revise y apruebe el proyecto de ley, el mismo será remitido al pleno de la Cámara Baja.
Las elecciones debían desarrollarse el 3 de mayo, pero fueron postergadas debido a la emergencia sanitaria. Después, la Asamblea Legislativa aprobó y promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones, que dispone que los comicios deben efectuarse en un plazo no mayor a los 90 días posteriores al 3 de mayo; es decir, hasta el 2 de agosto.
Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con las organizaciones políticas, el Tribunal anunció que los comicios podrían desarrollarse el 6 de septiembre.
El Gobierno sugiere al TSE asesorarse con expertos en salud para definir la fecha de los comicios
El Gobierno, a través de dos ministros, ha sugerido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) asesorarse con expertos en salud para definir la fecha de las elecciones generales que ahora están previstas para el 6 de septiembre.
El martes de la semana pasada, el presidente del TSE, Salvador Romero, anunció que “se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal para unos y otros” para definir un nuevo plazo para la votación que estaba programada para el 3 de mayo, pero que fue diferida por la pandemia del coronavirus.
El proyecto de ley con el nuevo plazo ya fue enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en ese órgano, anunció que allanará su aprobación.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, consideró necesario tomar en cuenta el ascenso de los casos del nuevo coronavirus y no solo las opiniones de los actores políticos. Es más, deslizo presiones del MAS para que el TSE fije el plazo señalado y que coincide con el incremento de casos del virus.
La ministra de Salud, Eidy Roca, indicó que sábado que hasta julio se proyectan unos 100.000 contagios y la cifra puede incrementarse si no se toman las medidas sanitarias pertinentes.
“He manifestado mi posición de que las elecciones deben ser este año; segundo, creo que el TSE no debe definir la fecha en consulta con los candidatos ni con los políticos, sino en consulta con los especialistas en epidemiología, tanto nacionales como internacionales”, dijo Ortiz.
Ese criterio fue respaldado por el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, quien en una entrevista dijo que al Gobierno le “parecería más responsable” que el Órgano Electoral Plurinacional “en vez de consultar a los candidatos y a los políticos sobre la posible fecha de las elecciones haga consultas a expertos epidemiológicos”.
“Que sus parámetros no sean los parámetros que establecen los candidatos que están en pugna por un espacio por el gobierno, que sus parámetros sean la crisis sanitaria y su evolución”, invocó.
El fin —dijo— es no exponer a millones de bolivianos que quieren participar democráticamente de las elecciones presidenciales a un contagio masivo.
En la misma línea de Ortiz, remarcó: “nosotros estamos de acuerdo en que se lleven elecciones este año, por supuesto que sí, que sean elecciones libres, transparentes; el único incordio que creemos es que esto tiene que generar cierto correlato con condiciones sanitarias mínimas”.
Juntos, de la presidenta Jeanine Áñez, y Creemos Bolivia, de Luis Fernando Camacho, le pusieron reparos a la fecha de elecciones generales hasta el 6 de septiembre, a diferencia de la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para esos comicios.
Romero, evitó precisar qué partidos estaban a favor de la propuesta del organismo y cuáles no, pero respaldó la idea del respaldo mayoritario.
“La mayoría de las organizaciones políticas expresaron su respaldo y su acuerdo con una iniciativa que tuvo el TSE, como se pudo observar en la conferencia de prensa que tuvo el TSE y la respuesta específica de ese punto corresponde a cada una de las organizaciones”.
Solo acudieron al acto los candidatos Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), Luis Arce del MAS y Jorge Tuto Quiroga de Libre 21; además de los representantes del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol).
Pese a las advertencias sobre la difícil situación sanitaria, Romero dijo que el TSE está “trabajando muy duro en medidas innovadoras para la protección de la salud pública”.
Por ejemplo, anunció la habilitación de “más recintos de votación el domingo 6 de septiembre de tal manera que limitemos las aglomeraciones de votantes en los grandes recintos”.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, consideró necesario tomar en cuenta el ascenso de los casos del nuevo coronavirus y no solo las opiniones de los actores políticos.
La ministra de Salud, Eidy Roca, indicó que sábado que hasta julio se proyectan unos 100.000 contagios y la cifra puede incrementarse si no se toman las medidas sanitarias pertinentes.
“He manifestado mi posición de que las elecciones deben ser este año; segundo, creo que el TSE no debe definir la fecha en consulta con los candidatos ni con los políticos, sino en consulta con los especialistas en epidemiología, tanto nacionales como internacionales”, dijo Ortiz.
Ese criterio fue respaldado por el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, quien en una entrevista dijo que al Gobierno le “parecería más responsable” que el Órgano Electoral Plurinacional “en vez de consultar a los candidatos y a los políticos sobre la posible fecha de las elecciones haga consultas a expertos epidemiológicos”.
“Que sus parámetros no sean los parámetros que establecen los candidatos que están en pugna por un espacio por el gobierno, que sus parámetros sean la crisis sanitaria y su evolución”, invocó.
El fin —dijo— es no exponer a millones de bolivianos que quieren participar democráticamente de las elecciones presidenciales a un contagio masivo.
En la misma línea de Ortiz, remarcó: “nosotros estamos de acuerdo en que se lleven elecciones este año, por supuesto que sí, que sean elecciones libres, transparentes; el único incordio que creemos es que esto tiene que generar cierto correlato con condiciones sanitarias mínimas”.
Juntos, de la presidenta Jeanine Áñez, y Creemos Bolivia, de Luis Fernando Camacho, le pusieron reparos a la fecha de elecciones generales hasta el 6 de septiembre, a diferencia de la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para esos comicios.
Romero, evitó precisar qué partidos estaban a favor de la propuesta del organismo y cuáles no, pero respaldó la idea del respaldo mayoritario.
“La mayoría de las organizaciones políticas expresaron su respaldo y su acuerdo con una iniciativa que tuvo el TSE, como se pudo observar en la conferencia de prensa que tuvo el TSE y la respuesta específica de ese punto corresponde a cada una de las organizaciones”.
Solo acudieron al acto los candidatos Mesa, Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Jorge Tuto Quiroga de Libre 21; además de los representantes del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol).
Pese a las advertencias sobre la difícil situación sanitaria, Romero dijo que el TSE está “trabajando muy duro en medidas innovadoras para la protección de la salud pública”.
Por ejemplo, anunció la habilitación de “más recintos de votación el domingo 6 de septiembre de tal manera que limitemos las aglomeraciones de votantes en los grandes recintos”.
Bolivia alcanza los 13.643 casos de Covid-19
El Ministerio de Salud reportó ayer 285 nuevos contagios de Covid-19 y el país ya alcanzó 13.643 infectadas en los nueve departamentos. Cochabamba incrementó la curva de contagios, la mayoría por casos en el trópico. En cambio en Beni se reportó una nueva reducción del índice de nuevos pacientes con coronavirus.
Los nuevos pacientes se registraron en Santa Cruz con 120, Cochabamba 75, Beni 39, Pando 18, La Paz 17, Potosí 12 y Oruro cuatro. Con esas cifras el número acumulado de contagios subió a 13.643 a nivel nacional.
Con esos nuevos datos, el total acumulado de personas por departamento mantiene a Santa Cruz como la región con más contagios con 8.676, le sigue Beni, con 2.511; Cochabamba, con 1.097; La Paz, con 754; Oruro, con 260; Potosí, con 183; Pando, con 65; Tarija, con 58; y Chuquisaca con 39 personas con el virus.
Por otro lado, ayer la cifra de personas recuperadas del coronavirus llegó a 2.086 en Bolivia. El informe del Ministerio de Salud indicó que ayer se dieron 11 nuevos decesos. Siete en Santa Cruz, tres en Beni y uno en Pando, lo que hace un total de 465 personas muertas durante la pandemia.
Por otra parte se contabilizaron 1.170 casos sospechosos que serán analizados en las siguientes horas por los laboratorios, mientras que las pruebas negativas asciende a 23.633.
Pese a la disminución de casos, en Beni se vive el colapso de hospitales y una crisis por el incremento de médicos contagiados. Según los testimonios de los galenos, se evita tomar muestras al personal de salud para impedir que pidan su baja y así continúen en los hospitales dando la atención a los pobladores.
